# Código Procesal Penal de Guatemala
- Instrumento: Decreto 51-92 del Congreso de la República
- Artículos: 592
- Texto al: 31 de enero de 2024
- Fuente oficial: CENADOJ, Organismo Judicial
- URL canónica: https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/
## Libro Primero. Disposiciones generales
### Título I. Principios básicos
#### Capítulo I. Garantías procesales
**Artículo 1.** *No hay pena sin ley.* (Nullum poena sine lege). No se impondrá pena alguna si la ley no la hubiere fijado con anterioridad.
**Qué significa:** Esta norma recoge el principio «no hay pena sin ley», que el texto nombra también en latín. Establece que no se impondrá pena alguna si la ley no la hubiere fijado con anterioridad. Dicho de forma sencilla: una pena solo puede aplicarse cuando una ley escrita ya la había establecido antes del hecho. Lo decisivo es la expresión «con anterioridad». La ley debe existir antes de la conducta, así que una pena creada después no alcanza a un acto pasado. El artículo no dice qué conductas son delitos ni qué pena corresponde a cada una; eso queda para otras normas que las fijan. Tampoco regula cómo se mide la pena en cada caso concreto. Un caso práctico: una persona realiza una acción que ninguna ley castigaba en ese momento. Aunque una ley nueva la castigue después, esa persona no puede recibir una pena por ese acto, según este principio.
**Artículo 2.** *No hay proceso sin ley.* (Nullum proceso sine lege). No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior.
Sin ese presupuesto, es nulo lo actuado e induce responsabilidad del tribunal.
**Qué significa:** La regla de este artículo se conoce por su expresión latina, «nullum proceso sine lege». No puede iniciarse un proceso ni tramitarse una denuncia o querella si los hechos no están calificados como delitos o faltas por una ley anterior. El punto decisivo es «anterior»: la ley que califica la conducta debe existir antes de los hechos. El texto no se conforma con una ley cualquiera; exige que sea anterior a los actos u omisiones. Sin ese presupuesto, el texto dice que es nulo lo actuado e induce responsabilidad del tribunal. El artículo no detalla el procedimiento para declarar esa nulidad; eso queda para otras normas. Ejemplo: una persona presenta una denuncia por un acto que ninguna ley anterior calificó como delito o falta. Según el artículo, ese proceso no puede iniciarse por esa denuncia.
**Artículo 3.** *Imperatividad.* Los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar las formas del proceso, ni la de sus diligencias o incidencias.
**Qué significa:** Según este artículo, los tribunales y los sujetos procesales no pueden variar las formas del proceso. La prohibición alcanza también las formas de sus diligencias e incidencias. Así, las formas establecidas deben respetarse tal como están. El punto central es la palabra «variar». La regla alcanza tanto al tribunal como a cualquier sujeto procesal, sin excepción que el texto señale. El artículo no describe qué formas existen en cada procedimiento, ni cómo se corrige una forma alterada. Esos puntos no se resuelven en este artículo. Piensa en una parte que quiere cambiar, por su cuenta, la forma en que se tramita una diligencia. El texto no lo permite, porque prohíbe variar esas formas. Al leer un expediente, se puede comparar cada trámite con las formas del proceso, porque esas formas son lo que el artículo protege.
**Artículo 4.** *Juicio previo.* Nadie podrá ser condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino en sentencia firme, obtenida por un procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones de este Código y a las normas de la Constitución, con observancia estricta de las garantías previstas para las personas y de las facultades y derechos del imputado o acusado.
La inobservancia de una regla de garantía establecida en favor del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio.
**Qué significa:** Este artículo consagra el principio de juicio previo. Nadie puede ser condenado, penado ni sometido a una medida de seguridad y corrección sin una sentencia firme. Esa sentencia debe salir de un procedimiento llevado conforme al Código Procesal Penal y a la Constitución, con observancia estricta de las garantías de las personas y de las facultades y derechos del imputado o acusado. Una sentencia firme es la que ya no admite recursos. Por eso, mientras el caso siga abierto, no puede imponerse la pena. El segundo párrafo añade una protección: si se incumple una regla de garantía establecida a favor del imputado, ese incumplimiento no puede hacerse valer en su perjuicio. Es decir, un error en su contra no puede usarse para empeorar su situación. El texto no enumera cuáles son esas garantías; remite al Código y a la Constitución. Por ejemplo, si una persona es condenada en primera instancia y apela, todavía no hay sentencia firme, de modo que la pena no puede considerarse definitiva. Y si durante el proceso se omitió una garantía prevista para proteger al acusado, como un aviso que la ley le reconoce, esa omisión no puede invocarse para perjudicarlo.
**Artículo 5.** *Fines del proceso.* El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido; el establecimiento de la posible participación del sindicado; el pronunciamiento de la sentencia respectiva, y la ejecución de la misma.
La víctima o el agraviado y el imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento, por aplicación del principio del debido proceso, debe responder a las legítimas pretensiones de ambos.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 1 del Decreto 7-2011 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 7-2011 (2011)
**Qué significa:** El proceso penal tiene cuatro fines: averiguar un hecho señalado como delito o falta y las circunstancias en que pudo cometerse; establecer la posible participación del sindicado; dictar la sentencia; y ejecutarla. La víctima o el agraviado y el imputado son sujetos procesales. Tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento debe responder a las legítimas pretensiones de ambos, según el debido proceso. Ejemplo: en un juicio por lesiones, el proceso busca averiguar qué pasó, quién participó, dictar sentencia y ejecutarla. La víctima también debe tener respuesta a sus pretensiones. El texto no detalla los recursos. Esa materia está en otras partes del código. El artículo anterior, art. 4 CPP, trata del juicio previo. El siguiente, art. 6 CPP, regula la posterioridad del proceso.
**Artículo 6.** *Posterioridad del proceso.* Sólo después de cometido un hecho punible se iniciará proceso por el mismo.
**Qué significa:** Este artículo fija un orden en el tiempo: primero tiene que existir un hecho punible ya cometido y solo después puede iniciarse un proceso penal por ese hecho. «Hecho punible» es la conducta que la ley castiga como delito o falta. «Iniciar proceso» significa abrir la persecución penal contra alguien por esa conducta concreta. La regla impide procesar a una persona por algo que todavía no ha ocurrido, por intenciones o por sospechas sobre conductas futuras. El texto usa la palabra «sólo», lo que marca una condición sin excepciones dentro del propio artículo. Lo que el texto no dice es qué grado de prueba se necesita para iniciar el proceso, ni quién lo promueve; esos aspectos quedan para otras normas del Código. Tampoco define qué conductas son punibles, porque eso corresponde a la ley penal sustantiva. Por ejemplo, si una persona anuncia que piensa causar un daño, pero no ha ejecutado ninguna conducta castigada, este artículo no permite abrir un proceso penal por ese daño futuro. Si más adelante el hecho se comete, entonces sí podrá iniciarse el proceso por lo ocurrido. La norma protege así a las personas frente a procesos anticipados, porque ata el inicio del juicio penal a un hecho que ya existe en la realidad.
**Artículo 7.** *Independencia e imparcialidad.* El juzgamiento y decisión de las causas penales se llevará a cabo por jueces imparciales e independientes, sólo sometidos a la Constitución y a la ley. La ejecución penal estará a cargo de los jueces de ejecución.
Por ningún motivo las restantes autoridades del Estado podrán arrogarse el juzgamiento de causas pendientes o la reapertura de las ya terminadas por decisión firme.
Nadie puede ser juzgado, condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino por los tribunales designados por la ley antes del hecho de la causa.
**Qué significa:** Las causas penales se juzgan y deciden por jueces imparciales e independientes, sometidos solo a la Constitución y a la ley. La ejecución penal queda a cargo de los jueces de ejecución. Ninguna otra autoridad del Estado puede asumir el juzgamiento de causas pendientes. Tampoco puede reabrir causas ya terminadas por decisión firme. La frase «por ningún motivo» marca que esta prohibición no admite excepciones en ese párrafo. Nadie puede ser juzgado, condenado, penado ni sometido a medida de seguridad y corrección sino por los tribunales designados por la ley antes del hecho. El texto no explica cómo se designan esos tribunales; eso lo regulan otras normas. Caso práctico: una persona investigada por un hecho no puede ser juzgada por un tribunal que la ley creó después de ese hecho.
**Artículo 8.** *Independencia del Ministerio Público.* El Ministerio Público, como institución, goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación de los delitos en la forma determinada en este Código, salvo la subordinación jerárquica establecida en su propia ley.
Ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público o sus subordinados respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal o limitar el ejercicio de la acción, salvo las facultades que esta ley concede a los tribunales de justicia.
**Qué significa:** El Ministerio Público tiene plena independencia para ejercer la acción penal e investigar delitos, en la forma que fija este Código. Esa independencia tiene una salvedad: la subordinación jerárquica que establece su propia ley. Aplica a la institución y a sus subordinados. Lo más importante es la prohibición. Ninguna autoridad puede dar instrucciones al jefe del Ministerio Público o a sus subordinados sobre cómo llevar la investigación, ni limitar el ejercicio de la acción. La única excepción que nombra el texto son las facultades que esta ley concede a los tribunales de justicia. El artículo no detalla qué tipo de instrucciones serían, ni cómo opera la subordinación jerárquica, pues esa subordinación se rige por su propia ley. Un caso práctico: un fiscal lleva una investigación por robo y otra autoridad le pide que cambie la línea de trabajo. Según el texto, esa instrucción no debería darse, salvo que se trate de facultades judiciales.
**Artículo 9.** *Obediencia.* Los funcionarios y empleados públicos guardarán a los jueces y tribunales el respeto y consideración que por su alta jerarquía merecen. Las ordenes, resoluciones o mandatos que los mismos dictaren en ejercicio de sus funciones serán acatadas inmediatamente. La infracción de estos preceptos será punible de conformidad con el Código Penal.
**Qué significa:** Los funcionarios y empleados públicos deben guardar a jueces y tribunales el respeto y la consideración que su alta jerarquía merece. Ese respeto es un deber que la norma establece. Las órdenes, resoluciones o mandatos que estos dicten en el ejercicio de sus funciones deben acatarse de inmediato. Lo que limita la regla es «en el ejercicio de sus funciones»: el texto habla de órdenes dictadas en ese marco, no de cualquier pedido. Sobre la infracción, el artículo solo dice que será punible de conformidad con el Código Penal. Qué conducta exacta encaja, y qué pena le corresponde, queda en esa otra ley y no en este artículo. Imagina que un empleado de una oficina pública recibe una resolución de un tribunal dictada en el ejercicio de sus funciones. Según el texto, esa resolución debe acatarse de inmediato.
**Artículo 10.** *Censuras, coacciones y recomendaciones.* Queda terminantemente prohibida toda acción de particulares, funcionarios y empleados de cualquier categoría, que tienda a limitar o impedir el ejercicio de la función jurisdiccional. Asimismo, ningún funcionario o empleado público podrá hacer insinuaciones o recomendaciones de cualquier naturaleza, que pudieran impresionar o coartar la libre conducta o el criterio del juzgador.
El juez que sufra alguna interferencia en el ejercicio de su función lo pondrá en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, la que deberá tomar las medidas adecuadas para hacer cesar dicha interferencia.
**Qué significa:** Este artículo protege la independencia de los jueces. Prohíbe terminantemente toda acción de particulares, funcionarios y empleados de cualquier categoría que tienda a limitar o impedir el ejercicio de la función jurisdiccional. Además, ningún funcionario o empleado público puede hacer insinuaciones o recomendaciones de cualquier naturaleza que pudieran impresionar o coartar la libre conducta o el criterio del juzgador. La prohibición tiene dos niveles. El primero alcanza a cualquier persona, incluidos particulares, y abarca acciones que limiten o impidan la labor judicial. El segundo se dirige solo a funcionarios y empleados públicos y cubre conductas más sutiles, como sugerencias o recomendaciones. Basta con que «pudieran» influir; el texto no exige que la influencia se logre. El juez que sufra una interferencia debe ponerlo en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, que debe tomar las medidas adecuadas para hacerla cesar. El artículo no detalla cuáles son esas medidas ni fija sanciones concretas. Por ejemplo, si un funcionario llama a un juez para recomendarle cómo resolver un caso, esa conducta está prohibida aunque el juez no cambie su decisión. El juez debe informar a la Corte Suprema de Justicia, que debe actuar para que la interferencia termine.
**Artículo 11.** *Prevalencia del criterio jurisdiccional.* Los sujetos procesales deben acatar las resoluciones del tribunal y sólo podrán impugnarlas por los medios y en la forma establecidos por la ley.
**Qué significa:** Las partes de un proceso penal, y en general los sujetos procesales, deben acatar lo que resuelva el tribunal. Eso quiere decir que una decisión judicial se cumple aunque alguien no esté de acuerdo con ella. El mismo texto añade que la impugnación solo es posible por los medios y en la forma que fije la ley. El matiz más importante es la palabra «sólo». La ley no deja a cada persona elegir cómo reaccionar: cualquier objeción debe usar la vía prevista. El artículo no enumera esos medios ni describe su trámite, así que esos detalles quedan para las demás normas que regulan los recursos. Un caso práctico: un acusado recibe una resolución que no le favorece. Puede pensar que es injusta, pero debe acatarla. Si quiere cuestionarla, tiene que hacerlo solo por el medio que la ley establezca.
**Artículo 11 Bis.** *Fundamentación.* Los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión, su ausencia constituye un defecto absoluto de forma.
La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basare la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiere asignado a los medios de prueba.
La simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes, no reemplazarán en ningún caso a la fundamentación.
Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 1 del Decreto 32-96 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 1 del Decreto 32-96 (1996)
**Qué significa:** Todo auto y toda sentencia deben explicar sus motivos. La fundamentación debe ser clara y precisa. Si falta, el texto dice que hay un defecto absoluto de forma. La fundamentación debe expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión. También debe indicar el valor que el juez dio a cada medio de prueba. No basta con repetir los documentos del proceso o mencionar lo que pidieron las partes. Ese tipo de mención no reemplaza la fundamentación. El último párrafo afirma que una resolución sin fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. Ejemplo: un juez dicta un auto que solo dice que se rechaza el recurso. Ese auto no expresa los motivos, y el texto lo considera un defecto de forma. El artículo anterior, art. 11 CPP, tiene el epígrafe «Prevalencia del criterio jurisdiccional». Para la declaración del imputado, lee el art. 81 CPP.
**Artículo 12.** *Obligatoriedad, gratuidad y publicidad.* La función de los tribunales en los procesos es obligatoria, gratuita y pública. Los casos de diligencias o actuaciones reservadas serán señalados expresamente por la ley.
**Qué significa:** La función de los tribunales en los procesos tiene tres rasgos: es obligatoria, gratuita y pública. Este artículo describe cómo se cumple esa función en general, sin entrar en el detalle de cada proceso. Lo obligatorio significa que el tribunal debe cumplir su función en los procesos. Lo gratuito indica que el texto no pone un cobro por esa función. Lo público quiere decir que el proceso puede conocerse, salvo lo que la ley reserve. El matiz decisivo está en la última frase. Las diligencias o actuaciones reservadas deben estar señaladas expresamente por la ley, así que la regla general de publicidad solo cede en esos casos. El texto no enumera cuáles son; eso queda para otras normas. Por ejemplo, una persona que quiere presenciar una audiencia parte de la regla de publicidad. Si la diligencia no está reservada por la ley, la regla general de publicidad se aplica.
**Artículo 13.** *Indisponibilidad.* Los tribunales no pueden renunciar al ejercicio de su función, sino en los casos de ley. Los interesados no pueden recurrir a tribunal distinto del reputado legalmente competente.
**Artículo 14.** *Tratamiento como inocente.* El procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento, hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena o una medida de seguridad y corrección.
Las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del imputado o que limitan el ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente; en esta materia, la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas, mientras no favorezcan la libertad o el ejercicio de sus facultades.
Las únicas medidas de coerción posibles en contra del imputado son las que éste Código autoriza, tendrán carácter de excepcionales y serán proporcionales a la pena o medida de seguridad y corrección que se espera del procedimiento, con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes.
La duda favorece al imputado.
**Qué significa:** El procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento. Esa condición termina solo con una sentencia firme que lo declare responsable y le imponga una pena o medida de seguridad. Las normas que restringen la libertad del imputado se interpretan de forma restrictiva. Están prohibidas la interpretación extensiva y la analogía, salvo que favorezcan la libertad. Las únicas medidas de coerción son las que este código autoriza. Son excepcionales y deben ser proporcionales a la pena que se espera. La última frase dice: la duda favorece al imputado. Ejemplo: si el juez tiene dudas sobre la autoría de un hecho, debe resolver a favor del imputado. Si no hay base para prisión preventiva, el art. 272 CPP ordena declarar la falta de mérito. La Constitución recoge la misma idea en su art. 14 CPRG.
**Artículo 15.** *Declaración libre.* El imputado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declarase culpable. El Ministerio Público, el juez o el tribunal, le advertirá clara y precisamente, que puede responder o no con toda libertad a las preguntas, haciéndolo constar en las diligencias respectivas.
**Qué significa:** El imputado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. El Ministerio Público, el juez o el tribunal debe advertirle, clara y precisamente, que puede responder o no con toda libertad a las preguntas. Esa advertencia debe constar en las diligencias respectivas. Lo importante es el verbo «obligado». El texto protege la negativa del imputado a declarar contra sí mismo, pero no le impide responder. Si decide responder, lo hace con toda libertad, y la advertencia queda registrada en las diligencias. El artículo no dice qué pasa con una declaración hecha sin esa advertencia. Esos efectos quedan para otras normas del proceso. Un caso práctico: una persona citada como imputada llega a la diligencia y el fiscal le explica que puede contestar o guardar silencio. Esa advertencia debe quedar anotada en las diligencias.
**Artículo 16.** *Respeto a los derechos humanos.* Los tribunales y demás autoridades que intervengan en los procesos deberán cumplir los deberes que les imponen la Constitución y los tratados internacionales sobre respeto a los derechos humanos.
**Qué significa:** La obligación recae sobre los tribunales y demás autoridades que intervienen en los procesos. Deben cumplir los deberes que les imponen la Constitución y los tratados internacionales sobre respeto a los derechos humanos. El alcance del artículo es amplio y general: no enumera conductas concretas. Remite a dos fuentes, la Constitución y los tratados internacionales, y es en esos textos donde se precisa qué exige cada una. Aquí solo se fija la obligación de cumplirlos. Ejemplo: un juez que dirige una audiencia debe actuar conforme a esos deberes mientras el proceso avanza. Lo mismo aplica a cualquier autoridad que intervenga en el caso, según el texto. El artículo no dice qué sanción corresponde si una autoridad incumple esos deberes; eso queda para otras normas.
**Artículo 17.** *Única persecución.* Nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho.
Sin embargo, será admisible una nueva persecución penal:
1) Cuando la primera fue intentada ante un tribunal incompetente.
2) Cuando la no prosecución proviene de defectos en la promoción o en ejercicio de la misma.
3) Cuando un mismo hecho debe ser juzgado por tribunales o procedimientos diferentes, que no puedan ser unificados, según las reglas respectivas.
**Qué significa:** Nadie puede ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. La regla protege a cualquier persona contra una segunda persecución por lo mismo, y el texto la presenta como un principio básico del proceso. La palabra que decide el caso es «hecho»: la prohibición se refiere al mismo hecho, no a cualquier otro problema penal de la misma persona. El artículo enumera tres excepciones en las que sí es admisible una nueva persecución: cuando la primera se intentó ante un tribunal incompetente; cuando la no prosecución proviene de defectos en la promoción o en el ejercicio de la misma; y cuando un mismo hecho debe ser juzgado por tribunales o procedimientos diferentes que no puedan unificarse según las reglas respectivas. El texto no dice cómo se decide si un hecho es el mismo, así que eso queda para otras normas. En la práctica: una persona es acusada ante un juzgado que no tenía competencia para el caso. Como indica la excepción 1), el texto admite una nueva persecución, esta vez ante el tribunal correspondiente.
**Artículo 18.** *Cosa juzgada.* Un proceso fenecido no podrá ser abierto de nuevo, excepto en caso de revisión conforme a lo previsto en este Código.
**Qué significa:** Un proceso fenecido, es decir, ya terminado, no puede abrirse de nuevo. La regla impide reabrir el mismo caso sin más, pero el texto deja una excepción: el caso de revisión conforme a lo previsto en este Código. El artículo no dice qué causas permiten la revisión ni quién puede pedirla; esos detalles están en el Código, no en este artículo. Por eso, si surge una duda sobre si un caso puede reabrirse, hay que revisar la regulación de la revisión que el propio Código establece. Este artículo solo fija la regla general y su excepción. Ejemplo: un caso penal que ya terminó no se reabre solo porque una parte no esté de acuerdo con el resultado. Solo cabe volver a abrirlo por la vía de revisión que prevé el Código.
**Artículo 19.** *Continuidad.* No puede suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar un proceso, en cualquiera de sus trámites, sino en los casos expresamente determinados por la ley.
**Artículo 20.** *Defensa.* La defensa de la persona o de sus derechos es inviolable en el proceso penal. Nadie podrá ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en procedimiento preestablecido y ante tribunal competente, en el que se hayan observado las formalidades y garantías de ley.
**Qué significa:** La defensa de la persona o de sus derechos es inviolable en el proceso penal. Este artículo establece que nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en un procedimiento preestablecido. Es una garantía básica del proceso penal. Las palabras «citado, oído y vencido» describen pasos que deben cumplirse antes de una condena. Además, el procedimiento debe ser preestablecido y ante tribunal competente. Las formalidades y garantías de ley también deben observarse. El texto no detalla cuáles son esas garantías. El artículo se aplica al proceso penal. No regula directamente otros tipos de proceso. En la práctica: una persona acusada de un delito no puede ser condenada si nunca fue citada a juicio ni tuvo oportunidad de hablar. Si el proceso se lleva ante un tribunal sin competencia, tampoco se cumple el texto.
**Artículo 21.** *Igualdad en el proceso.* Quienes se encuentren sometidos a proceso gozarán de las garantías y derechos que la Constitución y las leyes establecen, sin discriminación.
**Qué significa:** Las personas sometidas a proceso penal gozan de las garantías y derechos que la Constitución y las leyes establecen. El texto añade que ese reconocimiento se da sin discriminación, es decir, sin tratar a nadie peor por causa alguna. La norma se dirige a todo el que está dentro de un proceso, sin importar su situación. El punto que más importa es que el artículo no crea derechos nuevos. Solo dice que los derechos ya establecidos en la Constitución y en las leyes se aplican sin discriminación. Por eso, para saber qué garantía concreta tiene una persona, hay que mirar esas normas. El texto no dice qué causas de discriminación están prohibidas ni cómo se reclama una violación, así que eso queda para otras normas. En la práctica: una persona acusada en un proceso penal tiene las garantías que la Constitución y las leyes le reconocen, y no debe recibir un trato distinto por causa discriminatoria.
**Artículo 22.** *Lugares de asilo.* Salvo los tratados internacionales, el Estado no reconoce en su territorio lugares de asilo en donde los delincuentes consigan la impunidad o la disminución de sus condenas.
**Artículo 23.** *Vía diplomática.* Los extranjeros no podrán recurrir a la vía diplomática sino por denegación de justicia y, en todo caso, hasta que hubieren agotado todos los recursos que establecen las leyes guatemaltecas. No deberá entenderse por denegación de justicia el hecho de que un fallo o una resolución sea contrario a sus intereses.
**Qué significa:** Los extranjeros solo pueden recurrir a la vía diplomática, es decir, pedir la intervención de su país, cuando hay denegación de justicia. Además, deben haber agotado todos los recursos que establecen las leyes guatemaltecas antes de hacerlo. Así lo fija el artículo. El punto clave es que un fallo o una resolución contraria a sus intereses no cuenta como denegación de justicia. Perder un caso no basta. El texto no define en detalle qué recursos existen ni cómo se tramita la vía diplomática; eso queda para otras normas. Como ejemplo, una persona extranjera pierde un juicio y considera injusta la sentencia. Que el fallo sea contrario a sus intereses no es denegación de justicia. Antes de hablar de vía diplomática, según el texto, debe haber agotado todos los recursos que establecen las leyes guatemaltecas.
#### Capítulo II. Persecución penal
##### Sección Primera. Acción penal
**Artículo 24.** *Clasificación de la acción penal.* La acción penal se ejercerá de acuerdo a la siguiente clasificación:
1) Acción pública;
2) Acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal;
3) Acción privada.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 2 de Decreto 32-96 y por el Artículo 1 del Decreto 79-97, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 2 del Decreto 32-96 (1996)
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** La acción penal se clasifica en tres grupos. El primero es la acción pública. El segundo es la acción pública que depende de instancia particular o de autorización estatal. El tercero es la acción privada. Ejemplo: un robo es de acción pública, porque lo persigue el Estado de oficio. Un delito que depende de una denuncia previa de la víctima entra en el segundo grupo. El texto clasifica la acción, no el delito. Cada delito tiene su clasificación en el código. El artículo anterior, art. 23 CPP, trata de la vía diplomática. El siguiente, art. 24 Bis CPP, desarrolla la acción pública. Guía relacionada: querellante. La clasificación importa porque define quién puede impulsar el caso. En la acción pública lo hace el Estado; en la privada, la víctima o el titular.
**Artículo 24 Bis.** *Acción pública.* Serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público, en representación de la sociedad, todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente conforme al juicio de faltas que establece este Código.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 2 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 2 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** Los delitos de acción pública son perseguibles de oficio por el Ministerio Público, en representación de la sociedad. La regla tiene dos excepciones expresas que el texto menciona. Las excepciones son los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa. Esos casos se tramitan y resuelven por denuncia de autoridad competente, conforme al juicio de faltas que establece este Código. El criterio decisivo es la sanción principal: la palabra «principal» marca el punto de corte. La nota indica que el artículo fue adicionado por el Artículo 2 del Decreto 79-97 del Congreso de la República. Si quieres ver cómo presentar una denuncia, consulta ¿Cómo denuncio un delito?. Un caso: un delito de acción pública que no entra en ninguna excepción se persigue de oficio, sin depender de que otra persona lo impulse. El texto no describe el trámite de la denuncia; para eso consulta la guía enlazada.
**Guías:** ¿Cómo denuncio un delito? (https://codicegt.com/guia/denunciar-delito/).
**Artículo 24 Ter.** *Acciones públicas dependientes de instancia particular.* Para su persecución por el órgano acusador del Estado dependerán de instancia particular, salvo cuando mediaren razones de interés público, los delitos siguientes:
1) Lesiones leves o culposas y contagio venéreo;
2) Negación de asistencia económica e incumplimiento de deberes de asistencia;
3) Amenazas, allanamiento de morada;
4) Estupro, incesto, abusos deshonestos y violación, cuando la víctima fuere mayor de dieciocho años. Si la víctima fuere menor de edad, la acción será pública;
5) Hurto, alzamiento de bienes y defraudación en consumos, cuando su valor no excediere diez veces el salario mínimo más bajo para el campo al momento de la comisión del delito, excepto que el agraviado sea el Estado, caso en que la acción será pública;
6) Estafa que no sea mediante cheque sin provisión de fondos; o cuando el ofendido sea el Estado, en cuyo caso la acción será pública;
7) Apropiación y retención indebida;
8) Los delitos contra la libertad de cultos y el sentimiento religioso;
9) Alteración de linderos;
10) Usura y negociaciones usurarias.
La acción para perseguir los delitos a que se refiere este Artículo será de acción pública cuando fueren cometidos por funcionario o empleado público en ejercicio o con ocasión de su cargo.
En caso de que la víctima fuere menor o incapaz, la instancia particular podrá efectuarla quien ejerza su representación legal o por su guardador. Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o contra un incapaz que no tenga tutor ni guardador, o cuando el delito fuere cometido por uno de sus parientes dentro de los grados de ley, tutor o guardador.
La instancia de parte obligará a la acción pública, excepto el caso de conciliación que amerite la aplicación de un criterio de oportunidad o la autorización de la conversión de la acción pública en privada.
En casos de flagrancia, la policía deberá intervenir para evitar que continúe la lesión del bien jurídico tutelado o la comisión de otros delitos y para asegurar los medios de investigación.
Para los casos en que se requiere de autorización estatal para el inicio de la acción penal, el Ministerio Público procederá como se establece en este Código para el trámite del antejuicio.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 3 del Decreto 79-97 del Congreso de la República). (Declarado inconstitucional por sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 9 de diciembre de 2002, Expediente 890-2001).
- Reforma: Adicionado por el artículo 3 del Decreto 79-97 (1997)
- Reforma: Declarado inconstitucional en Expediente 890-2001 de la Corte de Constitucionalidad (2002-12-09)
**Qué significa:** Este artículo lista delitos que dependen de instancia particular. Eso significa que el Ministerio Público solo los persigue si la víctima o su representante lo pide, salvo que haya razones de interés público. Son diez grupos, entre ellos las lesiones leves o culposas, las amenazas, el allanamiento de morada, la usura y los delitos contra la libertad de cultos. Hay excepciones dentro de la lista. En estupro, incesto, abusos deshonestos y violación, la acción es pública si la víctima es menor de edad. En hurto, alzamiento de bienes y defraudación en consumos, la acción es pública si el valor supera diez veces el salario mínimo más bajo para el campo. También es pública si el agraviado es el Estado. La acción es pública cuando el delito lo comete un funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo. Si la víctima es menor o incapaz, puede presentar la instancia su representante legal. Caso concreto: alguien amenaza a un vecino. Ese delito depende de instancia particular, así que el vecino debe presentarla para que el caso avance. La nota oficial cita una sentencia de inconstitucionalidad de 9 de diciembre de 2002 (expediente 890-2001), sin indicar qué parte afecta. Revisa esa sentencia antes de citar el artículo. El artículo anterior, art. 24 Bis CPP, trata de la acción pública.
**Citado por:** Art. 24 Quáter, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-24quater/).
**Artículo 24 Quáter.** *Acción privada.* Serán perseguibles, sólo por acción privada, los delitos siguientes:
1) Los relativos al honor;
2) Daños;
3) Los relativos al derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos:
a) Violación a derechos de autor;
b) Violación a derechos de propiedad industrial;
c) Violación a derechos marcarios;
d) Alteración de programas;
e) Reproducción de instrucciones o programas de computación;
f) Uso de información;
4) Violación y revelación de secretos;
5) Estafa mediante cheque.
En todos los casos anteriores, se procederá únicamente por acusación de la víctima conforme al procedimiento especial regulado en este Código. Si carece de medios económicos, se procederá conforme el Artículo 539 de este Código. En caso de que la víctima fuere menor o incapaz, se procederá como lo señala el párrafo tercero del Artículo anterior.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 4 del Decreto 79-97 del Congreso de la República). (DEROGADO por el Artículo 42 del Decreto 56-2000 del Congreso de la República). (DEROGADO por el Artículo 220 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República). (DEROGADO por el Artículo 220 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República). (DEROGADO por el Artículo 42 del Decreto 56-2000 del Congreso de la República). (DEROGADO por el Artículo 42 del Decreto 56-2000 del Congreso de la República). (DEROGADO por el Artículo 42 del Decreto 56-2000 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 4 del Decreto 79-97 (1997)
- Reforma: Derogado (en parte) por el artículo 42 del Decreto 56-2000 (2000)
- Reforma: Derogado (en parte) por el artículo 220 del Decreto 57-2000 (2000)
**Qué significa:** Este artículo enumera delitos que solo se persiguen por acción privada. En estos casos, el Estado no inicia la persecución de oficio: se procede únicamente por acusación de la víctima. La lista incluye los delitos relativos al honor, los daños, y los delitos de derecho de autor, propiedad industrial e informáticos. También figuran la violación y revelación de secretos, y la estafa mediante cheque. Si la víctima carece de medios económicos, el texto remite al artículo 539 del Código. Si la víctima es menor o incapaz, se aplica el procedimiento del artículo anterior. La nota oficial indica que este artículo fue derogado en distintas partes por decretos de 2000. No precisa cuáles. Antes de citarlo, revisa la nota. Un caso práctico: una persona publica un insulto grave contra otra y la víctima presenta la acusación. Ese caso, como delito relativo al honor, se persigue por acción privada. El texto no detalla el procedimiento especial que menciona. Esa regla está en otros artículos del Código. El artículo anterior, art. 24ter CPP, trata de las acciones públicas dependientes de instancia particular. El artículo siguiente, art. 25 CPP, regula el criterio de oportunidad.
**Artículo 25.** *Criterio de oportunidad.* Cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en los casos siguientes:
1) Si se tratare de delitos no sancionados con pena de prisión;
2) Si se tratare de delitos perseguibles por instancia particular;
3) En los delitos de acción pública, cuya pena máxima de prisión no fuere superior a cinco años con excepción de los delitos tipificados en la Ley contra la Narcoactividad.
4) Que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima;
5) Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada;
6) El criterio de oportunidad se aplicará por los jueces de primera instancia obligadamente a los cómplices o autores del delito de encubrimiento que presten declaración eficaz contra los autores de los delitos siguientes: contra la salud, defraudación, contrabando, delitos contra la hacienda pública, la economía nacional, la seguridad del Estado, contra la Constitución, contra el orden público, contra la tranquilidad social, cohecho, peculado y negociaciones ilícitas, así como en los casos de plagio o secuestro. Durante el trámite del proceso, aquellas personas no podrán ser sometidas a persecución penal respecto de los hechos de que presten declaración, siempre que su dicho contribuya eficazmente a delimitar la responsabilidad penal de los autores de los mencionados delitos bajo estricta responsabilidad del Ministerio Público, lo que se establecerá en la efectiva investigación del fiscal. En este caso, el juez de primera instancia está obligado a autorizarlo, aplicándose de oficio en esta oportunidad el sobreseimiento correspondiente.
La declaración se recibirá con observancia de los requisitos de la prueba anticipada, procediendo el agente fiscal que tiene a cargo la investigación a determinar la forma adecuada de presentación ante el juez respectivo. Si el fiscal tuviere que trasladarse, el juez de primera instancia que controla la investigación, con carácter urgente y conforme la ley, deberá en este caso, comisionar al juez competente que junto al fiscal deberá trasladarse al lugar donde la persona, se encuentra para realizar la diligencia.
El criterio de oportunidad a que se refieren los numerales del 1 al 5 de este artículo no se aplicará a hechos delictivos cometidos por funcionario o empleado público con motivo o ejercicio de su cargo.
> Nota de la fuente: (Modificado por el Artículo 3 del Decreto 32-96; por el Artículo 1 del Decreto 114-96 y por el Artículo 5 del Decreto 79-97, todos del Congreso de la República). (Reformado por el Artículo 1 del Decreto 51-2002 del Congreso de la República).
- Reforma: Modificado por el artículo 3 del Decreto 32-96 (1996)
- Reforma: Modificado por el artículo 1 del Decreto 114-96 (1996)
- Reforma: Modificado por el artículo 5 del Decreto 79-97 (1997)
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 51-2002 (2002)
**Qué significa:** Cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados, puede abstenerse de ejercer la acción penal. Para eso necesita dos cosas: el consentimiento previo del agraviado y la autorización judicial. El texto enumera los casos. Son delitos sin pena de prisión; delitos perseguibles solo por instancia particular; delitos de acción pública con pena máxima de hasta cinco años, salvo los de la Ley contra la Narcoactividad; casos en que la responsabilidad o la contribución del sindicado es mínima; y casos en que el inculpado queda afectado directa y gravemente por un delito culposo, con una pena que resulta inapropiada. También se aplica a cómplices o autores de encubrimiento que den declaración eficaz contra autores de ciertos delitos graves. Los numerales del 1 al 5 no se aplican a delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de su cargo. Ejemplo: alguien comete un delito sin pena de prisión, y la víctima lo consiente. Con autorización judicial, el fiscal puede abstenerse. Guía relacionada: criterio de oportunidad. Los requisitos de reparación están en el art. 25 Bis CPP.
**Citado por:** Art. 25 Bis, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-25bis/); Art. 25 Quáter, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-25quater/); Art. 552 Bis, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-552bis/).
**Guías:** Criterio de oportunidad y conciliación (https://codicegt.com/guia/criterio-oportunidad/).
**Artículo 25 Bis.** *Requisitos.* Para aplicar el criterio de oportunidad, en los numerales del 1 al 5 establecidos en el artículo 25, es necesario que el imputado hubiere reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con el agraviado y se otorguen las garantías para su cumplimiento en el que, incluso, puedan aplicarse los usos y las costumbres de las diversas comunidades para la solución de los conflictos, los principios generales del derecho o la equidad, siempre que no violen garantías constitucionales ni tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.
En caso de no existir una persona agraviada o afectada directamente, el Ministerio Público o quien haga sus veces podrá solicitar al juez la aplicación del criterio de oportunidad, siempre que el imputado repare los daños y perjuicios causados a la sociedad u otorgue las garantías suficientes para su resarcimiento en el plazo máximo de un año. En caso de insolvencia, el imputado deberá retribuir el daño social mediante la prestación de servicio social a la comunidad en la actividad que el tribunal designe, en períodos de diez a quince horas semanales, durante el lapso de un año, en el que deberá observar, además, las normas de conducta y abstenciones que el tribunal le señale. Si desobedeciere las reglas de conducta o abstenciones impuestas cometerá el delito de desobediencia.
Las reglas o abstenciones que pueden imponerse son las siguientes:
1) Residir en lugar determinado o someterse a la vigilancia que determine el juez;
2) La prohibición de visitar determinados lugares o personas;
3) Abstenerse del uso de estupefacientes o de bebidas alcohólicas;
4) Finalizar la escolaridad primaria, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en la institución que determine el juez;
5) Realizar trabajo de utilidad pública a favor del Estado o instituciones de beneficencia, fuera de sus horarios habituales de trabajo;
6) Someterse a un tratamiento médico o psicológico, si fuere necesario;
7) Prohibición de portación de arma de fuego;
8) Prohibición de salir del país;
9) Prohibición de conducir vehículos automotores; y,
10) Permanecer en un trabajo o empleo, o adoptar en el plazo que el juez determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia.
La aplicación del criterio de oportunidad provocará el archivo del proceso por el término de un año, al vencimiento del cual se extinguirá la acción penal, salvo que se pruebe durante este lapso que hubo fraude, error, dolo, simulación o violencia para su otorgamiento o si surgieren elementos que demuestren que la figura delictiva era más grave y que de haberse conocido no hubieren permitido la aplicación del criterio de oportunidad.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 6 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 6 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** Para aplicar el criterio de oportunidad en los numerales del 1 al 5 del artículo 25, el texto exige dos cosas. La primera es que el imputado haya reparado el daño, o que exista un acuerdo con el agraviado. La segunda es que se otorguen garantías para cumplir ese acuerdo. El texto añade que pueden aplicarse los usos y costumbres de las comunidades para resolver el conflicto. Ejemplo: un imputado repara el daño a la víctima y firma un acuerdo con garantía. Con eso se cumple la condición del texto para el criterio de oportunidad. El texto no define qué garantías son suficientes. Esa valoración depende del caso. El artículo anterior, art. 25 CPP, enumera los casos del criterio de oportunidad. El siguiente, art. 25 Ter CPP, regula la conciliación. Guía relacionada: criterio de oportunidad.
**Citado por:** Art. 27, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-27/).
**Artículo 25 Ter.** *Conciliación.* Formulada la solicitud por parte del Ministerio Público o por el síndico municipal, o por el agraviado o el imputado o su defensor para la aplicación de un criterio de oportunidad, el juez de paz citará a las partes, bajo apercibimiento de ley, a una audiencia de conciliación.
Presentes las partes, el juez explicará el objeto de la audiencia procediendo a escuchar, en su orden, al fiscal o auxiliar del fiscal o síndico municipal, a la víctima o agraviado y al imputado. El juez debe obrar en forma imparcial, ayudando a las partes a encontrar una solución equitativa, justa y eficaz, para propiciar la solución del conflicto. Su función es la de ser un facilitador en la comunicación y el diálogo constructivo entre las partes. Las partes podrán ser asistidas por sus abogados.
Si se llegare a un acuerdo, se levantará acta firmada por los comparecientes. Si no hubiere acuerdo, se dejará constancia de ello y continuará la tramitación del mismo. En el acta de conciliación se determinarán las obligaciones pactadas, entre las cuales se contemplará la reparación del daño y el pago de los perjuicios si hubiere lugar a ello, señalando, si así se hubiere acordado, el plazo para su cumplimiento y la constitución de las garantías necesarias. La certificación del acta de conciliación tendrá la calidad de título ejecutivo para la acción civil.
Si el Ministerio Público considera que es procedente el criterio de oportunidad y la víctima no aceptare ninguna de las fórmulas de conciliación propuestas, podrá otorgar la conversión de la acción a petición del agraviado.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 7 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 7 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** Esta norma regula la audiencia de conciliación que se celebra cuando se pide aplicar un criterio de oportunidad. Pueden pedirlo el Ministerio Público, el síndico municipal, el agraviado, el imputado o su defensor. El juez de paz cita a las partes, bajo apercibimiento de ley. Después escucha, en su orden, al fiscal, auxiliar fiscal o síndico municipal, a la víctima o agraviado y al imputado. El juez debe obrar con imparcialidad y actuar como facilitador del diálogo entre las partes. Su meta es ayudarlas a encontrar una solución equitativa, justa y eficaz. Las partes pueden ir asistidas por sus abogados. Si hay acuerdo, se levanta un acta firmada por los comparecientes; si no lo hay, se deja constancia y el trámite continúa. Para el contexto general, puedes leer Criterio de oportunidad y conciliación. Un matiz importante: el Ministerio Público puede considerar procedente el criterio de oportunidad, pero la víctima puede no aceptar ninguna de las fórmulas de conciliación propuestas. En ese caso, el Ministerio Público podrá otorgar la conversión de la acción a petición del agraviado. Ejemplo: el imputado y el agraviado acuerdan la reparación del daño y un plazo para cumplirla. Lo pactado queda en el acta de conciliación. La certificación de esa acta tiene la calidad de título ejecutivo para la acción civil.
**Guías:** Criterio de oportunidad y conciliación (https://codicegt.com/guia/criterio-oportunidad/).
**Artículo 25 Quáter.** *Mediación.* Las partes, sólo de común acuerdo, en los delitos condicionados a instancia particular, en los de acción privada, así como aquellos en los que proceda el criterio de oportunidad, excepto el numeral 6º. del artículo 25, con la aprobación del Ministerio Público o del síndico municipal, podrán someter sus conflictos penales al conocimiento de centros de conciliación o mediación registrados por la Corte Suprema de Justicia, a través de los juzgados de primera instancia penal correspondientes, integrados por personas idóneas, nativas de la comunidad o bajo dirección de abogado colegiado capaces de facilitar acuerdos y, una vez obtenidos los mismos, se trasladará un acta suscinta al Juez de Paz para su homologación, siempre que no viole la Constitución o Tratados Internacionales en Derechos Humanos, para lo cual bastará un breve decreto judicial que le dará valor de título ejecutivo al convenio suficiente para la acción civil en caso de incumplimiento de los acuerdos patrimoniales.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 8 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 8 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** Este artículo regula la mediación penal. Las partes pueden someter su conflicto a centros de conciliación o mediación registrados por la Corte Suprema de Justicia, pero solo de común acuerdo. Esto aplica en tres casos: los delitos condicionados a instancia particular, los delitos de acción privada, y los casos en que procede el criterio de oportunidad, excepto el numeral 6 del artículo 25. Se requiere la aprobación del Ministerio Público o del síndico municipal. Los centros integran personas idóneas, nativas de la comunidad o bajo dirección de un abogado colegiado. Cuando logran un acuerdo, se envía un acta al juez de paz para su homologación, si el acuerdo no viola la Constitución ni los tratados de derechos humanos. La homologación se hace con un breve decreto judicial. Ese decreto da valor de título ejecutivo al convenio. Si se incumplen los acuerdos patrimoniales, la parte puede cobrar por la vía civil. Caso concreto: en una disputa por daños en una cerca, las partes acuerdan en un centro de mediación que una pague la reparación. El acta llega al juez de paz, que la homologa. El texto no fija plazos para la mediación ni para cumplir el acuerdo. El artículo anterior, art. 25ter CPP, trata de la conciliación. El artículo siguiente, art. 25quinquies CPP, trata de la condición.
**Artículo 25 Quinquies.** *Condición.* El criterio de oportunidad no podrá otorgarse más de una vez al mismo imputado por la lesión o amenaza mediante dolo del mismo bien jurídico.
El Ministerio Público tomará las previsiones necesarias para dar estricto cumplimiento a esta norma.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 9 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 9 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** El criterio de oportunidad no puede otorgarse más de una vez al mismo imputado por la lesión o amenaza dolosa del mismo bien jurídico. Es, en otras palabras, una regla de una sola vez para ese mismo bien jurídico. Lo que más pesa es la expresión mediante dolo, porque limita la regla a la lesión o amenaza dolosa, y la referencia al mismo bien jurídico. El texto no define qué es el dolo ni explica otros requisitos del criterio. Para ese tema, puedes revisar la guía Criterio de oportunidad y conciliación. Lo que el texto no dice es qué pasa con un bien jurídico distinto; esa cuestión no se resuelve aquí. Un caso sencillo: una persona ya recibió un criterio de oportunidad por amenazar con dolo un bien jurídico. Si después se le imputa otra amenaza dolosa contra ese mismo bien jurídico, el texto indica que no puede otorgársele de nuevo. El Ministerio Público debe tomar las previsiones necesarias para dar estricto cumplimiento a esta norma. El artículo no detalla qué medidas tomar. La nota indica que fue adicionado por el Artículo 9 del Decreto 79-97 del Congreso de la República.
**Guías:** Criterio de oportunidad y conciliación (https://codicegt.com/guia/criterio-oportunidad/).
**Artículo 26.** *Conversión.* Las acciones de ejercicio público podrán ser transformadas en acciones privadas, únicamente ejercitadas por el agraviado conforme al procedimiento especial previsto y siempre que no produzcan impacto social, en los casos siguientes:
1) Cuando se trate de los casos previstos para prescindir de la persecución penal, conforme el criterio de oportunidad.
2) En cualquier delito que requiera de denuncia o instancia particular, a pedido del legitimado a instar, cuando el Ministerio Público lo autorice, porque no existe un interés público gravemente comprometido y el agraviado garantiza una persecución penal eficiente.
3) En los delitos contra el patrimonio, según el régimen previsto en el inciso anterior, excepto cuando se trate de delitos de hurto y robo agravados, si en un mismo hecho hubiere pluralidad de agraviados, será necesario el consentimiento de todos ellos, aunque sólo uno hubiere asumido el ejercicio de la acción penal.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 4 del Decreto 32-96 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 4 del Decreto 32-96 (1996)
**Qué significa:** Algunas acciones de ejercicio público pueden transformarse en acciones privadas. En ese caso, solo las ejercita el agraviado, conforme al procedimiento especial previsto, y siempre que no produzcan impacto social. El artículo enumera tres casos en los que procede esa conversión. El primero comprende los casos en que se puede prescindir de la persecución penal conforme al criterio de oportunidad. El segundo es cualquier delito que requiera denuncia o instancia particular. Lo pide el legitimado a instar, y el Ministerio Público debe autorizarlo porque no existe un interés público gravemente comprometido y el agraviado garantiza una persecución penal eficiente. El tercero son los delitos contra el patrimonio, con ese mismo régimen, excepto el hurto y el robo agravados. Si en un mismo hecho hay varios agraviados, se necesita el consentimiento de todos, aunque solo uno haya asumido el ejercicio de la acción penal. Un caso práctico: una persona agraviada por un delito que requiere denuncia particular pide la conversión, y el Ministerio Público decide si la autoriza. El texto no detalla cómo se tramita el procedimiento especial; esa parte queda fuera de este artículo. El artículo fue reformado por el Artículo 4 del Decreto 32-96 del Congreso de la República.
**Artículo 27.** *Suspensión condicional de la persecución penal.* En los delitos cuya pena máxima no exceda de cinco años de prisión, en los delitos culposos, y en los delitos contra el orden jurídico tributario *a que se refieren los artículos 358 “A”, 358 “B”, 358 “C” y 358 “D”, el Ministerio Público a solicitud del interesado en gozar de este beneficio, y previa comprobación del pago del valor de los impuestos retenidos o defraudados, así como los recargos, multas e intereses resarcitorios, que acreditará mediante documentación que debe expedir la autoridad tributaria, propondrá la suspensión condicional de la persecución penal. La suspensión no podrá otorgarse a reincidentes, ni a quien se haya condenado anteriormente por delito doloso.
El pedido contendrá:
1) Los datos que sirvan para identificar al imputado;
2) El hecho punible atribuido;
3) Los preceptos penales aplicables; y,
4) Las instrucciones o imposiciones que requiere.
El Juez de Primera Instancia con base en la solicitud del Ministerio Público, deberá disponer la suspensión condicional de la persecución penal si el imputado manifiesta conformidad admitiendo la veracidad de los hechos que se le imputan y si a juicio del Juez hubiere reparado el daño correspondiente o afianzare suficientemente la reparación, incluso por acuerdos con el agraviado o asumiere o garantizare la obligación de repararlo, garantía que podrá consistir en hipoteca, prenda o fianza.
De no existir una persona directamente agraviada o afectada y en caso de insolvencia del imputado se aplicará la norma contenida en el párrafo segundo del artículo 25 Bis.
La suspensión de la persecución penal no será inferior de dos años ni mayor de cinco, ni impedirá el progreso de la acción civil derivada del incumplimiento de los acuerdos celebrados entre las partes, en ninguna forma. Transcurrido el período fijado sin que el imputado cometiere un nuevo delito doloso, se tendrá por extinguida la acción penal.
> Nota de la fuente: (Reformado por el artículo 10 del Decreto 79-97, el primer párrafo por el artículo 15 del Decreto 30-2001, ambos del Congreso de la República). *(La expresión subrayada fue declarada inconstitucional por sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 18 de noviembre de 2002, expediente No. 1555-2001).
- Reforma: Reformado por el artículo 10 del Decreto 79-97 (1997)
- Reforma: Declarado inconstitucional (frase) en Expediente 1555-2001 de la Corte de Constitucionalidad (2002-11-18)
**Qué significa:** El texto permite la suspensión condicional de la persecución penal en tres casos: delitos cuya pena máxima no exceda de cinco años de prisión, delitos culposos, y delitos contra el orden jurídico tributario. El Ministerio Público la propone a solicitud del interesado. En los delitos tributarios, el interesado debe pagar antes el valor de los impuestos retenidos o defraudados, con recargos, multas e intereses, según documentación de la autoridad tributaria. La suspensión no se concede a reincidentes ni a quien fue condenado antes por delito doloso. El juez de primera instancia la dispone si el imputado admite los hechos y ha reparado el daño o garantiza la reparación. Su duración no es menor de dos años ni mayor de cinco. Si el imputado no comete un nuevo delito doloso en ese plazo, la acción penal se extingue. Ejemplo: una persona acusada de un delito culposo admite los hechos y repara el daño, o garantiza la reparación. Si cumple el plazo sin nuevo delito doloso, la acción penal se extingue. La versión publicada marca con asterisco la expresión que remite a los artículos 358 A a 358 D. La nota indica que esa expresión fue declarada inconstitucional (sentencia del 18 de noviembre de 2002, expediente 1555-2001). Guía relacionada: criterio de oportunidad. El artículo anterior, art. 26 CPP, trata de la conversión.
**Artículo 28.** *Régimen de prueba.* El juez dispondrá que el imputado, durante el período de prueba, se someta a un régimen que se determinará en cada caso y que llevará por fin mejorar su condición moral, educacional y técnica, bajo control de los tribunales.
**Artículo 29.** *Revocación.* Si el imputado se apartare considerablemente, en forma injustificada, de las condiciones impuestas o cometiere un nuevo delito, se revocará la suspensión y el proceso continuará su curso. En el primer caso, el tribunal podrá ampliar el plazo de prueba hasta el límite de cinco años, cuando hubiere fijado originariamente una inferior.
La revocación de la suspensión condicional de la persecución penal no impedirá la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
**Artículo 30.** *Suspensión del plazo de prueba.* El plazo de prueba se suspenderá cuando, en virtud de otro proceso, el imputado se encuentre privado de su libertad. Si en dicho proceso no se le priva de su libertad, el plazo seguirá corriendo, pero se suspenderá la declaración de extinción de la acción penal hasta que quede firme la resolución que lo exime de responsabilidad o hace cesar indefinidamente a su respecto el otro proceso.
**Artículo 31.** *Ejercicio condicionado.* Cuando la acción pública dependa de gestión privada, el Ministerio Público sólo podrá ejercitarla una vez que, con respecto al hecho, se formule denuncia o querella por quien tenga legitimación para hacerlo, pero se procederá de oficio en los casos previstos en el Código Penal.
##### Sección Segunda. Extinción
**Artículo 32.** *Motivos.* La persecución penal se extingue:
1) Por muerte del imputado.
2) Por amnistía.
3) Por prescripción.
4) Por el pago del máximo previsto para la pena de multa, si el imputado admitiere al mismo tiempo su culpabilidad, en el caso de delitos sancionados sólo con esa clase de pena.
5) Por el vencimiento del plazo de prueba, sin que la suspensión sea revocada, cuando se suspenda la persecución penal.
6) Por la revocación de la instancia particular, en los casos de delitos privados que dependen de ella.
7) Por la renuncia o por el abandono de la querella respecto de los delitos privados a instancia de parte.
8) Por la muerte del agraviado, en los casos de delitos de acción privada; sin embargo, la acción ya iniciada por el ofendido puede ser continuada por sus herederos o sucesores, salvo casos establecidos por el Código Penal.
**Qué significa:** El artículo enumera ocho causas por las que la persecución penal se extingue: la muerte del imputado, la amnistía, la prescripción y el pago del máximo previsto para la pena de multa. Ese pago solo opera si el imputado admite al mismo tiempo su culpabilidad y el delito está sancionado solo con multa. La lista sigue con el vencimiento del plazo de prueba sin que la suspensión sea revocada, cuando se suspende la persecución penal. También incluye la revocación de la instancia particular en los delitos privados que dependen de ella, y la renuncia o el abandono de la querella en los delitos privados a instancia de parte. La última causa es la muerte del agraviado en los delitos de acción privada. Sin embargo, sus herederos o sucesores pueden continuar la acción ya iniciada por el ofendido, salvo los casos establecidos por el Código Penal. El texto no explica cómo se cuenta la prescripción. Un caso práctico: una persona presenta una querella por un delito privado a instancia de parte y luego la abandona. Según el punto 7, ese abandono extingue la persecución respecto de ese delito.
**Artículo 33.** *Interrupción.* La prescripción durante el procedimiento se interrumpe por la fuga del imputado, cuando imposibilite la persecución penal.
Desaparecida la causa de interrupción, el plazo comenzará a correr íntegramente.
**Artículo 34.** *Efectos.* La prescripción corre, se suspende o interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes en el delito, salvo disposición expresa en contrario.
**Artículo 35.** *Revocación.* La autorización estatal para perseguir es irrevocable. La instancia particular podrá ser revocada por el agraviado o su representante legal, con anuencia del acusado. En caso de un menor o incapaz, su representante legal puede revocar la instancia con autorización judicial.
La retractación de la instancia particular se extiende a todos los partícipes en el hecho punible.
**Qué significa:** La autorización estatal para perseguir es irrevocable. La instancia particular, en cambio, puede ser revocada por el agraviado o su representante legal, pero con anuencia del acusado. Si el agraviado es menor o incapaz, su representante legal puede revocar la instancia, pero con autorización judicial. El matiz clave es la anuencia del acusado: sin ella, el texto no permite que el agraviado revoque la instancia particular. Además, la retractación de la instancia se extiende a todos los partícipes en el hecho punible. El artículo no dice cómo se tramita esa autorización judicial; eso queda para otras normas. Un ejemplo sencillo: una persona agraviada quiere retirar su instancia, pero el acusado no está de acuerdo. Según el texto, esa revocación necesita la anuencia del acusado, así que el solo deseo de la persona agraviada no basta.
**Artículo 36.** *Renuncia.* La renuncia de la acción privada sólo aprovecha a los partícipes en el hecho punible a quienes se refiere expresamente. Si no menciona a persona alguna se entenderá que se extiende a todos los partícipes en el hecho punible.
El abandono de la querella extinguirá la acción respecto de todos los imputados que intervienen efectivamente en el procedimiento.
El representante de un menor o incapaz no podrá renunciar a la acción o desistir de la querella sin autorización judicial.
**Qué significa:** La renuncia de la acción privada solo beneficia a los partícipes en el hecho punible a quienes se refiere expresamente. Si no menciona a persona alguna, se entiende que se extiende a todos los partícipes. Por otra parte, el abandono de la querella extingue la acción frente a todos los imputados que intervienen efectivamente en el procedimiento. El representante de un menor o incapaz no puede renunciar a la acción ni desistir de la querella sin autorización judicial. Si tú representas a un menor, esa autorización es indispensable según el texto. El artículo no dice cómo se obtiene ni en qué casos se concede; esa materia queda para otras normas. Por ejemplo, un representante de un menor que quiere desistir de una querella necesita autorización judicial. Sin ella, el texto no permite la renuncia ni el desistimiento.
### Título II. Sujetos y Auxiliares Procesales
#### Capítulo I. El Órgano Jurisdiccional
##### Sección Primera. Jurisdicción
**Artículo 37.** *Jurisdicción Penal.* Corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y las faltas.
Los tribunales tienen la potestad pública, con exclusividad, para conocer los procesos penales, decidirlos y ejecutar sus resoluciones.
**Qué significa:** Corresponde a la jurisdicción penal conocer de los delitos y las faltas. Los tribunales tienen la potestad pública para conocer los procesos penales, decidirlos y ejecutar sus resoluciones. Lo hacen con exclusividad, es decir, esa potestad recae en los tribunales de forma exclusiva. El punto clave está en la palabra «exclusividad» de la segunda frase. Aclara quién decide los procesos penales y quién ejecuta sus resoluciones. El texto no detalla qué tribunal conoce de cada delito ni distingue en la práctica entre delitos y faltas; eso queda para otras normas. Un caso práctico: una persona acusada de un hecho punible tiene su proceso decidido por un tribunal. Ese tribunal también ejecuta lo que resuelve, así que el mismo órgano decide y hace cumplir su resolución.
**Artículo 38.** *Extensión.* La jurisdicción penal se extenderá a los hechos delictivos cometidos en el territorio nacional en todo o en parte, y a aquellos cuyos efectos se produzcan en él, salvo lo prescrito por otras leyes y por tratados internacionales.
**Artículo 39.** *Irrenunciabilidad.* La jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable.
##### Sección Segunda. Competencia
**Artículo 40.** *Carácter.* La competencia penal es improrrogable.
La competencia territorial de un tribunal no podrá ser objetada ni modificada de oficio una vez iniciado el debate; se exceptúan aquellos casos reglados por una disposición constitucional que distribuye la competencia entre distintos tribunales.
En la sentencia, el tribunal con competencia para juzgar hechos punibles más graves no puede declarase incompetente porque la causa pertenezca a un tribunal con competencia para juzgar hechos punibles más leves.
**Artículo 41.** *Prelación.* Cuando a una persona se le imputaren dos o más delitos, cuyo conocimiento corresponda a distintos tribunales, los procedimientos respectivos serán tramitados simultáneamente y se sentenciarán, en lo posible, sin atender a ningún orden de prelación.
Dichos tribunales se prestarán el auxilio judicial debido, salvo que para ello se presentaren inconvenientes de carácter práctico, especialmente los derivados de la defensa en juicio. En ese caso los procesos se tramitarán y sentenciarán sucesivamente, con prelación para el tribunal de mayor jerarquía, suspendiéndose los demás procedimientos hasta que los inconvenientes desaparezcan o se dicten las sentencias.
Entre tribunales de igual jerarquía, cuando no sea posible la tramitación simultánea, tendrá prelación el que juzgue el delito más grave; a igual gravedad, el que juzgue la causa cuya fecha de iniciación sea más antigua.
**Qué significa:** Este artículo indica cómo se ordenan los procesos cuando a una persona se le imputan dos o más delitos que corresponden a tribunales distintos. La regla general es que los procedimientos se tramiten al mismo tiempo, y se sentencien sin seguir un orden de prelación. Los tribunales deben prestarse auxilio judicial. Si hay inconvenientes prácticos, sobre todo los que afecten la defensa, los procesos se tramitan uno tras otro. En ese caso tiene prelación el tribunal de mayor jerarquía, y los demás se suspenden hasta que el inconveniente desaparezca o se dicten las sentencias. Entre tribunales de igual jerarquía, si no es posible tramitar al mismo tiempo, tiene prelación el que juzga el delito más grave. Si los delitos tienen la misma gravedad, tiene prelación la causa más antigua. Caso concreto: una persona enfrenta dos procesos en tribunales de igual jerarquía. Uno es por un delito grave y otro por uno leve. Según el texto, el tribunal del delito más grave tiene prelación. El texto no define qué es un delito más grave. El artículo anterior, art. 40 CPP, trata del carácter de los tribunales. El artículo siguiente, art. 42 CPP, regula la unificación de penas.
**Artículo 42.** *Unificación de penas.* Cuando se hubiere dictado varias sentencias de condena contra una misma persona o cuando después de una condena firme se deba juzgar a la misma persona por otro hecho anterior o posterior a la condena, un solo tribunal unificará las penas, según corresponda.
Cuando una persona sea condenada por diferentes tribunales y corresponda unificar las penas, el tribunal solicitará o remitirá copia de la sentencia según haya dictado la pena mayor o menor.
**Qué significa:** Si una misma persona tiene varias sentencias de condena, un solo tribunal unifica las penas. Lo mismo ocurre cuando, después de una condena firme, debe juzgarse por otro hecho anterior o posterior a esa condena. El texto dice que la unificación se hace según corresponda. El punto central es la frase «un solo tribunal». Así, aunque haya varias sentencias, la unificación no queda repartida entre varios. Cuando la condena viene de distintos tribunales, el tribunal solicita o remite copia de la sentencia, según haya dictado la pena mayor o menor. El texto no explica cómo se calcula la pena unificada; eso queda para otras normas. Ejemplo: dos tribunales distintos condenan a una misma persona por hechos separados. Para unificar las penas, cada tribunal solicita o remite copia de la sentencia, según haya dictado la pena mayor o la menor.
##### Sección Tercera. Tribunales Competentes
**Artículo 43.** *Competencia.* . Tienen competencia en materia penal:
1) Los jueces de paz;
2) Los jueces de primera instancia;
3) Los jueces unipersonales de sentencia;
4) Los tribunales de sentencia;
5) Los jueces de primera instancia por procesos de mayor riesgo;
6) Tribunales de sentencia por procesos de mayor riesgo;
7) Las salas de la corte de apelaciones;
8) La Corte Suprema de Justicia; y,
9) Los jueces de ejecución.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 2 del Decreto 51-2002 y por el Artículo 2 del Decreto 7-2011, ambos del Congreso de la República)
- Reforma: Reformado por el artículo 2 del Decreto 51-2002 (2002)
- Reforma: Reformado por el artículo 2 del Decreto 7-2011 (2011)
**Qué significa:** El artículo enumera qué órganos tienen competencia en materia penal. Son nueve: los jueces de paz; los jueces de primera instancia; los jueces unipersonales de sentencia; los tribunales de sentencia; los jueces de primera instancia por procesos de mayor riesgo; los tribunales de sentencia por procesos de mayor riesgo; las salas de la corte de apelaciones; la Corte Suprema de Justicia; y los jueces de ejecución. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 2 del Decreto 51-2002 y por el Artículo 2 del Decreto 7-2011, ambos del Congreso de la República. El texto solo nombra los órganos; no dice qué tribunal conoce cada clase de caso ni cómo se reparten entre ellos. Ese reparto queda para otras normas. Por ejemplo, al revisar una causa penal, una persona puede comparar el órgano que la tramita con esta lista para confirmar que aparece en ella. En cambio, un proceso de mayor riesgo aparece en la lista con órganos propios, pero el artículo no explica cuándo un caso entra en esa categoría.
**Artículo 44.** *Juez de Paz Penal.* Los jueces de Paz Penal tendrán las siguientes atribuciones:
a) Juzgarán las faltas, los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya pena principal sea de multa conforme el procedimiento específico del juicio por faltas que establece este Código.
b) Tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este Código establece, respecto de los delitos penados con prisión que no exceda de los cinco años, con excepción de los delitos contemplados en la Ley contra la Narcoactividad. Instruirán también, personalmente, las diligencias que específicamente les estén señaladas.
Estarán encargados de la tramitación y solución del procedimiento intermedio y del abreviado. Conocerán, además, del procedimiento de liquidación de costas, en los procesos de su competencia.
c) Conocerán a prevención en los lugares donde no hubiere Juzgado de Primera Instancia, o bien se encontrare cerrado por cuestiones de horario, o por cualquier otra causa en los casos de delitos sancionados con penas mayores de cinco años de prisión.
d) Practicarán las diligencias urgentes y oirán a los detenidos dentro del plazo que manda la Constitución Política de la República.
e) También podrán autorizar, en los términos que lo define el artículo 308 de este código, los actos de investigación solicitados por el Ministerio Público.
f) Autorizarán la aplicación del criterio de oportunidad en los casos que establezca la ley.
g) Practicarán las diligencias para las cuales fueren comisionados por los jueces de primera instancia, siempre que éstos no tuvieren su sede en la misma circunscripción municipal.
h) Realizarán los actos relativos a la conciliación, en los casos y forma previstos en este código y resolverán sobre las solicitudes de aprobación de los acuerdos alcanzados a través de la mediación.
i) Únicamente podrán resolver sobre la prisión preventiva, la libertad de los procesados, y las medidas sustitutivas, en los procesos sometidos a su competencia conforme se establece en el presente Código.
j) Los jueces de Paz Penal ejercerán el control jurisdiccional de los actos de investigación que realice el Ministerio Público, en los procesos sometidos a su competencia.
En los municipios donde no exista delegación del Ministerio Público, el ejercicio de la acción penal se continuará desarrollando por la fiscalía distrital que corresponda, de acuerdo a la designación administrativa de esa jurisdicción. Dentro de los plazos que establece este Código, el Juez de Paz Contralor de la investigación deberá trasladar el expediente al Juez de Paz de Sentencia para la resolución y tramitación de la fase del juicio en el proceso.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 5 del Decreto 32-96, Artículo 11 del Decreto 79-97 y por el Artículo 3 del Decreto 51-2002, todos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 5 del Decreto 32-96 (1996)
- Reforma: Reformado por el artículo 11 del Decreto 79-97 (1997)
- Reforma: Reformado por el artículo 3 del Decreto 51-2002 (2002)
**Qué significa:** El artículo enumera las atribuciones de los jueces de paz penal. Entre ellas, juzgar las faltas, los delitos contra la seguridad del tránsito y los delitos cuya pena principal sea la multa, según el procedimiento de faltas del código. También controlan la investigación del Ministerio Público en delitos con prisión que no exceda de cinco años, salvo los de la Ley contra la Narcoactividad. Además autorizan el criterio de oportunidad en los casos de ley, practican diligencias urgentes y oyen a los detenidos. La nota del texto indica varias reformas por los decretos 32-96, 79-97 y 51-2002. Ejemplo: un juez de paz penal conoce una falta de daños menores en la vía pública. El texto le asigna esa competencia. El texto describe cada atribución. El límite de la competencia está en el código. El artículo anterior, art. 43 CPP, trata de la competencia. El art. 44 Bis CPP, sobre los jueces de paz de sentencia penal, aparece en el corpus como derogado.
**Citado por:** Art. 415 Bis, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-415bis/).
**Artículo 44 Bis.** *Jueces de Paz de Sentencia Penal.* (Derogado) Los jueces de Paz de Sentencia Penal conocerán en forma unipersonal del juicio oral y, en su caso, pronunciarán la sentencia respectiva en todos los procesos cuya pena de prisión no exceda de cinco años. Para el ejercicio de sus funciones, estos jueces ejercerán su función jurisdiccional con las mismas facultades que corresponde a los Tribunales de Sentencia.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 4 del Decreto 51-2002 y DEROGADO por el Artículo 15 del Decreto 7-2011, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 4 del Decreto 51-2002 (2002)
- Reforma: Derogado por el artículo 15 del Decreto 7-2011 (2011)
**Artículo 44 Ter.** *Jueces de Paz Móvil.* Los jueces de Paz Móvil tendrán la competencia asignada por la Corte Suprema de Justicia, la cual la determinará en razón de la cuantía, territorio y conforme el procedimiento que establecen las leyes específicas. * (Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia: a) 5-2003 26/02/2003 Establece los Juzgados Primero y Segundo de Paz Móvil; b) 13-2003 12/05/2003 Competencia de los Juzgados de Paz Móvil; c) 4-2009 25/03/2009 Crea los Juzgados Tercero, Cuarto y Quinto de Paz Móvil, que funcionarán en los municipios del departamento de Guatemala; d) 26-2009 14/09/2009 Crea los Juzgados Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo de Paz Móvil, que funcionarán en los municipios de los departamento de Huehuetenango, Izabal, Zacapa, Jalapa, El Progreso, San Marcos y Suchitepéquez).
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 5 del Decreto 51-2002 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 5 del Decreto 51-2002 (2002)
**Qué significa:** Este artículo regula la competencia de los jueces de Paz Móvil. Su competencia no la fija el propio Código, sino la Corte Suprema de Justicia. La Corte la determina en razón de la cuantía, del territorio y conforme al procedimiento que establecen las leyes específicas. El texto incluye una referencia a acuerdos de la Corte Suprema de Justicia. El Acuerdo 5-2003, del 26 de febrero de 2003, establece los Juzgados Primero y Segundo de Paz Móvil. El 13-2003, del 12 de mayo de 2003, trata su competencia. El 4-2009, del 25 de marzo de 2009, crea los Juzgados Tercero, Cuarto y Quinto, que funcionan en municipios del departamento de Guatemala. El 26-2009, del 14 de septiembre de 2009, crea los Juzgados Sexto al Décimo Segundo para municipios de Huehuetenango, Izabal, Zacapa, Jalapa, El Progreso, San Marcos y Suchitepéquez. El artículo no detalla qué asuntos concretos conocen. Por ejemplo, para saber si un juzgado de Paz Móvil puede conocer un caso en un municipio de Zacapa, hay que revisar lo que la Corte Suprema de Justicia determinó sobre cuantía y territorio en sus acuerdos. La nota indica que fue adicionado por el Artículo 5 del Decreto 51-2002 del Congreso de la República.
**Artículo 45.** *Jueces de Narcoactividad y Jueces de Delitos Contra el Ambiente.* Los jueces de narcoactividad conocerán específicamente de los delitos relacionados con el tráfico, tenencia, producción y procesamiento de drogas, fármacos o estupefacientes y delitos conexos. Los jueces de los delitos contra el ambiente conocerán de los delitos contra el ambiente. Ambos se dividen en:
a) Jueces de primera instancia de narcoactividad y jueces de delitos contra el ambiente, quienes tendrán a su cargo el control jurisdiccional de los actos de investigación relacionados con los delitos de su competencia, instruirán personalmente las diligencias que les estén señaladas por este Código.
b) Tribunales de sentencia de narcoactividad y tribunales de delitos contra el ambiente, quienes conocerán del juicio oral y pronunciarán el fallo correspondiente. Estos tribunales estarán conformados por tres jueces designados mediante sorteo realizado por la Corte Suprema de Justicia entre los jueces de los tribunales de sentencia, tres días después de que le sea notificado el auto de apertura de juicio oral, dictado por el juez de primera instancia respectivo.
**Qué significa:** Los jueces de narcoactividad conocen de los delitos relacionados con el tráfico, tenencia, producción y procesamiento de drogas, fármacos o estupefacientes, y de los delitos conexos. Los jueces de delitos contra el ambiente conocen de los delitos contra el ambiente. Ambos grupos se dividen en jueces de primera instancia y tribunales de sentencia. Los jueces de primera instancia controlan los actos de investigación de su competencia e instruyen personalmente las diligencias que el Código les señala. Los tribunales de sentencia conocen del juicio oral y pronuncian el fallo. Estos tribunales están formados por tres jueces, designados por sorteo que hace la Corte Suprema de Justicia entre los jueces de tribunales de sentencia, tres días después de notificado el auto de apertura de juicio oral. El texto no define qué son los delitos conexos; eso queda para otras normas. Por ejemplo, un caso de tráfico de drogas llega a juicio oral. El tribunal de sentencia de narcoactividad que lo conocerá se forma con tres jueces sorteados.
**Artículo 46.** *Ministerio Público.* El Ministerio Público, por medio de los agentes que designe, tendrá la facultad de practicar la averiguación por los delitos que este Código le asigna, con intervención de los jueces de primera instancia como contralores jurisdiccionales. Asimismo, ejercerá la acción penal conforme los términos de éste código.
**Qué significa:** El Ministerio Público puede practicar la averiguación de los delitos que este Código le asigna. Lo hace por medio de los agentes que designe. Además, ejercerá la acción penal conforme los términos del Código, así que el artículo cubre dos funciones: investigar y ejercer la acción. El matiz principal es que la averiguación se practica con intervención de los jueces de primera instancia como contralores jurisdiccionales. El juez participa como contralor, pero el artículo no explica cómo lo hace. Tampoco enumera qué delitos son ni cuáles son los pasos concretos de la investigación; eso queda para otras partes del Código. Ejemplo: una persona presenta una denuncia por un delito que el Código asigna al Ministerio Público. Un agente designado por la institución practica la averiguación, con la intervención del juez de primera instancia. Después, el Ministerio Público ejercerá la acción penal según los términos del Código.
**Artículo 47.** *Jueces de Primera Instancia.* Los jueces de Primera Instancia tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este Código establece, para los delitos cuya pena mínima exceda de cinco años de prisión y de todos aquellos delitos contemplados en la Ley contra la Narcoactividad o cualquier otra ley que regule esta clase de hechos delictivos. Además, instruirán personalmente las diligencias que específicamente les estén señaladas por ley.
Estarán encargados de la tramitación y solución del procedimiento intermedio, y conocerán, además, del procedimiento de liquidación de costas en los procesos de su competencia.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 6 del Decreto 51-2002 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 6 del Decreto 51-2002 (2002)
**Qué significa:** Los jueces de Primera Instancia controlan la investigación que hace el Ministerio Público en los delitos cuya pena mínima exceda de cinco años de prisión. También controlan los delitos contemplados en la Ley contra la Narcoactividad o en cualquier otra ley que regule esa clase de hechos. Además, instruyen personalmente las diligencias que la ley les señala. Lo importante es el criterio de la pena mínima: la regla depende de que el mínimo exceda de cinco años, no de la pena máxima. Por eso, un delito cuyo mínimo sea de cinco años no entra en esta regla por ese camino. El texto no explica cómo se calcula cada caso. Los mismos jueces tienen a su cargo la tramitación y solución del procedimiento intermedio, y conocen del procedimiento de liquidación de costas en los procesos de su competencia. El artículo no describe esos pasos, que quedan para otras normas. En la práctica: en una investigación por un delito cuya pena mínima supera cinco años, el juez de Primera Instancia controla lo que hace el Ministerio Público. El artículo fue reformado por el Artículo 6 del Decreto 51-2002 del Congreso de la República.
**Artículo 48.** *Jueces y tribunales de sentencia.* Los tribunales de sentencia, integrados con tres jueces, de la misma sede judicial, conocerán el juicio y pronunciarán la sentencia respectiva en los procesos por delitos contemplados en el artículo 3 del Decreto Número 21-2009 del Congreso de la República, cuando el Fiscal General no solicite el traslado de la causa a un tribunal o juzgado para procesos de mayor riesgo.
Los jueces que integran el tribunal de sentencia conocerán unipersonalmente de todos los procesos por delitos distintos a los de mayor riesgo y que no sean competencia del tribunal colegiado.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 3 del Decreto 7-2011 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 3 del Decreto 7-2011 (2011)
**Artículo 49.** *Salas de la Corte de Apelaciones.* Las salas de la corte de apelaciones conocerán de los recursos de apelación de los autos definitivos y de las sentencias del procedimiento abreviado que este Código señala.
Asimismo, conocerán de los recursos de apelación especial contra los fallos definitivos emitidos por los tribunales de sentencia.
**Qué significa:** Las salas de la corte de apelaciones conocen dos grupos de recursos. El primero son las apelaciones de autos definitivos y de las sentencias del procedimiento abreviado que señala este Código. El segundo son las apelaciones especiales contra los fallos definitivos emitidos por los tribunales de sentencia. El artículo forma parte de las reglas sobre tribunales competentes. Lo que más pesa aquí es el adjetivo «definitivos». El texto lo usa para los autos del primer grupo y para los fallos del segundo. Las sentencias del procedimiento abreviado se mencionan aparte. El artículo no regula otros recursos, así que no dice nada sobre ellos. Sirva de ejemplo: un tribunal de sentencia dicta una sentencia definitiva en un juicio. Una de las partes la impugna con una apelación especial. Si tú revisas ese caso, el artículo indica que la sala de la corte de apelaciones conoce ese recurso.
**Artículo 50.** *Corte Suprema de Justicia.* La Corte Suprema de Justicia conocerá del recurso de casación que proceda contra las sentencias emitidas por las salas de la Corte de Apelaciones y de los procesos de revisión. También conocerá en los demás casos señalados por este Código.
**Artículo 51.** *Jueces de Ejecución.* Los jueces de ejecución tendrán a su cargo la ejecución de las penas y todo lo que a ellas se relacione, conforme lo establece este Código.
**Artículo 52.** *Distribución.* La Corte Suprema de Justicia distribuirá la competencia territorial y reglamentará el funcionamiento, organización, administración y distribución de los Jueces de Paz, de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de Primera Instancia, Tribunales de Sentencia, Salas de la Corte de Apelaciones y Jueces de Ejecución en forma conveniente.
La Corte Suprema de Justicia determinará la sede, distrito, municipio o departamento que corresponde a cada Juez de Paz Penal, y a cada Juez de Paz de Sentencia; y en donde existiere más de un Juzgado de Paz, también les fijará su competencia por razón de la materia, de la cuantía y del territorio.
Lo anterior no es aplicable a los juzgados de Paz Comunitarios que regula este Código, a quienes se les asignan por ley funciones específicas.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 62 del Decreto 129-97 del Congreso de la República, Ley del Servicio Público de Defensa Penal). (Párrafo adicionado por el Artículo 7 del Decreto 51-2002 y DEROGADO por el Decreto 7-2011, ambos del Congreso de la República). (Párrafo adicionado por el Artículo 7 del Decreto 51-2002 y DEROGADO por el Decreto 7-2011, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 62 del Decreto 129-97 (1997)
- Reforma: Adicionado (párrafo) por el artículo 7 del Decreto 51-2002 (2002)
- Reforma: Derogado (párrafo) por el Decreto 7-2011 (2011)
**Citado por:** Art. 62, Ley del Servicio Público de Defensa Penal (https://codicegt.com/ley-de-defensa-publica-penal/articulo-62/).
**Artículo 53.** *Competencia por delitos cometidos en el extranjero.* Son competentes para conocer de los delitos cometidos fuera del territorio de la República, los jueces de primera instancia y tribunales de sentencia conforme a distribución que haga la Corte Suprema de Justicia.
Si el delito se hubiere cometido sólo en parte en el extranjero, será competente el tribunal del lugar donde se hubieren realizado los actos delictivos dentro del territorio nacional, según las reglas comunes.
##### Sección Cuarta. Conexión
**Artículo 54.** *Efectos.* Cuando se trate de causas por delitos conexos de acción publica, conocerá un único tribunal, a saber:
1) El que tenga competencia para juzgar delitos más graves.
2) En caso de competencia idéntica, aquel que juzgue la causa cuya fecha de iniciación sea más antigua.
3) En caso de conflicto, el que sea designado conforme la ley.
No obstante, el tribunal podrá disponer la tramitación separada o conjunta, para evitar con ello un grave retardo para cualquiera de las causas, o según convenga a la naturaleza de ellas.
En caso de tramitación conjunta, y mientras dura la unión, la imputación más grave determina el procedimiento a seguir.
**Qué significa:** Cuando hay delitos conexos de acción pública, el artículo dice que conoce un único tribunal. Ese tribunal se determina en este orden: primero, el que puede juzgar los delitos más graves; luego, si la competencia es idéntica, el que juzga la causa con fecha de iniciación más antigua; y, en caso de conflicto, el que sea designado conforme a la ley. Ojo con la excepción: el tribunal puede ordenar tramitación separada o conjunta, para evitar un grave retardo para cualquiera de las causas o según convenga a la naturaleza de ellas. Mientras dura la unión en una tramitación conjunta, la imputación más grave determina el procedimiento. Supón que dos causas conexas de acción pública tienen idéntica competencia. Según el artículo, conoce el tribunal de la causa con fecha de iniciación más antigua. Ese orden aparece en el propio texto, en el segundo punto.
**Artículo 55.** *Casos de conexión.* Habrá conexión:
1) Cuando a una misma persona se le imputen dos o más hechos punibles.
2) Cuando los hechos punibles hubieran sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas o, aunque hubieren sido cometidos en distintos lugares o tiempos, si hubiese mediado un propósito común o acuerdo previo.
3) Cuando uno de los hechos punibles imputados hubiera sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro, o procurar a un partícipe o a otros el provecho o la impunidad.
4) Cuando los hechos punibles imputados hubieran sido cometidos recíprocamente.
**Qué significa:** El artículo define cuándo hay conexión entre hechos punibles, en cuatro casos. El primero ocurre cuando a una misma persona se le imputan dos o más hechos punibles. El segundo cubre hechos cometidos simultáneamente por varias personas reunidas o, aunque se cometan en distintos lugares o tiempos, si hubo un propósito común o acuerdo previo. El tercero se da cuando un hecho sirve para cometer o facilitar otro, o para procurar provecho o impunidad. El cuarto ocurre cuando los hechos se cometieron recíprocamente. El matiz está en el segundo caso: la simultaneidad o el mismo lugar no son requisitos si hubo propósito común o acuerdo previo. El texto no dice qué tribunal conoce los casos conexos ni cómo se acumulan; eso queda para otras normas. Por ejemplo, una persona acusada de dos hechos punibles distintos cae en el primer caso, aunque los hechos hayan ocurrido en fechas diferentes.
##### Sección Quinta. Cuestiones de competencia
**Artículo 56.** *Medios de promoción.* El Ministerio Público y cualquiera de las partes podrán promover una cuestión de competencia, por inhibitoria, ante el tribunal al cual consideran competente, o por declinatoria, ante el que tramita el procedimiento y al cual consideran incompetente.
Sin perjuicio de la facultad del tribunal de examinar de oficio su propia competencia, quien utilice alguno de estos medios no podrá abandonarlo para recurrir al otro, ni emplearlos sucesiva o simultáneamente.
Al promover la cuestión, quien la propone deberá expresar como requisito para que se admita la solicitud, que no ha utilizado el otro medio. Si resultare lo contrario, aunque la cuestión se resuelva según su pedido o fuere abandonada, será condenado en costas.
**Qué significa:** Cuando hay duda sobre qué tribunal debe conocer un caso, el Ministerio Público o cualquiera de las partes puede plantear una cuestión de competencia. Puede hacerlo por inhibitoria, ante el tribunal que considera competente, o por declinatoria, ante el tribunal que tramita el procedimiento y que considera incompetente. Una vez elegido uno de los dos medios, no puede abandonarlo para usar el otro, ni usarlos seguidos o al mismo tiempo. El texto aclara que esto no limita la facultad del tribunal de examinar de oficio su propia competencia. Además, quien propone la cuestión debe declarar que no ha usado el otro medio, porque es requisito para que se admita la solicitud. Si resulta lo contrario, quien la propuso será condenado en costas, aunque el tribunal resuelva según su pedido o la cuestión sea abandonada. Por ejemplo, una parte que ya presentó una declinatoria ante un juzgado no puede después presentar una inhibitoria ante otro tribunal sobre el mismo caso. El texto no define qué son las costas ni cómo se calculan; eso queda para otras normas.
**Artículo 57.** *Oportunidad.* Las cuestiones de competencia territorial o las fundadas en la conexión de causas sólo podrán ser propuestas hasta antes de comenzada la audiencia del debate.
La incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada aun de oficio en cualquier estado del proceso. El tribunal que la declare remitirá las actuaciones al que considere competente y pondrá a su disposición a los detenidos que hubiere.
Las actuaciones practicadas con inobservancia de las reglas para determinar la competencia por razón de la materia no tendrán validez, excepto las que sea imposible repetir.
Esta disposición no regirá cuando un juez de competencia superior hubiere actuado en una causa atribuida a otro de competencia inferior.
**Artículo 58.** *Trámite.* La declinatoria o la inhibitoria se tramitarán por la vía de los incidentes.
En ambos casos la solicitud se presentará por escrito. Se agregará la prueba documental en poder de quien la propone o se indicará el lugar donde se halla y la oficina que deba ser requerida. En esa oportunidad, se ofrecerá, también, toda la prueba que se pretenda utilizar.
Si se declara con lugar la solicitud, el tribunal pedirá o remitirá, según el caso, el proceso a donde corresponde.
**Artículo 59.** *Conflictos de competencia.* Si existiere entre varios tribunales un conflicto sobre competencia, la Corte Suprema de Justicia por medio de la cámara respectiva, determinará el tribunal que deba intervenir.
**Artículo 60.** *Efectos.* Las cuestiones de competencia no suspenderán el procedimiento preparatorio, ni afectarán a esos actos, sin perjuicio de su renovación o ampliación posterior, si se considera necesario. Tampoco suspenderán el trámite del procedimiento intermedio, pero si las decisiones finales.
Cuando la cuestión de competencia sea planteada durante el juicio, el trámite se suspenderá hasta que fuere resuelta, sin perjuicio de que se pueda ordenar una actuación suplementaria.
**Artículo 61.** *Incompetencia.* Cuando se tratare de un delito de acción pública, firme la declaración de incompetencia, el tribunal remitirá de oficio los antecedentes al que se consideró competente, poniendo a su disposición los detenidos que hubiere, sin perjuicio de la realización de los actos urgentes que no admitan dilación.
Análogamente se procederá en los delitos de acción privada, a solicitud del querellante.
##### Sección Sexta. Impedimentos, excusas y recusaciones
**Artículo 62.** *Motivos.* Las causas de impedimento, excusa y recusación de los jueces son las establecidas en la Ley del Organismo Judicial.
**Artículo 63.** *Excusa.* El juez comprendido en alguno de los motivos indicados en dicha ley deberá inhibirse inmediatamente y apartarse del conocimiento y decisión del proceso.
**Qué significa:** El juez que esté en alguno de los motivos previstos en la ley debe inhibirse de inmediato. Debe apartarse del conocimiento y de la decisión del proceso. El artículo no enumera los motivos: remite a la ley que los indica, así que la lista completa no aparece aquí. La palabra «inmediatamente» marca el momento de la inhibición. Impedimentos y recusaciones aparecen en la misma sección, pero este texto solo habla de la excusa del juez. Por ejemplo, si un juez se encuentra en uno de los motivos que señala la ley, debe dejar el caso sin demora. El texto no pide esperar a otra decisión para hacerlo. Un caso práctico de lo que el texto no cubre: cómo se tramita la excusa y quién decide sobre ella. Eso queda para otras normas.
**Artículo 64.** *Recusación.* El Ministerio Público, las partes o sus representantes, así como los defensores, podrán recusar a un juez cuando exista uno de los motivos indicados en la ley.
**Qué significa:** Este artículo dice que el Ministerio Público, las partes, sus representantes y los defensores pueden recusar a un juez. Solo pueden hacerlo cuando exista uno de los motivos indicados en la ley. La recusación es el pedido para apartar al juez de un caso. El texto no enumera los motivos; remite a la ley. Tampoco dice el procedimiento, los plazos ni quién decide la recusación. Por eso, ante una duda concreta sobre un juez, conviene revisar esas causas en la ley que el artículo menciona. Este artículo solo establece quiénes pueden recusar. Ejemplo: una de las partes conoce un hecho que, según la ley, puede hacer dudar de la imparcialidad del juez. Si ese motivo está previsto en la ley, esa parte puede pedir que el juez se aparte del caso.
**Artículo 65.** *Forma y Tiempo.* La recusación se interpondrá por escrito indicando los motivos en que se funda y los elementos de prueba pertinentes, y se resolverá en las siguientes oportunidades:
1) Durante el procedimiento preparatorio, antes de su conclusión.
2) En el procedimiento intermedio, en el plazo previsto de seis días.
3) En el juicio, también en el plazo previsto de seis días; y
4) En los recursos, al deducirlos, mencionando los miembros del tribunal alcanzados por la recusación.
Sin embargo, la recusación que se funde en un motivo producido o conocido después de los plazos fijados, será deducida dentro de las veinticuatro horas de producido o conocido el motivo, explicando esta circunstancia. Además, en caso de ulterior integración del tribunal, regirá el mismo plazo, a partir del momento en que se conozca esa nueva integración.
Durante las audiencias, la recusación podrá ser deducida oralmente, bajo las mismas condiciones de admisibilidad de las presentadas por escrito, dejándose constancia en acta de sus motivos.
**Qué significa:** La recusación se presenta por escrito, con los motivos y los elementos de prueba pertinentes. El texto fija cuatro momentos para resolverla: durante el procedimiento preparatorio, antes de su conclusión; en el procedimiento intermedio, en el plazo de seis días; en el juicio, también en seis días; y en los recursos, al deducirlos, mencionando a los miembros del tribunal alcanzados. Si el motivo se produjo o se conoció después de esos plazos, la recusación debe deducirse dentro de las veinticuatro horas de producido o conocido el motivo, explicando esa circunstancia. Si el tribunal se integra de nuevo más tarde, rige el mismo plazo desde que se conoce esa nueva integración. El texto no dice quién decide sobre la recusación ni qué ocurre después de resolverla. Durante las audiencias, la recusación puede hacerse de forma oral, bajo las mismas condiciones de admisibilidad que la escrita, y sus motivos quedan en acta. Por ejemplo, si en plena audiencia surge un motivo posterior a los plazos generales, puedes plantearlo oralmente, siempre dentro de las veinticuatro horas de producido o conocido.
**Artículo 66.** *Competencia y trámite.* La competencia de los impedimentos, excusas y recusaciones, se regulará por lo establecido en la Ley del Organismo Judicial.
El trámite de los impedimentos y excusas se regulará por lo establecido en la Ley del Organismo Judicial.
Las recusaciones y los incidentes que no sean de los señalados en el párrafo anterior, serán tramitados de conformidad con el artículo 150 Bis de este Código.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 1 del Decreto 18-2010 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 18-2010 (2010)
**Artículo 67.** *Efectos sobre el procedimiento.* La excusa y la recusación no suspenderán el trámite del procedimiento. El juez que se inhiba de oficio o el recusado será reemplazado, conforme a la reglamentación que dictará la Corte Suprema de Justicia, mediante comunicación inmediata al nuevo juez, al Ministerio Público y a las partes. En el procedimiento intermedio, la cuestión será resuelta antes de proseguir. En el juicio, previamente a la iniciación del debate.
Cuando la inhibitoria o la recusación se produzca durante una audiencia o en el trámite de un recurso, se considerará como cuestión previa a la prosecución de la audiencia. Si fuere rechazada, por manifiestamente improcedente, continuará la audiencia.
**Qué significa:** La excusa y la recusación no suspenden el trámite del procedimiento. Si un juez se inhibe de oficio o es recusado, la Corte Suprema de Justicia dicta la reglamentación para su reemplazo, y el nuevo juez, el Ministerio Público y las partes reciben comunicación inmediata. Lo que más pesa es el momento en que se resuelve la cuestión. En el procedimiento intermedio se decide antes de proseguir, y en el juicio, antes de iniciar el debate. El texto no detalla el reemplazo, porque remite a la reglamentación de la Corte. Cuando la inhibitoria o la recusación se produce durante una audiencia o en un recurso, se considera cuestión previa a la prosecución de la audiencia. Si se rechaza por manifiestamente improcedente, la audiencia continúa. Ejemplo: si un juez se inhibe en mitad de una audiencia, esa cuestión se resuelve antes de seguir. Si el planteamiento es rechazado por manifiestamente improcedente, la audiencia sigue su curso.
**Artículo 68.** *Efectos sobre los actos.* Producida la inhibitoria o planteada la recusación, el juez no podrá practicar acto alguno, salvo aquellos urgentes que no admitan dilación y que, según las circunstancias, no puedan ser llevados a cabo por el reemplazante.
**Artículo 69.** *Personal del tribunal y colaboradores.* Para el personal del tribunal y los colaboradores, que cumplan alguna función en el procedimiento, rigen las mismas reglas. El tribunal ante el cual actúan averiguará sumariamente el motivo invocado y resolverá lo que corresponda, sin recurso alguno.
#### Capítulo II. El imputado
##### Sección Primera. Generalidades
**Artículo 70.** *Denominación.* Se denominará sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso, y condenado a aquél sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria firme.
**Qué significa:** Esta norma asigna cuatro denominaciones a quien se le señala de haber cometido un hecho delictuoso: sindicado, imputado, procesado o acusado. Son cuatro nombres que el texto da a esa persona, sin distinguir entre ellos. Condenado es el término para quien tiene una sentencia condenatoria firme. El texto une esa palabra con la firmeza de la sentencia, así que una condena dictada pero no firme no entra en esa definición. Lo que cambia la denominación es la sentencia firme, no la acusación. Basta con que a una persona se le señale de un hecho para que se le llame sindicado, imputado, procesado o acusado. Un caso práctico: a una persona se le señala por un robo durante la investigación. Mientras no exista sentencia condenatoria firme, el texto no la llama condenada, sino con una de las cuatro denominaciones del artículo.
**Artículo 71.** *Derechos.* Los derechos que la Constitución y este Código otorgan al imputado, puede hacerlos valer por sí o por medio de su defensor, desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra hasta su finalización.
Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o de participar en él, ante alguna de las autoridades de la persecución penal que este Código establece.
Si el sindicado estuviere privado de su libertad, toda autoridad que intervenga en el procedimiento velará para que conozca, inmediatamente, los derechos que las leyes fundamentales del Estado y este Código le conceden.
**Qué significa:** Los derechos que la Constitución y este Código otorgan al imputado pueden hacerse valer por sí mismo o mediante su defensor. Puede hacerlo desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra hasta que el procedimiento finalice. El primer acto no exige una acusación formal. Es cualquier indicación que señale a una persona como posible autora o partícipe de un hecho punible, ante alguna de las autoridades de la persecución penal que el Código establece. Lo que el texto no dice es qué autoridad concreta; eso lo define el propio Código. Ejemplo práctico: una persona es señalada como posible autora de un hecho ante una autoridad de persecución. Desde ese momento puede hacer valer sus derechos, por sí o con su defensor. Si el sindicado está privado de su libertad, toda autoridad que intervenga debe velar para que conozca de inmediato sus derechos.
**Artículo 72.** *Identificación.* En la primera oportunidad el sindicado será identificado por su nombre, datos personales y señas particulares. Si se abstuviere de proporcionar esos datos o los diere falsamente, se procederá a la identificación por testigos o por otros medios que se consideren útiles. La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del procedimiento y los errores sobre ellos podrán ser corregidos en cualquier oportunidad, aún durante la ejecución penal.
Si fuere necesario, se tomarán fotografías o se podrá recurrir a la identificación dactiloscópica o a otro medio semejante.
**Qué significa:** En la primera oportunidad, el sindicado, es decir, la persona señalada en el proceso, se identifica por nombre, datos personales y señas particulares. Si se niega a dar esos datos o los da falsamente, la identificación se hace por testigos o por otros medios útiles. El matiz importante es que una duda sobre los datos no altera el curso del procedimiento. Los errores pueden corregirse en cualquier oportunidad, aun durante la ejecución penal. Si la persona da datos falsos, el proceso no se detiene: la identificación se completa con testigos u otros medios. Si fuere necesario, se pueden tomar fotografías o recurrir a la identificación dactiloscópica u otro medio semejante. Supongamos que una persona da un nombre equivocado al llegar al juzgado y luego advierte el error. El dato puede corregirse después, aunque el proceso siga su curso.
**Artículo 73.** *Registros de detenciones.* El Organismo Judicial mantendrá un registro en el que conste el nombre de cada detenido, con todos los datos de filiación, su domicilio o residencia, el lugar de detención, el juez que la dispuso y el tribunal que lo tiene bajo su custodia, el nombre y el domicilio de su defensor, y los de una persona de confianza del detenido. La policía, el Ministerio Público y los jueces estarán obligados a comunicar inmediatamente el registro toda aprehensión y detención que realicen, con los datos disponibles en ese momento. El Organismo Judicial reglamentará el servicio y será responsable por su buen funcionamiento.
El registro de detenciones no constituye un registro de antecedentes penales. Los datos consignados en el registro serán conservados por seis años.
**Artículo 74.** *Consulta Pública.* El registro será de consulta pública y estará abierto permanentemente. Las oficinas de correos, telégrafos y telecomunicaciones, serán agencias del servicio; sus empleados y funcionarios estarán obligados a responder a los consultantes gratuitamente, para lo cual se comunicarán con el registro del modo más rápido posible.
**Artículo 75.** *Domicilio.* El imputado, si no estuviere sujeto a prisión provisional, deberá señalar en la primera oportunidad su residencia y fijar lugar para recibir citaciones y notificaciones dentro del perímetro de población de la sede del tribunal y, con posterioridad, mantendrá actualizados esos datos, comunicando al Ministerio Público o al tribunal, según el caso, las variaciones que sufrieren. Si no pudiere señalar lugar para los efectos anteriores, se fijará de oficio el del defensor, a quien se le comunicará la resolución. En ese caso, el defensor y el imputado, de común acuerdo, establecerán la forma de comunicarse. El defensor informará al Ministerio Público y al tribunal la forma de comunicación acordada, y cualquier alteración que sufriere o su eventual interrupción.
**Artículo 76.** *Incapacidad.* El trastorno mental del imputado provocará la suspensión de su persecución penal hasta que desaparezca esa incapacidad.
Sin perjuicio de las reglas que rigen el juicio para la aplicación exclusiva de una medida de seguridad y corrección, la comprobación de esta incapacidad impedirá el procedimiento intermedio, el juicio y toda labor crítica del comportamiento que se le atribuye, pero no inhibirá la averiguación del hecho o que se continúe el procedimiento con respecto a otros imputados.
La incapacidad será declarada por el tribunal competente, según el estado del juicio.
Sospechada la incapacidad, el Ministerio Público o el tribunal competente ordenará la peritación correspondiente. Sin perjuicio de su propia intervención, los derechos procesales del imputado podrán ser ejercidos por su tutor, y si no lo tuviere, por el defensor.
**Qué significa:** Cuando el imputado sufre un trastorno mental, la persecución penal en su contra se suspende hasta que desaparezca esa incapacidad. Una vez comprobada, impide el procedimiento intermedio, el juicio y toda labor crítica del comportamiento que se le atribuye. Quedan a salvo las reglas del juicio para la aplicación exclusiva de una medida de seguridad y corrección. La investigación del hecho sigue, y el proceso puede continuar contra otros imputados. La incapacidad la declara el tribunal competente, según el estado del juicio. Si hay sospecha, el Ministerio Público o el tribunal competente ordena la peritación correspondiente. El punto clave es que la incapacidad frena el proceso contra esa persona, pero no frena todo el caso. El texto no explica cómo se hace la peritación ni cómo se tramita el juicio para la medida de seguridad; esos detalles quedan fuera de este artículo. En la práctica: si el imputado tiene tutor, este puede ejercer sus derechos procesales, sin perjuicio de la intervención propia del imputado. Si no tiene tutor, el defensor puede hacerlo.
**Artículo 77.** *Internación para observación.* Cuando para la preparación del informe sobre el estado psíquico del imputado fuere necesaria su internación en un hospital psiquiátrico, la medida sólo podrá ser ordenada por el juez de primera instancia, o por el tribunal competente, según el caso.
La medida se ordenará por resolución fundada, tomándose las disposiciones precautorias que el caso amerite.
La internación no podrá sobrepasar, en su conjunto, un mes de duración.
**Artículo 78.** *Reconocimiento personal.* El Ministerio Público o los tribunales podrán ordenar el reconocimiento personal del imputado por médico forense, para la constatación de circunstancias de importancia a la investigación. Si por alguna razón no pudiere practicar la diligencia el médico forense o no estuviere disponible, el reconocimiento podrá hacerlo otro médico.
En casos de urgencia podrá realizarse por dichas autoridades sin intervención de perito, con anuencia del sindicado y en presencia de su defensor.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 6 del Decreto 32-96 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 6 del Decreto 32-96 (1996)
**Artículo 79.** *Rebeldía.* Será declarado rebelde el imputado que sin grave impedimento no compareciere a una citación, se fugare del establecimiento o lugar en donde estuviere detenido, rehuyere la orden de aprehensión emitida en su contra, o se ausentare del lugar asignado para residir, sin licencia del tribunal.
La declaración de rebeldía será emitida por el juez de primera instancia o el tribunal competente, previa constatación de la incomparecencia, fuga o ausencia, expidiendo orden de detención preventiva. Se emitirá también orden de arraigo ante las autoridades correspondientes para que no pueda salir del país.
La fotografía, dibujo, datos y señas personales del rebelde podrán publicarse en los medios de comunicación para facilitar su aprehensión inmediata.
**Qué significa:** Será declarado rebelde el imputado que, sin grave impedimento, no comparezca a una citación. También lo será si se fuga del lugar donde está detenido, rehúye una orden de aprehensión o se ausenta del lugar asignado para residir sin licencia del tribunal. La declaración la emite el juez de primera instancia o el tribunal competente, después de comprobar la incomparecencia, la fuga o la ausencia. Al mismo tiempo se emite una orden de detención preventiva y una orden de arraigo. El texto permite publicar la fotografía y los datos del rebelde, para facilitar su aprehensión inmediata. Ejemplo: un imputado que debe presentarse a una audiencia no llega, sin justificación. El tribunal puede declararlo rebelde y emitir la orden de detención. El siguiente artículo, art. 80 CPP, regula los efectos de la rebeldía. El anterior, art. 78 CPP, trata del reconocimiento personal.
**Artículo 80.** *Efectos de la rebeldía.* La declaración de rebeldía no suspenderá el procedimiento preparatorio.
En los demás, el procedimiento se paralizará sólo con respecto al rebelde, reservándose las actuaciones, efectos, instrumentos o piezas de convicción que fuere indispensable conservar, y continuará para los otros imputados presentes.
La declaración de rebeldía implicará la revocación de la libertad que le hubiere sido concedida al imputado y lo obligará al pago de las costas provocadas.
Cuando el rebelde compareciere o fuere puesto en disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará según su estado, respecto de este procesado.
**Qué significa:** La declaración de rebeldía no suspende el procedimiento preparatorio. En los demás casos, el procedimiento se paraliza solo con respecto al rebelde. El juicio sigue para los otros imputados presentes. Mientras tanto, se reservan las actuaciones, efectos, instrumentos o piezas de convicción que sea indispensable conservar. La rebeldía tiene dos efectos: revoca la libertad que se le hubiera concedido al imputado y lo obliga a pagar las costas provocadas. Ejemplo: un imputado con libertad no se presenta a una audiencia y se declara su rebeldía. Se revoca su libertad y debe pagar las costas. Si luego se presenta, el proceso sigue según su estado. El artículo anterior, art. 79 CPP, trata de la rebeldía. El siguiente, art. 81 CPP, contiene las advertencias preliminares.
##### Sección Segunda. Declaración del sindicado
**Artículo 81.** *Advertencias preliminares.* Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado, con palabras sencillas y claras, el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. De la misma manera le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia y si fuera el caso, nombre del cónyuge e hijos y las personas con quienes vive, de las cuales depende o están bajo su guarda.
En las declaraciones que preste el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir, antes de comenzar la declaración sobre el hecho.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 7 del Decreto 32-96 y por el Artículo 2 del Decreto 18-2010, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 7 del Decreto 32-96 (1996)
- Reforma: Reformado por el artículo 2 del Decreto 18-2010 (2010)
**Qué significa:** Al empezar la audiencia oral, el juez debe explicar al sindicado sus derechos. El juez le explica, con palabras sencillas y claras, el objeto de la audiencia y la forma en que se desarrollará. El juez también le informa sus derechos fundamentales. Le advierte que puede abstenerse de declarar, y que esa decisión no puede usarse en su perjuicio. Después le pide datos personales: nombre completo, edad, estado civil, profesión, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio y residencia. Si corresponde, también pide el nombre del cónyuge y de los hijos, y de las personas con quienes vive o de quienes depende. En el procedimiento preparatorio, el juez debe advertirle que puede exigir la presencia de su defensor. Puede consultar con él la actitud a asumir antes de declarar sobre el hecho. En la práctica: al inicio de una audiencia, el juez explica a una persona que no tiene obligación de declarar. Si decide hablar, puede pedir que su abogado esté presente. El artículo anterior trata de los efectos de la rebeldía: art. 80 CPP. El artículo siguiente regula el desarrollo de la audiencia: art. 82 CPP.
**Citado por:** Art. 465 Bis, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-465bis/).
**Artículo 82.** *Desarrollo.* La audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente:
1. El juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables, y descripción de los elementos de convicción existentes.
2. Si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente.
3. Después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del defensor.
4. El juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata.
5. El juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor, para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata.
6. El fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de diez (10) días ni mayor de quince (15) días a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten, y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia.
*7.
El querellante legalmente acreditado podrá intervenir en la audiencia a continuación del fiscal, en cada una de sus intervenciones. Las partes no podrán oponerse a la presencia del querellante en la misma. La víctima presente en la audiencia podrá ser escuchada si así lo desea.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 3 del Decreto 18-2010; y por Articulo 37 del Decreto 21-2016, ambos del Congreso de la República). (Reformado por Artículo 37 del Decreto 21-2016 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 3 del Decreto 18-2010 (2010)
- Reforma: Reformado por el artículo 37 del Decreto 21-2016 (2016)
**Qué significa:** Este artículo ordena el desarrollo de la audiencia en que se declara ante el juez. Empieza con la intimación: el fiscal explica los hechos al sindicado, con tiempo, modo y lugar, su calificación provisional, las normas aplicables y los elementos de convicción. Después, si el sindicado acepta declarar, puede hacerlo con libertad y con el tiempo que necesite. Tras su declaración, el fiscal y el defensor pueden interrogarlo. Luego se argumenta si procede ligarlo a proceso, y si hacen falta medidas de coerción. El juez resuelve en cada punto de forma inmediata. El fiscal y el defensor también opinan sobre el plazo razonable para la investigación. El juez fija el día del acto conclusivo y la audiencia intermedia, que debe celebrarse entre diez y quince días después de la fecha fijada para el acto conclusivo. El querellante acreditado puede intervenir a continuación del fiscal, y la víctima presente puede ser escuchada si lo desea. Ejemplo: en una audiencia de primera declaración, el fiscal explica al sindicado el hecho que se le atribuye. El defensor argumenta contra la prisión, y el juez decide de inmediato. El artículo anterior trata de las advertencias preliminares: art. 81 CPP. El artículo siguiente, sobre el acta del procedimiento preparatorio, aparece como derogado en Códice: art. 83 CPP.
**Citado por:** Art. 340, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-340/).
**Guías:** ¿En cuánto tiempo deben llevarme ante el juez? (https://codicegt.com/guia/plazo-juez/).
**Artículo 83.** *Acta en el procedimiento preparatorio.* (Derogado) Durante el procedimiento preparatorio, la declaración del sindicado constará en acta que reproducirá lo que suceda en la audiencia y la declaración, en lo posible, con sus propias palabras. En este caso, el acto finalizará con la lectura y la firma del acta por todos los que han intervenido. Si se abstuviere de declarar, total o parcialmente, se hará constar en el acta; si rehusare suscribirla, se consignará el motivo. Si no supiere o no pudiere firmar, imprimirá la huella digital de alguno de sus pulgares u otro dedo, lo que se hará constar en el acta.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 4 del Decreto 18-2010 del Congreso de la República).
- Reforma: Derogado por el artículo 4 del Decreto 18-2010 (2010)
**Artículo 84.** *Asistencia.* (Derogado) Durante el procedimiento preparatorio se le comunicará verbalmente al defensor el día y la hora en que se le tomará declaración al sindicado.
Se podrá permitir, con anuencia de éste, la asistencia del querellante o de las partes civiles. Todos los concurrentes podrán indicar las inobservancias legales en que se incurra en el acto, o protestar en su caso, lo que se consignará en la diligencia.
Quienes hubieren concurrido y no hubieren presenciado el acto podrán leer el acta y ejercer el derecho previsto anteriormente, en forma inmediata a su terminación.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 5 del Decreto 18-2010 del Congreso de la República).
- Reforma: Derogado por el artículo 5 del Decreto 18-2010 (2010)
**Artículo 85.** *Métodos prohibidos para la declaración.* El sindicado no será protestado sino simplemente amonestado para decir la verdad. No será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, salvo en las prevenciones expresamente autorizadas por la ley penal o procesal. Tampoco se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión.
**Qué significa:** La declaración del sindicado tiene límites claros. Al sindicado no se le protesta; solo se le amonesta para decir la verdad. El texto usa la palabra sindicado para referirse a la persona señalada en el proceso. Ninguna coacción, amenaza o promesa puede usarse, salvo las prevenciones expresamente autorizadas por la ley penal o procesal. Tampoco se permite ningún medio para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni hacerle cargos o reconvenciones para lograr su confesión. Lo decisivo es la expresión «expresamente autorizadas»: solo cuenta lo que la ley penal o procesal permite de forma clara. El texto no enumera esas prevenciones. Ejemplo: un sindicado, antes de declarar, recibe la oferta de un trato más suave si confiesa. La promesa queda prohibida, salvo que se trate de una prevención expresamente autorizada por la ley penal o procesal.
**Artículo 86.** *Interrogatorio.* Las preguntas serán claras y precisas; no están permitidas las preguntas capciosas o sugestivas y las respuestas no serán instadas perentoriamente.
**Qué significa:** Durante el interrogatorio, las preguntas al sindicado deben ser claras y precisas. El texto fija también cómo debe conducirse la respuesta, sin presionarla. No se permiten las preguntas capciosas, que buscan engañar, ni las sugestivas, que dirigen la respuesta. Tampoco se pueden instar perentoriamente las respuestas, es decir, exigirlas con apremio. Lo que más pesa es que la regla alcanza tanto a la forma de la pregunta como a la manera de pedir la respuesta. El texto no explica cómo distinguir una pregunta sugestiva de una simple pregunta directa. Por ejemplo, un interrogador pregunta: «¿Usted ya admitió que estuvo allí, verdad?». La pregunta da por hecha la respuesta, por eso el artículo la prohíbe. Una pregunta clara pide datos concretos y deja libre la respuesta.
**Artículo 87.** *Oportunidad y autoridad competente.* Si el sindicado hubiere sido aprehendido, se dará aviso inmediatamente al juez de primera instancia o al juez de paz en su caso, para que declare en su presencia, dentro del plazo de veinticuatro horas a contar desde su aprehensión. El juez proveerá los medios necesarios para que en la diligencia pueda estar presente un defensor.
Durante el procedimiento intermedio, si lo pidiere el imputado, la declaración será recibida por el juez de primera instancia.
Durante el debate, la declaración se recibirá en la oportunidad y en la forma prevista por este Código.
El imputado podrá declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca sólo como un procedimiento dilatorio o perturbador.
República). Durante el procedimiento preparatorio el sindicado podrá informar espontáneamente al Ministerio Público acerca del hecho delictivo que se le atribuye, pero deberá ser asistido por abogado de su elección o por un defensor público.
> Nota de la fuente: * (Modificado por el Artículo 8 del Decreto 32-96 del Congreso de la
- Reforma: Modificado por el artículo 8 del Decreto 32-96 (1996)
**Qué significa:** Una persona aprehendida debe declarar ante un juez dentro de veinticuatro horas. Si el imputado es aprehendido, debe avisarse de inmediato al juez de primera instancia o al juez de paz, para que lo oiga en su presencia dentro de veinticuatro horas desde la aprehensión. El juez debe proveer los medios para que un defensor esté presente. Durante el procedimiento intermedio, si el imputado lo pide, la declaración la recibe el juez de primera instancia. Durante el debate, se recibe en la forma que fija el Código. El imputado puede declarar cuantas veces quiera. El texto pone una condición: la declaración debe ser pertinente y no aparecer solo como un trámite para dilatar o perturbar. Durante el procedimiento preparatorio, el imputado puede informar de forma espontánea al Ministerio Público sobre el hecho que se le atribuye. Debe estar asistido por un abogado de su elección o por un defensor público. Un caso práctico: una persona es aprehendida a las ocho de la mañana. El juez debe oírla en presencia de un defensor antes de que pasen veinticuatro horas. El texto no dice qué pasa si el plazo de veinticuatro horas se incumple. El artículo anterior, art. 86 CPP, trata del interrogatorio. El artículo siguiente, art. 88 CPP, regula las facultades policiales.
**Artículo 88.** *Facultades policiales.* La policía sólo podrá dirigir al imputado preguntas para constatar su identidad, con las advertencias y condiciones establecidas en los artículos anteriores. Deberá, asimismo, instruirlo acerca de que podrá informar al Ministerio Público o declarar ante el juez, según el caso.
**Artículo 89.** *Varias declaraciones.* Cuando hubiere varios sindicados, se recibirán las declaraciones evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas.
**Artículo 90.** *Traductor.* El imputado tiene derecho a elegir un traductor o intérprete de su confianza para que lo asista durante sus declaraciones, en los debates o en aquellas audiencias en las que sea necesaria su citación previa. Cuando no comprenda correctamente el idioma oficial y no haga uso del derecho establecido anteriormente, se designará de oficio un traductor o interprete para esos actos.
**Qué significa:** El imputado puede elegir un traductor o intérprete de su confianza. Esa persona lo asiste en sus declaraciones, en los debates y en las audiencias en las que sea necesaria su citación previa. El matiz está en la condición de no comprender correctamente el idioma oficial. Si el imputado sí lo comprende, la designación de oficio no entra en juego. Si no lo comprende y tampoco usa su derecho de elegir, se designa de oficio un traductor o intérprete para esos actos. Por ejemplo, una persona que habla otra lengua puede elegir a una intérprete de su confianza para su declaración. En la práctica, el texto no dice cómo se elige a la persona ni quién la paga; esos temas quedan fuera de este artículo.
**Artículo 91.** *Valoración.* La inobservancia de los preceptos contenidos en esta sección impedirá utilizar la declaración para fundar cualquier decisión en contra del imputado. Se exceptúan pequeñas inobservancias formales que podrán ser corregidas durante el acto o con posterioridad. Quien deba valorar el acto apreciará la calidad de esas inobservancias.
##### Sección Tercera. Defensa técnica
**Artículo 92.** *Derecho a elegir defensor.* El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo hiciere, el tribunal lo designará de oficio, a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho, según la reglamentación para la defensa oficial. Si prefiere defenderse por si mismo, el tribunal lo autorizará sólo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica y, en caso contrario, lo designará de oficio. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones.
**Qué significa:** El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo elige, el tribunal lo designa de oficio, a más tardar antes de su primera declaración sobre el hecho, según la reglamentación de la defensa oficial. El sindicado puede defenderse por sí mismo. Pero el tribunal solo lo autoriza si esa defensa no perjudica la eficacia de la defensa técnica. Si la perjudica, el tribunal designa un defensor de oficio. La intervención del defensor no quita al imputado el derecho de formular solicitudes y observaciones. Ejemplo: una persona detenida dice que no quiere abogado. Antes de su declaración, el tribunal debe revisar si puede defenderse sola sin perjudicar su defensa. El artículo anterior, art. 91 CPP, trata de la valoración. El siguiente, art. 93 CPP, regula la aptitud del defensor. Guía relacionada: plazo ante el juez.
**Artículo 93.** *Aptitud.* Solamente los abogados colegiados activos podrán ser defensores. Los jueces no permitirán que a través del mandato se contravenga esta disposición.
**Artículo 94.** *Legitimación.* Para el ejercicio de su función, los defensores serán admitidos de inmediato y sin ningún trámite por la policía, el Ministerio Público o por el tribunal competente, según el caso.
**Qué significa:** Los defensores son admitidos de inmediato y sin ningún trámite para ejercer su función. La admisión la hace la policía, el Ministerio Público o el tribunal competente, según el caso. La norma se aplica en cualquiera de esas tres instancias, sin importar en cuál se encuentre el asunto. Lo que el texto no dice es qué documentos debe presentar el defensor para ser admitido, ni qué pasa si alguna autoridad se niega. Esos puntos no aparecen en este artículo. Solo establece que la admisión no requiere trámite previo. Por ejemplo, un abogado que llega a una estación de policía para asistir a una persona detenida debe ser admitido de inmediato y sin trámite previo para ejercer su función. Si tú estás en una situación parecida, revisa qué autoridad tiene el asunto en ese momento.
**Artículo 95.** *Defensor común.* La defensa de varios imputados en un mismo procedimiento por un defensor común es, en principio, inadmisible.
El tribunal competente, según el período del procedimiento, o el Ministerio Público podrá permitir la defensa común cuando, manifiestamente, no exista incompatibilidad. Cuando se advierta la incompatibilidad, podrá ser corregida de oficio, proveyendo a los reemplazos necesarios, según está previsto para el nombramiento de defensor.
**Qué significa:** La regla general es que un mismo defensor no represente a varios imputados en un mismo procedimiento. El artículo dice que esa defensa común es, en principio, inadmisible. Esa defensa puede permitirse cuando, de forma manifiesta, no exista incompatibilidad. Pueden permitirla el tribunal competente, según el período del procedimiento, o el Ministerio Público. Si después se advierte una incompatibilidad, puede corregirse de oficio, con los reemplazos necesarios, como se prevé para el nombramiento de defensor. El texto tampoco define qué cuenta como incompatibilidad, así que ese concepto queda para otras normas y para cada caso. Caso típico: dos personas imputadas en un mismo procedimiento piden un solo defensor. Si no hay incompatibilidad manifiesta, el tribunal o el Ministerio Público puede permitir esa defensa común. Por eso la excepción no funciona como un permiso general.
**Citado por:** Art. 32, Ley del Servicio Público de Defensa Penal (https://codicegt.com/ley-de-defensa-publica-penal/articulo-32/).
**Artículo 96.** *Número de defensores.* El imputado no podrá ser defendido simultáneamente por más de dos abogados durante los debates o en un mismo acto.
Cuando intervengan dos defensores o más la notificación practicada a uno de ellos bastará respecto de ambos, y la sustitución del uno por el otro no alterará los trámites ni los plazos. Ambos, no obstante, conservarán sus facultades autónomas, salvo cuando la ley expresamente imponga una división de funciones.
**Qué significa:** El imputado no puede ser defendido al mismo tiempo por más de dos abogados. El límite rige durante los debates o en un mismo acto. Cuando intervienen dos o más defensores, una notificación hecha a uno de ellos basta para ambos. Si uno sustituye al otro, los trámites y los plazos no cambian. Aun así, cada defensor conserva sus facultades autónomas, salvo que la ley imponga una división de funciones. Imagina que un imputado tiene dos defensores en un debate y el tribunal notifica solo a uno. Según el texto, esa notificación vale para los dos. Fíjate en «simultáneamente»: el límite se aplica en los debates o en un mismo acto, no en cualquier momento del proceso. El artículo no dice cuántos defensores puede tener un imputado fuera de esos actos; ese punto queda fuera de este texto.
**Artículo 97.** *Sustitución.* Cada defensor podrá designar un sustituto para que, con el consentimiento del imputado, intervenga si el titular tuviere algún impedimento.
**Artículo 98.** *Nombramiento en caso de urgencia.* Cuando el imputado estuviere privado de libertad, cualquier persona podrá asignarle, por escrito, un defensor ante la policía o las autoridades encargadas de su custodia, o verbalmente ante el Ministerio Público o el juez, asignación que se le dará a conocer inmediatamente. En caso de urgencia, comenzará a actuar provisionalmente este defensor.
**Artículo 99.** *Nombramiento posterior.* El imputado puede designar posteriormente otro defensor, reemplazando al anterior que ya interviene en el procedimiento, pero este último no podrá abandonar la defensa hasta que el nuevo defensor acepte su cargo.
El mismo derecho existe para reemplazar al defensor nombrado de oficio por uno propuesto por el imputado.
**Qué significa:** El imputado puede designar después otro defensor que reemplace al que ya interviene en el procedimiento. El anterior no puede abandonar la defensa hasta que el nuevo defensor acepte su cargo. La misma posibilidad existe cuando el imputado tiene un defensor de oficio: puede reemplazarlo por uno que él proponga. Un ejemplo común: una persona acusada tiene un defensor de oficio y propone a otro defensor. El primero sigue en la defensa hasta que el segundo acepte su cargo. Lo que el texto no dice es cuándo se considera aceptado el cargo ni cómo se notifica ese cambio; esos detalles quedan para otras normas del Código. Ese derecho aparece en los dos párrafos del artículo: uno para reemplazar a un defensor anterior y otro para cambiar al de oficio. Según el texto, el anterior no puede abandonar la defensa antes de esa aceptación.
**Artículo 100.** *Independencia.* El defensor atenderá las indicaciones de su defendido, pero en el ejercicio de su cargo actuará bajo su responsabilidad, tratando de realizar la defensa por medios legales.
**Artículo 101.** *Facultades.* Tanto el imputado como su defensor pueden indistintamente pedir, proponer o intervenir en el proceso, sin limitación, en la forma que la ley señala.
**Qué significa:** Este artículo reconoce que el imputado y su defensor pueden actuar en el proceso de forma indistinta. Cualquiera de los dos puede pedir, proponer o intervenir en el proceso. El texto no pone límites, salvo la forma que señale la ley. Eso quiere decir que el imputado no necesita el visto bueno de su defensor para pedir algo, ni el defensor necesita el del imputado para proponer. La regla refuerza el derecho de defensa. Permite que el imputado participe de forma activa, sin que la falta de acuerdo entre ambos le quite la posibilidad de actuar. Ejemplo: el imputado pide por escrito que se revise una medida de coerción. Según el texto, puede hacerlo aunque su defensor no lo haya propuesto, y el defensor también puede hacerlo por su lado. El texto no dice cómo se resuelve un conflicto entre las dos posiciones. Eso se analiza en cada caso. El artículo anterior, art. 100 CPP, trata de la independencia del defensor. El artículo siguiente, art. 102 CPP, regula la renuncia.
**Artículo 102.** *Renuncia.* El defensor podrá renunciar al ejercicio de la defensa técnica, en cuyo caso el Ministerio Público o el tribunal competente fijará un plazo para que el imputado pueda reemplazarlo, vencido el cual será sustituido por un defensor nombrado de oficio por el tribunal. El renunciante no podrá abandonar la defensa hasta que intervenga su sustituto. No se podrá renunciar durante el debate o las audiencias.
**Qué significa:** Este artículo regula cómo puede renunciar el defensor técnico. El defensor puede renunciar a ejercer la defensa. En ese caso, el Ministerio Público o el tribunal competente fija un plazo para que el imputado nombre a otro defensor. Si el imputado no lo reemplaza dentro del plazo, el tribunal le nombra un defensor de oficio. El defensor que renuncia no puede abandonar la defensa hasta que intervenga su sustituto. Así se evita que el imputado quede sin defensa. El texto prohíbe renunciar durante el debate o las audiencias. La renuncia solo es posible fuera de esos momentos. Un caso práctico: un abogado quiere dejar la defensa de su cliente por falta de acuerdo sobre honorarios. Puede hacerlo antes del debate, pero debe seguir actuando hasta que el nuevo defensor intervenga. El texto no dice qué pasa si el imputado tiene motivos para no aceptar al defensor de oficio. Esa situación se resuelve en el proceso. El artículo anterior, art. 101 CPP, trata de las facultades del imputado y su defensor. El artículo siguiente, art. 103 CPP, trata del abandono.
**Artículo 103.** *Abandono.* Si el defensor del imputado sin causa justificada abandona la defensa o lo deja sin asistencia técnica, sin perjuicio de las responsabilidades en que por ello incurra intervendrá el sustituto; ante la imposibilidad de éste, se procederá a su reemplazo inmediato por un defensor nombrado de oficio y aquéllos no podrán ser nombrados nuevamente en el procedimiento. La resolución se comunicará al imputado y se le instruirá sobre su derecho a elegir otro defensor de confianza.
Cuando el abandono del titular o del sustituto ocurra poco antes o durante el debate, se podrá prorrogar su comienzo o suspender el debate ya iniciado, como máximo por cinco días corridos, si lo solicita el nuevo defensor; no se podrá prorrogar o suspender otra vez por la misma causa. En este caso, la intervención del defensor que hubiere sido nombrado de oficio continuará, aunque intervenga después otro defensor de confianza.
**Qué significa:** El abandono de la defensa activa un orden de reemplazo. Si el defensor del imputado, sin causa justificada, abandona la defensa o lo deja sin asistencia técnica, interviene el sustituto. Si este no puede, se nombra de oficio un defensor de reemplazo inmediato, y aquellos no pueden ser nombrados nuevamente en el procedimiento. El matiz que más pesa es la frase «sin causa justificada». Sin esa causa, el defensor incurre en responsabilidades, que el texto no detalla. Además, si el abandono ocurre poco antes o durante el debate, el comienzo puede prorrogarse o el debate ya iniciado puede suspenderse, como máximo por cinco días corridos, si lo pide el nuevo defensor. Esa prórroga no puede repetirse por la misma causa. Un caso práctico: el abogado de confianza de un imputado deja la defensa poco antes del debate, sin justificación. El sustituto no puede intervenir, así que se designa un defensor de oficio. La resolución se comunica al imputado, que puede elegir otro defensor de confianza.
**Artículo 104.** *Prohibición.* Se prohíbe al defensor descubrir circunstancias adversas a su defendido, en cualquier forma en que las haya conocido.
**Artículo 105.** *Sanciones.* El abandono de la defensa constituirá falta grave y obligará, a quien incurra en él, al pago de las costas provocadas por el reemplazo, sin perjuicio de las sanciones correspondientes.
El abandono será comunicado inmediatamente al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
**Citado por:** Art. 47, Ley del Servicio Público de Defensa Penal (https://codicegt.com/ley-de-defensa-publica-penal/articulo-47/).
**Artículo 106.** *Defensor mandatario.* En el juicio por delito de acción privada a instancia de parte, el imputado podrá hacerse representar por un defensor con poder especial para el caso. No obstante, el tribunal podrá exigir su comparecencia personal.
#### Capítulo III. El acusador y órganos auxiliares
##### Sección Primera. El Ministerio Público
**Artículo 107.** *Función.* El ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público como órgano auxiliar de la administración de justicia conforme las disposiciones de este Código.
Tendrá a su cargo el procedimiento preparatorio y la dirección de la Policía Nacional Civil en su función investigativa dentro del proceso penal.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 12 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 12 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** El ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público, como órgano auxiliar de la administración de justicia, conforme a las disposiciones de este Código. Dicho de otro modo, es el Ministerio Público quien impulsa la acción penal dentro del proceso penal. Además, el Ministerio Público tiene a su cargo el procedimiento preparatorio y dirige a la Policía Nacional Civil en su función investigativa. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 12 del Decreto 79-97 del Congreso de la República. El texto no reparte con detalle las tareas con los jueces ni describe cada etapa; eso no lo dice este artículo. En la práctica: ante un hecho que podría ser delito, el Ministerio Público dirige la investigación preparatoria, y la Policía Nacional Civil trabaja bajo esa dirección en su función investigativa.
**Artículo 107 Bis.** *Auxiliares fiscales.* Los auxiliares fiscales que sean abogados, pueden intervenir en todas las instancias del proceso penal sin restricción alguna y sin el acompañamiento del agente fiscal.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 4 del Decreto 7-2011 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 4 del Decreto 7-2011 (2011)
**Artículo 108.** *Objetividad.* En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley penal.
En el ejercicio de su función, y en un plazo no mayor de quince días de recibida la denuncia, el Ministerio Público debe informar a la víctima de lo actuado y sobre la posible decisión a asumir. La víctima que no sea informada en dicho plazo puede acudir a juez de paz para que éste requiera en la forma más expedita que, en cuarenta y ocho horas, el fiscal le informe sobre el avance del proceso. Si del informe o ante la falta de éste, el juez de paz considera insuficiente la preparación de la acción penal, ordenará al fiscal que dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días le informe de nuevos avances, o en su defecto sobre las circunstancias que impiden que no pueda avanzar más en la investigación, bajo apercibimiento de certificar al régimen disciplinario del Ministerio Público el incumplimiento, constituyendo falta grave.”
Deberá formular los requerimientos y solicitudes conforme a ese criterio, aún en favor del imputado.
> Nota de la fuente: (Párrafo adicionado por el Artículo 5 del Decreto 7-2011 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado (párrafo) por el artículo 5 del Decreto 7-2011 (2011)
**Qué significa:** El Ministerio Público debe adecuar sus actos a un criterio objetivo y velar por la correcta aplicación de la ley penal. Además, en un plazo no mayor de quince días desde que recibe la denuncia, debe informar a la víctima de lo actuado y de la posible decisión. Si la víctima no recibe esa información, puede acudir al juez de paz. El juez puede exigir que el fiscal informe en cuarenta y ocho horas. Si el juez considera insuficiente la preparación de la acción penal, ordena al fiscal informar de nuevos avances en un plazo no mayor de treinta días. Ejemplo: una víctima presenta una denuncia y no recibe noticias en quince días. Puede acudir al juez de paz para que el fiscal le informe. Si el fiscal incumple el requerimiento del juez, el texto manda certificar el incumplimiento al régimen disciplinario y lo considera falta grave. El artículo siguiente, art. 108 Bis CPP, trata de las facultades del Ministerio Público. Para la denuncia, véase la guía sobre denunciar al Ministerio Público.
**Citado por:** Art. 108 Bis, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-108bis/).
**Artículo 108 Bis.** *Facultades.* El Ministerio Público, al recibir la denuncia o el requerimiento judicial de informe a que se refiere el artículo anterior, puede pedir al juez de paz del lugar donde se cometió el hecho delictivo, que practique las actuaciones contenidas en las literales a) a la d) del artículo 552 Bis del Código Procesal Penal. La solicitud del fiscal es la condición procesal para que el juez de paz pueda practicar las actuaciones de las literales descritas.
Los centros de mediación de la Unidad de Resolución Alterna de Conflictos del Organismo Judicial, podrán practicar diligencias de mediación, en los casos que le sean requeridos por el Ministerio Público. Los acuerdos de mediación alcanzados ante estas instancias constituirán título ejecutivo, en su caso, sin necesidad de homologación.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 6 del Decreto 7-2011 de Código Procesal Penal)
- Reforma: Adicionado por el artículo 6 del Decreto 7-2011 (2011)
**Qué significa:** El Ministerio Público puede pedir al juez de paz del lugar del hecho que practique las actuaciones de las literales a) a la d) del art. 552 Bis CPP. Esto ocurre al recibir la denuncia o el requerimiento judicial de informe del artículo anterior (véase el art. 108 CPP). La solicitud del fiscal es la condición procesal para que el juez de paz pueda practicar esas actuaciones. Los centros de mediación de la Unidad de Resolución Alterna de Conflictos del Organismo Judicial pueden practicar diligencias de mediación en los casos que el Ministerio Público les requiera. Los acuerdos de mediación alcanzados ante esas instancias constituyen título ejecutivo, en su caso, sin necesidad de homologación. El texto no dice qué casos se remiten a mediación ni cómo se redacta un acuerdo. La nota indica que el artículo fue adicionado por el Artículo 6 del Decreto 7-2011 de Código Procesal Penal. En la práctica: un fiscal recibe una denuncia y pide al juez de paz del lugar que practique las actuaciones indicadas. Como esa solicitud es la condición, el juez de paz actúa después de ese pedido.
**Artículo 109.** *Peticiones.* El Ministerio Público, al igual que los demás sujetos procesales, harán todos los requerimientos en audiencia oral, unilateral o bilateral, según sea el caso, debiendo ser claros y concisos, demostrando y argumentando su pretensión.
El requerimiento de audiencia se podrá hacer de la forma más expedita, utilizando para el efecto el teléfono, fax, correo electrónico o cualquier otro medio que lo facilite. El juez o tribunal certificará lo conducente a donde corresponda, cuando el fiscal, en forma injustificada, no asista a las audiencias.
> Nota de la fuente: (Reformado por el artículo 6 del Decreto 18-2010 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 6 del Decreto 18-2010 (2010)
**Qué significa:** Este artículo fija cómo deben hacer sus requerimientos el Ministerio Público y los demás sujetos procesales. Los hacen en audiencia oral, unilateral o bilateral, según el caso. Deben ser claros y concisos, y demostrar y argumentar su pretensión. La solicitud de audiencia puede hacerse de la forma más expedita, por teléfono, fax, correo electrónico o cualquier otro medio que la facilite. Si el fiscal no asiste a las audiencias de forma injustificada, el juez o tribunal certificará lo conducente a donde corresponda. La nota indica que el artículo fue reformado por el artículo 6 del Decreto 18-2010. La palabra «injustificada» pesa mucho aquí. El texto solo dice que el juez certificará lo conducente cuando la falta de asistencia no tiene justificación. No dice qué consecuencias siguen, ni a qué autoridad va la certificación; eso queda para otras normas. En la práctica: si una defensa necesita una audiencia con rapidez, el texto admite pedirla por correo electrónico o por cualquier otro medio que facilite la solicitud. Revisa si tu petición es clara, concisa y argumentada, como pide el artículo.
**Artículo 110.** *Poder coercitivo y facultades.* En el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público dispondrá de los poderes que este Código le autoriza. Si la regla que otorga el poder no discrimina, también le corresponderá la respectiva facultad.
**Artículo 111.** *Excusas y recusaciones.* Los funcionarios del Ministerio Público deberán excusarse y podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos en la ley del Organismo Judicial para los jueces, excepto los que no tengan incompatibilidad con sus funciones.
Las excusas, impedimentos y recusaciones serán resueltas informalmente por el superior jerárquico, quien, si procede, designará el reemplazo inmediato del funcionario. Contra lo resuelto no cabe recurso alguno.
##### Sección Segunda. La policía
**Artículo 112.** *Función.* La policía, por iniciativa propia, en virtud de una denuncia o por orden del Ministerio Público, deberá:
1) Investigar los hechos punibles perseguibles de oficio.
2) Impedir que éstos sean llevados a consecuencias ulteriores.
3) Individualizar a los sindicados.
4) Reunir los elementos de investigación útiles para dar a la acusación o determinar el sobreseimiento; y
5) Ejercer las demás funciones que le asigne este Código.
Si el hecho punible depende para su persecución de una instancia particular o autorización estatal, regirán las reglas establecidas por éste Código.
República). Los funcionarios y agentes policiales serán auxiliares del Ministerio Público para llevar a cabo el procedimiento preparatorio, y obrarán bajo sus órdenes en las investigaciones que para ese efecto se realicen.
> Nota de la fuente: * (Reformado por el Artículo 13 del Decreto 79-97 del Congreso de la
- Reforma: Reformado por el artículo 13 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** La policía debe, por iniciativa propia, por denuncia o por orden del Ministerio Público, cumplir cinco funciones: investigar los hechos punibles perseguibles de oficio; impedir que sus consecuencias sigan; individualizar a los sindicados; reunir los elementos útiles para la acusación o el sobreseimiento; y ejercer las demás funciones que fije el código. Si el delito depende de una instancia particular o de una autorización estatal, rigen las reglas del código para eso. Los policías y agentes son auxiliares del Ministerio Público en el procedimiento preparatorio. Actúan bajo sus órdenes. Ejemplo: la policía recibe una denuncia de robo con violencia. Debe investigar, impedir que el hecho tenga más consecuencias e individualizar a los sospechosos, bajo la dirección del fiscal. El artículo anterior, art. 111 CPP, trata de las excusas y recusaciones. El siguiente, art. 113 CPP, regula el auxilio técnico.
**Artículo 113.** *Auxilio técnico.* Los funcionarios y agentes de policía, cuando realicen tareas de investigación en el proceso penal, actuarán bajo la dirección del Ministerio Público y ejecutarán las actividades de investigación que les requieran, sin perjuicio de la autoridad administrativa a la cual están sometidos.
Deberán también cumplir las órdenes que, para la tramitación del procedimiento, les dirijan los jueces ante quienes pende el proceso.
El Ministerio Público supervisará el correcto cumplimiento de la función auxiliar de la policía en los procesos penales y podrá impartir instrucciones generales al respecto, cuidando de respetar su organización administrativa. Dichos organismos coordinarán actividades para el mejor ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 14 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 14 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** Los funcionarios y agentes de policía, al hacer tareas de investigación en el proceso penal, actúan bajo la dirección del Ministerio Público. Ejecutan las actividades de investigación que se les pidan, sin perjuicio de la autoridad administrativa a la que están sometidos. Deben cumplir las órdenes que los jueces les den para tramitar el procedimiento. El Ministerio Público supervisa el cumplimiento de esa función auxiliar y puede dar instrucciones generales, sin afectar la organización administrativa de la policía. Las instituciones deben coordinar sus actividades para el ejercicio de la acción penal. Ejemplo: un juez pide a la policía una diligencia para el expediente. La policía debe cumplirla, y el fiscal supervisa que se haga bien. El artículo anterior, art. 112 CPP, trata de la función policial. El siguiente, art. 114 CPP, regula el poder disciplinario.
**Artículo 114.** *Poder disciplinario.* Los funcionarios y agentes policiales que infrinjan disposiciones legales o reglamentarias, que omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo cumplan negligentemente, serán sancionados, en la forma que corresponde conforme a su ley orgánica, sin perjuicio de las responsabilidades penales si las hubiere. Se podrá también recomendar su cesantía a la autoridad administrativa correspondiente, quien dará aviso al Ministerio Público o a los tribunales de las sanciones impuestas.
**Citado por:** Art. 10, Ley contra la Violencia Intrafamiliar (https://codicegt.com/ley-violencia-intrafamiliar/articulo-10/).
**Artículo 115.** *Otros preventores.* Las mismas reglas regirán para cualquier organismo policial, como el de frontera, mares, ríos y medios de comunicación, o cualquier fuerza de seguridad pública o privada que realice actos de policía o colabore en las investigaciones criminales.
##### Sección Tercera. El querellante
**Artículo 116.** *Querellante adhesivo.* En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador en caso de menores o incapaces, o la administración tributaria en materia de su competencia, podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público.
El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos que hubieren violado directamente derechos humanos en ejercicio de su función, o con ocasión de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo.
Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público. Se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria en materia de su competencia.
El querellante podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos. Para el efecto podrá solicitar, cuando lo considere, la práctica y recepción de pruebas anticipadas así como cualquiera otra diligencia prevista en este Código. Hará sus solicitudes verbalmente o por simple oficio dirigido al fiscal quien deberá considerarlas y actuar de conformidad.
Si el querellante discrepa de la decisión del fiscal podrá acudir al Juez de Primera Instancia de la jurisdicción, quien señalará audiencia dentro de las veinticuatro horas siguientes para conocer de los hechos y escuchará las razones tanto del querellante como del fiscal y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse. De estimarlo procedente, el juez remitirá al Fiscal General lo relativo a cambios de fiscal del proceso.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 9 del Decreto 32-96, el Artículo 12 del Decreto 103-96 y el Artículo 15 del Decreto 79-97, todos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 9 del Decreto 32-96 (1996)
- Reforma: Reformado por el artículo 12 del Decreto 103-96 (1996)
- Reforma: Reformado por el artículo 15 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** La víctima puede ser parte en el proceso penal como querellante adhesivo. En los delitos de acción pública, pueden hacerlo el agraviado con capacidad civil, su representante o su guardador si es menor o incapaz, y la administración tributaria en su materia. Ellos pueden provocar la persecución o adherirse a la que ya inició el Ministerio Público. Cualquier ciudadano o asociación puede querellarse contra funcionarios que violaron directamente derechos humanos en el ejercicio de su función, o en ocasión de ella. Lo mismo vale para delitos de funcionarios que abusan de su cargo. Los órganos del Estado solo pueden querellarse por medio del Ministerio Público. El texto exceptúa a las entidades autónomas con personalidad jurídica y a la administración tributaria en su materia. El querellante puede colaborar con el fiscal y pedir pruebas anticipadas. Si discrepa de la decisión del fiscal, puede acudir al juez de Primera Instancia. Ese juez fija audiencia dentro de las veinticuatro horas siguientes. Caso concreto: una víctima de estafa quiere seguir el caso de cerca. Puede adherirse a la persecución iniciada por el Ministerio Público. El artículo anterior, art. 115 CPP, tiene el epígrafe «Otros preventores». El artículo siguiente, art. 117 CPP, define al agraviado. Para ser parte del proceso, lee la guía Ser parte del proceso como víctima.
**Guías:** Ser parte del proceso como víctima (https://codicegt.com/guia/querellante/).
**Artículo 117.** *Agraviado.* Este Código denomina agraviado:
*1. Víctima.
Se entenderá por víctimas a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Se incluye además, en su caso, al cónyuge, a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa y/o a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
*2.
Al cónyuge, a los padres y a los hijos de la víctima, y a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito;
3. A los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma y a los socios respecto a los cometidos por quienes la dirijan, administren o controlen; y,
4. A las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses.
El agraviado, aún cuando no se haya constituido como querellante adhesivo de conformidad con el presente Código, tiene derecho a:
a. Ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal.
b. Recibir asistencia médica, psico-social, o cualquier otra que tenga por objeto reducir las secuelas del hecho delictivo.
c. Que el Ministerio Público escuche su opinión en el procedimiento, fundamentalmente antes de las decisiones definitivas o de las provisionales que implican clausura o extinción de la persecución penal.
d. A ser informado; conveniente y oportunamente, de las decisiones fiscales y judiciales, e invitado a las audiencias en las que su opinión pueda ser vertida.
e. A recibir resarcimiento y/o reparación por los daños recibidos.
f. A recibir protección cuando su integridad física corra peligro, como consecuencia de la persecución penal en contra del sindicado.
g. A que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal.
El Ministerio Público estará obligado a garantizar estos derechos por medio de sus órganos correspondientes, pudiendo para el efecto realizar convenios con instituciones públicas o privadas.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 7 del Decreto 18-2010; y por Artículos 38 y 39 del Decreto 21-2016, ambos del Congreso de la República). (Inciso reformado por Artículo 38 del Decreto 21- 2016 del Congreso de la República). (DEROGADO por Artículo 39 del Decreto 21-2016 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 7 del Decreto 18-2010 (2010)
- Reforma: Reformado (inciso) por el artículo 38 del Decreto 21-2016 (2016)
- Reforma: Derogado (en parte) por el artículo 39 del Decreto 21-2016 (2016)
**Qué significa:** ¿Quién es agraviado en un proceso penal? Este artículo lo define. El agraviado es, sobre todo, la víctima: la persona que sufrió daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o daño a sus derechos fundamentales por un delito. También entran su cónyuge, familiares o dependientes inmediatos, y quien convive con ella. El texto amplía el concepto. Incluye a los representantes de una sociedad por delitos contra ella, a los socios cuando los delitos los cometen quienes la dirigen, y a las asociaciones en delitos que afectan intereses colectivos o difusos. Aun sin ser querellante, el agraviado tiene derechos. Puede ser informado de sus derechos y recibir asistencia médica o psicosocial. El Ministerio Público debe escuchar su opinión antes de decisiones que cierran o extinguen la persecución. También tiene derecho a reparación, a protección si corre peligro y a mecanismos que reduzcan la victimización secundaria. La nota oficial indica que una parte de este artículo fue derogada en 2016. En la práctica: una víctima de extorsión no quiere ser parte del proceso como querellante. Aun así, puede pedir ser informada y que el Ministerio Público la escuche antes de cerrar el caso. El artículo anterior trata del querellante adhesivo: art. 116 CPP. Para ser parte del proceso, lee la guía Ser parte del proceso como víctima.
**Guías:** Ser parte del proceso como víctima (https://codicegt.com/guia/querellante/).
**Artículo 118.** *Oportunidad.* La solicitud de acusador adhesivo deberá efectuarse siempre antes que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio o el sobreseimiento durante la audiencia programada para el efecto. Vencida esta oportunidad, el juez la rechazará sin más trámite.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 40 del Decreto 21-2016 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 40 del Decreto 21-2016 (2016)
**Qué significa:** La solicitud de acusador adhesivo debe presentarse siempre antes de que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio o el sobreseimiento, durante la audiencia programada para ese efecto. Vencida esa oportunidad, el juez rechaza la solicitud sin más trámite. El límite se mide por lo que haga el Ministerio Público, no por una fecha fija. Esa es la idea que resume el epígrafe «Oportunidad»: la solicitud tiene un momento preciso para hacerse. Un caso práctico: alguien pide ser acusador adhesivo después de que el Ministerio Público ya pidió la apertura a juicio. Según el texto, el juez la rechazará sin más trámite, porque la oportunidad ya venció. El texto no dice cómo se presenta la solicitud ni qué derechos tiene quien la hace; esas reglas quedan fuera de este artículo. La nota indica que fue reformado por el Artículo 40 del Decreto 21-2016 del Congreso de la República.
**Artículo 119.** *Desistimiento y abandono.* (Derogado) El querellante podrá desistir o abandonar su intervención en cualquier momento del procedimiento. En ese caso, tomará a su cargo las costas propias y quedará sujeto a la decisión general sobre costas que dicten el tribunal al finalizar el procedimiento.
Se considera abandonada la intervención por el querellante:
1) Cuando, citado a prestar declaración testimonial o a la realización de cualquier medio de prueba para cuya práctica sea necesaria su presencia, no comparezca sin justa causa, que acreditará antes de decretarse el abandono, o se niegue a colaborar en la diligencia.
2) Cuando no exprese conclusiones sobre el procedimiento preparatorio.
3) Cuando *no ofrezca prueba para el debate, no concurra al mismo o se ausente de él *y cuando no concurra al pronunciamiento de la sentencia.
El abandono será declarado de oficio o a pedido de cualquiera de las partes. La resolución fijará una multa que deberá pagar quien abandona la querella.
El desistimiento y el abandono impedirán toda posterior persecución por parte del querellante, en virtud del mismo hecho que constituye el objeto de su intervención.
El representante de un menor o incapaz no podrá desistir de la querella sin autorización judicial.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 15 del Decreto 7-2011 del Congreso de la República). *(La frase y expresión subrayadas, fueron declaradas inconstitucionales por sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 12 de abril de 2011, Expediente 939-2008).
- Reforma: Derogado por el artículo 15 del Decreto 7-2011 (2011)
- Reforma: Declarado inconstitucional (frase) en Expediente 939-2008 de la Corte de Constitucionalidad (2011-04-12)
**Artículo 120.** *Intervención.* El querellante por adhesión intervendrá solamente en las fases del proceso hasta sentencia, conforme lo dispuesto por este Código. Estará excluido del procedimiento para la ejecución penal.
**Qué significa:** Este artículo delimita hasta dónde participa el querellante por adhesión en el proceso penal. El querellante por adhesión es la persona que se suma a la persecución penal junto al Ministerio Público. Según el texto, interviene solamente en las fases del proceso hasta la sentencia, conforme a lo que dispone el Código. El límite es expreso: el querellante queda excluido del procedimiento para la ejecución penal. La ejecución penal es la etapa posterior a la sentencia, en la que se cumple la pena o la medida impuesta. Por tanto, una vez dictada la sentencia, el querellante por adhesión ya no actúa en lo relativo a su cumplimiento. El artículo no regula aquí cómo se constituye el querellante ni qué facultades tiene en cada fase; eso lo desarrollan otras normas del Código. Por ejemplo, la víctima de un delito que se constituye como querellante por adhesión puede participar en la investigación, en la etapa intermedia y en el debate hasta que se dicta la sentencia. Pero si el condenado pide luego algún beneficio durante el cumplimiento de su pena, ese trámite pertenece a la ejecución penal y el querellante por adhesión no interviene en él.
**Guías:** Ser parte del proceso como víctima (https://codicegt.com/guia/querellante/).
**Artículo 121.** *Decisión.* El juez que controla la investigación dará intervención provisional al querellante que lo solicite, o la rechazará si no la encuentra arreglada a la ley, notificando de ello al Ministerio Público, para que le otorgue la intervención correspondiente.
Cualquiera de las partes podrá oponerse a la admisión del querellante, interponiendo ante el juez las excepciones correspondientes durante el procedimiento preparatorio y en el procedimiento intermedio.
La admisión o el rechazo será definitivo cuando no exista oposición o no se renueve la solicitud durante el procedimiento intermedio.
**Artículo 122.** *Querellante exclusivo.* Cuando, conforme a la ley, la persecución fuese privada, actuará como querellante la persona que sea el titular del ejercicio de la acción.
**Qué significa:** Cuando la ley hace que la persecución sea privada, actúa como querellante la persona que es titular del ejercicio de la acción. El texto es breve. No define qué delitos son de persecución privada; eso lo decide otra norma del código. Ejemplo: en un delito de persecución privada, la víctima es la titular de la acción. Ella actúa como querellante, sin que el Ministerio Público la sustituya. La regla evita que el Ministerio Público actúe en casos que la ley reserva al particular. El artículo anterior, art. 121 CPP, trata de la decisión. El siguiente, art. 123 CPP, regula una garantía. Guía relacionada: querellante. El texto habla del titular del ejercicio de la acción, no de la víctima. Esa expresión no se define en el artículo.
**Artículo 123.** *Garantía.* Quien pretenda constituirse como querellante y se domicilie en el extranjero deberá, a pedido del imputado, prestar una caución suficiente para responder por las costas que provoque al adversario, cuya cantidad y plazo se fijará judicialmente.
**Qué significa:** Este artículo exige una garantía a quien quiera ser querellante y viva fuera del país. Si la persona que pretende constituirse como querellante se domicilia en el extranjero, debe prestar una caución suficiente. Esa caución sirve para responder por las costas que provoque al adversario en el proceso. La obligación no es automática. Solo nace a pedido del imputado: si el imputado no la solicita, el texto no la impone. La cantidad de la caución y el plazo para prestarla los fija el juez. El artículo no establece un monto mínimo ni máximo, ni señala qué ocurre si la caución no se presta en el plazo fijado. Tampoco se aplica a querellantes domiciliados en Guatemala. La idea es proteger al imputado frente a costas que podrían ser difíciles de cobrar a alguien que vive fuera. Por ejemplo, si una persona que reside en otro país quiere querellarse contra alguien en Guatemala, el imputado puede pedir al juez que esa persona preste caución. El juez decidirá entonces la cantidad suficiente y el plazo para depositarla. Si el imputado no la pide, el querellante extranjero puede actuar sin esa garantía, según lo que dice el texto.
#### Capítulo IV. La reparación privada
##### Sección Primera. Acción civil
**Artículo 124.** *Derecho a la reparación digna.* La reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias como sujeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado, en la medida que tal reparación sea humanamente posible y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito; para el ejercicio de este derecho deben observarse las siguientes reglas:
1. La acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria. El juez o tribunal que dicte la sentencia de condena, cuando exista víctima determinada, en el relato de la sentencia se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación, la que se llevará a cabo al tercer día.
2. En la audiencia de reparación se deberá acreditar el monto de la indemnización, la restitución y, en su caso, los daños y perjuicios conforme a las reglas probatorias y, pronunciarse la decisión inmediatamente en la propia audiencia.
3. Con la decisión de reparación, y la previamente relatada responsabilidad penal y pena, se integra la sentencia escrita.
4. No obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal, la víctima o agraviado podrán solicitar al juez o tribunal competente, la adopción de medidas cautelares que permitan asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación.
5. La declaración de responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme.
Si la acción reparadora no se hubiere ejercido en esta vía, queda a salvo el derecho de la víctima o agraviado a ejercerla en la vía civil.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 7 del Decreto 7-2011 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 7 del Decreto 7-2011 (2011)
**Qué significa:** La víctima tiene derecho a una reparación digna. La reparación busca restaurar el derecho afectado por el delito. Empieza por reconocer a la víctima como sujeto de derechos, sigue con las alternativas para su reincorporación social y, cuando sea posible, incluye la indemnización de daños y perjuicios. El texto fija cinco reglas. La acción puede ejercerse en el mismo proceso penal, después de la sentencia condenatoria, y la audiencia de reparación se celebra al tercer día. En esa audiencia se acredita el monto y se decide en el acto. La decisión se integra a la sentencia escrita. La víctima también puede pedir medidas cautelares en cualquier momento para asegurar bienes que cubran la reparación. La responsabilidad civil se ejecuta cuando la condena queda firme. Si la reparación no se pidió en el proceso penal, la víctima conserva su derecho a demandarla en la vía civil. Un caso práctico: una persona condenada por daños a un vehículo. La víctima pide la reparación en el mismo proceso, y el juez fija el monto en la audiencia. El artículo anterior, art. 123 CPP, trata de la garantía.
**Citado por:** Art. 491 Ter, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-491ter/); Art. 491 Decies, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-491decies/).
**Artículo 125.** *Contenido y Límites.* (Derogado) El ejercicio de la acción civil en el procedimiento penal comprenderá la reparación de los daños y perjuicios causados por el delito, conforme la legislación respectiva.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 10 del Decreto 32-96 y DEROGADO por el Artículo 15 del Decreto 7-2011, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 10 del Decreto 32-96 (1996)
- Reforma: Derogado por el artículo 15 del Decreto 7-2011 (2011)
**Artículo 126.** *Ejercicio alternativo.* (Derogado) Las reglas que posibilitan plantear la acción reparadora en el procedimiento penal no impiden su ejercicio ante los tribunales competentes por la vía civil. Pero una vez admitida en el procedimiento penal, no se podrá deducir nuevamente en uno civil independiente, sin desistimiento expreso o declaración de abandono de la instancia penal anterior al comienzo del debate. Planteada por la vía civil, no podrá ser ejercida en el procedimiento penal.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 15 del Decreto 7-2011 del Congreso de la República).
- Reforma: Derogado por el artículo 15 del Decreto 7-2011 (2011)
**Artículo 127.** *Desistimiento y abandono.* (Derogado) El actor civil podrá desistir de su demanda en cualquier estado del procedimiento. Se considerará abandonada la demanda cuando el actor civil, regularmente citado:
1) No comparezca a prestar declaración testimonial sin justa causa.
2) No concrete su pretensión en la oportunidad fijada por este Código; y
3) No comparezca al debate, se aleje de la audiencia o no presente conclusiones.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 15 del Decreto 7-2011 del Congreso de la República).
- Reforma: Derogado por el artículo 15 del Decreto 7-2011 (2011)
**Artículo 128.** *Efectos del desistimiento y del abandono.* (Derogado) Hasta el comienzo del debate, el desistimiento y el abandono de la instancia penal, no perjudicarán el ejercicio posterior de la acción reparadora ante los tribunales competentes por la vía civil.
El desistimiento o el abandono posteriores al comienzo del debate implican renuncia al derecho de resarcimiento pretendido.
El desistimiento y el abandono generan, para el actor civil, la obligación de responder por las costas que su intervención hubiere ocasionado tanto a él como a sus adversarios.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 15 del Decreto 7-2011 del Congreso de la República).
- Reforma: Derogado por el artículo 15 del Decreto 7-2011 (2011)
##### Sección Segunda. Actor civil
**Artículo 129.** *Titular de la acción civil.* (Derogado) En el procedimiento penal la acción civil sólo puede ser ejercitada:
1) Por quien, según la ley respectiva esté legitimado para reclamar por los daños y perjuicios ocasionados por el hecho punible.
2) Por sus herederos.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 11 del Decreto 32-96 y DEROGADO por el Artículo 15 del Decreto 7-2011, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 11 del Decreto 32-96 (1996)
- Reforma: Derogado por el artículo 15 del Decreto 7-2011 (2011)
**Artículo 130.** *Representación.* (Derogado) Por las personas que carezcan de capacidad para comparecer en el proceso, actuarán sus representantes legales.
Las personas que no puedan o no quieran actuar en el proceso, podrán hacerse representar por medio de mandatario judicial debidamente facultado.
Los mandatarios podrán deducir la acción civil por sus mandantes.
Los representantes y mandatarios, para intervenir, justificarán su representación con copia legalizada del respectivo documento.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 12 del Decreto 32-96 y DEROGADO por el Artículo 15 del Decreto 7-2011, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 12 del Decreto 32-96 (1996)
- Reforma: Derogado por el artículo 15 del Decreto 7-2011 (2011)
**Artículo 131.** *Oportunidad.* (Derogado) La acción civil deberá ser ejercitada antes que el Ministerio Público requiera la apertura del juicio o el sobreseimiento. Vencida esta oportunidad, el juez la rechazará sin más trámite.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 13 del Decreto 32-96 y DEROGADO por el Artículo 15 del Decreto 7-2011, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 13 del Decreto 32-96 (1996)
- Reforma: Derogado por el artículo 15 del Decreto 7-2011 (2011)
**Artículo 132.** *Demandados.* (Derogado) La acción civil se deberá promover en contra del imputado y procederá aun cuando no estuviere individualizado.
Podrá también dirigirse contra quien, por previsión directa de la ley, responde por los daños y perjuicios que el imputado hubiere causado con el hecho punible.
Si en el procedimiento hubiere varios imputados y terceros civilmente demandados y el actor no limitare subjetivamente su pretensión se entenderá que se dirige contra todos.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 14 del Decreto 32-96 y DEROGADO por el Artículo 15 del Decreto 7-2011, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 14 del Decreto 32-96 (1996)
- Reforma: Derogado por el artículo 15 del Decreto 7-2011 (2011)
**Artículo 133.** *Decisión.* (Derogado) Si el juez que controla la investigación admite la solicitud dará intervención provisional al actor civil, notificando de ello al Ministerio Público para que le otorgue la intervención correspondiente.
Cualquiera de las partes podrá oponerse, interponiendo las excepciones correspondientes, durante el procedimiento preparatorio y en el procedimiento intermedio conforme a este Código.
La admisión o el rechazo será definitivo cuando no exista oposición o no se renueve la solicitud durante el procedimiento intermedio.
La inadmisibilidad de la solicitud no impedirá el ejercicio de la acción civil que corresponda ante el tribunal competente.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 15 del Decreto 7-2011 del Congreso de la República).
- Reforma: Derogado por el artículo 15 del Decreto 7-2011 (2011)
**Artículo 134.** *Facultades.* (Derogado) El actor civil actuará en el procedimiento sólo en razón de su interés civil. Limitará su intervención a acreditar el hecho, la imputación de ese hecho a quien considere responsable, el vínculo de él con el tercero civilmente responsable, la existencia y la extensión de los daños y perjuicios.
La intervención como actor civil no exime, por sí misma, del deber de declarar como testigo.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 15 del Decreto 7-2011 del Congreso de la República).
- Reforma: Derogado por el artículo 15 del Decreto 7-2011 (2011)
##### Sección Tercera. Tercero civilmente demandado
**Artículo 135.** *Intervención forzosa.* Quien ejerza la acción reparadora podrá solicitar la citación de la persona que, por previsión directa de la ley, responda por el daño que el imputado hubiere causado con el hecho punible, a fin de que intervenga en el procedimiento como demandada.
La solicitud deberá ser formulada en la forma y en la oportunidad prevista en este Código, con indicación del nombre, domicilio o residencia del demandado y de su vínculo jurídico con el imputado.
**Qué significa:** Quien ejerce la acción reparadora puede pedir la citación de una persona que, por previsión directa de la ley, responda por el daño que el imputado causó con el hecho punible. Esa persona intervendría en el procedimiento como demandada. Conviene fijarse en la frase «por previsión directa de la ley»: no alcanza a cualquiera que tenga relación con el imputado, sino solo a quien la ley misma hace responder por ese daño. La solicitud debe indicar el nombre, el domicilio o residencia del demandado y su vínculo jurídico con el imputado, y debe formularse en la forma y oportunidad que prevé este Código. Un caso sencillo: una persona sufre daños en su vehículo por un hecho punible cometido por el imputado. Si la ley establece que un tercero responde por ese daño, quien ejerce la acción reparadora puede pedir que ese tercero sea citado como demandado. El texto no detalla aquí el procedimiento de la citación ni cómo se acredita el vínculo jurídico; esos pasos quedan para otras disposiciones de este Código.
**Artículo 136.** *Decisión.* El juez que controla la investigación decidirá sobre la solicitud; si la acoge, mandará notificar al tercero civilmente demandado. Notificará también al Ministerio Público.
**Artículo 137.** *Valor de la citación.* La falta de comparecencia del citado o su inasistencia a los actos no suspenderá el trámite, pudiendo intervenir en cualquier momento del procedimiento.
**Artículo 138.** *Intervención espontánea.* Cuando en el procedimiento se ejerza la acción reparadora, el tercero que pueda ser civilmente demandado tendrá derecho a intervenir en él, instando su participación.
La solicitud deberá llenar los requisitos que exige éste Código y será admisible hasta para la oportunidad prevista para el actor civil.
**Qué significa:** Cuando en el procedimiento se ejerce la acción reparadora, el tercero que pueda ser civilmente demandado tiene derecho a intervenir en él. Para eso debe instar su participación, es decir, pedir entrar al proceso. La solicitud debe cumplir los requisitos que exige el Código. El texto también fija hasta cuándo puede presentarla: hasta la oportunidad prevista para el actor civil. No dice qué pasa si la solicitud llega después, y eso queda para otras normas. La clave del artículo es que el tercero no espera a ser llamado: él mismo pide participar en el proceso. El texto habla de quien «pueda ser» civilmente demandado, así que no exige que la demanda ya se haya dirigido contra él. Por ejemplo, una empresa que podría responder civilmente por un daño investigado en un proceso penal presenta su solicitud antes de que venza la oportunidad del actor civil.
**Artículo 139.** *Exclusión.* La exclusión, el desistimiento o el abandono del actor civil, hará cesar la intervención del tercero civilmente demandado.
**Artículo 140.** *Facultades.* El tercero civilmente demandado gozará de las facultades y garantías necesarias para su defensa en lo concerniente a sus intereses civiles.
La intervención como tercero no exime, por sí misma, del deber de declarar como testigo.
#### Capítulo V. Auxiliares de los intervinientes
**Artículo 141.** *Consultores técnicos.* Si, por las particularidades del caso, alguna de las partes considera necesario ser asistida por un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo propondrá al Ministerio Público o al tribunal, quien decidirá sobre su designación, según las reglas aplicables a los peritos, en lo pertinente, salvo que sea legalmente inhábil conforme a este Código.
El consultor técnico podrá presenciar las operaciones periciales y hacer observaciones durante su transcurso, pero no emitirá dictamen; los peritos harán constar las observaciones. En los debates, podrá acompañar a quien asiste, interrogar directamente a los peritos, traductores o intérpretes, y concluir sobre la prueba pericial, siempre bajo la dirección de quien lo propuso.
**Qué significa:** Si el caso lo requiere, una parte puede proponer un consultor técnico en una ciencia, arte o técnica. El Ministerio Público o el tribunal decide sobre su designación, con las reglas aplicables a los peritos. El consultor puede presenciar las operaciones periciales y hacer observaciones durante su desarrollo. No emite dictamen; las observaciones se hacen constar por los peritos. En los debates, el consultor puede acompañar a quien lo propuso, interrogar directamente a los peritos, traductores o intérpretes, y concluir sobre la prueba pericial. Siempre actúa bajo la dirección de quien lo propuso. Ejemplo: una parte propone a un ingeniero como consultor en un caso de construcción. Puede observar el peritaje, pero no firma un dictamen propio. El artículo anterior, art. 140 CPP, trata de las facultades. El siguiente, art. 142 CPP, regula el idioma. Para la peritación, véase el art. 225 CPP.
### Título III. La actividad procesal
#### Capítulo I. Disposiciones generales
**Artículo 142.** *Idioma.* Los actos procesales serán cumplidos en español. Cuando una persona se exprese con dificultad en ese idioma, se le brindará la ayuda necesaria para que el acto se pueda desarrollar.
La exposición de personas que ignoren el idioma oficial o a quienes se les permita hacer uso de su propio idioma, de un sordomudo que no sepa darse a entender por escrito y los documentos o grabaciones en lengua distinta o en otra forma de transmisión del conocimiento, sólo tendrán efectos, una vez realizada su traducción o interpretación, según corresponda.
Los actos procesales deberán también realizarse en idioma indígena y traducidos al español simultáneamente. En este caso, las actas y resoluciones se redactarán en ambos idiomas.
**Qué significa:** Los actos procesales se cumplen en español. Si una persona se expresa con dificultad en ese idioma, recibe la ayuda necesaria para que el acto pueda desarrollarse. Las declaraciones de quienes ignoran el idioma oficial, o de quienes pueden usar su propio idioma, tienen efectos solo después de su traducción o interpretación. Lo mismo pasa con documentos o grabaciones en otra lengua. El texto también incluye al sordomudo que no sepa darse a entender por escrito. Según el texto, los actos procesales deben realizarse también en idioma indígena, con traducción simultánea al español. En ese caso, las actas y resoluciones se redactan en ambos idiomas. El texto no dice quién hace la traducción; eso queda para otras normas. Por ejemplo, una persona que declara en un idioma indígena durante una audiencia recibe la traducción al español mientras habla. El acta queda escrita en los dos idiomas.
**Citado por:** Art. 362, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-362/); Art. 547, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-547/).
**Artículo 143.** *Declaraciones e interrogatorios.* Las personas serán interrogadas en español o por intermedio de un traductor o de un intérprete, cuando corresponda. El tribunal podrá permitir expresamente el interrogatorio directo en otro idioma o forma de comunicación.
Las personas que declaren no consultarán notas o documentos, salvo que sean autorizadas para ello.
**Artículo 144.** *Lugar.* Los jueces que controlan la investigación actuarán en su propia sede, sin embargo, deberán trasladarse para la práctica de aquellas diligencias que requieran su presencia en cualquier lugar de su jurisdicción.
El debate se llevará a cabo y la sentencia se dictará en la sede del tribunal. Sin embargo, los tribunales de sentencia podrán constituirse en cualquier lugar del territorio que abarca su competencia. En caso de duda, se elegirá el lugar que favorezca el ejercicio de la defensa y asegure la realización del debate.
**Qué significa:** Los jueces que controlan la investigación actúan en su propia sede. Si una diligencia exige su presencia en cualquier lugar de su jurisdicción, deben trasladarse para practicarla. En cambio, el debate y la sentencia se llevan a cabo en la sede del tribunal. La excepción está en los tribunales de sentencia, que pueden constituirse en cualquier lugar del territorio que abarca su competencia. Para elegir el sitio en caso de duda, el texto da un criterio: el lugar que favorezca el ejercicio de la defensa y asegure la realización del debate. Lo que no dice es cómo se decide el traslado en cada caso. Por ejemplo, un juez de control debe ir a otro punto de su jurisdicción para una diligencia que exige su presencia. Esa obligación no cambia el lugar donde se dicta la sentencia, salvo que un tribunal de sentencia se constituya en otro lugar de su competencia.
**Artículo 145.** *Tiempo.* Salvo que la ley contenga una disposición especial, los actos podrán ser cumplidos en cualquier día y a cualquier hora. Durante las audiencias, el presidente del tribunal hará conocer de viva voz a todos los concurrentes el día, hora y lugar de su reanudación, en caso de aplazamiento o suspensión con plazo determinado.
**Artículo 146.** *Registro de las actuaciones.* Cuando uno o varios actos deban ser documentados, el funcionario que los practique, asistido por su Secretario, levantará el acta correspondiente, en la forma que prescribe este Código.
Las audiencias orales, unilaterales o bilaterales, podrán ser grabadas en formato de audio y/o video, o cualquier otra forma de registro que garantice su fidelidad.
Los asistentes administrativos serán los encargados de archivar adecuadamente las grabaciones, y entregarán copia digital de la misma a los que intervengan, sea física o digitalmente.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 8 del Decreto 18-2010 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 8 del Decreto 18-2010 (2010)
**Qué significa:** Cuando uno o varios actos deben documentarse, el funcionario que los practica levanta el acta correspondiente, con la asistencia de su Secretario y en la forma que prescribe el Código. El acta deja constancia escrita de lo practicado. La regla se dirige a quien practica el acto y a su Secretario. Las audiencias orales, unilaterales o bilaterales, pueden grabarse en audio o video, o en cualquier otra forma de registro que garantice su fidelidad. El requisito de fondo es ese: el registro debe ser fiel a lo ocurrido. El texto no detalla el procedimiento técnico, así que eso queda para otras normas. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 8 del Decreto 18-2010 del Congreso de la República. Los asistentes administrativos archivan las grabaciones de forma adecuada y entregan copia digital de ellas a quienes intervienen, sea física o digitalmente. En la práctica: una persona que intervino en una audiencia oral recibe copia digital de la grabación, y el archivo queda a cargo de los asistentes.
**Artículo 147.** *Contenido y formalidades.* Las actas deberán comprender:
1) El Lugar y la fecha en que se efectúe y el proceso a que corresponde. La hora se hará constar cuando la ley o las circunstancias lo requieran.
2) Nombres y apellidos de las personas que intervienen y, en su caso, el motivo de la inasistencia de quienes estaban obligados a intervenir.
3) La indicación de las diligencias realizadas y de sus resultados.
4) Las declaraciones recibidas en la forma establecida para cada caso; y
5) Las firmas de todos los que intervengan que deban hacerlo, previa lectura. Cuando alguno no quiera o no pueda hacerlo, se hará mención de ello. Si alguno no supiera firmar podrá hacerlo otra persona por él, a su ruego, o un testigo de actuación convocado al efecto, y colocará su impresión digital.
En el acta deberá constar el cumplimiento de las disposiciones especiales previstas para los casos particulares.
**Artículo 148.** *Reemplazo.* El acta podrá ser reemplazada, total o parcialmente, por otra forma de registro, salvo disposición expresa en contrario. En ese caso quien preside el acto determinará el resguardo conveniente para garantizar su inalterabilidad o individualización futura.
**Artículo 149.** *Formas de corrección.* Es prohibido hacer raspaduras o borrones en las actas y demás actuaciones. Tampoco podrán superponerse letras o palabras. Los errores o las palabras que se desechen, se testarán, pasando sobre ellas una línea que debe dejarlas perfectamente legibles. Las palabras o letras omitidas deberán intercalarse dentro de los renglones respectivos. Al final se hará la aclaración correspondiente.
**Artículo 150.** *Actuaciones.* El Ministerio Público llevará un registro de las actuaciones realizadas durante la investigación.
El juez únicamente tendrá los originales de los autos por los cuales ordenó una medida cautelar, de coerción, una medida sustitutiva o una diligencia que implique una restricción a un derecho individual o una prueba anticipada.
Al día siguiente de tomada la primera declaración del imputado y resuelta su situación jurídica procesal, el juez, bajo su responsabilidad, remitirá las actuaciones al Ministerio Público para que éste proceda de conformidad con la ley.
La documentación y las actuaciones que se remitirán al Tribunal de Sentencia a que se refiere el artículo 345 de este Código son:
1) La petición de apertura a juicio y la acusación del Ministerio Público o del querellante;
2) El acta de la audiencia oral en la que se determinó la apertura del juicio; y,
3) La resolución por la cual se decide admitir la acusación y abrir a juicio.
Las evidencias materiales no obtenidas mediante secuestro judicial serán conservadas por el Ministerio Público, quien las presentará e incorporará como medios de prueba en el debate, siempre que hayan sido ofrecidas como tal en la oportunidad procesal correspondiente. Las partes tendrán derecho en el transcurso del proceso a examinarlas por sí o por peritos, de conformidad con la ley.
Las partes podrán obtener a su costa fotocopias simples de las actuaciones sin ningún trámite. Toda actuación escrita se llevará por duplicado a efecto de que, cuando se otorgue el Recurso de Apelación sin efecto suspensivo, el tribunal pueda seguir conociendo y envíe a la Sala de Apelaciones el expediente original.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 16 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 16 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** El artículo fija cómo se lleva el expediente de la investigación. El Ministerio Público registra las actuaciones que realiza. El juez conserva los originales solo de los autos que ordenan una medida cautelar, de coerción o sustitutiva, o una diligencia que restrinja un derecho individual, o una prueba anticipada. Después de la primera declaración del imputado y de resolver su situación jurídica, el juez remite las actuaciones al Ministerio Público. Las actuaciones que pasan al tribunal de sentencia son la petición de apertura a juicio, la acusación, el acta de la audiencia y la resolución que abre el juicio. Las evidencias no obtenidas mediante secuestro judicial las conserva el Ministerio Público. Las partes pueden obtener fotocopias simples a su costa. Ejemplo: un abogado pide copia de un expediente de investigación. Puede obtener fotocopias simples, a su costa, sin trámite especial. El texto remite al art. 345 CPP, que trata de la remisión de actuaciones al tribunal competente para el juicio.
**Artículo 150 Bis.** *Trámite general de los incidentes.* Cuando se promueva un incidente para el cual este Código no señale un procedimiento específico, se procederá de la forma siguiente:
La parte que promueve el incidente solicitará una audiencia para sustanciar el mismo, exponiendo los argumentos que fundamentan su petición y proponiendo e individualizando la prueba cuando se refiera a cuestiones de hecho. El incidente que sea promovido sin cumplir con los requisitos anteriores será rechazado. El juez o tribunal que deba conocer del incidente citará al imputado, al Ministerio Público y a las demás partes, a una audiencia que deberá realizarse dentro del plazo máximo de dos (2) días en el caso que se trate de cuestiones de derecho, y cinco (5) días en el caso que sea cuestiones de hecho.
Oídas las partes y, en su caso, recibidas las pruebas, el órgano jurisdiccional, en la audiencia respectiva, resolverá el incidente sin más trámite.
Si el incidente se promueve en el curso de una audiencia oral y no existe otro procedimiento señalado en este Código, se tramitará conforme a lo dispuesto respecto de los incidentes durante el debate oral y público.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 9 del Decreto 18-2010 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 9 del Decreto 18-2010 (2010)
**Qué significa:** Este artículo fija cómo se tramita un incidente cuando el Código no señala un procedimiento específico. Un incidente es una cuestión que se plantea durante el proceso y que debe resolverse antes de seguir. La parte que promueve el incidente debe pedir una audiencia, exponer sus argumentos y proponer la prueba cuando el asunto es de hecho. Si el incidente se presenta sin cumplir esos requisitos, el texto ordena rechazarlo. La audiencia se fija en un plazo máximo de dos días si el asunto es de derecho, y de cinco días si es de hecho. Ahí se oye a las partes, y se reciben las pruebas si las hay. El órgano jurisdiccional resuelve en esa misma audiencia, sin más trámite. Si el incidente surge durante una audiencia oral, y el Código no tiene otro procedimiento, se sigue la regla de los incidentes durante el debate. Caso concreto: en un proceso penal, la defensa pide una cuestión de hecho sobre un documento. Debe proponer la prueba desde el inicio. La audiencia se celebra dentro de cinco días, y el juez resuelve en ella. El artículo anterior, art. 150 CPP, trata de las actuaciones. El artículo siguiente, art. 151 CPP, trata del vencimiento.
**Citado por:** Art. 66, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-66/).
#### Capítulo II. Plazos
**Artículo 151.** *Vencimiento.* Los plazos fijados son improrrogables y a su vencimiento caduca la facultad respectiva, salvo lo dispuesto por la ley del Organismo Judicial.
Los plazos que sólo tienen como fin regular la tarea de los funcionarios públicos que intervienen en el procedimiento, serán observados rigurosamente por ellos; su inobservancia implicará mala conducta en el desempeño de sus funciones, y la sanción disciplinaría procederá de oficio, previa audiencia del interesado.
El incumplimiento de los plazos por parte de los funcionarios judiciales, será sancionado de conformidad con la Ley de la Carrera Judicial.
> Nota de la fuente: (Párrafo adicionado por el Artículo 8 del Decreto 51-2002 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado (párrafo) por el artículo 8 del Decreto 51-2002 (2002)
**Qué significa:** Los plazos fijados son improrrogables. Cuando vencen, caduca la facultad respectiva, salvo lo que disponga la ley del Organismo Judicial. Es decir, una vez vencido el plazo, la facultad que tenía ese límite se pierde. Improrrogable quiere decir que el plazo no admite prórroga. El texto hace además otra distinción: los plazos que solo regulan el trabajo de los funcionarios públicos deben observarse rigurosamente. Si no se cumplen, implican mala conducta y la sanción disciplinaria procede de oficio, previa audiencia del interesado. Un caso práctico: una parte deja pasar un plazo para presentar un escrito. Si ese plazo no admite prórroga, la facultad de presentarlo caduca, salvo lo que establezca la ley del Organismo Judicial. En cuanto a los funcionarios judiciales, el texto dice que su incumplimiento de los plazos se sanciona conforme a la Ley de la Carrera Judicial. Esa ley no se reproduce aquí, así que sus reglas quedan fuera de este artículo. La nota indica que el párrafo fue adicionado por el Artículo 8 del Decreto 51-2002 del Congreso de la República.
**Artículo 152.** *Fijación judicial.* Cuando la ley no establezca plazo o la extensión del mismo quede a criterio de la autoridad, el tribunal o funcionario que deba practicar el acto fijará el plazo conforme a la naturaleza del procedimiento y a la importancia de la actividad que se deba cumplir.
**Qué significa:** Cuando la ley no fija un plazo, o deja su extensión a criterio de la autoridad, el tribunal o funcionario que debe practicar el acto lo fija por sí mismo. Para hacerlo, el texto manda guiarse por dos criterios: la naturaleza del procedimiento y la importancia de la actividad que se debe cumplir. El punto que más pesa es que la regla solo entra cuando la ley calla o deja el asunto a criterio. Si existe un plazo legal, este artículo no lo reemplaza. El texto tampoco da días ni horas concretas, así que quien busque un número debe revisar la norma que regula ese acto. Un caso práctico: un tribunal tiene que practicar una diligencia para la que ninguna norma señala tiempo. Entonces fija el plazo considerando qué tipo de trámite es y cuánta importancia tiene el paso que se va a cumplir.
**Artículo 153.** *Renuncia o abreviación.* El Ministerio Público, el imputado y las demás partes podrán renunciar a los plazos establecidos en su favor o consentir su abreviación, por manifestación expresa.
Cuando el plazo sea común para varias de las partes o para todas ellas, se necesitará el consentimiento de todas y del tribunal correspondiente, para abreviar o prescindir del plazo.
**Qué significa:** El Ministerio Público, el imputado y las demás partes pueden renunciar a los plazos que están a su favor. También pueden consentir su abreviación, siempre por manifestación expresa. Por eso no basta con que la parte simplemente no se oponga. Cuando el plazo es común a varias partes, o a todas, el texto exige el consentimiento de todas ellas y del tribunal correspondiente para abreviarlo o prescindir de él. Así, una sola parte no puede renunciar por su cuenta a un plazo común. La norma distingue entre plazos propios y plazos comunes, y eso cambia cuántas partes deben estar de acuerdo. Por eso conviene fijarse en de quién es el plazo antes de actuar. Por ejemplo, un imputado que quiere que su caso avance más rápido puede consentir de forma expresa abreviar un plazo que está a su favor. Si el plazo es común, esa decisión no basta por sí sola.
#### Capítulo III. Comunicación
##### Sección Primera. Entre autoridades
**Artículo 154.** *Autoridad competente.* Cuando un acto procesal se deba ejecutar por intermedio de otra autoridad, el tribunal podrá encomendar su cumplimiento por suplicatorio, exhorto, despacho u oficio, según se dirija respectivamente a un tribunal de jerarquía superior, igual o inferior o a autoridades que no pertenezcan al Organismo Judicial.
**Artículo 155.** *Medios.* El agente del Ministerio Público que conozca de la investigación podrá requerir a otro funcionario de su categoría la práctica de diligencias fuera de su jurisdicción.
**Artículo 156.** *Forma.* Cuando un acto lo deba ejecutar otra autoridad, o cuando exista la necesidad de encomendar a otra determinadas diligencias, la solicitud que se dirija comprenderá:
1) El funcionario del Ministerio Público o tribunal que requiere la diligencia.
2) Los datos de identificación del proceso a que se refiera.
3) La diligencia solicitada, con todos los datos necesarios para cumplirla.
4) La cita de la ley correspondiente, según las reglas aplicables al procedimiento; y
5) El plazo dentro del cual deba cumplirse la diligencia cuando, por imperativo legal o por las particularidades del caso, sea necesario cumplirla en un período determinado de manera urgente.
En caso de urgencia se utilizará telegrama u otro medio inmediato de telecomunicaciones.
**Qué significa:** Cuando un acto debe ejecutarlo otra autoridad, o cuando se encarga a otra autoridad una diligencia, la solicitud debe incluir cinco datos. Estos son: quién la pide (el funcionario del Ministerio Público o el tribunal que la requiere), los datos de identificación del proceso, la diligencia con todos los datos necesarios, la cita de la ley aplicable y, si hace falta, el plazo. El plazo solo se incluye cuando la diligencia debe cumplirse en un período determinado de manera urgente, por imperativo legal o por las particularidades del caso. El texto no dice qué pasa si el plazo no se cumple; eso queda para otras normas. En caso de urgencia, se utilizará telegrama u otro medio inmediato de telecomunicaciones. Un caso práctico: un tribunal pide a otra autoridad una diligencia con un plazo determinado, porque la ley o el caso lo exigen. La solicitud debe citar la ley correspondiente y, por la urgencia, debe enviarse por un medio inmediato.
**Artículo 157.** *Deber de colaborar.* Todas las autoridades y entidades públicas prestarán su colaboración al Ministerio Público, a los tribunales y a la policía, y diligenciarán sin demora los requerimientos que reciban de ellos.
**Qué significa:** Todas las autoridades y entidades públicas deben prestar colaboración al Ministerio Público, a los tribunales y a la policía. Además, deben tramitar sin demora los requerimientos que reciban de ellos. El texto usa dos verbos de obligación: prestar colaboración y diligenciar sin demora. Esa exigencia alcanza a todas las entidades públicas, no solo a las que trabajan en justicia. Ejemplo: el Ministerio Público pide a una municipalidad un registro de una propiedad para una investigación. La municipalidad debe atender el requerimiento sin demora. El texto no fija plazos en días. La palabra clave es «sin demora». El artículo anterior, art. 156 CPP, trata de la forma. El siguiente, art. 158 CPP, regula los tribunales extranjeros. La obligación recae sobre entidades públicas, no sobre particulares. Un particular que recibe un requerimiento del Ministerio Público no queda cubierto por esta norma.
**Artículo 158.** *Tribunales extranjeros.* . Los requerimientos dirigidos a tribunales o autoridades extranjeras o los recibidos de ellos serán diligenciados por vía diplomática, en la forma establecida por los tratados y costumbres internacionales o, en su defecto, por las leyes del país.
**Qué significa:** Los requerimientos que se envían a tribunales o autoridades extranjeras, y los que llegan de ellas, se diligencian por vía diplomática. El artículo habla de la vía, no del contenido del requerimiento. Lo que más pesa es el orden. Primero se aplican los tratados y costumbres internacionales. Solo en su defecto, es decir, si no existen, se aplican las leyes del país. El texto no dice qué tratados existen con cada país ni qué autoridad diplomática interviene, así que esos datos quedan fuera de este artículo. Ejemplo: un juzgado necesita un documento que está en otro país. El pedido sale por vía diplomática, y su forma concreta se decide según el tratado aplicable o, si no hay ninguno, según las leyes del país.
**Artículo 159.** *Retardo o rechazo.* Cuando el diligenciamiento de un requerimiento dirigido al Ministerio Público o a un tribunal fuere demorado o rechazado, el tribunal o el funcionario del Ministerio Público requirente podrá dirigirse al Presidente del Organismo Judicial o al Jefe del Ministerio Público, respectivamente, quien, si procediere, ordenará o gestionará dicha tramitación, sin perjuicio de aplicar las sanciones respectivas o comunicar la omisión a la autoridad disciplinaria correspondiente.
##### Sección Segunda. Notificaciones, citaciones y audiencias
**Artículo 160.** *Comunicación.* Toda decisión jurisdiccional se tendrá por comunicada en el momento de la audiencia oral en que se emita, sin necesidad de acto posterior alguno. Las citaciones y convocatorias a audiencias se podrán realizar de la forma más expedita, sea por teléfono, fax, correo electrónico u otra forma que facilite y asegure la realización de la audiencia.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 10 del Decreto 18-2010 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 10 del Decreto 18-2010 (2010)
**Qué significa:** Este artículo establece cuándo se considera comunicada una decisión judicial en el proceso penal. Toda decisión jurisdiccional se tiene por comunicada en el momento de la audiencia oral en que se emite. No hace falta un acto posterior para comunicarla. Las citaciones y convocatorias pueden hacerse por la vía más rápida. El texto menciona el teléfono, el fax y el correo electrónico, entre otros medios que aseguren la realización de la audiencia. La regla busca evitar retrasos. Si la decisión se dicta en audiencia, quienes estuvieron presentes ya conocen su contenido, por lo que el texto no exige una notificación adicional. En la práctica: en una audiencia, el juez decide que el proceso continúa. Esa decisión queda comunicada en ese mismo momento. Para citar a la siguiente audiencia, el tribunal puede usar un correo electrónico. Este artículo no dice qué pasa con quienes no asisten a la audiencia en que se dicta la decisión. El artículo anterior, art. 159 CPP, trata del retardo o rechazo. El artículo siguiente, art. 161 CPP, regula al notificador.
**Artículo 161.** *Notificador.* Las notificaciones serán practicadas por el oficial notificador, o en su defecto, por el secretario.
Cuando se deba practicar una notificación fuera de la sede del tribunal, se procederá por medio de exhorto, despacho, suplicatorio o carta rogatoria, según el caso, cuando exceda el perímetro municipal, a menos que sea más práctico hacerla personalmente.
**Artículo 162.** *Lugar del acto.* El Ministerio Público y los defensores podrán ser notificados en sus respectivas oficinas o en el tribunal; las restantes partes, en el tribunal y, excepcionalmente, en el lugar señalado por ellas.
Si el imputado estuviere privado de su libertad, será notificado personalmente en el tribunal o en el lugar de su detención, según se resuelva.
**Qué significa:** Dónde se notifica a cada parte lo fija este artículo. El Ministerio Público y los defensores pueden recibir la notificación en sus oficinas o en el tribunal. Las demás partes se notifican en el tribunal y, excepcionalmente, en el lugar que ellas señalen. Lo que más pesa es la palabra excepcionalmente: el lugar señalado por la parte no es la regla, sino una excepción. Si el imputado está privado de su libertad, la notificación personal se hace en el tribunal o en el lugar de su detención, según se resuelva. El texto no dice quién decide esa resolución ni con qué criterios. Un caso práctico: una persona imputada está detenida en un lugar distinto al tribunal. La notificación se hará en el tribunal o en el lugar de detención, según lo que se resuelva. Un abogado defensor, en cambio, puede recibirla en su oficina, como permite el texto.
**Artículo 163.** *Lugar para notificaciones.* Al comparecer en el proceso, las partes deberán señalar casa o lugar para recibir notificaciones, dentro del perímetro de la población en que tenga su asiento el tribunal.
**Qué significa:** Cuando las partes se presentan al proceso, deben señalar una casa o un lugar para recibir notificaciones. Ese lugar debe estar dentro del perímetro de la población donde tiene su asiento el tribunal. Así queda claro a dónde deben dirigirse las notificaciones del caso. El límite importante es geográfico: no basta cualquier dirección, sino una situada dentro de esa población. La obligación nace al comparecer, es decir, cuando la parte se presenta en el proceso. El texto no dice qué pasa si una parte no señala lugar, ni cómo se notifica en otros casos. Esos asuntos no los regula este artículo. Ejemplo: una persona vive en otro municipio, pero es parte en un proceso ante un tribunal con asiento en otra población. Al comparecer, debe señalar una casa o un lugar dentro de esa población para recibir las notificaciones, aunque no viva allí.
**Artículo 164.** *Notificaciones a mandatarios.* Si las partes tuvieren mandatario, las notificaciones se harán solamente a éstos, salvo que la ley o la naturaleza del acto exija que también aquéllas sean notificadas.
**Qué significa:** Cuando una parte tiene mandatario, las notificaciones se hacen solamente a esa persona. Así lo fija este artículo, que coloca al mandatario como receptor de los avisos del proceso. La excepción está en las palabras salvo que la ley o la naturaleza del acto exija que también aquéllas sean notificadas. Dicho de otro modo, la parte también recibe la notificación cuando la ley lo pide o cuando lo exige la naturaleza del acto. El texto no define qué actos tienen esa naturaleza, así que habrá que verificarlo caso por caso en la norma aplicable. Ejemplo práctico: una empresa contrata a una abogada para un juicio. Los avisos del tribunal llegan a la abogada, no a la empresa, salvo que la ley o la naturaleza del acto pida también notificar a la empresa.
**Artículo 165.** *Modo del acto.* La notificación se hará entregando al interesado una copia autorizada de la resolución, donde conste la identificación del proceso en que se dictó.
**Qué significa:** La notificación se hace entregando al interesado una copia autorizada de la resolución. Esa copia debe mostrar la identificación del proceso en que se dictó la resolución. El texto exige dos elementos: que la copia esté autorizada y que identifique el proceso. Con el primero, el interesado recibe una copia autorizada de la resolución; con el segundo, puede saber en qué proceso se dictó. El artículo no dice qué pasa si falta uno de ellos, ni cómo se acredita la entrega; eso queda para otras normas. Ejemplo: una persona recibe una copia autorizada de una resolución dictada en su caso. Al revisarla, encuentra la identificación del proceso y sabe a qué proceso corresponde. La resolución es el acto que se comunica; el artículo se ocupa de la forma en que llega al interesado, no de su contenido.
**Artículo 166.** *Notificaciones personales.* Cuando la notificación se haga personalmente en el tribunal, se leerá íntegramente la resolución respectiva al notificado o se permitirá que él la lea y se dejará constancia en el expediente judicial, con indicación del lugar, día y hora en que se notifica, identificación de la resolución y del folio donde consta en el proceso, firma del notificado o indicación de que no quiso o no pudo firmar o de que, por ignorar hacerlo, deja su impresión digital, y la firma del notificador, con indicación de haberle dejado copia de la resolución al interesado.
**Qué significa:** Imagina a una persona que acude al tribunal para ser notificada. Cuando la notificación se hace personalmente, la resolución se lee íntegramente al notificado, o se le permite leerla. Después se deja constancia en el expediente judicial, con el lugar, día y hora en que se notifica. El acta debe incluir la identificación de la resolución y del folio donde consta en el proceso. También lleva la firma del notificado. Hay una alternativa: si no quiso o no pudo firmar, o si por ignorar hacerlo deja su impresión digital, el texto lo admite y lo registra así. El registro cierra con la firma del notificador, que indica haber dejado copia de la resolución al interesado. El artículo no dice cómo se resuelve un error en esa constancia; ese punto queda para otras normas del proceso penal.
**Citado por:** Art. 167, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-167/).
**Artículo 167.** *Notificación fuera del tribunal.* Las notificaciones personales fuera del tribunal se harán en la misma forma que indica el artículo anterior. No obstante, si el interesado no estuviere, la cédula de notificación podrá entregarse a cualquier persona mayor de dieciocho años que resida en la casa, prefiriéndose a los parientes del interesado, o a sus dependientes. Si no se encuentra a nadie, la cédula podrá ser entregada a un vecino que acepte la obligación de hacerla llegar inmediatamente al interesado, advirtiéndole de la responsabilidad en que incurre por falta de cumplimiento.
Si nada de esto puede lograrse, el notificador fijará la cédula en una de las puertas de la casa, en el lugar más seguro y protegido.
El notificador hará constar esas circunstancias en la diligencia de notificación.
**Qué significa:** Este artículo regula las notificaciones personales hechas fuera del tribunal. Se hacen en la misma forma que el artículo anterior, y tienen algunas reglas adicionales cuando el interesado no está en su casa. En ese caso, la cédula puede entregarse a cualquier persona mayor de dieciocho años que resida en la casa. Se prefiere a los parientes del interesado o a sus dependientes. Si no hay nadie, puede entregarse a un vecino que acepte hacerla llegar de inmediato, advirtiéndole la responsabilidad que tiene si no lo hace. Si nada de eso puede lograrse, el notificador fija la cédula en una de las puertas de la casa, en el lugar más seguro y protegido. El notificador debe dejar constancia de todas estas circunstancias en la diligencia. Ejemplo: el notificador llega a una casa y no encuentra al interesado. Deja la cédula con un pariente mayor de dieciocho años que vive allí, y anota el hecho en la diligencia. El texto no fija un plazo para que el vecino entregue la cédula. El artículo anterior, art. 166 CPP, trata de las notificaciones personales. El artículo siguiente, art. 168 CPP, regula la notificación por estrados.
**Artículo 168.** *Notificación por estrados.* Cuando la persona que deba ser notificada no haya cumplido con señalar lugar para el efecto o se ignore el lugar donde se encuentre, la resolución se hará saber por los estrados del tribunal, sin perjuicio de las medidas convenientes para averiguar la residencia de la persona a quien se notifica. Cuando el tribunal lo considere conveniente, ordenará la publicación de edictos, en un diario de amplia circulación.
**Qué significa:** Si la persona que debe ser notificada no ha señalado lugar para el efecto, o se ignora dónde se encuentra, la resolución se hace saber por los estrados del tribunal. Lo clave aquí es la frase «sin perjuicio»: los estrados no reemplazan la búsqueda. El tribunal puede tomar medidas convenientes para averiguar dónde reside la persona al mismo tiempo. Además, cuando lo considere conveniente, puede ordenar la publicación de edictos en un diario de amplia circulación. Un caso típico: una persona cambia de dirección sin avisar y el tribunal no sabe dónde vive. La resolución queda en los estrados, y el juez puede ordenar un edicto si lo considera conveniente. El artículo no dice en cuántos días debe presentarse la persona ni qué efectos tiene esta forma de notificación frente a otros actos; esos puntos quedan para otras normas.
**Artículo 169.** *Notificación por lectura.* Las resoluciones dictadas durante las audiencias y aquéllas que lo sean inmediatamente después de los debates, serán dadas a conocer por la lectura de la resolución o en la forma prevista para los casos particulares.
Los interesados podrán pedir copia de las resoluciones.
**Qué significa:** Las resoluciones dictadas durante las audiencias, y las que se dictan inmediatamente después de los debates, se dan a conocer por la lectura de la resolución. La lectura es la regla general, y el texto remite a otra forma prevista para los casos particulares. Los interesados pueden pedir copia de las resoluciones. Ese derecho aparece en el mismo artículo, pero el texto no dice cómo se tramita la solicitud ni qué plazo tiene; esos puntos quedan para otras normas. Por ejemplo, en una audiencia el juez dicta una resolución y la lee en voz alta. Esa lectura es el medio que el artículo nombra para dar a conocer la resolución. Si tú no pudiste anotar el texto, puedes pedir copia de la resolución.
**Artículo 170.** *Invalidez de la notificación.* La notificación será inválida cuando:
1) Exista error sobre la identidad de la persona notificada.
2) La resolución fue notificada en forma incompleta.
3) Se omitió en la constancia consignar la fecha o el destino dado a la cédula, o faltare alguna de las firmas prescritas.
**Artículo 171.** *Aceptación expresa.* Las partes podrán darse por notificadas de cualquier resolución y desde ese momento surte efecto respecto a ellas.
**Qué significa:** Las partes pueden darse por notificadas de cualquier resolución. Desde ese momento, la resolución surte efecto para ellas. Aceptar la notificación es una decisión de la parte, y el artículo la reconoce de forma expresa. Lo que más pesa es la palabra podrán: es una facultad de la parte, no una obligación que el artículo imponga. El texto solo dice que el efecto empieza desde ese momento. No explica la forma de manifestar esa aceptación ni si debe hacerse por escrito, así que esos detalles quedan fuera de este artículo. Un caso sencillo: una parte ya conoce una resolución y decide darse por notificada. Desde ese momento, la resolución le surte efecto. Otra parte, en cambio, no tiene que hacerlo, porque el artículo solo dice que puede.
**Artículo 172.** *Limitaciones.* En las notificaciones no se admitirán razonamientos ni interposición de recursos, salvo en los casos expresamente establecidos por la ley.
**Artículo 173.** *Citación.* Cuando la presencia de alguna persona sea necesaria para llevar a cabo un acto, o una notificación, el Ministerio Público o el juez o el tribunal la citará en su domicilio o residencia o en el lugar donde trabaja.
Las citaciones y notificaciones debe realizarlas personal del Ministerio Público, del juzgado o tribunal que cita o pretende notificar.
La citación contendrá:
1. El tribunal o el funcionario ante el cual deberá comparecer.
2. El motivo de la citación.
3. La identificación del procedimiento.
4. Lugar, fecha y hora en que debe comparecer.
Al mismo tiempo se le advertirá que la incomparecencia injustificada provocará su conducción por la fuerza pública, que quedará obligado por las costas que se causaren, las sanciones penales y disciplinarias que procedan impuestas por el tribunal competente, y que, en caso de impedimentos, deberá comunicarlo por cualquier vía a quien lo cite, justificando inmediatamente el motivo.
La participación de la Policía Nacional Civil se circunscribe únicamente a cumplir la orden derivada de autoridad competente de conducir por la fuerza pública a la persona que, habiendo sido citada legalmente, no comparezca al acto o notificación para el que fue citado.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 1. del Decreto 37- 2008 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 37-2008 (2008)
**Qué significa:** Cuando alguien debe estar presente en un acto o recibir una notificación, el Ministerio Público o el juez lo citan en su domicilio, en su residencia o en su lugar de trabajo. Las citaciones y notificaciones deben hacerlas personal del Ministerio Público o del juzgado que cita. La citación debe contener cuatro datos: el tribunal o funcionario ante el que debe comparecer, el motivo, la identificación del procedimiento, y el lugar, la fecha y la hora. El texto también advierte las consecuencias de no asistir. Si la persona no comparece sin justificar, puede ser conducida por la fuerza pública. Además, queda obligada a pagar las costas y puede recibir sanciones penales o disciplinarias. Si tiene un impedimento, debe avisar a quien la cita y justificarlo de inmediato. Ejemplo: una persona citada a las nueve de la mañana no llega y tampoco avisa. Según el texto, el tribunal puede ordenar que la conduzca la fuerza pública. Para qué pasa después de no asistir, véase el art. 80 CPP.
**Artículo 174.** *Multa.* La incomparecencia injustificada provocará de inmediato la ejecución del apercibimiento, imponiéndosele en tal caso una multa de diez a cincuenta quetzales, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra.
**Artículo 175.** *Casos de excepción.* Cuando no obstante citación previa exista el peligro fundado de que la persona citada se oculte o intente entorpecer por cualquier medio la averiguación de la verdad, desobedeciendo la orden del tribunal, se podrá proceder a su conducción por orden judicial y por el tiempo indispensable para llevar a cabo el acto.
**Qué significa:** Este artículo prevé un caso de excepción en materia de citaciones. Aunque exista citación previa, se puede proceder a la conducción de la persona citada por orden judicial. El supuesto es que exista peligro fundado de que esa persona se oculte o intente entorpecer por cualquier medio la averiguación de la verdad, desobedeciendo la orden del tribunal. La expresión «peligro fundado» exige algo más que un temor general: debe haber razones para creer que ese riesgo existe. La conducción se hace por orden judicial y solo por el tiempo indispensable para llevar a cabo el acto. Su duración se limita a ese acto. El artículo no dice cómo se ejecuta la conducción ni qué pasa después; eso queda para otras normas. Un caso práctico: una persona ya fue citada a declarar, y hay motivos fundados para creer que intentará esconderse para no comparecer y entorpecer la diligencia. En ese escenario, puede ordenarse judicialmente su conducción solo durante el tiempo que dure el acto.
**Artículo 176.** *Audiencias.* Las audiencias se conferirán cuando la ley lo disponga, notificando la resolución.
Toda audiencia que no tenga plazo fijado se considerará otorgada por tres días.
**Qué significa:** Las audiencias se otorgan cuando la ley lo dispone, y la resolución que las concede debe notificarse. La audiencia nace de una disposición legal y se comunica por resolución. Si una audiencia no tiene plazo fijado, el texto la considera otorgada por tres días. Ese es el único plazo que el artículo establece. La regla de los tres días opera únicamente en el caso que el texto describe, es decir, cuando la audiencia no tiene plazo fijado. Otros plazos deben buscarse en la norma que regula cada caso. Por ejemplo, un tribunal concede una audiencia a una parte sin señalar plazo. Según el artículo, esa audiencia se entiende otorgada por tres días. El artículo no dice qué efecto tiene vencer la audiencia ni qué pasa si la parte no responde; esos efectos quedan para otras normas.
#### Capítulo IV. Actos y resoluciones jurisdiccionales
**Artículo 177.** *Poder coercitivo.* En el ejercicio de sus funciones, el tribunal podrá requerir la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas necesarias para el cumplimiento de los actos que ordene.
**Artículo 178.** *Plazo.* Los autos y las sentencias que sucedan a un debate oral, serán deliberados, votados y dictados inmediatamente después de cerrada la audiencia.
En los procedimientos escritos, las resoluciones serán dictadas en el plazo fijado por la Ley del Organismo Judicial.
La inobservancia de los plazos aquí previstos no invalidará la resolución dictada con posterioridad a ellos, pero hará responsables a los jueces o tribunales que injustificadamente dejen de observarlos.
**Artículo 179.** *Queja.* Vencido el plazo para dictar una resolución, el interesado podrá quejarse ante el tribunal inmediato superior, el cual, previo informe del denunciado, resolverá lo que corresponda y, en su caso, emplazará al juez o tribunal para que dicte la resolución, sin perjuicio de las demás responsabilidades.
**Artículo 180.** *Rectificación.* Dentro de los tres días siguientes de dictada una resolución, el tribunal podrá rectificar, de oficio, cualquier error u omisión material, siempre que no implique una modificación esencial.
**Qué significa:** Este artículo permite que el tribunal corrija, de oficio, cualquier error u omisión material en una resolución. La corrección debe hacerse dentro de los tres días siguientes a dictada la resolución. Así el juzgado puede arreglar fallas de forma sin reabrir el fondo del asunto. La condición clave es «siempre que no implique una modificación esencial». Un error de escritura o un dato omitido se puede corregir. Un cambio de fondo no. El texto no dice qué pasa si el tribunal supera ese límite. El artículo habla solo de errores u omisiones materiales. No regula otras formas de revisar una resolución. En la práctica: un juzgado dicta una resolución en la que escribe mal el número de un expediente. Dentro de los tres días, puede corregir ese error sin cambiar lo que decidió.
#### Capítulo V. Prueba
##### Sección Primera. Disposiciones generales
**Artículo 181.** *Objetividad.* Salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar, por sí, la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este Código.
Durante el juicio, los tribunales sólo podrán proceder de oficio a la incorporación de prueba no ofrecida por las partes, en las oportunidades y bajo las condiciones que fija la ley.
**Qué significa:** Salvo que la ley penal disponga otra cosa, el Ministerio Público y los tribunales deben procurar, por sí, la averiguación de la verdad. Deben hacerlo con los medios de prueba permitidos y cumpliendo estrictamente el código. Durante el juicio, los tribunales solo pueden incorporar de oficio prueba no ofrecida por las partes en las oportunidades y condiciones que fija la ley. Ejemplo: el juez, durante el debate, quiere incorporar un documento que las partes no ofrecieron. Solo puede hacerlo en los casos que la ley prevé. El texto habla de deber de averiguación. No convierte al tribunal en parte acusadora. El artículo anterior, art. 180 CPP, trata de la rectificación. El siguiente, art. 182 CPP, regula la libertad de la prueba.
**Artículo 182.** *Libertad de la prueba.* Se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Regirán, en especial, las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas.
**Qué significa:** Se pueden probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso, por cualquier medio de prueba permitido. El texto añade que rigen, en especial, las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. Ejemplo: en un proceso penal se quiere probar un vínculo familiar. El medio debe ser permitido, y las limitaciones sobre estado civil aplican. El texto usa la palabra «cualquier». Lo que limita la prueba son los medios no permitidos y las reglas sobre estado civil. El artículo anterior, art. 181 CPP, trata de la objetividad. El siguiente, art. 183 CPP, regula la prueba inadmisible. La libertad de prueba busca que el tribunal conozca los hechos relevantes. Aun así, la ley puede fijar límites para ciertas materias.
**Artículo 183.** *Prueba inadmisible.* Un medio de prueba, para ser admitido, debe referirse directa o indirectamente, al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando resulten manifiestamente abundantes. Son inadmisibles, en especial, los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados.
**Qué significa:** Para ser admitido, un medio de prueba debe referirse directa o indirectamente al objeto de la averiguación y ser útil para descubrir la verdad. Los tribunales pueden limitar los medios ofrecidos para demostrar un hecho cuando resulten manifiestamente abundantes. La parte más firme es la última: son inadmisibles, en especial, los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido. El texto da ejemplos, como la tortura, la indebida intromisión en el domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. La expresión «tales como» indica que la lista no es cerrada. En la práctica: alguien entrega a la autoridad cartas privadas de otra persona que tomó sin permiso de su casa. Según este artículo, esa prueba obtenida por un medio prohibido no puede admitirse.
**Artículo 184.** *Hecho notorio.* Cuando se postule un hecho como notorio, el tribunal, con el acuerdo de todas las partes, pueden prescindir de la prueba ofrecida para demostrarlo, declarándolo comprobado. El tribunal puede, de oficio, provocar el acuerdo.
**Qué significa:** Este artículo regula el hecho notorio. Un hecho notorio es un hecho que se postula como conocido por todos y que no necesita prueba. Cuando se postula un hecho como notorio, el tribunal puede prescindir de la prueba ofrecida para demostrarlo. Lo declara comprobado, pero solo con el acuerdo de todas las partes. El tribunal también puede, de oficio, procurar que las partes lleguen a ese acuerdo. Es decir, puede proponerlo para ahorrar pruebas. Un caso práctico: en un juicio, todas las partes aceptan que cierta fecha corresponde a un día feriado nacional. El tribunal declara comprobado ese hecho sin necesidad de presentar otra prueba. El texto no define qué se considera notorio. Esa valoración la hace el tribunal en cada caso. El artículo anterior, art. 183 CPP, trata de la prueba inadmisible. El artículo siguiente, art. 185 CPP, regula otros medios de prueba.
**Artículo 185.** *Otros medios de prueba.* Además de los medios de prueba previstos en éste capítulo, se podrán utilizar otros distintos, siempre que no supriman las garantías y facultades de las personas reglamentadas en este Código o afecten el sistema institucional. La forma de su incorporación al procedimiento se adecuará al medio de prueba más análogo de los previstos, en lo posible.
**Qué significa:** Este artículo permite usar pruebas distintas de las que el capítulo ya enumera. Se pueden utilizar otros medios, siempre que no supriman las garantías y facultades de las personas reglamentadas en el Código, ni afecten el sistema institucional. Por eso el límite principal está en las garantías, no en la lista de medios. El artículo no da una lista nueva; solo abre la puerta a medios no previstos. La condición central es que la prueba no elimine garantías ni facultades. Su forma de incorporación se adecuará al medio de prueba más análogo previsto, en lo posible. El texto no regula cómo se valora ese resultado; eso queda para otras normas. En la práctica, alguien quiere presentar una grabación de audio, que no figura entre los medios listados. Según el artículo, esa prueba se incorpora por el medio más parecido de los previstos, en lo posible, sin suprimir garantías.
**Artículo 186.** *Valoración.* Todo elemento de prueba, para ser valorado, debe haber sido obtenido por un procedimiento permitido e incorporado al proceso conforme a las disposiciones de este Código.
Los elementos de prueba así incorporados se valorarán, conforme el sistema de la sana crítica razonada, no pudiendo someterse a otras limitaciones legales que no sean las expresamente previstas en este Código.
**Qué significa:** Todo elemento de prueba, para poder valorarse, debe haberse obtenido por un procedimiento permitido. También debe incorporarse al proceso conforme a las reglas del código. Los elementos incorporados se valoran según el sistema de la sana crítica razonada. No pueden someterse a otras limitaciones legales que las que el código prevea expresamente. Ejemplo: una prueba obtenida sin orden judicial, cuando la ley la exige, no cumple el primer requisito. El juez no puede valorarla. El texto no define la sana crítica razonada. Esa valoración la hace el juez, con razones explicadas. El artículo anterior, art. 185 CPP, trata de otros medios de prueba. El siguiente, art. 187 CPP, regula la inspección y el registro. La regla protege la legalidad de la prueba. Una prueba ilegal no se valora, aunque sea útil para el caso.
##### Sección Segunda. Comprobación inmediata y medios auxiliares
**Artículo 187.** *Inspección y registro.* Cuando fuere necesario inspeccionar lugares, cosas o personas, porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontrarán vestigios del delito, o se presuma que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona evadida, se procederá a su registro, con autorización judicial.
Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos materiales que hubiere de utilidad para la averiguación del hecho o la individualización de los partícipes en él. Se levantará acta que describirá detalladamente lo acontecido y, cuando fuere posible, se recogerán o conservarán los elementos probatorios útiles.
Si el hecho no dejó huellas, no produjo efectos materiales, desaparecieron o fueron alterados, se describirá el estado actual, procurando consignar el anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición y alteración, y los medios de prueba de los cuales se obtuvo ese conocimiento; análogamente se procederá cuando la persona buscada no se halle en el lugar.
Se pedirá en el momento de la diligencia al propietario o a quien habite el lugar donde se efectúa, presenciar la inspección o, cuando estuviere ausente, a su encargado y, a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad, prefiriendo a familiares del primero.
El acta será firmada por todos los concurrentes; si alguien no lo hiciere, se expondrá la razón.
**Qué significa:** El registro de lugares, cosas o personas necesita autorización judicial. Procede cuando hay que inspeccionar lugares, cosas o personas, porque hay motivos suficientes para sospechar que hay vestigios del delito, o para buscar al imputado o a una persona evadida. La inspección sirve para comprobar el estado de personas, lugares y cosas, junto con los rastros que sean útiles para la investigación. Se levanta un acta que describe lo ocurrido, y se conservan los elementos probatorios útiles cuando sea posible. Si el hecho no dejó huellas, el acta describe el estado actual y, si es posible, el estado anterior. También debe indicar cómo y cuándo desaparecieron las huellas. El texto pide que el propietario, quien habite el lugar o su encargado presencien la diligencia. Si nadie de ellos está, puede hacerlo otra persona mayor de edad, prefiriendo a familiares. El acta debe firmarla quien esté presente, y si alguien no firma, se anota la razón. Caso concreto: se inspecciona una casa con autorización. El propietario presencia la diligencia y el acta se firma por todos. Si el propietario no firma, el acta indica por qué. El artículo anterior, art. 186 CPP, trata de la valoración de la prueba. El artículo siguiente, art. 188 CPP, regula las facultades coercitivas.
**Artículo 188.** *Facultades coercitivas.* Cuando fuere necesario, el funcionario que practique la inspección podrá ordenar que durante la diligencia no se ausenten las personas que se encuentren en el lugar o que comparezca cualquier otra.
Quienes se opusieren podrán ser compelidos por la fuerza pública e incurrirán en la responsabilidad prevista para el caso de incomparecencia injustificada.
**Artículo 189.** *Horario.* De ordinario, los registros en lugares cerrados o cercados, aunque fueren de acceso público, no podrán ser practicados antes de las seis ni después de las dieciocho horas.
**Qué significa:** De ordinario, los registros en lugares cerrados o cercados no pueden practicarse antes de las seis ni después de las dieciocho horas. La regla vale aunque el lugar sea de acceso público. El texto usa la expresión «de ordinario», lo que sugiere que hay excepciones. Este artículo no las describe. Ejemplo: un fiscal quiere registrar un local cerrado a las siete de la noche. Según la regla general, el registro no puede hacerse en ese horario. El texto regula el horario del registro. No regula quién lo autoriza ni qué pasa con lo que se encuentre. El artículo anterior, art. 188 CPP, trata de las facultades coercitivas. El siguiente, art. 190 CPP, regula el allanamiento en dependencia cerrada. Véase también el art. 23 CPRG, que fija el mismo horario para la vivienda.
**Artículo 190.** *Allanamiento en dependencia cerrada.* Cuando el registro se deba practicar en las dependencias cerradas de una morada o de una casa de negocio, o en recinto habitado, se requerirá la orden escrita del juez ante quien penda el procedimiento o del presidente si se tratare de un tribunal colegiado.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los casos siguientes:
1) Si, por incendio, inundación, terremoto u otro estrago semejante, se hallare amenazada la vida o la integridad física de quienes habiten el lugar.
2) Cuando se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en un lugar y existan indicios manifiestos de que cometerán un delito.
3) Si se persigue a una persona para su aprehensión, por suponérsele participe de un hecho grave.
4) Cuando voces provenientes de un lugar cerrado anuncien que allí se está cometiendo un delito o desde él se pida socorro.
La resolución por la cual el juez o el tribunal ordene la entrada y registro de un domicilio o residencia particular será siempre fundada, explicando los motivos que indican la necesidad del registro.
Los motivos que determinaron el allanamiento sin orden constarán detalladamente en el acta.
**Qué significa:** Registrar una casa o un negocio cerrado exige orden judicial, salvo excepciones. Cuando el registro debe hacerse en las dependencias cerradas de una morada, de una casa de negocio o de un recinto habitado, se necesita una orden escrita del juez que conoce el caso. Si el caso lo conoce un tribunal colegiado, la orden la firma su presidente. El texto prevé cuatro excepciones. La primera es un incendio, una inundación, un terremoto u otro estrago que ponga en peligro la vida o la integridad de quienes viven allí. La segunda es la denuncia de personas extrañas que se introducen en un lugar, con indicios claros de que cometerán un delito. La tercera es la persecución de una persona para aprehenderla por un hecho grave. La cuarta son voces desde un lugar cerrado que anuncian un delito o piden socorro. Toda resolución que ordene la entrada a un domicilio debe ser fundada. Si hubo allanamiento sin orden, el acta debe anotar los motivos con detalle. En la práctica: vecinos oyen gritos de auxilio desde una casa y la policía entra sin orden. Ese caso encaja en la cuarta excepción, y el acta debe registrar el motivo. El artículo anterior trata del horario de las diligencias: art. 189 CPP. El artículo siguiente regula el contenido de la orden: art. 191 CPP.
**Artículo 191.** *Contenido de la orden.* En la orden se deberá consignar:
1) La autoridad judicial que ordena el allanamiento y la sucinta identificación del procedimiento en el cual se ordena.
2) La identificación concreta del lugar o lugares que habrán de ser registrados.
3) La autoridad que habrá de practicar el registro y en cuyo favor se extiende la orden.
4) El motivo del allanamiento y las diligencias a practicar.
5) La fecha y la firma.
La orden tendrá una duración máxima de quince días, después de los cuales caduca la autorización, salvo casos especiales que ameriten su emisión por tiempo indeterminado, que no podrá exceder de un año.
**Qué significa:** La orden de allanamiento debe contener cinco datos. Indica quién la ordena y en qué procedimiento, qué lugar o lugares se registrarán, y qué autoridad hará el registro, que es aquella a cuyo favor se extiende la orden. También debe señalar el motivo del allanamiento y las diligencias a practicar, además de la fecha y la firma. Otro punto central es el plazo: la orden dura como máximo quince días. Después de ese plazo, la autorización caduca. Solo hay excepción en casos especiales que ameriten su emisión por tiempo indeterminado, y ese tiempo no puede exceder de un año. El texto exige una identificación concreta del lugar. Una orden que describe el sitio de forma vaga no cumple esa exigencia. El artículo no dice cómo se ejecuta el registro ni qué pasa con lo encontrado; eso queda para otras normas. Por ejemplo, si una orden emitida fuera de esos casos especiales ya superó los quince días, la autorización caducó y ya no sirve para entrar al lugar indicado.
**Artículo 192.** *Procedimiento.* La orden de allanamiento será notificada en el momento de realizarse a quien habita el lugar o al encargado, entregándole una copia.
Si quien habita la casa se resistiere al ingreso o nadie respondiere a los llamados, se hará uso de la fuerza pública para ingresar. Al terminar el registro se cuidará que los lugares queden cerrados y, de no ser ello posible inmediatamente, se asegurará que otras personas no ingresen en el lugar, hasta lograr su cierre. Este procedimiento constará en el acta.
La medida de cierre a que se refiere este artículo, no podrá exceder del plazo de quince días, salvo casos especiales calificados por el juez.
**Qué significa:** Al realizar un allanamiento, la orden se notifica en el momento a quien habita el lugar o al encargado, con entrega de una copia. Si la persona se resiste al ingreso o nadie responde a los llamados, se hará uso de la fuerza pública para ingresar. Lo más delicado está en el cierre. Al terminar el registro, se cuidará que los lugares queden cerrados; si no es posible inmediatamente, se asegura que otras personas no ingresen hasta lograr su cierre. Este procedimiento consta en el acta. La medida de cierre no podrá exceder del plazo de quince días, salvo casos especiales calificados por el juez. Por ejemplo, nadie responde a los llamados en la casa donde se hará el allanamiento. En ese caso se usa la fuerza pública para ingresar y, al terminar el registro, se cuida que el lugar quede cerrado. Así, la notificación, el ingreso y el cierre forman parte de un mismo procedimiento, que debe constar en el acta.
**Artículo 193.** *Lugares públicos.* Si se trata de oficinas administrativas o edificios públicos, de templos o lugares religiosos, de establecimientos militares o similares, o de lugares de reunión o de recreo, abiertos al público y que no están destinados a habitación particular, se podrá prescindir de la orden de allanamiento con el consentimiento expreso y libre de las personas a cuyo cargo estuvieren los locales. Si ello fuere perjudicial para la investigación, se requerirá el consentimiento al superior jerárquico en el servicio.
Para la entrada y registro en la oficina de una de las altas autoridades de los Organismos del Estado se necesitará la autorización del superior jerárquico en el servicio o del presidente de la entidad cuando se trate de órganos colegiados, respectivamente.
En los casos anteriores, de no ser otorgado el consentimiento o no ser posible recabarlo, se requerirá la orden de allanamiento. Quien prestó el consentimiento será invitado a presenciar el registro.
**Artículo 194.** *Reconocimiento corporal o mental.* Cuando, con fines de investigación del hecho punible o de identificación, fuere necesario el reconocimiento corporal o mental del imputado, se podrá proceder a su observación, cuidando que se respete su pudor. El examen será practicado con auxilio de perito si fuere necesario y por una persona del mismo sexo.
Se procederá de la misma manera con otra persona que no sea el imputado, cuando el reconocimiento fuere de absoluta necesidad para la investigación.
**Qué significa:** Cuando, para investigar el hecho punible o identificar a una persona, hace falta el reconocimiento corporal o mental del imputado, se puede proceder a su observación. El texto pide cuidar que se respete su pudor. El examen lo practica una persona del mismo sexo y, si es necesario, se hace con auxilio de perito. La misma forma se aplica a una persona que no sea el imputado, pero solo cuando el reconocimiento sea de absoluta necesidad para la investigación. La frase «absoluta necesidad» es la condición central: no basta con que el examen sea útil. El artículo no dice qué exámenes concretos pueden hacerse ni qué pasa si la persona se niega. Un caso práctico: en una investigación, hace falta revisar el cuerpo de la persona imputada para identificarla. Se hace con cuidado de su pudor y con una persona del mismo sexo, y con un perito si la situación lo requiere.
**Artículo 195.** *Levantamiento de cadáveres.* En caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, el Ministerio Público acudirá al lugar de aparición del cadáver con el objeto de realizar las diligencias de investigación correspondientes. Una vez finalizadas, ordenará el levantamiento, documentando la diligencia en acta en la cual se consignarán las circunstancias en las que apareció, así como todos los datos que sirvan para su identificación. En aquellos municipios en los que no hubiere delegación del Ministerio Público, el levantamiento será autorizado por el juez de paz.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 17 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 17 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** Este artículo regula el levantamiento de cadáveres en caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad. El Ministerio Público debe acudir al lugar donde apareció el cadáver para hacer las diligencias de investigación. Cuando termina esas diligencias, ordena el levantamiento. Documenta la diligencia en un acta que describe en qué circunstancias apareció el cadáver, junto con los datos que sirvan para identificarlo. En los municipios donde no hay delegación del Ministerio Público, el juez de paz autoriza el levantamiento. Ejemplo: en una carretera aparece un cuerpo con señales de violencia. El fiscal llega, practica la investigación y ordena el levantamiento. El acta describe el lugar y los datos del fallecido. El texto no dice cuánto tiempo debe pasar entre la aparición del cadáver y el levantamiento. El artículo anterior, art. 194 CPP, trata del reconocimiento corporal o mental. El artículo siguiente, art. 196 CPP, regula la exposición del cadáver al público.
**Citado por:** Art. 196, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-196/).
**Artículo 196.** *Exposición del cadáver al público.* En caso de que la identificación prevista en el artículo anterior no fuere suficiente, cuando el estado del cadáver lo permita, será expuesto al público antes de proceder a su enterramiento, a fin de que quien tenga datos que puedan contribuir a su reconocimiento lo comunique al tribunal.
**Qué significa:** Cuando la identificación del artículo anterior no basta, el cadáver se expone al público antes de su enterramiento, siempre que su estado lo permita. El objetivo es que quien tenga datos útiles para reconocerlo los comunique al tribunal. La condición clave es el estado del cadáver: la exposición solo procede cuando lo permite. Si no lo permite, el texto no prevé esa exposición y no dice qué se hace en ese caso. Ejemplo: una persona fallecida no ha sido reconocida, y alguien que conoce datos sobre ella puede comunicarlos al tribunal durante la exposición pública. El artículo art. 195 CPP regula el levantamiento de cadáveres: en muertes violentas o sospechosas de criminalidad, el Ministerio Público acude al lugar y documenta la diligencia en acta. Puedes revisar ese artículo para entender el paso anterior.
**Artículo 197.** *Operaciones técnicas.* Para mayor eficacia de los registros, exámenes e inspecciones, se podrán ordenar las operaciones técnicas o científicas pertinentes y los reconocimientos y reconstrucciones que correspondan.
Si el imputado participa en una reconstrucción, podrá estar asistido por su defensor.
**Qué significa:** Para dar más eficacia a registros, exámenes e inspecciones, se pueden ordenar operaciones técnicas o científicas, así como los reconocimientos y reconstrucciones que correspondan. La norma dice «podrán», lo que da una facultad, no una orden automática. Las operaciones que se ordenen deben ser pertinentes, y los reconocimientos y reconstrucciones deben ser los que correspondan. Si el imputado participa en una reconstrucción, puede estar asistido por su defensor. La asistencia se menciona solo para ese caso; el artículo no la extiende a otras diligencias. En la práctica: en la investigación de un hecho, se ordena una reconstrucción y la persona imputada, que participa en ella, acude acompañada de su defensor. El artículo no dice cuándo procede cada operación técnica ni cómo se practica; eso queda para otras normas.
**Artículo 198.** *Entrega de cosas y secuestro.* Las cosas y documentos relacionados con el delito o que pudieran ser de importancia para la investigación y los sujetos a comiso serán depositados y conservados del mejor modo posible.
Quien los tuviera en su poder estará obligado a presentarlos y entregarlos a la autoridad requirente.
Si no son entregados voluntariamente, se dispondrá su secuestro.
**Qué significa:** Las cosas y documentos relacionados con el delito, o importantes para la investigación, y los sujetos a comiso, se depositan y conservan del mejor modo posible. Quien los tenga en su poder debe presentarlos y entregarlos a la autoridad requirente. Hay un orden en el texto: la norma prevé la entrega voluntaria, y solo si no ocurre se dispone el secuestro. La expresión del mejor modo posible deja margen para decidir cómo conservar cada bien. El artículo no dice cómo se hace el depósito ni cuánto dura la conservación; eso queda para otras normas. Ejemplo: una persona tiene en su poder documentos relacionados con un delito. Si los entrega a la autoridad requirente, el texto no pide más. Si no los entrega voluntariamente, se dispondrá su secuestro. En la redacción, la entrega voluntaria va antes que el secuestro.
**Artículo 199.** *Cosas no sometidas a secuestro.* . No estarán sujetas al secuestro:
1) Las comunicaciones escritas entre el imputado y las personas que puedan abstenerse de declarar como testigos por razón de parentesco o secreto profesional.
2) Las notas que hubieren tomado los nombrados anteriormente sobre comunicaciones confiadas por el imputado sobre cualquier circunstancia.
La limitación sólo regirá cuando las comunicaciones o cosas estén en poder de las personas autorizadas en los artículos anteriores.
**Artículo 200.** *Orden de secuestro.* La orden de secuestro será expedida por el juez ante quien penda el procedimiento o por el presidente, si se trataré de un tribunal colegiado.
En caso de peligro por la demora, también podrá ordenar el secuestro el Ministerio Público, pero deberá solicitar la autorización judicial inmediatamente, consignando las cosas o documentos ante el tribunal competente. Las cosas o documentos serán devueltos, si el tribunal no autoriza su secuestro.
**Qué significa:** La orden de secuestro la expide el juez ante quien se tramita el procedimiento, o el presidente del tribunal si es colegiado. Si hay peligro por la demora, el Ministerio Público también puede ordenar el secuestro. Pero debe pedir la autorización judicial de inmediato, y consignar las cosas o documentos secuestrados. Ejemplo: una evidencia en un local está a punto de desaparecer. El fiscal ordena el secuestro y luego pide la autorización del juez, sin demora. El texto exige que la autorización judicial se pida de inmediato. La demora sin autorización no está permitida. El artículo anterior, art. 199 CPP, trata de las cosas no sometidas a secuestro. El siguiente, art. 201 CPP, regula el procedimiento. La regla combina la autoridad judicial con una excepción urgente. El fiscal actúa sin esperar al juez solo si hay peligro por la demora.
**Artículo 201.** *Procedimiento.* Regirán para el secuestro, en lo que fueren aplicables, las reglas previstas para el registro.
Los efectos secuestrados serán inventariados y puestos bajo segura custodia, a disposición del tribunal correspondiente, en el Almacén Judicial, según la reglamentación que dicte la Corte Suprema de Justicia.
Las armas, instrumentos y objetos del delito, que hubieren caído en comiso, si fueren de lícito comercio serán rematados o vendidos, según la reglamentación respectiva. Si fueren de ilícito comercio, se procederá a enviar las armas al Ministerio de la Defensa, a incinerar los objetos cuya naturaleza lo permita y a destruir los restantes; en todos los casos se dejará constancia del destino de los objetos.
No obstante lo anterior, la Corte Suprema de Justicia podrá acordar el destino de los bienes que puedan ser utilizados en cualquiera de sus dependencias o en centros de asistencia social.
Los valores obtenidos, por virtud del remate o venta, ingresarán como fondos privativos del Organismo Judicial.
**Qué significa:** Las reglas previstas para el registro se aplican al secuestro, en lo que correspondan. Los efectos secuestrados se inventarían y se ponen bajo segura custodia, a disposición del tribunal correspondiente, en el Almacén Judicial. La reglamentación que lo rige la dicta la Corte Suprema de Justicia. El destino de las armas y objetos del delito depende de si son de lícito o ilícito comercio. Los de lícito comercio se rematan o venden, según la reglamentación respectiva. Los de ilícito comercio siguen otro camino: las armas van al Ministerio de la Defensa, los objetos cuya naturaleza lo permita se incineran y los demás se destruyen. En todos los casos se deja constancia del destino. Como ejemplo, un objeto de lícito comercio que cae en comiso se rematará o venderá. Un arma de ilícito comercio, en cambio, se envía al Ministerio de la Defensa. El texto no explica cómo se califica un objeto como lícito o ilícito; eso queda para otras normas. La Corte Suprema de Justicia puede acordar que ciertos bienes se usen en sus dependencias o en centros de asistencia social. Los valores obtenidos por el remate o la venta ingresan como fondos privativos del Organismo Judicial.
**Artículo 202.** *Devolución.* Las cosas y documentos secuestrados que no estén sometidos a comiso, restitución o embargo serán devueltos, tan pronto como sea necesario, al tenedor legítimo o a la persona de cuyo poder se obtuvieron. La devolución podrá ordenarse provisionalmente, como depósito e imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos.
Si existiere duda acerca de la tenencia, posesión o dominio sobre una cosa o documento, para entregarlo en depósito o devolverlo, se instruirá un incidente separado.
Los vehículos deberán ser devueltos a su propietario inmediatamente después de que se hayan practicado las diligencias pertinentes sobre ellos.
En todo caso, la devolución deberá efectuarse dentro de un plazo que no exceda de cinco días, salvo casos de fuerza mayor, siendo responsable el juez, de cualquier daño o perjuicio sufrido por la demora injustificada.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 11 del Decreto 18-2010 del Congreso de la República). (Adicionado por el Artículo 15 del Decreto 32-96 del Congreso de la República). (Adicionado por el Artículo 15 del Decreto 32-96 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 11 del Decreto 18-2010 (2010)
- Reforma: Adicionado por el artículo 15 del Decreto 32-96 (1996)
**Qué significa:** Este artículo regula la devolución de cosas y documentos secuestrados durante el proceso. Las cosas que no están sujetas a comiso, restitución o embargo se devuelven al tenedor legítimo, o a la persona de cuyo poder se obtuvieron, en cuanto sea necesario. La devolución puede ordenarse de forma provisional, como depósito, con la obligación de exhibirlas. Si hay duda sobre quién tiene la posesión o el dominio, el juez abre un incidente separado antes de entregar o depositar la cosa. Los vehículos se devuelven al propietario tan pronto se practiquen las diligencias pertinentes sobre ellos. En todo caso, la devolución debe hacerse en un plazo no mayor de cinco días, salvo fuerza mayor. El juez responde por los daños que cause la demora injustificada. Un caso práctico: la policía retiene un carro como evidencia. Terminadas las diligencias, el propietario debe recibirlo de vuelta. Si la demora no tiene causa justificada, el juez responde por el daño. El artículo anterior, art. 201 CPP, tiene el epígrafe «Procedimiento». El artículo siguiente regula el secuestro de correspondencia: art. 203 CPP.
**Artículo 203.** *Secuestro de correspondencia.* Cuando sea de utilidad para la averiguación, se podrá ordenar la interceptación y el secuestro de la correspondencia postal, telegráfica o teletipográfica y los envíos dirigidos al imputado o remitidos por él, aunque sea bajo un nombre supuesto, o de los que se sospeche que proceden del imputado o son destinados a él.
La orden será expedida por el juez ante quien penda el procedimiento o por el presidente, si se tratare de un tribunal colegiado. La decisión será fundada y firme. *En caso de flagrancia, el Ministerio Público podrá expedir la orden, pero deberá proceder según se indica para el caso de secuestro. La correspondencia o envío no les será entregada a los interesados, sino al tribunal competente. *Si dentro de tres días la orden no es ratificada por el tribunal, cesará la interceptación y el secuestro y las piezas serán libradas a quien corresponda.
*
> Nota de la fuente: (Las expresiones subrayadas fueron declaradas inconstitucionales por Sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 26 de enero de 1995, Expediente 296-94).
- Reforma: Declarado inconstitucional (frase) en Expediente 296-94 de la Corte de Constitucionalidad (1995-01-26)
**Qué significa:** Este artículo regula el secuestro de correspondencia. Cuando sea útil para la averiguación, puede ordenarse interceptar y secuestrar la correspondencia postal, telegráfica o teletipográfica y los envíos dirigidos al imputado o remitidos por él, aunque sea bajo nombre supuesto, o de los que se sospeche que proceden de él o le están destinados. La orden la expide el juez ante quien pende el procedimiento o el presidente, si es un tribunal colegiado, y debe ser fundada. La correspondencia o envío no se entrega a los interesados, sino al tribunal competente. El texto vigente conserva el marco de la orden judicial. La nota es importante: algunas expresiones del artículo fueron declaradas inconstitucionales, entre ellas, según las marcas del texto, las referidas a la orden del Ministerio Público en flagrancia y a la ratificación en tres días. El texto disponible no permite identificar con certeza cada palabra subrayada, por lo que conviene revisar la sentencia. Por ejemplo, si una investigación requiere revisar paquetes enviados al imputado, el juez del procedimiento puede ordenar su secuestro mediante resolución fundada. La nota indica que las expresiones subrayadas fueron declaradas inconstitucionales por Sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 26 de enero de 1995, Expediente 296-94.
**Artículo 204.** *Apertura y examen de la correspondencia.* Recibida la correspondencia o los envíos interceptados, el tribunal competente los abrirá, haciéndolo constar en acta. Examinará los objetos y leerá por sí el contenido de la correspondencia. Si tuvieren relación con el procedimiento, ordenará el secuestro. En caso contrario, mantendrá en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario y, de no ser ello posible, a su representante o pariente próximo, bajo constancia.
**Citado por:** Art. 205, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-205/).
**Artículo 205.** *Telecomunicaciones.* Las reglas anteriores se aplicarán analógicamente al control y grabación de las comunicaciones telefónicas o similares. Su resultado y grabación sólo podrán ser entregados al tribunal que los ordenó, quien procederá según lo indicado en el artículo anterior, en lo pertinente. Podrá ordenar la versión escrita de la grabación o de las partes que considere útiles y ordenará la destrucción de toda la grabación o de las que no tengan relación con el procedimiento, previa noticia al Ministerio Público, al imputado y a su defensor.
La persona a quien se le encomiende interceptar la comunicación y grabarla o aquella que la escriba tendrá la obligación de guardar secreto sobre su contenido, salvo que, citado como testigo en el mismo procedimiento, se le requiera responder sobre ella.
> Nota de la fuente: (Declarado Inconstitucional por Sentencia de la Corte de Constitucionalidad, del 26 de enero de 1995, Expediente 296-94).
- Reforma: Declarado inconstitucional en Expediente 296-94 de la Corte de Constitucionalidad (1995-01-26)
**Qué significa:** La nota indica que este artículo fue declarado inconstitucional por Sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 26 de enero de 1995, Expediente 296-94. Por eso, lo que sigue describe lo que establecía el texto, no una regla en vigor. El artículo aplicaba por analogía las reglas anteriores al control y grabación de las comunicaciones telefónicas o similares. La regla inmediata anterior es el art. 204 CPP, sobre la apertura y examen de la correspondencia. Su resultado y grabación solo podían entregarse al tribunal que los ordenó. Ese tribunal podía ordenar la versión escrita de la grabación o de las partes que considerara útiles. También ordenaba la destrucción de toda la grabación o de las partes sin relación con el procedimiento, previa noticia al Ministerio Público, al imputado y a su defensor. Quien interceptaba, grababa o escribía la comunicación debía guardar secreto sobre su contenido. Esa obligación cedía si, citado como testigo en el mismo procedimiento, se le requería responder sobre ella.
**Artículo 206.** *Clausura de locales.* Cuando, para la averiguación de un hecho punible grave, fuere indispensable la clausura de un local o la inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza o dimensiones no puedan ser mantenidas en depósito, se procederá a asegurarlas, según las reglas del secuestro.
**Qué significa:** Este artículo permite clausurar un local o inmovilizar cosas muebles durante la averiguación de un hecho punible grave. Solo procede cuando la medida es indispensable para esa averiguación. En el caso de las cosas muebles, se trata de aquellas que, por su naturaleza o dimensiones, no pueden mantenerse en depósito. En ambos supuestos se procede a asegurarlas según las reglas del secuestro. Varias condiciones marcan el alcance: que el hecho sea punible y grave, que la medida sea indispensable y, si se trata de cosas muebles, que no puedan mantenerse en depósito por su naturaleza o dimensiones. El texto no dice quién ordena la clausura, cuánto tiempo dura ni en qué consisten las reglas del secuestro; eso queda para otras normas. Por ejemplo, una empresa tiene maquinaria tan grande que no cabe en un depósito. Si es indispensable para investigar un hecho punible grave, esa maquinaria se inmoviliza donde está y se asegura siguiendo las reglas del secuestro.
##### Sección Tercera. Testimonio
**Artículo 207.** *Deber de concurrir y prestar declaración.* Todo habitante del país o persona que se halle en él tendrá el deber de concurrir a una citación con el fin de prestar declaración testimonial.
Dicha declaración implica:
1) Exponer la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado sobre el objeto de la investigación.
2) El de no ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre el contenido de la misma.
Se observarán los tratados suscritos por el Estado, que establezcan excepciones a esta regla.
**Qué significa:** Todo habitante del país, y toda persona que se halle en él, tiene el deber de acudir a una citación para prestar declaración testimonial. La norma no limita ese deber a los ciudadanos, porque alcanza a cualquiera que esté en el territorio. Declarar implica dos cosas. La primera es exponer la verdad de cuanto se sepa y sea preguntado sobre el objeto de la investigación. La segunda es no ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre el contenido de la declaración. La última frase introduce una excepción: se observan los tratados suscritos por el Estado que establezcan excepciones a esta regla. El texto no dice cuáles son esos tratados, y esa información queda fuera de este artículo. Ejemplo: una persona que vio un hecho recibe una citación para declarar. Debe contar lo que sabe, responder lo que se le pregunte sobre la investigación y no ocultar hechos o circunstancias relacionados con lo que declara.
**Artículo 208.** *Tratamiento especial.* No serán obligados a comparecer en forma personal, pero sí deben rendir informe o testimonio bajo protesta:
1) Los presidentes y vicepresidentes de los Organismos del Estado, los ministros de Estado y quienes tengan categoría de tales, los diputados titulares, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral, y los funcionarios judiciales de superior categoría a la del juez respectivo.
2) Los representantes diplomáticos acreditados en el país, salvo que deseen hacerlo.
**Citado por:** Art. 209, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-209/).
**Artículo 209.** *Modalidades de la recepción.* Las personas indicadas en el artículo anterior declararán por informe escrito, bajo protesta de decir verdad. Sin embargo, cuando la importancia del testimonio lo justifique, podrán declarar en su despacho o residencia oficial, y las partes no tienen la facultad de interrogarlas directamente. Además, podrán renunciar al tratamiento oficial.
A los diplomáticos les será comunicada la solicitud a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de la Presidencia del Organismo Judicial. En caso de negativa, no podrá exigírseles que presten declaración.
**Artículo 210.** *Examen en el domicilio.* Las personas que no puedan concurrir al tribunal por estar físicamente impedidas, serán examinadas en su domicilio, o en el lugar donde se encuentren, si las circunstancias lo permiten.
De la misma manera podrá procederse cuando se trate de testigos que teman por su seguridad personal o por su vida, o en razón de amenazas, intimidaciones o coacciones de que sean objeto, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 218 Bis y 218 Ter.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 16 del Decreto 32-96 y Reformado por el Artículo 16 del Decreto 17-2009, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 16 del Decreto 32-96 (1996)
- Reforma: Reformado por el artículo 16 del Decreto 17-2009 (2009)
**Citado por:** Art. 217, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-217/).
**Artículo 211.** *Idoneidad del testigo.* Se investigará por los medios de que se disponga sobre la idoneidad del testigo, especialmente sobre su identidad, relaciones con las partes, antecedentes penales, clase de vida y cuanto pueda dar información al respecto.
**Qué significa:** El artículo ordena investigar la idoneidad del testigo con los medios de que se disponga. El texto no define la idoneidad, pero sí indica qué aspectos del testigo deben revisarse. El texto nombra cuatro aspectos: la identidad, las relaciones con las partes, los antecedentes penales y la clase de vida. Después añade cuanto pueda dar información al respecto. Esa frase abre la lista, así que los cuatro aspectos son ejemplos y no un límite cerrado. La palabra «especialmente» confirma que son los puntos destacados, no los únicos. La norma no fija qué medios deben usarse ni cómo se verifican los datos. Solo exige usar los que se tengan disponibles. Este artículo no detalla esos procedimientos. Imagina que un testigo tiene una relación cercana con una de las partes. Ese dato forma parte de lo que el texto menciona expresamente. El texto no dice qué efecto tiene esa relación, y ese punto no se resuelve aquí.
**Artículo 212.** *Excepciones de la obligación de declarar.* No están obligados a prestar declaración:
1) Los parientes cuando sus declaraciones puedan perjudicar a sus familiares, dentro de los grados de ley; los adoptantes y adoptados, los tutores y pupilos recíprocamente, en los mismos casos. Sin embargo, podrán declarar, previa advertencia de la exención, cuando lo desearen.
2) El defensor, el abogado o el mandatario del inculpado respecto a los hechos que en razón de su calidad hayan conocido y deban mantener en reserva por secreto profesional.
3) Quien conozca el hecho por datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencialidad legalmente prescrita.
4) Los funcionarios públicos, civiles o militares, sobre lo que conozcan por razón de oficio, bajo secreto, salvo que hubieren sido autorizados por sus superiores.
**Qué significa:** La lista de quienes no están obligados a prestar declaración aparece en este artículo. Los parientes no tienen esa obligación cuando su declaración pueda perjudicar a sus familiares, dentro de los grados de ley. Lo mismo aplica a adoptantes, adoptados, tutores y pupilos, en los mismos casos. Aun así, pueden declarar si lo desean, previa advertencia de la exención. Otros grupos son el defensor, el abogado o el mandatario del inculpado, respecto a hechos que conocieron por su calidad y deben guardar en reserva por secreto profesional. También quien conoce el hecho por datos de particulares dados bajo garantía de confidencialidad que prescribe la ley. Y los funcionarios públicos, civiles o militares, sobre lo que conocen por razón de oficio bajo secreto, salvo autorización de sus superiores. Lo que decide cada caso es la condición de cada numeral: perjuicio a familiares, secreto profesional, confidencialidad prescrita por la ley o secreto de oficio. Sin esa condición, la excepción no aplica. El texto no define qué es perjudicar. Ejemplo práctico: un abogado que conoce un hecho en razón de su calidad de defensor no tiene que declarar sobre ese hecho si debe mantenerlo en reserva por secreto profesional.
**Artículo 213.** *Declaraciones de menores e incapaces.* Si se tratare de menores de catorce años o de personas que, por insuficiencia o alteración de sus facultades mentales o por inmadurez, no comprendieren el significado de la facultad de abstenerse, se requerirá la decisión del representante legal o, en su caso, de un tutor designado al efecto.
**Qué significa:** Si la persona llamada a declarar es menor de catorce años, o no comprende el significado de la facultad de abstenerse por insuficiencia o alteración de sus facultades mentales o por inmadurez, el texto exige algo más. Se requiere la decisión de su representante legal o, en su caso, de un tutor designado para ese efecto. Lo que cambia la regla es la vía de entrada: la edad o la falta de comprensión. Basta con cualquiera de las dos, porque el texto las une con la palabra «o». El artículo no dice cómo se acredita la falta de comprensión ni quién designa al tutor. Por ejemplo, una persona menor de catorce años es llamada a declarar como testigo. Según el texto, se requiere la decisión de su representante legal o de un tutor designado para ese efecto.
**Artículo 214.** *Criterio judicial.* Si el tribunal estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva del secreto, ordenará su declaración. La resolución será fundada.
Durante el procedimiento preparatorio decidirá el Ministerio Público, salvo en el caso de la prueba anticipada.
**Artículo 215.** *Citación.* La citación de los testigos se efectuará de conformidad con las reglas de este Código. En los casos de urgencia podrán ser citados verbalmente o por teléfono.
El testigo podrá también presentarse espontáneamente, lo que se hará constar.
**Artículo 216.** *Residentes fuera del lugar.* Si el testigo no reside o no se halla en el lugar donde debe prestar declaración, o en sus proximidades, se le indemnizará, a su pedido, con los gastos de viáticos que correspondan de acuerdo con el reglamento que emita la Corte Suprema de Justicia.
Cuando, durante el procedimiento anterior al debate, no fuera imprescindible su comparecencia personal, se podrá disponer su declaración por exhorto o despacho a la autoridad de su domicilio.
**Qué significa:** Si un testigo no reside o no se halla en el lugar donde debe declarar, o en sus proximidades, se le indemnizará con los viáticos que correspondan. Esa indemnización se da a su pedido y conforme al reglamento que emita la Corte Suprema de Justicia. Hay dos condiciones clave: que el testigo esté fuera de ese lugar y que pida la indemnización. El segundo párrafo agrega otro caso. Durante el procedimiento anterior al debate, si no es imprescindible su comparecencia personal, la declaración puede disponerse por exhorto o despacho a la autoridad de su domicilio. El texto no dice qué monto corresponde ni cómo se fija el reglamento. Supón que un testigo vive lejos del tribunal donde debe declarar. Si pide sus viáticos, el texto ordena indemnizarlo conforme al reglamento de la Corte. Antes del debate, si no hace falta que acuda en persona, su declaración puede disponerse por exhorto o despacho a la autoridad de su domicilio.
**Artículo 217.** *Compulsión.* Si el testigo no compareciere, a pesar de haber sido citado personalmente, se procederá a su conducción sin perjuicio de su enjuiciamiento, cuando corresponda. También se ordenará su conducción cuando haya motivos fundados de que no asistirá al debate del juicio oral, asegurándose su presencia.
Si después de comparecer se negare a declarar, se promoverá su persecución penal.
Si el testigo expresare que su negativa obedece a temores por su seguridad personal o que su vida corre peligro en virtud de amenazas, coacciones o intimidaciones de que hubiere sido o fuere objeto, así se hará constar. En tales casos, se podrá acudir al procedimiento previsto en los artículos 210 y 317, o brindarle al testigo protección policial a fin de asegurar la recepción de su testimonio. El juez o el fiscal que conozca del caso podrá, a su criterio, conservar con carácter reservado o confidencial, sus datos personales así como lo expresado por el testigo respecto a los temores por su seguridad y todo lo referente a las amenazas e intimidaciones, a fin de que se aprecien en su oportunidad o en su defecto, ordenar que se inicie la persecución penal correspondiente.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 17 del Decreto 32-96 del Congreso de la República). (Adicionado por el Artículo 17 del Decreto 32-96 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 17 del Decreto 32-96 (1996)
**Qué significa:** Si el testigo no comparece, a pesar de haber sido citado personalmente, el texto ordena conducirlo. También ordena la conducción cuando hay motivos fundados de que no asistirá al debate, para asegurar su presencia. Si el testigo comparece y se niega a declarar, se promueve su persecución penal. Si el testigo dice que se niega por temor a su seguridad, o porque tiene amenazas o intimidaciones, eso debe constar. En ese caso, puede acudirse al procedimiento de los artículos 210 y 317, o darle protección policial. El juez o el fiscal puede mantener en reserva los datos personales del testigo y lo que dijo sobre sus temores. Ejemplo: un testigo de un homicidio recibe amenazas y teme declarar. Su declaración puede recibirse con protección policial, y sus datos pueden quedar reservados. El artículo anterior, art. 216 CPP, trata de los residentes fuera del lugar. Para la citación, véase el art. 173 CPP.
**Artículo 218.** *Residentes en el extranjero.* Si el testigo se hallare en el extranjero, se procederá conforme a las reglas internacionales o nacionales para el auxilio judicial.
**Qué significa:** Este artículo cubre una situación concreta: el testigo que está fuera del país. En ese caso, el texto no crea un procedimiento propio, sino que remite a las reglas internacionales o nacionales para el auxilio judicial. Es decir, la declaración se toma por la vía de cooperación entre autoridades. La norma es corta, así que su alcance se entiende mejor junto con el resto de la Sección Tercera, dedicada al testimonio. Todo gira en la frase se hallare en el extranjero: lo que importa es dónde se encuentra el testigo. Lo que el texto no dice: cuáles son esas reglas concretas; eso queda para otras normas. Un caso práctico: una persona fue testigo de un hecho y ahora se encuentra en otro país. Según el artículo, el procedimiento sigue las reglas de auxilio judicial que correspondan, sin que el texto indique más pasos.
**Artículo 218 Bis.** *Declaración por medios audiovisuales de comunicación.* Si por circunstancias debidamente fundadas, el testigo, perito o colaborador eficaz no puede concurrir a prestar declaración en forma personal, el tribunal, a pedido de parte o de oficio, podrá ordenar la realización de la declaración testimonial a través de videoconferencia o cualquier otro medio audiovisual de comunicación similar de la tecnología, de las mismas o mejores características, que resguarden la fidelidad e integralidad de la declaración y garanticen a las partes el adecuado ejercicio de sus derechos procesales. Se podrá utilizar este mecanismo cuando se den cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Cuando el testigo, perito u otra persona esté siendo beneficiado con alguno de los mecanismos de protección regulados en la Ley para la Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia Penal;
b) Cuando la persona haya sido o sea colaborador eficaz según lo estipulado en la Ley Contra la Delincuencia Organizada;
c) Cuando debido a otras circunstancias, la declaración del testigo, perito u otra persona relevante en el proceso, constituya un riesgo, amenaza o pueda ser sujeto de intimidación en contra de su vida, integridad o la de su familia.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 17 del Decreto 17-2009 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 17 del Decreto 17-2009 (2009)
**Citado por:** Art. 210, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-210/); Art. 317, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-317/); Art. 318, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-318/); Art. 348, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-348/).
**Artículo 218 Ter.** *Procedimiento en caso de declaración por medio audiovisual.* La declaración a través de videoconferencia u otros medios audiovisuales de comunicación, podrá realizarse, durante el debate oral y público o en carácter de anticipo de prueba. La diligencia se realizará con base en lo siguiente:
a) En caso se efectúe la diligencia en anticipo de prueba, el órgano jurisdiccional deberá informar a las partes, con no menos de diez días de anticipación, de la realización de la diligencia, sin perjuicio de lo dispuesto en este Código en dicha materia en relación al peligro de pérdida de elementos de prueba y de actos de extrema urgencia. Durante el debate oral deberá programarse la diligencia al inicio del mismo. En el anticipo de prueba se observaran los artículos 317, 318 y 348 de este Código, recibiendo la declaración testimonial mediante videoconferencia u otro medio electrónico cuando proceda;
b) El órgano jurisdiccional competente efectuará el trámite respectivo ante las autoridades del país o lugar donde resida la persona; en caso se trate de un testigo protegido o colaborador eficaz, deberá mantener bajo reserva de confidencialidad el trámite y el lugar donde se encuentra el mismo;
c) En el lugar donde se encuentre el testigo, perito u otra persona cuya declaración sea relevante en el proceso, debe estar presente una autoridad designada por el órgano jurisdiccional competente, la cual tiene la obligación de verificar la presencia del testigo, perito u otra persona; tomar sus datos de identificación personal, verificar que la persona no está siendo coaccionada al momento de prestar declaración, verificar que las instalaciones reúnan las condiciones adecuadas y que se cuente con los aparatos audiovisuales idóneos y conectados con enlace directo con el tribunal. El órgano jurisdiccional competente a cargo de la diligencia, dejará constancia de haberse cumplido la obligación precedente;
d) El órgano jurisdiccional competente deberá verificar que las instalaciones y medios audiovisuales permitan que las diferentes partes procesales puedan oír y observar con fidelidad la declaración prestada por un testigo, así como ejercer sus derechos en materia de interrogatorio;
e) En caso que el testigo goce del beneficio del cambio de identidad o se determine que por razones de seguridad se deba ocultar su rostro, se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar que el mismo pueda observarse a través del medio audiovisual que se utilice.
Toda la diligencia deberá ser grabada y debidamente registrada. Una vez concluida la diligencia, el personal autorizado por el órgano jurisdiccional competente que se encuentre en el lugar donde estuviere la persona que tuviere que declarar, accionará acta de la diligencia, misma que deberá ser firmada por todos los presentes y remitida al órgano jurisdiccional que emitió la orden respectiva. Las partes tendrán acceso a los documentos, grabaciones y registros producto de dicha diligencia.
En estas diligencias siempre deberá comparecer el defensor designado por el imputado, en su defecto el defensor público que se designe por el juez, y el fiscal del caso, cuidándose porque se observen debidamente las garantías constitucionales del derecho de defensa y el debido proceso. En caso de no existir imputado, igualmente se hará comparecer a un defensor público de oficio, para garantizar la legalidad de la declaración testimonial en esta forma; asimismo comparecerán en ese acto probatorio anticipado, el fiscal del caso, el querellante adhesivo si lo hubiere, y dicho acto será presidido personalmente por el juez del proceso.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 18 del Decreto 17-2009 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 18 del Decreto 17-2009 (2009)
**Qué significa:** La declaración por videoconferencia u otro medio audiovisual puede hacerse durante el debate oral y público o como anticipo de prueba. La nota indica que lo adicionó el Artículo 18 del Decreto 17-2009. En el anticipo, el órgano jurisdiccional informa a las partes con no menos de diez días de anticipación, salvo lo previsto para el peligro de pérdida de pruebas y los actos de extrema urgencia. Se observan los art. 317 CPP, art. 318 CPP y art. 348 CPP. Durante el debate, la diligencia se programa al inicio. Donde está el declarante debe haber una autoridad designada. Esta verifica su presencia, toma sus datos de identificación, comprueba que no esté coaccionado y revisa las instalaciones y los equipos. Si es testigo protegido o colaborador eficaz, el trámite y su lugar se mantienen en reserva. Si tiene cambio de identidad o debe ocultarse su rostro, se toman precauciones para que no se le vea. Siempre deben comparecer el defensor del imputado, o en su defecto un defensor público, y el fiscal. Si no hay imputado, comparece un defensor público de oficio. Toda la diligencia se graba, el acta la firman todos los presentes y las partes tienen acceso a los registros. Por ejemplo, un testigo que vive en otro país declara por videoconferencia con una autoridad designada a su lado.
**Citado por:** Art. 210, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-210/); Art. 317, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-317/); Art. 318, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-318/); Art. 348, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-348/).
**Artículo 219.** *Protesta solemne.* Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de las penas de falso testimonio. A continuación se le tomará la siguiente protesta solemne:
¿”Promete usted como testigo decir la verdad, ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala”? Para tomarle declaración el testigo deberá responder:
“Si, prometo decir la verdad”. El testigo podrá reforzar su aserción apelando a Dios o a sus creencias religiosas.
**Qué significa:** Antes de declarar, al testigo se le explican las penas de falso testimonio. Después se le toma la protesta solemne: si promete decir la verdad, ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala. Para declarar, debe responder «Sí, prometo decir la verdad». Lo que más pesa aquí es que el testigo puede reforzar su palabra apelando a Dios o a sus creencias religiosas. La norma usa «podrá», así que es una opción y no un requisito. El texto menciona las penas de falso testimonio, pero no las detalla; eso queda para otras normas. Por ejemplo, un vecino llega a declarar en un proceso penal sobre una pelea que vio desde su casa. Antes de hablar, se le explican las penas de falso testimonio. Luego responde la protesta y, si lo desea, refuerza su promesa apelando a Dios o a sus creencias religiosas.
**Artículo 220.** *Declaración.* El testigo deberá presentar el documento que lo identifica legalmente, o cualquier otro documento de identidad; en todo caso, se recibirá su declaración, sin perjuicio de establecer con posterioridad su identidad si fuere necesario.
A continuación, será interrogado sobre sus datos personales, requiriendo su nombre, edad, estado civil, profesión u oficio, lugar de origen, domicilio, residencia, si conoce a los imputados o los agraviados y si tiene con ellos parentesco, amistad o enemistad y cualquier otro dato que contribuya a identificarlo y que sirva para apreciar su veracidad. Inmediatamente será interrogado sobre el hecho.
**Artículo 221.** *Negativa.* Si el testigo se negaré a prestar la protesta se le preguntará sobre los motivos que tenga para el efecto, se le advertirá sobre las consecuencias de su actitud y, en su caso, se iniciará la persecución penal correspondiente.
**Artículo 222.** *Amonestación.* No deberán ser protestados los menores de edad y los que desde el primer momento de la investigación aparezcan como sospechosos o partícipes del delito que se investiga o de otro conexo, quienes serán simplemente amonestados.
**Qué significa:** Según este artículo, no deben ser protestados los menores de edad ni quienes desde el primer momento de la investigación aparezcan como sospechosos o partícipes del delito que se investiga o de otro conexo. A esas personas solo se les amonesta. La palabra «protestados» aparece sin definirse en el texto. El artículo no explica qué es la amonestación ni cuándo alguien se considera partícipe; eso no lo dice este artículo. Tampoco indica cómo cambia la regla si una persona menor de edad aparece después como sospechosa. Lo que sí queda claro es que el texto da un trato distinto a esos dos grupos frente al de los demás. En la práctica: si alguien aparece como sospechoso desde el primer momento, aunque sea por un delito conexo, el texto dice que solo se le amonesta. Un menor de edad sigue esa misma regla de este artículo.
**Artículo 223.** *Abstención.* El testigo que goza de la facultad de abstenerse, será advertido de esa circunstancia y, si se acoge a la misma, se suspenderá la declaración.
**Artículo 224.** *Excepción.* Durante el procedimiento preparatorio no se requerirá ninguna protesta solemne, pero el Ministerio Público podrá requerir al juez que controla la investigación que proceda a la protesta en los casos de prueba anticipada.
**Qué significa:** Durante el procedimiento preparatorio no se exige ninguna protesta solemne. Esa es la regla general del artículo, y se aplica a la etapa previa al juicio. Con ello el texto evita un requisito formal en esa fase, sin necesidad de cumplir esa formalidad para cada prueba. La excepción está en la segunda parte. El Ministerio Público puede pedir al juez que controla la investigación que ordene la protesta en los casos de prueba anticipada. Por tanto, el requisito no desaparece del todo: deja de exigirse como regla general y vuelve a aparecer cuando el Ministerio Público lo pide en prueba anticipada. El texto no explica qué debe contener la protesta ni cómo se realiza, así que eso queda para otras normas. En la práctica: durante la investigación, el Ministerio Público quiere anticipar un testimonio y pide al juez que controla la investigación que ordene la protesta, porque se trata de prueba anticipada.
##### Sección Cuarta. Peritación
**Artículo 225.** *Procedencia.* El Ministerio Público o el tribunal podrán ordenar peritación a pedido de parte o de oficio, cuando para obtener, valorar o explicar un elemento de prueba fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio.
No rigen las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, sin haber sido requerido por la autoridad competente, aunque para informar utilice las aptitudes especiales que posea. En este caso, rigen las reglas de la prueba testimonial.
> Nota de la fuente: (Reformado el primer párrafo por el Artículo 18 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado (párrafo) por el artículo 18 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** El Ministerio Público o el tribunal pueden ordenar una peritación, a pedido de parte o de oficio. Procede cuando, para obtener, valorar o explicar una prueba, hace falta un conocimiento especial en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. El segundo párrafo excluye un caso. Quien declara sobre hechos que conoció por su cuenta, sin que la autoridad se lo pidiera, no se rige por las reglas de la prueba pericial, aunque use sus aptitudes especiales para informar. En ese caso rigen las reglas de la prueba testimonial. Ejemplo: un ingeniero que vio un accidente y lo describe espontáneamente declara como testigo. Si el juez le pide que analice los daños de un edificio, la situación es de peritación. La diferencia está en cómo llegó la persona a conocer el hecho. El artículo siguiente, art. 226 CPP, trata de la calidad del perito. El anterior, art. 224 CPP, regula la excepción.
**Artículo 226.** *Calidad.* Los peritos deberán ser titulados en la materia a que pertenezca el punto sobre el que han de pronunciarse, siempre que la profesión, arte o técnica estén reglamentados. Si, por obstáculo insuperable no se pudiera contar en el lugar del procedimiento con un perito habilitado, se designará a una persona de idoneidad manifiesta.
**Qué significa:** Los peritos deben estar titulados en la materia sobre la que deben pronunciarse, cuando la profesión, arte o técnica está reglamentada. Si un obstáculo insuperable impide contar con un perito habilitado en el lugar del procedimiento, se designa a una persona de idoneidad manifiesta. Ejemplo: en una aldea sin ingenieros titulados, el juez puede designar a una persona de reconocida experiencia en construcción, si no hay perito habilitado. El texto exige el título cuando la profesión está reglamentada. Si no lo está, la regla de título no se aplica. El artículo anterior, art. 225 CPP, trata de la procedencia de la peritación. El siguiente, art. 227 CPP, regula la obligatoriedad del cargo. La regla de título protege la calidad de la prueba pericial. La excepción por obstáculo insuperable permite seguir el proceso cuando no hay perito habilitado.
**Artículo 227.** *Obligatoriedad del cargo.* El designado como perito tendrá el deber de aceptar y desempeñar fielmente el cargo, salvo que tuviere legítimo impedimento, en cuyo caso deberá ponerlo en conocimiento del tribunal al ser notificado de la designación.
Los peritos aceptarán el cargo bajo juramento.
**Qué significa:** El designado como perito tiene el deber de aceptar y desempeñar fielmente el cargo. La excepción que prevé el texto es el legítimo impedimento. Si existe ese impedimento, la persona debe ponerlo en conocimiento del tribunal al ser notificado de la designación. El momento que marca el artículo es, por tanto, la notificación de la designación. Los peritos aceptan el cargo bajo juramento. El texto menciona el juramento como parte del cargo, y no detalla su fórmula. El artículo no dice qué pasa si un designado rechaza el cargo sin impedimento ni qué sanción corresponde; eso queda para otras normas. Un caso práctico: una persona recibe la notificación de su designación como perito, pero tiene un impedimento legítimo para atender el encargo. Según el artículo, debe avisar al tribunal.
**Artículo 228.** *Impedimentos.* No serán designados como peritos:
1) Quienes no gocen de sus facultades mentales o volitivas.
2) Los que deban o puedan abstenerse de declarar como testigos.
3) Quienes hayan sido testigos del hecho objeto del procedimiento.
4) Los inhabilitados en la ciencia, en el arte o en la técnica de que se trate.
5) Quienes hayan sido designados como consultores técnicos en el mismo procedimiento o en otro conexo.
**Qué significa:** Cinco grupos de personas no pueden ser designados como peritos: quienes no gocen de sus facultades mentales o volitivas; los que deban o puedan abstenerse de declarar como testigos; quienes hayan sido testigos del hecho objeto del procedimiento; los inhabilitados en la ciencia, en el arte o en la técnica de que se trate; y quienes hayan sido designados como consultores técnicos en el mismo procedimiento o en otro conexo. Lo que cuenta es haber participado antes: el punto 3 habla de quien haya sido testigo del hecho, y el punto 5 de quien haya sido consultor técnico en el mismo procedimiento o en otro conexo. El punto 4 habla de los inhabilitados, pero el texto no explica cómo se les declara así; eso queda para otras normas. En un caso concreto, un trabajador vio el accidente que se investiga. Según el punto 3, esa persona no puede ser designada como perito en ese mismo procedimiento.
**Citado por:** Art. 229, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-229/).
**Artículo 229.** *Excusa o recusación.* Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, son causas legales de excusa o recusación de los peritos las establecidas para los jueces.
El asunto será resuelto en forma de incidente sin recurso alguno por el tribunal o juez que controla la investigación, según el caso.
**Qué significa:** Un perito puede excusarse o ser recusado. Las causas son las establecidas para los jueces. Esto va sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, que enumera quiénes no pueden ser designados como peritos: art. 228 CPP. Quién decide es el punto central: el asunto se resuelve en forma de incidente por el tribunal o por el juez que controla la investigación, según el caso. El texto no admite recurso contra esa decisión. No dice cómo se presenta la excusa o la recusación; eso queda para otras normas. Imagina que una parte quiere recusar a un perito por una de las causas legales previstas para los jueces. Ese trámite se resuelve como incidente ante el tribunal o ante el juez que controla la investigación, según el caso, y sin recurso alguno. Por eso conviene leer este artículo junto con el anterior, sin tomar uno solo.
**Artículo 230.** *Orden de peritaje.* El tribunal de sentencia, el Ministerio Público, o el juez que controla la investigación en el caso de prueba anticipada, determinará el número de peritos que deben intervenir y los designará según la importancia del caso y la complejidad de las cuestiones a plantear, atendiendo a las sugerencias de las partes.
De oficio a petición del interesado, se fijará con precisión los temas de la peritación y acordará con los peritos designados el lugar y el plazo dentro del cual presentarán los dictámenes.
Las partes pueden proponer también sus consultores técnicos, en número no superior al de los peritos designados.
**Qué significa:** El tribunal de sentencia, el Ministerio Público o el juez que controla la investigación, en caso de prueba anticipada, determina cuántos peritos deben intervenir. Los designa según la importancia del caso y la complejidad de las cuestiones, atendiendo a las sugerencias de las partes. Lo delicado está en el límite de los consultores técnicos. Las partes pueden proponer sus consultores, pero en número no superior al de los peritos designados. Esa regla es fácil de pasar por alto. Por ejemplo, en un asunto con cuentas muy complicadas, una parte sugiere un perito y el tribunal decide cuántos intervienen. Si esa parte propone consultores técnicos, no puede presentar más que los peritos designados. De oficio o a petición del interesado, se fijan con precisión los temas de la peritación, y se acuerda con los peritos designados el lugar y el plazo para presentar los dictámenes. El texto no fija una duración; eso se acuerda en cada caso.
**Artículo 231.** *Temas.* Cualquiera de las partes puede proponer, con fundamento suficiente, temas para la pericia y objetar los ya admitidos o los propuestos.
**Artículo 232.** *Citación y aceptación del cargo.* Los peritos serán citados en la misma forma que los testigos. Tendrán el deber de comparecer y de desempeñar el cargo para el cual fueron designados.
**Artículo 233.** *Ejecución.* Cuando la pericia se practique en la audiencia o en diligencia de anticipo de prueba, el juez o el presidente del tribunal dirigirá la pericia y resolverá todas las cuestiones que se planteen durante las operaciones periciales.
Los peritos practicarán unidos el examen, siempre que sea posible. Las partes y sus consultores técnicos podrán asistir a él y pedir las aclaraciones pertinentes, debiendo retirarse cuando los peritos comiencen la deliberación.
Si algún perito no concurre al acto, se comporta negligentemente o no cumple con rendir su dictamen en el plazo otorgado, el juez o el tribunal ordenará de oficio la sustitución.
> Nota de la fuente: (Reformado el primer párrafo por el Artículo 19 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado (párrafo) por el artículo 19 del Decreto 79-97 (1997)
**Artículo 234.** *Dictamen.* El dictamen será fundado y contendrá una relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos, y las conclusiones que se formulen respecto de cada tema pericial, de manera clara y precisa. Los peritos podrán dictaminar por separado cuando exista diversidad de opiniones entre ellos.
El dictamen se presentará por escrito, firmado y fechado, y oralmente en las audiencias, según lo disponga el tribunal o la autoridad ante quien será ratificado.
**Qué significa:** Este artículo regula la forma del dictamen pericial. El dictamen debe estar fundado y contener una relación detallada de las operaciones practicadas y de sus resultados. También debe incluir las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos, y las conclusiones sobre cada tema pericial, expresadas de forma clara y precisa. Si hay diversidad de opiniones entre los peritos, cada uno puede dictaminar por separado. Así se conserva cada postura, sin obligar a un consenso. El dictamen se presenta por escrito, firmado y fechado. También puede presentarse de forma oral en las audiencias, según lo disponga el tribunal o la autoridad ante la que se ratifica. Caso concreto: en un caso de fraude, dos peritos contables no coinciden sobre el monto del daño. Cada uno presenta su dictamen por separado, firmado y fechado, con sus operaciones y conclusiones. El texto no dice qué pasa si un perito no firma o no comparece. Tampoco fija el plazo para presentar el dictamen. El artículo anterior, art. 233 CPP, trata de la ejecución de la pericia. El artículo siguiente, art. 235 CPP, regula el nuevo dictamen y la ampliación.
**Artículo 235.** *Nuevo dictamen; ampliación.* Cuando se estimaré insuficiente el dictamen, el tribunal o el Ministerio Público podrá ordenar la ampliación o renovación de la peritación, por los mismos peritos o por otros distintos.
**Artículo 236.** *Auxilio judicial.* Se podrá ordenar la presentación o el secuestro de cosas y documentos, y la comparecencia de personas, si resultaré necesario para llevar a cabo las operaciones periciales. Se podrá requerir al imputado y a otras personas que confeccionen un cuerpo de escritura, graven su voz o lleven a cabo operaciones semejantes.
Cuando la operación sólo pudiere ser ejecutada voluntariamente por la persona requerida y se rehusare a colaborar, se dejará constancia de su negativa y, de oficio, se llevarán a cabo las medidas necesarias tendientes a suplir esa falta de colaboración.
**Artículo 237.** *Conservación de objetos.* Las cosas y objetos a examinar serán conservados, en lo posible, de modo que la peritación pueda repetirse. Si debiera destruirse o alterarse lo analizado o existieren discrepancias sobre el modo de conducir las operaciones, los peritos lo comunicarán al tribunal antes de proceder.
##### Sección Quinta. Peritaciones especiales
**Artículo 238.** *Autopsia.* En caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, el Ministerio Público o el juez ordenarán la práctica de la autopsia aunque por simple inspección exterior del cadáver la causa aparezca evidente. No obstante, el juez bajo su responsabilidad, podrá ordenar la inhumación sin autopsia, en casos extraordinarios, cuando aparezca de una manera manifiesta e inequívoca la causa de muerte.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 20 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 20 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** En caso de muerte violenta, o de muerte sospechosa de criminalidad, el Ministerio Público o el juez ordenan la autopsia. Lo hacen aunque la causa parezca evidente por una simple inspección exterior. El juez, bajo su responsabilidad, puede ordenar la inhumación sin autopsia en casos extraordinarios. Ese permiso aplica solo cuando la causa de la muerte aparece de forma manifiesta e inequívoca. Ejemplo: una persona muere con signos de violencia. Aunque el médico crea saber la causa, el Ministerio Público debe ordenar la autopsia. La regla general favorece la autopsia. La excepción exige que la causa sea clara y que el juez responda por la decisión. El artículo anterior, art. 237 CPP, trata de la conservación de objetos. El siguiente, art. 239 CPP, regula los lugares de autopsia.
**Artículo 239.** *Lugares de autopsia.* Las autopsias se practicarán en los locales que, para el efecto, se habilitaren en los hospitales y centros de salud del Estado y en los cementerios públicos o particulares. Sin embargo, en casos especiales y urgentes, el juez podrá ordenar que se practiquen en otro lugar adecuado.
**Qué significa:** Las autopsias se practican en locales habilitados para ese fin. Según el texto, esos locales están en hospitales y centros de salud del Estado, y en cementerios. Los cementerios pueden ser públicos o particulares, y el texto no hace otra distinción. El matiz está en el caso excepcional: en casos especiales y urgentes, el juez podrá ordenar que la autopsia se practique en otro lugar adecuado. El texto no define qué lugar es adecuado ni describe las condiciones del local. Por eso la regla general es la lista del artículo, y la excepción depende de la orden judicial. Supón que una autopsia debe hacerse con rapidez y que el hospital disponible no tiene un local habilitado. Si el caso es especial y urgente, el juez puede ordenar otro lugar adecuado. Si el caso no es especial ni urgente, la regla de los locales listados sigue siendo la que aplica.
**Artículo 240.** *Envenenamiento.* Cuando en el hecho aparecieren señales de envenenamiento, se recogerán inmediatamente los objetos o sustancias que se presumieren nocivas y se enviarán, sin demora, a los laboratorios oficiales y, en su defecto, a laboratorios particulares. En este último caso es obligatorio el cumplimiento de la orden judicial y quien practique el examen presentará factura de sus honorarios, que se cubrirán conforme lo acordado por la Corte Suprema de Justicia.
Durante la autopsia serán separados las vísceras y los órganos correspondientes, los cuales, con las sustancias presumiblemente tóxicas o venenosas, se enviarán a donde corresponda en envases debidamente cerrados y sellados, lo cual verificará el perito.
**Qué significa:** Cuando en un hecho aparecen señales de envenenamiento, los objetos o sustancias que se presume que son nocivas se recogen de inmediato. Se envían sin demora a laboratorios oficiales y, en su defecto, a laboratorios particulares. En ese último caso, es obligatorio cumplir la orden judicial. Lo que más pesa es el orden: primero laboratorios oficiales, y solo después los particulares. Quien practique el examen presenta factura de sus honorarios, que se cubren conforme lo acordado por la Corte Suprema de Justicia. El texto no fija cuánto cuesta el examen, así que ese dato queda fuera de este artículo. Imagina un hecho con señales de envenenamiento: se recoge un frasco sospechoso y se envía sin demora a un laboratorio. Durante la autopsia se separan las vísceras y los órganos correspondientes. Esas partes y las sustancias presumiblemente tóxicas o venenosas se envían a donde corresponda en envases debidamente cerrados y sellados, y el perito verifica ese cierre y sellado.
**Artículo 241.** *Peritación en delitos sexuales.* La peritación en delitos sexuales solamente podrá efectuarse si la víctima presta su consentimiento, y, si fuere menor de edad, con el consentimiento de sus padres o tutores, de quien tenga la guarda o custodia o, en su defecto, del Ministerio Público.
**Qué significa:** La peritación en delitos sexuales solo puede efectuarse si la víctima presta su consentimiento. Esa es la condición central del artículo: sin consentimiento, la peritación no puede hacerse. Si la víctima es menor de edad, el texto exige el consentimiento de sus padres o tutores, o de quien tenga la guarda o custodia. Solo en defecto de ellos consiente el Ministerio Público. La palabra «solamente» marca el límite: sin el consentimiento que corresponde, la peritación no se realiza. Por ejemplo, si una persona adulta no presta su consentimiento, la peritación no puede efectuarse. Si la víctima es menor y no hay padres, tutores ni quien tenga su guarda o custodia, el consentimiento lo da el Ministerio Público. El texto no regula cómo se practica la peritación ni qué técnicas usa; eso queda para otras normas.
**Artículo 242.** *Cotejo de documentos.* Para el examen y cotejo de un documento, el tribunal dispondrá la obtención o presentación de escrituras de comparación. Los documentos privados se utilizarán si fueren indubitados, y su secuestro podrá ordenarse, salvo que el tenedor sea una persona que deba o pueda abstenerse de declarar como testigo.
También podrá disponer el tribunal que algunas de las partes escriba de su puño y letra en su presencia un cuerpo de escritura. De la negativa se dejará constancia.
**Qué significa:** El tribunal puede ordenar el examen y cotejo de un documento. Para eso dispone obtener o presentar escrituras de comparación, es decir, textos con los que confrontar el documento en disputa. Los documentos privados se utilizan si son indubitados, o sea, si no hay duda sobre ellos. Su secuestro también puede ordenarse, salvo que el tenedor sea una persona que deba o pueda abstenerse de declarar como testigo. El segundo párrafo permite que el tribunal pida a alguna de las partes escribir de su puño y letra, en su presencia, un cuerpo de escritura. Si esa parte se niega, el texto manda dejar constancia de la negativa. Lo que no dice es qué pasa después con esa muestra ni cómo se valora; eso queda para otras normas del mismo código. Un caso práctico: en un juicio por la firma de un contrato, el tribunal pide a una persona que escriba un texto en su presencia y lo compara con la firma discutida. Si se niega, queda constancia de su negativa.
**Artículo 243.** *Traductores e intérpretes.* Si fuere necesaria una traducción o una interpretación, el juez o el Ministerio Público, durante la investigación preliminar, seleccionará y determinará el número de los que han de llevar a cabo la operación. Las partes estarán facultadas para concurrir al acto en compañía de un consultor técnico que los asesore y para formular las objeciones que merezca la traducción o interpretación oficial.
**Qué significa:** Cuando hace falta una traducción o una interpretación, el texto dice quién elige a las personas que la llevarán a cabo. Durante la investigación preliminar, esa selección corresponde al juez o al Ministerio Público, que también determina cuántas personas harán el trabajo. Así queda establecido cómo se designan quienes traducen o interpretan dentro del proceso. El punto que más importa es el derecho de las partes. Pueden concurrir al acto acompañadas de un consultor técnico que las asesore, y pueden formular las objeciones que merezca la traducción o interpretación oficial. Con esto se puede revisar el trabajo oficial, aunque el texto no dice qué efecto tiene una objeción. Tampoco dice cómo se paga a quienes traducen ni qué requisitos deben cumplir, así que eso queda para otras normas. Por ejemplo, en una diligencia hace falta un intérprete. Una de las partes asiste al acto con un consultor técnico que la asesora y, con ese apoyo, la parte formula sus objeciones a la interpretación oficial.
##### Sección Sexta. Reconocimiento
**Artículo 244.** *Documentos y elementos de convicción.* Los documentos, cosas y otros elementos de convicción incorporados al procedimiento podrán ser exhibidos al imputado, a los testigos y a los peritos, invitándoles a reconocerlos y a informar sobre ellos lo que fuere pertinente.
Los documentos, cosas o elementos de convicción que, según la ley, deben quedar secretos o que se relacionen directamente con hechos de la misma naturaleza, serán examinados privadamente por el tribunal competente o por el juez que controla la investigación; si fueren útiles para la averiguación de la verdad, los incorporará al procedimiento, resguardando la reserva sobre ellos. Durante el procedimiento preparatorio, el juez autorizará expresamente su exhibición y la presencia en el acto de las partes, en la medida imprescindible para garantizar el derecho de defensa. Quienes tomaren conocimiento de esos elementos tendrán el deber de guardar secreto sobre ellos.
**Qué significa:** Este artículo regula cómo se muestran al imputado, a los testigos y a los peritos los documentos, cosas y otros elementos de convicción que ya están en el proceso. Pueden exhibírseles para que los reconozcan y para que informen sobre lo pertinente. Hay un caso especial: los elementos que, por ley, deben quedar secretos o que se relacionan con hechos de la misma naturaleza. Esos elementos los examina en privado el tribunal o el juez que controla la investigación. Si son útiles para la verdad, se incorporan al proceso, y su reserva se resguarda. Durante el procedimiento preparatorio, el juez debe autorizar expresamente esa exhibición. También decide la presencia de las partes, en lo imprescindible para garantizar la defensa. Quienes conozcan esos elementos deben guardar secreto sobre ellos. En la práctica: en una investigación hay un documento confidencial. El juez lo examina en privado y decide si lo incorpora. Si lo incorpora, quienes lo conozcan deben guardar secreto. El texto no define qué elementos deben quedar secretos. Esa definición se encuentra en otras normas. El artículo anterior, art. 243 CPP, trata de los traductores e intérpretes. El artículo siguiente, art. 245 CPP, trata de los informes.
**Artículo 245.** *Informes.* Los tribunales y el Ministerio Público podrán requerir informes sobre datos que consten en registros llevados conforme a la ley.
Los informes se solicitarán indicando el procedimiento en el cual son requeridos, el nombre del imputado, el lugar donde debe ser entregado el informe, el plazo para su presentación y las consecuencias previstas por el incumplimiento del que debe informar.
**Qué significa:** Los tribunales y el Ministerio Público pueden pedir informes sobre datos que consten en registros llevados conforme a la ley. Los informes se solicitan indicando el procedimiento en el que se piden, el nombre del imputado, el lugar de entrega, el plazo para presentarlo y las consecuencias de no hacerlo. Ejemplo: el fiscal pide al registro de la propiedad un informe sobre un inmueble del imputado. La solicitud debe indicar el procedimiento, el nombre del imputado y el plazo. El texto exige que el registro esté llevado conforme a la ley. Un dato obtenido de un registro irregular no encaja. El artículo anterior, art. 244 CPP, trata de los documentos y elementos de convicción. El siguiente, art. 246 CPP, regula el reconocimiento de personas.
**Artículo 246.** *Reconocimiento de personas.* Cuando fuere necesario individualizar al imputado, se ordenará su reconocimiento en fila de personas, de la manera siguiente:
1) Quien lleva a cargo el reconocimiento describirá a la persona aludida y dirá si después del hecho la ha visto nuevamente, en qué lugar, por qué motivo y con qué objeto;
2) Se pondrá a la vista de quien deba reconocer a la persona que se somete a reconocimiento junto con otras de aspecto exterior similar;
3) Se preguntará a quien lleva a cabo el reconocimiento si entre las personas presentes se halla la que designó en su declaración o imputación, y, en caso afirmativo, se le invitará para que la ubique clara y precisamente.
4) Por último, quien lleva a cabo el reconocimiento expresará las diferencias y semejanzas que observa entre el estado de la persona señalada y el que tenía en la época a que alude su declaración o imputación anterior.
La observación de la fila de personas será practicada desde un lugar oculto.
Cuando el imputado no pudiere ser presentado, por causas justificadas a criterio del tribunal, se podrá utilizar su fotografía u otros registros, observando las mismas reglas.
Rigen, respectivamente, las reglas del testimonio y las de la declaración del imputado. En lo posible, se tomarán las previsiones para que el imputado no cambie su apariencia. El reconocimiento procede aún sin consentimiento del imputado.
En el acta en que conste el reconocimiento, se identificará con nombre, domicilio y residencia a todos los integrantes de la fila.
**Qué significa:** Para identificar al imputado se usa el reconocimiento en fila. El procedimiento tiene pasos que buscan evitar errores. Primero, quien va a hacer el reconocimiento describe a la persona y dice si la ha vuelto a ver después del hecho, y en qué lugar y con qué objeto. Después, la persona a reconocer se coloca junto a otras de aspecto similar. Quien reconoce indica si ve entre ellas a la persona que señaló, y la ubica de forma clara. Por último, quien reconoce explica las diferencias y semejanzas que observa frente a la descripción anterior. La fila se observa desde un lugar oculto. Si el imputado no puede presentarse por causas justificadas, el tribunal puede usar su fotografía u otros registros. El reconocimiento procede aun sin el consentimiento del imputado. Ejemplo: una víctima de un robo mira una fila de cinco personas desde un lugar oculto. Si señala a una, el acta debe identificar a todas las personas de la fila. El texto no dice cuánto tiempo debe pasar entre el hecho y el reconocimiento. El artículo anterior, art. 245 CPP, trata de los informes. El artículo siguiente, art. 247 CPP, regula el reconocimiento de varias personas.
**Artículo 247.** *Reconocimiento por varias o de varias personas.* Si fueren varios los que hubiesen de reconocer, el acto se deberá practicar separadamente, cuidando de que no se comuniquen entre sí.
Cuando fueren varios los que hubiesen de ser reconocidos por una misma persona, podrán integrar una sola fila junto a otras, si no se perjudica la averiguación.
Si fuere necesario individualizar a otra persona que no sea el imputado, se procederá, en lo posible, según las reglas anteriores.
**Qué significa:** Cuando varias personas deben reconocer a alguien, el acto se practica por separado. El texto exige cuidar que no se comuniquen entre sí, para que cada reconocimiento se haga de forma independiente. Cada persona reconoce en su propio turno. Si varias personas deben ser reconocidas por una misma persona, pueden integrar una sola fila junto a otras. Esto solo se permite si no se perjudica la averiguación. El texto no dice cómo se arma la fila ni qué características deben tener sus integrantes; esos detalles quedan para otras normas. Si hace falta individualizar a otra persona que no sea el imputado, el texto manda seguir, en lo posible, las mismas reglas. Ejemplo: en una investigación por un robo, una testigo debe identificar a varios sospechosos que vio en el lugar. Pueden presentarse en una sola fila junto a otras personas, si eso no perjudica la averiguación. Si fueran dos testigos, cada uno haría el reconocimiento por separado, sin comunicarse con el otro.
**Artículo 248.** *Valor como prueba anticipada.* Durante el procedimiento preparatorio deberá presenciar el acto el defensor del imputado y el juez que controla la investigación, con lo cual dicho acto equivaldrá a aquéllos realizados según las disposiciones de la prueba anticipada y podrá ser incorporado al debate.
**Artículo 249.** *Reconocimiento de cosas.* Las cosas que deban ser reconocidas serán exhibidas en la misma forma que los documentos. Si fuere conveniente para la averiguación de la verdad, el reconocimiento se practicará análogamente a lo dispuesto en los artículos anteriores.
**Qué significa:** Este artículo trata el reconocimiento de cosas, es decir, objetos que deben examinarse en un proceso. Dice que se exhiben en la misma forma que los documentos. Si conviene para averiguar la verdad, el reconocimiento se practica de manera análoga a lo dispuesto en los artículos anteriores. El punto que requiere atención es la palabra «análogamente»: no se hace igual, sino de manera parecida. Solo se aplica si fuere conveniente para la averiguación de la verdad. El texto no dice cuáles son esos artículos anteriores ni describe cómo se exhibe un documento; esos detalles quedan para la norma que los regula. Imagina que en un proceso hay que examinar un aparato eléctrico que sirvió para cometer un hecho. Ese objeto se exhibe para su revisión, en la forma que el texto asocia con los documentos.
##### Sección Séptima. Careos
**Artículo 250.** *Procedencia.* El careo podrá ordenarse entre dos o más personas que hayan declarado en el proceso, cuando sus declaraciones discrepen sobre hechos o circunstancias de importancia.
Al careo con el imputado podrá asistir su defensor.
**Qué significa:** El careo puede ordenarse entre dos o más personas que hayan declarado en el proceso. Procede cuando sus declaraciones discrepan sobre hechos o circunstancias de importancia. Así se puede examinar esa contradicción de forma directa. Lo importante aquí es la palabra «importancia». No basta cualquier diferencia: la discrepancia debe recaer sobre hechos o circunstancias importantes. Además, el texto permite que al careo con el imputado asista su defensor. No dice cómo se realiza el careo, cuánto dura ni qué ocurre después; eso queda para otras normas del Código. Por ejemplo, dos testigos del mismo suceso dan horas distintas del hecho. Si esa diferencia afecta un punto importante del caso, se puede ordenar un careo entre ellos. Si el careo es con el imputado, su defensor puede asistir.
**Artículo 251.** *Protesta.* Los que hubieren de ser careados prestarán protesta antes del acto, a excepción del imputado.
**Qué significa:** Las personas que deben ser careadas tienen que prestar protesta antes de que comience el acto. La obligación tiene una excepción expresa: el imputado queda fuera de ella. El artículo está en la sección de careos, dentro de la parte del Código sobre prueba. El matiz clave está en quién queda excluido. La regla no obliga al imputado a prestar protesta, aunque sí se aplica a los demás que vayan a ser careados. El texto tampoco dice qué contenido tiene esa protesta ni qué pasa si alguien se niega a prestarla; esas preguntas quedan para otras normas del Código Procesal Penal. En la práctica: dos personas que declararon versiones distintas son puestas frente a frente. Antes del acto, quien no sea el imputado debe prestar protesta. Si el imputado participa en ese careo, la regla de protesta no se le aplica.
**Artículo 252.** *Realización.* El acto del careo comenzará con la lectura en alta voz de las partes conducentes de las declaraciones que se reputen contradictorias. Después, los careados serán advertidos de las discrepancias para que se reconvengan o traten de ponerse de acuerdo.
**Qué significa:** Un careo empieza con la lectura en voz alta de las partes conducentes de las declaraciones que se consideren contradictorias. Solo se leen esas partes, no toda la declaración. Esa lectura es el primer paso, antes de cualquier intento de acuerdo. Luego, los careados son advertidos de las discrepancias. La finalidad que el texto señala es que se reprochen las diferencias o intenten ponerse de acuerdo. Lo que no dice el artículo es qué ocurre si los careados no llegan a un acuerdo; eso no se regula aquí. Como ilustración, dos personas dieron versiones distintas sobre la hora de un suceso. Primero se lee en voz alta lo que dijo cada una. Después se les advierte de la diferencia para que la aclaren o se pongan de acuerdo. Si la diferencia continúa, el texto no describe más pasos.
**Artículo 253.** *Documentación.* De cada careo se levantará acta en la que se dejará constancia de las ratificaciones, reconvenciones y otras circunstancias que pudieran tener utilidad para la investigación.
#### Capítulo VI. Medidas de coerción
##### Sección Primera. Coerción personal del imputado
**Artículo 254.** *Presentación espontánea.* Quien considere que puede estar sindicado en un procedimiento penal podrá presentarse ante el Ministerio Público, pidiendo ser escuchado.
**Qué significa:** El artículo permite la presentación espontánea. Quien considera que puede estar señalado en un procedimiento penal puede presentarse ante el Ministerio Público y pedir ser escuchado. El texto es breve. No fija plazo ni forma especial para esa petición. Ejemplo: una persona se entera de que la investigación la menciona. Puede acudir al Ministerio Público y pedir que la escuchen, sin esperar una citación. La figura se diferencia de la citación, que el Ministerio Público u otra autoridad hace cuando necesita la presencia de una persona. El art. 255 CPP trata de esa citación. El artículo anterior, art. 253 CPP, trata de la documentación. El texto solo permite pedir ser escuchado. No dice qué efectos tiene la audiencia, ni fija un plazo para pedirla.
**Artículo 255.** *Citación.* Cuando fuere necesaria la presencia del sindicado se dispondrá su citación o conducción.
**Qué significa:** Este artículo trata de cómo asegurar la presencia del sindicado en el proceso. Cuando su presencia sea necesaria, se dispondrá su citación o su conducción. El sindicado es la persona a quien se atribuye participación en un hecho punible. La citación es el llamado formal para que comparezca por sí misma. La conducción implica llevarla ante la autoridad. El texto ofrece dos vías, pero no dice en qué casos corresponde cada una ni establece un orden obligatorio entre ellas. Tampoco fija plazos, formas de notificar la citación ni quién ejecuta la conducción. El único requisito que menciona es que la presencia sea «necesaria», lo que deja la decisión ligada a las necesidades del procedimiento. Las reglas de detalle deben buscarse en otras normas del Código. Por ejemplo, si el tribunal necesita que el sindicado esté presente en una diligencia, puede ordenar que se le cite para un día y hora. Si la situación lo requiere, puede disponer en su lugar que sea conducido. La norma no obliga a usar la medida más fuerte; permite elegir entre una forma de llamado y una forma de traslado, según lo que exija el caso. Lo esencial es que la presencia del sindicado quede asegurada cuando el proceso la requiera.
**Artículo 256.** *Permanencia conjunta.* Cuando en el primer momento de la investigación de un hecho, no fuere posible individualizar al autor o a los partícipes y a los testigos y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la averiguación de la verdad, se podrá disponer que los presentes no se alejen del lugar, ni se comuniquen entre sí antes de informar, ni se modifique el estado de las cosas y de los lugares, disponiendo las medidas del caso, y, si fuere necesario, también se ordenará la permanencia en el lugar de todos ellos.
**Qué significa:** Este artículo permite tomar medidas al inicio de una investigación cuando aún no se sabe quién es el autor. Si no es posible individualizar al autor, a los partícipes o a los testigos, y hay que actuar con urgencia para no dañar la búsqueda de la verdad, se puede disponer lo siguiente. Los presentes no pueden alejarse del lugar. Tampoco pueden comunicarse entre sí antes de dar su información. Además, no se debe modificar el estado de las cosas ni de los lugares, y se toman las demás medidas necesarias. Si hace falta, también se ordena que todos permanezcan en el lugar. En la práctica: tras un hecho en una tienda, el personal y los clientes presentes se quedan en el local hasta que llegue la policía, y nadie borra las grabaciones ni mueve los objetos. El artículo no fija un plazo para la permanencia. El caso siguiente, cuando la persona es sorprendida en flagrancia, se regula en el art. 257 CPP.
**Artículo 257.** *Aprehensión.* La policía deberá aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. La policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución.
En el mismo caso, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Deberá entregar inmediatamente al aprehendido, juntamente con las cosas recogidas, al Ministerio Público, a la policía o a la autoridad judicial más próxima.
El Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de ley y que resulta necesario su encarcelamiento, en cuyo caso lo pondrá a disposición del juez que controla la investigación. El juez podrá ordenar cualquier medida sustitutiva de la privación de libertad, o prescindir de ella, caso en el cual liberará al sindicado.
> Nota de la fuente: (Reformado el primer párrafo por el Artículo 21 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado (párrafo) por el artículo 21 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** La policía debe aprehender a quien sorprenda cometiendo un delito. La policía debe aprehender a quien es sorprendido en el momento de cometer un delito. También procede cuando la persona es descubierta poco después, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar, con fundamento, que acaba de participar en él. Si el responsable no puede ser aprehendido en el lugar, la policía inicia una persecución inmediata. Para que proceda, debe haber continuidad entre el hecho y la persecución. Cualquier persona puede aprehender en esos casos e impedir que el delito siga produciendo efectos. Debe entregar de inmediato al aprehendido y lo recogido al Ministerio Público, a la policía o a la autoridad judicial más cercana. El Ministerio Público también puede pedir al juez la aprehensión cuando considere necesaria la prisión. El juez puede ordenar una medida sustitutiva o prescindir de la prisión y liberar al sindicado. Ejemplo: alguien es visto huyendo con una bolsa ajena, y el dueño lo sigue a la vista. Si la persecución no se interrumpe, la policía puede aprehenderlo. El artículo anterior trata de la permanencia de los presentes: art. 256 CPP.
**Citado por:** Art. 258, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-258/).
**Artículo 258.** *Otros casos de aprehensión.* El deber y la facultad previstos en el artículo anterior se extenderán a la aprehensión de la persona cuya detención haya sido ordenada o de quien se fugue del establecimiento donde cumple su condena o prisión preventiva.
En estos casos el aprehendido será puesto inmediatamente a disposición de la autoridad que ordenó su detención o del encargado de su custodia.
**Qué significa:** El deber y la facultad de aprehender, previstos en el artículo anterior, se extienden a dos casos. El primero es la persona cuya detención ya fue ordenada. El segundo es quien se fuga del lugar donde cumple condena o prisión preventiva. En esos casos, la persona aprehendida debe ser puesta de inmediato a disposición de la autoridad que ordenó la detención, o del encargado de su custodia. Ejemplo: un condenado escapa de un centro penitenciario. Quien lo encuentra puede aprehenderlo y debe entregarlo de inmediato al encargado de la custodia. El texto no fija plazo en horas para esta entrega. Pide que sea inmediata. El artículo anterior, art. 257 CPP, trata de la aprehensión. El siguiente, art. 259 CPP, regula la prisión preventiva. Guía relacionada: detención.
**Artículo 259.** *Prisión preventiva.* Se podrá ordenar la prisión preventiva, después de oír al sindicado, cuando medie información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él.
La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso.
**Qué significa:** La prisión preventiva es la excepción, no la regla. Antes de decidir, el juez debe oír al sindicado. Después, la orden procede cuando hay información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo cometió o participó en él. El segundo párrafo fija el límite. La libertad solo puede restringirse en lo absolutamente indispensable para asegurar que el imputado esté presente en el proceso. Por eso, la prisión preventiva es una medida excepcional frente a la regla general de libertad. Un caso práctico: una persona acusada de un hurto simple tiene arraigo, trabajo y domicilio fijo. El juez puede preferir una medida menos grave, porque la prisión solo procede si es indispensable para asegurar su presencia. El artículo anterior trata de otros casos de aprehensión: art. 258 CPP. Para las alternativas a la prisión, lee la guía Medidas sustitutivas a la prisión preventiva y la guía Prisión preventiva.
**Guías:** Medidas sustitutivas a la prisión preventiva (https://codicegt.com/guia/medida-sustitutiva/); Prisión preventiva (https://codicegt.com/guia/prision-preventiva/).
**Artículo 260.** *Forma y contenido de la decisión.* El auto de prisión será dictado por el juez o tribunal competente, y deberá contener:
1) Los datos personales del imputado o los que sirvan para identificarlo.
2) Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen.
3) Los fundamentos, con la indicación concreta de los presupuestos que motivan la medida.
4) La cita de las disposiciones penales aplicables.
**Qué significa:** El auto de prisión tiene un contenido obligatorio. Lo dicta el juez o tribunal competente, y debe incluir cuatro elementos: los datos personales del imputado o los que sirvan para identificarlo, una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen, los fundamentos con la indicación concreta de los presupuestos que motivan la medida, y la cita de las disposiciones penales aplicables. El punto que más pesa está en el tercer requisito: no basta con decir que hay razones, sino indicar de forma concreta los presupuestos que motivan la medida. El texto no enumera esos presupuestos, así que debes buscarlos en otras normas. Ejemplo: cuando se dicta prisión contra una persona, el auto debe nombrarla, resumir en pocas palabras el hecho que se le atribuye, explicar por qué procede la medida y citar las normas penales aplicables. Si revisas un auto y falta uno de esos contenidos, puedes compararlo con el texto oficial.
**Artículo 261.** *Casos de excepción.* En delitos menos graves no será necesaria la prisión preventiva, salvo que exista presunción razonable de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad.
No se podrá ordenar la prisión preventiva en los delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad o cuando, en el caso concreto, no se espera dicha sanción.
**Guías:** Prisión preventiva (https://codicegt.com/guia/prision-preventiva/).
**Artículo 262.** *Peligro de Fuga.* Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
1) Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.
2) La pena que se espera como resultado del procedimiento.
3) La importancia del daño resarcible y la actitud que el sindicado o imputado adopta voluntariamente frente a él.
4) El comportamiento del sindicado o imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal; y
5) La conducta anterior del imputado.
**Qué significa:** Para decidir sobre el peligro de fuga, el texto indica cinco circunstancias. La primera es el arraigo en el país: domicilio, residencia habitual, familia, negocios o trabajo, y las facilidades para salir del país o esconderse. La segunda es la pena que se espera. La tercera es la importancia del daño resarcible y la actitud voluntaria del imputado frente a él. La cuarta es el comportamiento del imputado en este procedimiento o en otro anterior, en cuanto muestre voluntad de someterse a la persecución penal. La quinta es su conducta anterior. Ejemplo: un imputado vive con su familia en la ciudad, tiene trabajo fijo y ha cumplido citaciones anteriores. Esas circunstancias reducen el peligro de fuga según el texto. El texto dice «especialmente», así que la lista no es cerrada. El juez puede valorar otras circunstancias. El artículo anterior, art. 261 CPP, trata de los casos de excepción. El siguiente, art. 263 CPP, regula el peligro de obstaculización.
**Guías:** Prisión preventiva (https://codicegt.com/guia/prision-preventiva/).
**Artículo 263.** *Peligro de obstaculización.* Para decidir acerca del peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado podría:
1) Destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba.
2) Influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.
3) Inducir a otros a realizar tales comportamientos.
**Qué significa:** Para decidir sobre el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad, el texto indica que se tiene en cuenta la grave sospecha de que el imputado podría hacer ciertas cosas. Entre ellas, destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. También influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o actúen de forma desleal. Ejemplo: un imputado amenaza a un testigo para que cambie su declaración. Esa conducta encaja en el segundo supuesto. El texto usa la expresión «grave sospecha». No basta una sospecha leve para aplicar la regla. El artículo anterior, art. 262 CPP, trata del peligro de fuga. El siguiente, art. 264 CPP, regula la sustitución de medidas. La lista sirve para evaluar un riesgo concreto. No describe conductas que se presumen por el solo hecho de estar imputado.
**Guías:** Prisión preventiva (https://codicegt.com/guia/prision-preventiva/).
**Artículo 264.** *Sustitución.* Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitado por aplicación de otra medida menos grave para el imputado, el juez o tribunal competente, de oficio, podrá imponerle alguna o varias de las medidas siguientes:
1) El arresto domiciliario, en su propio domicilio o residencia o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga.
2) La obligación de someterse a cuidado o vigilancia de una persona o de institución determinada, quien informará periódicamente al tribunal.
3) La obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe.
4) La prohibición de salir, sin autorización, del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal.
5) La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares.
6) La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa.
7) La prestación de una caución económica adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes, o la fianza de una o más personas idóneas.
El tribunal ordenará las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento, y además podrá auxiliarse de cualquiera de los medios de control telemático, si a su juicio, las circunstancias del caso lo ameritan. En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad o se impondrán medidas cuyo cumplimiento fuere imposible. En especial, evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de los medios del imputado impidan la prestación.
En casos especiales, se podrá también prescindir de toda medida de coerción, cuando la simple promesa del imputado de someterse al procedimiento baste para eliminar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad.
No podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menor de doce años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado, al reincidente de los delitos de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas; tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcada por la DIGECAM.
También quedan excluidos de medidas sustitutivas los delitos comprendidos en el Capítulo VII del Decreto No. 48-92 del Congreso de la República. Ley contra la Narcoactividad.
Las medidas sustitutivas acordadas deberán guardar relación con la gravedad del delito imputado. En caso de los delitos contra el patrimonio, la aplicación del inciso séptimo de este artículo deberá guardar una relación proporcional con el daño causado.
. En procesos instruidos por los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera y contrabando aduanero, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas a las que se refiere este artículo, excepto la de prestación de caución económica, *siempre y cuando la misma no sea inferior al cien por ciento (100%) de los tributos retenidos o defraudados, así como los recargos, multas e intereses resarcitorios, que a petición del Juez determine la administración tributaria.
En los procesos instruidos por los delitos de: a) Adulteración de medicamentos; b) Producción de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado; c) Distribución y comercialización de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, medicamentos adulterados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado; y d) Establecimientos o laboratorios clandestinos, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas a las que se refiere este artículo.
> Nota de la fuente: (Párrafo reformado por el Artículo 18 del Decreto 49-2016 del Congreso de la República). (Párrafo adicionado por el Artículo 18 del Decreto 32-96 del Congreso de la República y reformado por artículo 1 del Decreto 6-2013 del Congreso de la República). (Párrafo adicionado por el Artículo 18 del Decreto 32-96 del Congreso de la República). (Párrafo adicionado por el Artículo 18 del Decreto 32-96 del Congreso de la República). (Párrafo adicionado por el Artículo 16 del Decreto 30-2001 del Congreso de la República) (Párrafo adicionado por el Artículo 14 del Decreto 28-2011 del Congreso de la República). * (La parte subrayada fue declarada inconstitucional por sentencia de la Corte de Constitucionalidad de 18 de noviembre de 2002, expediente No. 1555-2001).
- Reforma: Reformado (párrafo) por el artículo 18 del Decreto 49-2016 (2016)
- Reforma: Adicionado (párrafo) por el artículo 18 del Decreto 32-96 (1996)
- Reforma: Reformado (párrafo) por el artículo 1 del Decreto 6-2013 (2013)
- Reforma: Adicionado (párrafo) por el artículo 16 del Decreto 30-2001 (2001)
- Reforma: Adicionado (párrafo) por el artículo 14 del Decreto 28-2011 (2011)
- Reforma: Declarado inconstitucional en Expediente 1555-2001 de la Corte de Constitucionalidad (2002-11-18)
**Qué significa:** La prisión preventiva puede sustituirse por medidas menos graves. Si el peligro de fuga o de obstaculización puede evitarse con una medida menos grave, el juez puede imponer una o varias. Entre ellas están el arresto domiciliario, la vigilancia por una persona o institución, la obligación de presentarse periódicamente, la prohibición de salir del país o de la localidad, la prohibición de visitar ciertos lugares o comunicarse con ciertas personas, y la caución económica. En algunos casos el juez puede prescindir de cualquier medida si la simple promesa del imputado de someterse al proceso basta. No se pueden conceder estas medidas en procesos por delitos como homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, plagio o secuestro, robo agravado, ni contra reincidentes o delincuentes habituales. Tampoco aplican a los delitos del Capítulo VII de la Ley contra la Narcoactividad. En defraudación tributaria, aduanera o contrabando, solo cabe la caución económica. La frase que exige una caución no inferior al cien por ciento de lo defraudado lleva asterisco: la nota oficial indica que la parte subrayada fue declarada inconstitucional en 2002 (expediente 1555-2001). En la práctica: una persona sin antecedentes, acusada de un delito leve, puede quedar en arresto domiciliario. Para pasos prácticos, la guía Medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
**Citado por:** Art. 264 Bis, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-264bis/).
**Guías:** Medidas sustitutivas a la prisión preventiva (https://codicegt.com/guia/medida-sustitutiva/).
**Artículo 264 Bis.** *Arresto domiciliario en hechos de tránsito.* Cuando se trate de hechos por accidentes de tránsito, los causantes de ellos deberán quedarse en libertad inmediata, bajo arresto domiciliario.
Esta medida podrá constituirse mediante acta levantada por un Notario, Juez de Paz o por el propio jefe de Policía que tenga conocimiento del asunto, estos funcionarios serán responsables si demoran innecesariamente el otorgamiento de la medida. El interesado podrá requerir la presencia de un fiscal del Ministerio Público a efecto de agilizar el otorgamiento de dicha medida. En el acta deberán hacerse constar los datos de identificación personal, tanto del beneficiado como de su fiador, quienes deberán identificarse con su cédula de vecindad o su licencia de conducir vehículos automotores, debiéndose registrar la dirección de la residencia de ambos.
El Juez de Primera Instancia competente, al recibir los antecedentes, examinará y determinará la duración de la medida, pudiendo ordenar la sustitución de la misma por cualesquiera de las contempladas en el artículo anterior.
No gozará del beneficio la persona que en el momento del hecho se encontrare en alguna de las situaciones siguientes:
1) En estado de ebriedad o bajo efecto de drogas o estupefacientes.
2) Sin licencia vigente de conducción.
3) No haber prestado ayuda a la víctima, no obstante de haber estado en posibilidad de hacerlo.
4) Haberse puesto en fuga u ocultado para evitar su procesamiento.
En los casos en los cuales el responsable haya sido el piloto de un transporte colectivo de pasajeros, escolares o de carga en general cualquier transporte comercial, podrá otorgársele este beneficio, siempre que se garantice suficientemente ante el Juzgado de Primera Instancia respectivo, el pago de las responsabilidades civiles. La garantía podrá constituirse mediante primera hipoteca, fianza prestada por entidad autorizada para operar en el país o mediante el depósito de una cantidad de dinero en la Tesorería del Organismo Judicial y que el juez fijará en cada caso.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 19 del Decreto 32-96 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 19 del Decreto 32-96 (1996)
**Qué significa:** Quien causa un accidente de tránsito queda, por regla general, en libertad bajo arresto domiciliario. Quien causa el hecho debe quedar en libertad inmediata, bajo arresto domiciliario. La medida puede constituirse mediante acta de un notario, un juez de paz o el jefe de policía que conozca el caso. Esos funcionarios responden si demoran sin necesidad. En el acta se anotan los datos del beneficiado y de su fiador, con su residencia. Después, el juez de Primera Instancia fija la duración y puede sustituir la medida por otra del artículo anterior. El beneficio no se concede si la persona estaba ebria o bajo efectos de drogas, si no tenía licencia vigente, si no prestó ayuda a la víctima pudiendo hacerlo, o si huyó u ocultó para evitar el proceso. Si el responsable es piloto de transporte colectivo o de carga, el beneficio puede otorgarse si garantiza el pago de las responsabilidades civiles, con hipoteca, fianza o depósito. Ejemplo: un conductor sin licencia vigente causa un choque. Según el texto, no puede gozar de este beneficio. El artículo anterior, art. 264 CPP, regula las medidas sustitutivas.
**Artículo 265.** *Acta.* Previo a la ejecución de estas medidas, se levantará acta en la cual constará:
1) La notificación al imputado.
2) La identificación de las personas que intervengan en la ejecución de la medida y la aceptación de la función o de la obligación que les ha sido asignada.
3) El domicilio o residencia de dichas personas, con indicación de las circunstancias que obliguen al sindicado o imputado a no ausentarse del mismo por más de un día.
4) La constitución de un lugar especial para recibir notificaciones, dentro del radio del tribunal.
5) La promesa formal del imputado de presentarse a las citaciones.
En el acta constarán las instrucciones sobre las consecuencias de la incomparecencia del imputado.
**Artículo 266.** *Orden de detención.* En los casos en que el imputado se oculte o se halle en situación de rebeldía, el juez, aún sin declaración previa, podrá ordenar su detención.
Si ya hubiere sido dictada la prisión preventiva, bastará remitirse a ella y expresar el motivo que provoca la necesidad actual del encarcelamiento.
**Qué significa:** Si el imputado se oculta o está en situación de rebeldía, el juez puede ordenar su detención. Lo puede hacer aun sin declaración previa, como dice el texto. Lo que cambia el alcance es la expresión aun sin declaración previa: en esos casos, el juez no necesita esperar una declaración previa para ordenar la detención. El texto no precisa a qué declaración se refiere. Si ya se dictó prisión preventiva, basta remitirse a ella y expresar el motivo que provoca la necesidad actual del encarcelamiento. El texto no dice cuánto puede durar la detención ni qué recursos existen. Por ejemplo, una persona imputada no aparece y se sabe que se oculta. El juez puede ordenar su detención sin que exista una declaración previa. En la práctica: si ya hay prisión preventiva, el juez se remite a esa medida y expresa el motivo actual que hace necesario el encarcelamiento.
**Artículo 267.** *Comunicación.* Cuando el imputado sea aprehendido, será informado acerca del hecho que se le atribuye y de la autoridad que ha ordenado su detención o a cuya disposición se consigne.
**Qué significa:** Cuando el imputado sea aprehendido, debe ser informado de dos cosas: el hecho que se le atribuye y la autoridad que ordenó su detención o a cuya disposición se consigne. Así sabe qué se le atribuye y ante qué autoridad queda. El matiz importante es que la información tiene dos partes, el hecho y la autoridad, y ninguna basta sola. El artículo no dice quién debe informar, por qué medio debe hacerlo ni qué sigue después. Si quieres revisar los derechos de una persona detenida, la guía Me detuvieron: ¿qué derechos tengo? trata ese tema. Imagina que una persona es detenida en la calle. Al ser aprehendida, debe ser informada del hecho que se le atribuye y de la autoridad que ordenó su detención o a cuya disposición queda.
**Guías:** Me detuvieron: ¿qué derechos tengo? (https://codicegt.com/guia/detencion/).
**Artículo 268.** *Cesación del Encarcelamiento.* La privación de libertad finalizará:
1) Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida.
2) Cuando su duración supere o equivalga a la condena que se espera, considerando, incluso, la posible aplicación de reglas penales relativas a la suspensión o remisión de la pena, o a la libertad anticipada.
3) Cuando su duración exceda de un año; pero si se hubiere dictado sentencia condenatoria pendiente de recurso, podrá durar tres meses más.
Las salas de la Corte de Apelaciones de la República, en los casos sometidos a su conocimiento a solicitud de los jueces de Paz, jueces de Instancia o Tribunales de Sentencia o del Ministerio Público, conocerán, y en su caso autorizarán cuantas veces sea necesario, la prórroga de los plazos de prisión preventiva que establece el Código, fijando en todo caso, el plazo de la prórroga concedida.
En ningún proceso sometido a la competencia de los juzgados de Paz la prórroga a que se refiere el presente artículo se podrá otorgar por más de dos veces.
En los procesos en que se hubiere dictado sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso de apelación especial.
La Corte Suprema de Justicia, en los casos sometidos a su conocimiento, de oficio o a solicitud de las Salas de la Corte de Apelaciones o del Ministerio Público, podrá autorizar, en los casos de su competencia, que los plazos anteriores se prorroguen cuantas veces sea necesario, fijando el tiempo concreto de las prórrogas. En este caso podrá indicar las medidas necesarias para acelerar el trámite del procedimiento y quedará a su cargo el examen de la prisión.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 9 del Decreto 51-2002 del Congreso de la República). (Adicionado por el Artículo 9 del Decreto 51-2002 del Congreso de la República). (Adicionado por el Artículo 9 del Decreto 51-2002 del Congreso de la República). (Adicionado por el Artículo 9 del Decreto 51-2002 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 9 del Decreto 51-2002 (2002)
- Reforma: Adicionado por el artículo 9 del Decreto 51-2002 (2002)
**Qué significa:** Este artículo enumera cuándo termina la prisión preventiva. Termina si nuevos elementos muestran que ya no concurren los motivos que la fundaron o que conviene sustituirla por otra medida. También termina cuando su duración iguala o supera la condena esperada, contando la posible suspensión o remisión de la pena o la libertad anticipada. Y termina cuando excede de un año, aunque, si hay sentencia condenatoria pendiente de recurso, puede durar tres meses más. Los plazos admiten prórroga. Las salas de la Corte de Apelaciones, a solicitud de jueces de Paz, jueces de Instancia, Tribunales de Sentencia o el Ministerio Público, pueden autorizarla cuantas veces sea necesario, fijando su plazo. En procesos de competencia de juzgados de Paz, la prórroga no puede darse más de dos veces. Con sentencia condenatoria, la prisión puede prolongarse durante la apelación especial. La Corte Suprema de Justicia, de oficio o a solicitud, también puede autorizar prórrogas, indicar medidas para acelerar el trámite y asumir el examen de la prisión. Por ejemplo, si alguien lleva un año en prisión preventiva sin sentencia ni prórroga autorizada, el texto manda que la privación de libertad finalice. La nota indica que fue reformado por el Artículo 9 del Decreto 51-2002 del Congreso de la República, que también adicionó párrafos.
**Guías:** Prisión preventiva (https://codicegt.com/guia/prision-preventiva/).
**Artículo 269.** *Cauciones.* El tribunal, cuando corresponda, fijará el importe y la clase de la caución, decidirá sobre la idoneidad del fiador, según libre apreciación de las circunstancias del caso. A pedido del tribunal, el fiador justificará su solvencia.
Cuando la caución fuere prestada por otra persona, ella asumirá solidariamente con el imputado la obligación de pagar, sin beneficio de exclusión, la suma que el tribunal haya fijado.
El imputado y el fiador podrán sustituir la caución por otra equivalente, previa autorización del tribunal.
##### Sección Segunda. Rebeldía
**Artículo 270.** *Ejecución de las cauciones.* En los casos de rebeldía o cuando el imputado se sustrajere a la ejecución de la pena, se fijará un plazo no menor de cinco días para que comparezca o cumpla la condena. De ello se notificará al imputado y al fiador advirtiéndoles que, si aquel no comparece, no cumple la condena impuesta, o no justifica estar impedido por fuerza mayor, la caución se ejecutará al término del plazo.
Vencido el plazo, el tribunal dispondrá, según el caso, la venta pública subasta de los bienes que integran la caución por intermedio de una institución bancaria o el embargo y ejecución inmediata de bienes del fiador, por vía de apremio en cuerda separada por el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. La suma líquida de la caución será transferida a la Tesorera del Organismo Judicial.
**Artículo 271.** *Cancelación.* La caución será cancelada y devueltos los bienes afectados por la garantía, siempre que no hubieren sido ejecutados, cuando:
1) El imputado fuere reducido nuevamente a prisión preventiva.
2) Se revoque la decisión de constituir cauciones, sean o no reemplazadas por otra medida.
3) Por sentencia firme se absuelva al acusado o se sobresea el proceso.
4) Se comience la ejecución de la pena privativa de libertad, o ella no se deba ejecutar.
5) Se verifique el pago íntegro de la multa.
**Qué significa:** La caución se cancela y se devuelven los bienes afectados por la garantía, siempre que no hubieren sido ejecutados, en cinco casos. El primero es que el imputado sea reducido nuevamente a prisión preventiva. El segundo, que se revoque la decisión de constituir cauciones, sean o no reemplazadas por otra medida. El tercero, que por sentencia firme se absuelva al acusado o se sobresea el proceso. Los otros dos casos son que comience la ejecución de la pena privativa de libertad, o que esta no se deba ejecutar, y que se verifique el pago íntegro de la multa. El matiz clave es «siempre que no hubieren sido ejecutados»: la devolución alcanza solo a los bienes que aún no se ejecutaron. El texto no explica el procedimiento para devolverlos; eso queda para otras normas. En un caso sencillo, una persona que dio una caución paga la multa en su totalidad. Con ese pago íntegro se cumple uno de los casos, y la caución se cancela con devolución de los bienes, siempre que no se hayan ejecutado.
##### Sección Tercera. Falta de mérito e internación
**Artículo 272.** *Falta de Mérito.* Si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual sólo podrá ordenar alguna de las medidas previstas de substitución de prisión preventiva.
**Qué significa:** Si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declara la falta de mérito. En ese caso no aplica ninguna medida de coerción. Hay una excepción: si la medida es absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización de la verdad, el tribunal puede ordenar solo una medida sustitutiva de la prisión preventiva. Ejemplo: no hay base para prisión preventiva, pero la persona tiene riesgo claro de fuga. El tribunal puede imponer una medida sustitutiva, no la prisión. El texto no define aquí cuándo hay peligro de fuga. Esa valoración se hace caso por caso. El artículo anterior, art. 271 CPP, trata de la cancelación. Guía relacionada: medida sustitutiva. El texto usa la expresión «absolutamente imprescindible», que deja poco margen. La medida tiene que ser necesaria, no solo conveniente.
**Guías:** Medidas sustitutivas a la prisión preventiva (https://codicegt.com/guia/medida-sustitutiva/).
**Artículo 273.** *Internación provisional.* Se podrá ordenar la internación del imputado en un establecimiento asistencial, cuando medien los siguientes requisitos:
1) La existencia de elementos suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor de un hecho antijurídico o partícipe en él.
2) La comprobación por dictamen de dos peritos, de que sufre una grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales que lo tornan peligroso.
3) La existencia del peligro de fuga.
4) La conducta anterior del imputado; y
5) Tener seis o más ingresos a los centros de detención.
**Qué significa:** Se podrá ordenar la internación de un imputado en un establecimiento asistencial cuando medien cinco requisitos. El primero exige elementos suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho antijurídico. El segundo pide un dictamen de dos peritos que compruebe una grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales que lo tornan peligroso. Los requisitos tres a cinco hablan de peligro de fuga, conducta anterior y tener seis o más ingresos a centros de detención. Lo que el artículo no dice es qué pasa después de la internación ni cuánto dura. Esa materia queda para otras normas. Ejemplo: los peritos pueden confirmar una grave alteración mental, pero esa comprobación es solo uno de los cinco requisitos. Los demás también deben estar presentes para que el texto aplique.
**Artículo 274.** *Tratamiento.* El encarcelado preventivamente será alojado en establecimientos especiales, diferentes de los que se utilizan para los condenados a pena privativa de libertad, o, al menos en lugares absolutamente separados de los dispuestos para estos últimos, y tratados en todo momento como inocentes, que sufren la prisión con el único fin de asegurar el desarrollo correcto del procedimiento penal.
En especial, los reglamentos carcelarios se ajustarán a los siguientes principios:
1) Los lugares de alojamiento y los servicios que garanticen las comodidades mínimas para la vida y la convivencia humana serán sanos y limpios.
2) El imputado dispondrá de su tiempo libremente y sólo le serán impuestas las restricciones imprescindibles para posibilitar la convivencia.
3) El imputado gozará, dentro del establecimiento, de libertad ambulatoria, en la medida que lo permitan las instalaciones.
4) El imputado podrá tener consigo materiales de lectura y escritura, libros, revistas y periódicos, sin ninguna restricción.
5) La comunicación epistolar será libre, salvo grave sospecha de preparación de fuga o de continuación de la actividad delictiva.
6) Se cuidará adecuadamente la salud de los internos, quienes, en caso de enfermedad, tendrán derecho a asistencia médica gratuita, incluso, de un médico de su confianza, a su costa.
7) Si el imputado lo solicita, se le facilitará asistencia religiosa, según sus creencias.
8) El imputado que trabaje tendrá derecho a un salario, que recibirá mensualmente.
9) El imputado podrá gozar periódicamente de privacidad con su pareja.
**Citado por:** Art. 275, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-275/).
**Artículo 275.** *Contralor jurisdiccional.* El tribunal controlará el respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones impuestos en el artículo anterior. Podrá designar también un inspector judicial con facultades suficientes para controlar el cumplimiento del régimen establecido.
**Qué significa:** El tribunal vigila que se respeten los derechos y se cumplan las obligaciones impuestos en el art. 274 CPP, el artículo anterior. Ese artículo trata del alojamiento y del trato de quien está encarcelado preventivamente, a quien se debe tratar en todo momento como inocente. El control corresponde al tribunal, que además puede designar un inspector judicial. Ese inspector debe tener facultades suficientes para controlar el cumplimiento del régimen establecido. El texto no detalla esas facultades, así que debes buscarlas en otras normas. En la práctica, si un tribunal supervisa a una persona en prisión preventiva, puede nombrar a un inspector judicial para revisar el régimen. Si sigues un caso así, puedes leer primero el artículo 274 para saber qué derechos hay que vigilar. Aunque haya un inspector, el tribunal sigue siendo quien controla, según el texto.
##### Sección Cuarta. Revisión de las medidas de coerción personal
**Artículo 276.** *Carácter de las decisiones.* El auto que imponga una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable, aún de oficio.
**Qué significa:** La decisión que impone una medida de coerción puede cambiarse. Lo mismo vale para la decisión que la rechaza. El texto dice que ese auto es revocable o reformable, es decir, puede dejarse sin efecto o modificarse. Esto aplica tanto a una medida impuesta como a una negada. Lo clave son las palabras «aun de oficio». Significan que la revisión puede hacerse sin que nadie la pida. El texto no dice cuándo ni cada cuánto debe hacerse esa revisión, ni cómo se tramita. Esos puntos quedan para otras normas del mismo Código. En la práctica: un tribunal impone una medida y después aparecen datos nuevos sobre el caso. Como el auto es reformable, esos datos podrían llevar a modificarlo, aunque ninguna parte lo haya solicitado. El artículo solo permite el cambio; no lo ordena.
**Artículo 277.** *Revisión a pedido del imputado.* El imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación, o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiere sido impuesta, en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieren variado las circunstancias primitivas. El examen se producirá en audiencia oral, a la cual serán citados todos los intervinientes. El tribunal decidirá inmediatamente en presencia de los que concurran. Se podrá interrumpir la audiencia o la decisión por un lapso breve, con el fin de practicar una averiguación sumaria.
**Qué significa:** El imputado y su defensor pueden pedir que se examine la prisión, la internación o cualquier otra medida de coerción personal. Pueden hacerlo en cualquier momento del procedimiento, siempre que hayan variado las circunstancias que motivaron la medida. El examen se hace en audiencia oral, a la que deben ser citados todos los intervinientes. El tribunal decide de inmediato, ante quienes concurran. Puede interrumpir la audiencia o la decisión por un lapso breve para practicar una averiguación sumaria. El texto no fija una cifra para ese lapso. En la práctica: una persona lleva tiempo en prisión y su situación cambió desde que se impuso la medida. Su defensor puede pedir la revisión, y el tribunal la examina en audiencia oral. Si quieres leer sobre el tema, revisa la guía Medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
**Guías:** Medidas sustitutivas a la prisión preventiva (https://codicegt.com/guia/medida-sustitutiva/).
##### Sección Quinta. Embargo y otras medidas de coerción
**Artículo 278.** *Remisión.* El embargo de bienes y las demás medidas de coerción para garantizar la multa o la reparación, sus incidentes, diligencias, ejecución y tercerías, se regirán por el Código Procesal Civil y Mercantil. En los delitos promovidos por la Administración Tributaria, se aplicará lo prescrito en el Artículo 170 del Código Tributario.
En estos casos será competente el juez de primera instancia o el tribunal que conoce de ellos.
Sólo serán recurribles, cuando lo admita la mencionada ley y con el efecto que ella prevé.
> Nota de la fuente: (Reformado el primer párrafo por el Artículo 20 del Decreto 32-96 y por el artículo 11 del Decreto 103- 96, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado (párrafo) por el artículo 20 del Decreto 32-96 (1996)
- Reforma: Reformado (párrafo) por el artículo 11 del Decreto 103-96 (1996)
**Qué significa:** El embargo de bienes y las demás medidas de coerción para garantizar la multa o la reparación se rigen por el Código Procesal Civil y Mercantil. Esa remisión alcanza también sus incidentes, diligencias, ejecución y tercerías. Cuando el delito lo promueve la Administración Tributaria, se aplica lo prescrito en el art. 170 CTrib, que permite pedir medidas cautelares para asegurar los tributos, intereses y multas. En estos casos será competente el juez de primera instancia o el tribunal que conoce de ellos. Las resoluciones solo son recurribles cuando lo admita la ley mencionada, el Código Procesal Civil y Mercantil, y con el efecto que ella prevé. El texto no dice cuánto dura un embargo ni qué medidas concretas existen; eso queda para esas otras normas. Un caso: en un proceso penal se embargan bienes para garantizar la reparación. El trámite, sus incidentes y su ejecución siguen el Código Procesal Civil y Mercantil, y lo conoce el juez de primera instancia o el tribunal que lleva el caso. La nota indica que el primer párrafo fue reformado por el artículo 20 del Decreto 32-96 y por el artículo 11 del Decreto 103-96, ambos del Congreso de la República.
**Artículo 279.** *Multa.* En los casos de los delitos sancionados con multa, el Ministerio Público podrá requerir el embargo de bienes u otra medida sustitutiva, para asegurar el pago.
**Qué significa:** Este artículo da al Ministerio Público una herramienta para asegurar el pago de multas. Se aplica a los delitos sancionados con multa. En esos casos, el Ministerio Público puede requerir el embargo de bienes u otra medida sustitutiva, con el fin de asegurar que la multa se pague. El verbo es «podrá», de modo que se trata de una facultad y no de una obligación. El Ministerio Público pide la medida; el texto usa la palabra «requerir», lo que indica que la solicita y no la ejecuta por sí mismo. El artículo no dice qué otras medidas sustitutivas caben, ni en qué momento del proceso pueden pedirse, ni sobre qué bienes recae el embargo. Tampoco se refiere a delitos sancionados solo con prisión. Su alcance se limita a garantizar el cobro de la multa. Por ejemplo, si una persona es procesada por un delito que tiene prevista una multa y existe el riesgo de que se deshaga de sus bienes, el Ministerio Público puede requerir el embargo de una cuenta o de un inmueble. Así, si al final se impone la multa, habrá bienes con los cuales cubrirla. En lugar del embargo, también puede pedir otra medida sustitutiva que cumpla el mismo fin.
**Artículo 280.** *Garantía.* El imputado, su defensor y el tercero civilmente demandado, podrá solicitar del querellante y del actor civil extranjero o transeúnte, en la forma prevista por el Código Procesal Civil y Mercantil, el aseguramiento de las costas, daños y perjuicios.
#### Capítulo VII. Actividad procesal defectuosa
**Artículo 281.** *Principio.* No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en este Código, salvo que el defecto haya sido subsanado o no se hubiera protestado oportunamente de él.
El Ministerio Público y las demás partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen gravamen, con fundamento en el defecto, en los casos y formas previstos por este Código siempre que el interesado no haya contribuido a provocar el defecto. Se procederá del mismo modo cuando el defecto consista en la omisión de un acto que la ley prevé.
**Qué significa:** No pueden valorarse para fundar una decisión judicial los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones que prevé el código. Tampoco pueden usarse como presupuestos de la decisión. La regla tiene dos excepciones. La primera es que el defecto haya sido subsanado. La segunda es que no se haya protestado oportunamente. Ejemplo: una diligencia se hace sin cumplir una forma del código, y la parte no protesta a tiempo. El juez puede valorarla, porque el defecto no se protestó. El texto exige un protesto oportuno para perder el derecho a objetar el acto. La omisión de protesta tiene efecto. El artículo anterior, art. 280 CPP, trata de la garantía. El siguiente, art. 282 CPP, regula la protesta. La regla protege la legalidad de las decisiones. Una decisión no puede apoyarse en actos irregulares que la parte pudo objetar a tiempo.
**Artículo 282.** *Protesta.* Salvo en los casos del artículo siguiente, el interesado deberá reclamar la subsanación del defecto o protestar por él, mientras se cumple el acto o inmediatamente después de cumplido, cuando haya estado presente en el mismo.
Si, por las circunstancias del caso hubiere sido imposible advertir oportunamente el defecto, el interesado deberá reclamar inmediatamente después de conocerlo.
El reclamo de subsanación deberá describir el defecto, individualizar el acto viciado u omitido y proponer la solución que corresponda.
**Qué significa:** Cuando un acto del proceso tiene un defecto, el interesado debe reclamar su subsanación o protestar por él. Puede hacerlo mientras el acto se cumple o inmediatamente después, si estuvo presente. Si por las circunstancias era imposible notar el defecto a tiempo, el reclamo debe hacerse inmediatamente después de conocerlo. El texto no define qué significa «inmediatamente» y no dice qué pasa si el reclamo llega tarde. El reclamo de subsanación debe describir el defecto, señalar el acto viciado u omitido y proponer la solución que corresponda. El artículo 283 excluye esta exigencia de protesta previa en ciertos defectos, que pueden advertirse incluso de oficio: los que tienen que ver con la intervención, asistencia y representación del imputado, y los que impliquen inobservancia de derechos y garantías de la Constitución y de tratados ratificados. Ver art. 283 CPP. Por ejemplo, en una audiencia una persona presente nota que falta un acto. Debe reclamar en ese momento, describiendo qué falta y qué debe hacerse.
**Artículo 283.** *Defectos absolutos.* No será necesaria la protesta previa y podrán ser advertidos aún de oficio, los defectos concernientes a la intervención, asistencia, y representación del imputado en los casos y formas que la ley establece o los que impliquen inobservancia de derechos y garantías previstos por la Constitución y por los tratados ratificados por el Estado.
**Qué significa:** El artículo cubre dos clases de defectos. La primera son los relacionados con la intervención, la asistencia y la representación del imputado, en los casos y formas que la ley establece. La segunda son los que implican inobservancia de derechos y garantías previstos por la Constitución y por los tratados ratificados por el Estado. En ambas clases, la protesta previa no es requisito. Además, estos defectos pueden advertirse aun de oficio, es decir, sin que una parte los reclame. El texto no dice qué efecto produce el defecto ni cómo se corrige. Esas consecuencias quedan para otras normas. Un caso práctico: un imputado que no tuvo representación en un acto en que la ley la exige puede hacer valer ese defecto sin haber protestado antes. El tribunal también puede advertirlo aunque nadie lo haya planteado durante la actuación.
**Citado por:** Art. 282, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-282/).
**Artículo 284.** *Renovación o rectificación.* Los defectos deberán ser subsanados, siempre que sea posible, renovando el acto, rectificando su error o cumpliendo el acto omitido, de oficio o a solicitud del interesado.
Bajo pretexto de renovación del acto, rectificación del error o cumplimiento del acto omitido no se podrá retrotraer el procedimiento a períodos ya precluídos, salvo los casos expresamente señalados por este Código.
**Qué significa:** Los defectos del proceso deben subsanarse, siempre que sea posible. Para hacerlo, se renueva el acto, se rectifica el error o se cumple el acto omitido. Puede hacerse de oficio o a petición del interesado. El texto pone un límite. No se puede volver a periodos ya precluidos bajo pretexto de subsanar, salvo los casos que el código señale. Ejemplo: en una notificación se omitió un dato. El juez la renueva, pero no reabre una etapa que ya venció para las partes, salvo que el código lo permita. La preclusión es el paso que cierra una etapa. El texto protege el avance del proceso. El artículo anterior, art. 283 CPP, trata de los defectos absolutos. El siguiente, art. 285 CPP, regula la persecución penal.
## Libro Segundo. El procedimiento común
### Título I. Preparación de la acción pública
#### Capítulo I. Persecución penal publica
**Artículo 285.** *Persecución penal.* El ejercicio de la acción penal no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar, salvo en los casos expresamente previstos por la ley.
Cuando la ley condicione la persecución penal a una instancia particular, a denuncia o a la autorización estatal, el Ministerio Público la ejercerá una vez producida, sin perjuicio de realizar o requerir los actos urgentes que interrumpan la comisión del hecho punible o conserven elementos de prueba que se perderían por la demora. El interés protegido por la necesidad de la instancia, de la denuncia o de la autorización no podrá ser afectado.
**Artículo 286.** *Oportunidad.* En los casos en que la ley permita la aplicación del criterio de oportunidad para abstenerse de ejercitar la acción penal, el Ministerio Público podrá pedir la decisión que corresponda al juez competente. La aplicación de un criterio de oportunidad solo será posible antes del comienzo del debate.
Si la aplicación del criterio de oportunidad no supone la caducidad de la persecución penal pública, el Ministerio Público podrá reiniciarla cuando lo considere conveniente.
El juez competente podrá requerir el dictamen del Ministerio Público sobre la conveniencia de aplicar algún criterio de oportunidad.
**Guías:** Criterio de oportunidad y conciliación (https://codicegt.com/guia/criterio-oportunidad/).
**Artículo 287.** *Suspensión del proceso.* Cuando la ley permita la suspensión condicional de la persecución penal, se aplicará el procedimiento abreviado, con las siguientes modificaciones:
1) Después de oído el imputado, el juez decidirá inmediatamente acerca de la suspensión del procedimiento y, en caso de concederla, especificará concretamente las instrucciones e imposiciones que debe cumplir.
2) En caso contrario, mandará seguir el procedimiento adelante, por la vía que corresponda.
La resolución conforme al inciso 1) será notificada inmediatamente al imputado, siempre en su presencia y por el juez, con expresa advertencia sobre las instrucciones e imposiciones y las consecuencias de su inobservancia.
**Qué significa:** Cuando la ley permita la suspensión condicional de la persecución penal, el caso sigue el procedimiento abreviado, con dos cambios. Primero, después de oír al imputado, el juez decide de inmediato sobre la suspensión. Si la concede, debe especificar concretamente las instrucciones e imposiciones que el imputado debe cumplir. Si no la concede, manda seguir el procedimiento por la vía que corresponda. La resolución de suspensión se notifica de inmediato al imputado, siempre en su presencia y por el juez. El juez debe advertirle las instrucciones, las imposiciones y las consecuencias de no cumplirlas. El texto no fija la duración de esas instrucciones. En la práctica: si un juez concede la suspensión, debe notificar la resolución en presencia del imputado y advertirle qué pasa si no cumple. Si el imputado no cumple, esa advertencia previa es parte del trámite que el texto exige.
**Artículo 288.** *Instrucciones al juez de ejecución.* El juez de primera instancia solicitará al de Ejecución que provea el control sobre la observancia de las imposiciones e instrucciones y que le comunique cualquier incumplimiento, según la reglamentación que dicte la Corte Suprema de Justicia.
En caso de incumplimiento de las imposiciones o instrucciones, el juez de primera instancia dará audiencia al Ministerio Público y al imputado, y resolverá, por auto fundado acerca de la reanudación de la persecución penal. La decisión podrá ser precedida de una investigación sumaria y es irrecurrible.
**Artículo 289.** *Finalidad y alcance de la persecución penal.* Tan pronto el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho punible, por denuncia o por cualquier otra vía fehaciente, debe impedir que produzca consecuencias ulteriores y promover su investigación para requerir el enjuiciamiento del imputado. El ejercicio de las facultades previstas en los tres artículos anteriores no lo eximirá de la investigación para asegurar los elementos de prueba imprescindibles sobre el hecho punible y sus partícipes.
**Qué significa:** Desde que conoce un hecho punible, por denuncia o por cualquier otra vía fehaciente, el Ministerio Público debe impedir que produzca consecuencias ulteriores. También debe promover su investigación para requerir el enjuiciamiento del imputado. El texto añade que las facultades de los tres artículos anteriores no eximen de investigar. El Ministerio Público debe asegurar los elementos de prueba imprescindibles sobre el hecho punible y sus partícipes, aunque use esas facultades. Las facultades en sí no aparecen en este artículo; quedan en los artículos previos. El punto clave es «fehaciente», que significa segura o comprobable. Así, la norma no se limita a la denuncia: cualquier vía que dé esa certeza activa la obligación. Por caso, una persona informa al Ministerio Público sobre un hecho punible por un medio que lo deja comprobado. La institución debe tomar el caso, impedir que el hecho siga produciendo consecuencias y promover la investigación.
**Artículo 290.** *Extensión de la investigación.* Es obligación del Ministerio Público extender la investigación no sólo a las circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan para descargo, cuidando de procurar con urgencia los elementos de prueba cuya pérdida es de temer. Si estima necesaria la práctica de un acto conforme a lo previsto para los definitivos e irreproducibles, lo requerirá enseguida al juez competente o, en caso de urgencia, al más próximo. El Ministerio Público debe también procurar la pronta evacuación de las citas del imputado para aclarar el hecho y su situación.
El incumplimiento o la demora injustificada en la investigación será considerada falta grave y hará responsable al funcionario de las sanciones previstas en la ley.
**Qué significa:** Es obligación del Ministerio Público extender la investigación a las circunstancias de cargo y también a las de descargo. Debe procurar con urgencia los elementos de prueba cuya pérdida es de temer. Si necesita un acto previsto para los definitivos e irreproducibles, debe requerirlo enseguida al juez competente o, en caso de urgencia, al más próximo. También debe procurar la pronta evacuación de las citas del imputado, para aclarar el hecho y su situación. El texto dice que el incumplimiento o la demora injustificada en la investigación es falta grave y hace responsable al funcionario de las sanciones previstas en la ley. Qué sanciones son, y cómo se aplican, no aparece aquí. El adjetivo «injustificada» marca el límite para la demora. No cualquier demora es falta grave, solo la que no tiene justificación; el incumplimiento, en cambio, se menciona sin ese calificativo. Además, la investigación debe cubrir también lo que sirve para descargo, no solo lo que sirve de cargo. Supón que un fiscal deja pasar mucho tiempo sin evacuar las citas que hizo el imputado para aclarar el hecho, y no hay motivo para esa espera. El caso podría encajar en lo que el texto llama demora injustificada.
#### Capítulo II. Obstáculos a la persecución penal y civil
**Artículo 291.** *Cuestión prejudicial.* Si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual, según la ley, debe ser resuelta en un proceso independiente, éste deberá ser promovido y proseguido por el Ministerio Público, con citación de todos los interesados, siempre que la ley que regula la cuestión lo permita.
Cuando el Ministerio Público no esté legitimado para impulsar la cuestión prejudicial, notificará sobre su existencia a la persona legitimada y le requerirá, a su vez, noticias sobre la promoción del proceso y su desarrollo.
**Qué significa:** Si la persecución penal depende solo de una cuestión prejudicial, y la ley manda resolverla en un proceso independiente, ese proceso lo promueve y lo sigue el Ministerio Público. Debe citar a todos los interesados. Esto aplica siempre que la ley que regula la cuestión lo permita. Ejemplo: un delito depende de decidir primero si un contrato es válido, y la ley manda resolver eso en un juicio civil. El fiscal promueve ese juicio y cita a las partes. El texto solo aplica cuando la persecución depende exclusivamente de la cuestión. Si hay otros hechos independientes, la regla no cubre todo el caso. El artículo anterior, art. 290 CPP, trata de la extensión de la investigación. El siguiente, art. 292 CPP, regula el planteamiento de la cuestión.
**Artículo 292.** *Planteamiento de la cuestión y efectos.* La existencia de una cuestión prejudicial podrá ser planteada al tribunal por cualquiera de las partes, por escrito fundado y oralmente en el debate. Durante el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público se deducirá ante el juez que controla la investigación.
El tribunal tramitará la cuestión prejudicial en forma de incidente, y si acepta su existencia, suspenderá el procedimiento hasta que sea resuelta por el juez competente, sin perjuicio de los actos urgentes de investigación que no admitan demora. Cuando el imputado estuviere detenido, se ordenará su libertad. Si el tribunal rechaza la cuestión mandará seguir el procedimiento.
**Artículo 293.** *Antejuicio.* Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente, de oficio o a petición del Ministerio Público, solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda, con un informe de las razones que justifican el pedido y las actuaciones originales. En lo demás se regirá por la Constitución de la República y leyes especiales.
Contra el titular de privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal y sólo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición. Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostentan el privilegio.
Rige esta disposición cuando se requiera la conformidad de un gobierno extranjero.
**Qué significa:** Cuando la persecución penal depende de un procedimiento previo, el tribunal pide el antejuicio. Cuando la persecución penal depende de un procedimiento previo, el tribunal competente lo solicita a la autoridad que corresponda. Puede hacerlo de oficio o a petición del Ministerio Público, con un informe de las razones y las actuaciones originales. Contra el titular de un privilegio no se pueden hacer actos que impliquen persecución penal. Solo se practican las diligencias cuya pérdida es de temer y las que sirvan para fundar la petición. Cuando termina la investigación esencial, se archivan las piezas de convicción. Esto no aplica si el proceso sigue contra otros imputados sin el privilegio. El último párrafo indica que la misma regla rige cuando se requiere la conformidad de un gobierno extranjero. Un caso práctico: se investiga a una persona con privilegio por un delito. Mientras se pide el antejuicio, solo se practican las diligencias urgentes e indispensables. El texto no define qué es el privilegio. Remite a la Constitución y a leyes especiales. La guía Derecho de antejuicio explica el procedimiento. El artículo anterior, art. 292 CPP, trata del planteamiento de la cuestión. El artículo siguiente, art. 294 CPP, regula las excepciones.
**Guías:** Derecho de antejuicio (https://codicegt.com/guia/antejuicio/).
**Artículo 294.** *Excepciones.* Las partes podrán oponerse al progreso de la persecución penal o de la acción civil, por los siguientes motivos:
1) Incompetencia.
2) Falta de acción; y
3) Extinción de la persecución penal o de la pretensión civil.
Las excepciones serán planteadas al juez de primera instancia, o al tribunal competente, según las oportunidades previstas en el procedimiento.
El juez o el tribunal podrá asumir de oficio la solución de alguna de las cuestiones anteriores, cuando sea necesario para decidir, en las oportunidades que la ley prevé y siempre que la cuestión, por su naturaleza, no requiera la instancia del legitimado a promoverla.
**Qué significa:** Este artículo regula las excepciones, que son los reclamos con los que las partes pueden oponerse a que avance la persecución penal o la acción civil. Son tres motivos: la incompetencia, la falta de acción, y la extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Las excepciones se plantean ante el juez de primera instancia o ante el tribunal competente, en las oportunidades que fija el procedimiento. El juez también puede resolver de oficio alguna de esas cuestiones, cuando sea necesario para decidir. Lo puede hacer en las oportunidades que la ley prevé. El texto exige que la cuestión, por su naturaleza, no requiera que la promueva el legitimado. Caso concreto: el imputado alega que el tribunal que lo juzga no tiene competencia. Ese reclamo es una excepción de incompetencia, y debe plantearse en el momento que el procedimiento prevea. El texto no dice qué pasa cuando una excepción es rechazada. El artículo anterior, art. 293 CPP, trata del antejuicio. El artículo siguiente, art. 295 CPP, regula el trámite durante el procedimiento preparatorio.
**Artículo 295.** *Trámite durante el procedimiento preparatorio.* La interposición de excepciones se tramitará en forma de incidente, sin interrumpir la investigación.
Las excepciones no interpuestas durante el procedimiento preparatorio podrán ser planteadas en el procedimiento intermedio.
**Artículo 296.** *Efectos.* La cuestión de incompetencia será resulta antes que cualquier otra. Si se reconoce la múltiple persecución penal simultánea, se deberá decidir cuál es el único tribunal competente.
Si se declara la falta de acción, se archivarán los autos, salvo que la persecución pudiere proseguir por medio de otro de los que intervienen, en cuyo caso la decisión sólo desplazará del procedimiento a aquel a quien afecta. La falta de poder suficiente y los defectos formales de un acto de constitución podrán ser subsanados hasta la oportunidad prevista.
En los caso de extinción de la responsabilidad penal o de la pretensión civil se decretará el sobreseimiento o se rechazará la demanda, según corresponda.
**Qué significa:** La cuestión de incompetencia se resuelve antes que cualquier otra. Si se reconoce la múltiple persecución penal simultánea, debe decidirse cuál es el único tribunal competente. Si se declara la falta de acción, los autos se archivan, salvo que la persecución pueda seguir por medio de otro de los que intervienen. En ese caso, la decisión solo aparta del procedimiento a quien la decisión afecta. La falta de poder suficiente y los defectos formales de un acto de constitución pueden subsanarse hasta la oportunidad prevista. Cuando se extingue la responsabilidad penal o la pretensión civil, el texto ordena sobreseimiento o rechazo de la demanda, según corresponda. Por ejemplo, si la responsabilidad penal de una persona se extingue, se decreta el sobreseimiento. El artículo no dice cuándo se extingue esa responsabilidad. Esa materia queda para otras normas.
#### Capítulo III. Actos introductorios
**Artículo 297.** *Denuncia.* Cualquier persona deberá comunicar, por escrito u oralmente, a la policía, al Ministerio Público o a un tribunal el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública.
El denunciante deberá ser identificado.
Igualmente, se procederá a recibir la instancia, denuncia o autorización en los casos de los delitos que así lo requieran.
**Qué significa:** Cualquier persona debe comunicar a la policía, al Ministerio Público o a un tribunal el conocimiento que tenga de un delito de acción pública. Puede hacerlo por escrito o de forma oral. El denunciante debe ser identificado. Cuando el delito requiere instancia, denuncia o autorización, el texto también ordena recibirla. Ejemplo: un vecino ve a alguien forzar la puerta de una tienda. Puede avisar a la policía de forma oral, pero debe identificarse. El texto dice «cualquier persona», es decir, no exige ser víctima para denunciar. La carga de identificarse sí recae en quien denuncia. El artículo anterior, art. 296 CPP, trata de los efectos. El siguiente, art. 298 CPP, regula la denuncia obligatoria. Guías relacionadas: denunciar un delito y denunciar al Ministerio Público.
**Guías:** Secuestro o plagio (https://codicegt.com/guia/secuestro/); Me discriminaron (https://codicegt.com/guia/discriminacion/); ¿Cómo denuncio un delito? (https://codicegt.com/guia/denunciar-delito/); Denunciar en el Ministerio Público (https://codicegt.com/guia/denunciar-mp/).
**Artículo 298.** *Denuncia obligatoria.* Deben denunciar el conocimiento que tienen sobre un delito de acción pública, con excepción de los que requieren instancia, denuncia o autorización para su persecución, y sin demora alguna:
1) Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones, salvo el caso de que pese sobre ellos el deber de guardar secreto.
2) Quienes ejerzan el arte de curar y conozcan el hecho en ejercicio de su profesión u oficio, cuando se trate de delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas, con la excepción especificada en el inciso anterior; y
3) Quienes por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuvieren a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona, respecto de delitos cometidos en su perjuicio, o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control, siempre que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones.
En todos estos casos la denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesgare la persecución penal propia, del cónyuge, o de ascendientes, descendientes o hermanos o del conviviente de hecho.
**Qué significa:** Algunas personas deben denunciar sin demora los delitos de acción pública que conocen. Ese deber aplica a tres grupos. El primero son los funcionarios y empleados públicos que conocen el hecho en el ejercicio de sus funciones, salvo que tengan deber de guardar secreto. El segundo son quienes ejercen el arte de curar, cuando conocen el hecho en su profesión y se trata de delitos contra la vida o la integridad corporal. El tercero son quienes tienen a su cargo bienes o intereses ajenos, por ley, por autoridad o por acto jurídico, respecto de delitos cometidos en su perjuicio. La denuncia no es obligatoria si arriesga la persecución penal propia, o la de cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos o conviviente de hecho. Ejemplo: un médico atiende a una persona herida en una agresión grave. El texto le impone el deber de denunciar, salvo que la denuncia lo exponga a una persecución penal propia. Guías relacionadas: denunciar un delito y denunciar al Ministerio Público. El artículo anterior, art. 297 CPP, trata de la denuncia.
**Citado por:** Art. 3, Ley contra la Violencia Intrafamiliar (https://codicegt.com/ley-violencia-intrafamiliar/articulo-3/).
**Guías:** ¿Cómo denuncio un delito? (https://codicegt.com/guia/denunciar-delito/); Denunciar en el Ministerio Público (https://codicegt.com/guia/denunciar-mp/).
**Artículo 299.** *Contenido.* La denuncia contendrá, en lo posible, el relato circunstanciado del hecho, con indicación de los partícipes, agraviados y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidos.
**Qué significa:** La denuncia debe incluir, en lo posible, el relato circunstanciado del hecho. Ese relato señala a los partícipes, a los agraviados y a los testigos, y expone los elementos de prueba y los antecedentes o consecuencias que se conozcan. El artículo describe qué debe contener la denuncia, no cómo se presenta. La frase «en lo posible» cambia el alcance de la norma. No exige un relato perfecto ni con todos los datos, sino el máximo que el denunciante conozca. El texto tampoco dice qué pasa después con la denuncia; esos puntos quedan fuera de este artículo. Un caso práctico: una persona denuncia el robo de su bicicleta. Describe dónde la dejó, cómo desapareció y quién vio lo ocurrido. Si no recuerda algún detalle, la exigencia del texto se entiende según lo que pueda aportar. Lo que sí aporte, como nombres de testigos o fotos, forma parte de los elementos de prueba que el texto menciona.
**Artículo 300.** *Intervención posterior.* El denunciante no intervendrá posteriormente en el procedimiento, ni contraerá a su respecto responsabilidad alguna, sin perjuicio de las que pudieran corresponder por denuncia falsa.
**Qué significa:** El denunciante no vuelve a intervenir en el procedimiento una vez presentada su denuncia, y tampoco contrae responsabilidad alguna respecto del caso. La regla se refiere a la persona que presentó la denuncia, en su calidad de denunciante. El matiz principal está en la frase final: la protección no es total, porque el texto deja a salvo las responsabilidades que pudieran corresponder por denuncia falsa. El artículo no dice qué procedimiento se sigue para establecer esa falsedad ni qué sanción tendría, pues eso queda para otras normas. Por ejemplo, una persona comunica a la policía un robo que presenció en su vecindario. Tras presentar esa denuncia, no le corresponde seguir participando en el procedimiento. Si la denuncia fuera falsa, el propio artículo deja a salvo la responsabilidad que pudiera corresponder.
**Artículo 301.** *Delegación de la acción civil.* La denuncia puede contener, cuando corresponda, el pedido de que el Estado asuma en su nombre el ejercicio de la acción civil proveniente del hecho punible, la cual será ejercida por el Ministerio Público.
**Qué significa:** La denuncia puede incluir, cuando corresponda, un pedido: que el Estado asuma en su nombre el ejercicio de la acción civil que nace del hecho punible. Si el Estado la asume, esa acción civil la ejerce el Ministerio Público. Así, quien ejercerá la acción civil es esa institución. El texto empieza con «cuando corresponda», así que el pedido no aplica a todas las denuncias. Está pensado como parte de la denuncia misma, no como un trámite aparte. El artículo no dice quién decide si el Estado asume la acción, ni qué pasa si no lo hace; eso queda para otras normas del Código. Por ejemplo, una persona presenta una denuncia por un hecho que le causó daños. En el mismo escrito pide que el Estado asuma la acción civil en su nombre. Si el Estado la asume, el Ministerio Público la ejercerá en nombre de esa persona, en lugar de que ella la ejerza directamente.
**Artículo 302.** *Querella.* La querella se presentará por escrito, ante el juez que controla la investigación, y deberá contener:
1) Nombres y apellidos del querellante y, en su caso, el de su representado.
2) Su residencia.
3) La cita del documento con que acredita su identidad.
4) En el caso de entes colectivos, el documento que justifique la personería.
5) El lugar que señala para recibir citaciones y notificaciones.
6) Un relato circunstanciado del hecho, con indicación de los partícipes, víctimas y testigos.
7) Elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas; y
8) La prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentre.
Si faltara alguno de estos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trámite inmediato, señalará un plazo para su cumplimiento. Vencido el mismo si fuese un requisito indispensable, el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado, salvo que se trate de un delito público en cuyo caso procederá como en la denuncia.
**Artículo 303.** *Denuncia y querellante ante un tribunal.* Cuando la denuncia o la querella se presente ante un juez, éste la remitirá inmediatamente, con la documentación acompañada, al Ministerio Público para que proceda a la inmediata investigación.
**Artículo 304.** *Prevención policial.* Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible perseguible de oficio, informarán enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar, para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos. Igual función tendrán los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del Ministerio Público o agentes de la policía.
**Qué significa:** Los funcionarios y agentes policiales que conozcan un hecho punible perseguible de oficio deben informar de inmediato, con detalle, al Ministerio Público. También deben practicar una investigación preliminar para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción. La investigación preliminar sirve además para evitar la fuga o la ocultación de los sospechosos. En los lugares donde no hay fiscales ni agentes de policía, los jueces de paz tienen la misma función. Ejemplo: la policía de una aldea escucha de un robo y debe informar al Ministerio Público. Mientras tanto, reúne evidencias para que no se pierdan. El artículo anterior, art. 303 CPP, trata de la denuncia y el querellante ante un tribunal. El siguiente, art. 305 CPP, regula las formalidades. Para la denuncia, véase la guía sobre denunciar un delito.
**Guías:** ¿Cómo denuncio un delito? (https://codicegt.com/guia/denunciar-delito/).
**Artículo 305.** *Formalidades.* La prevención policial observará, para documentar sus actos, en lo posible, las reglas previstas para el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público. Bastará con asentar en una sola acta, con la mayor exactitud posible, las diligencias practicadas, con expresión del día en que se realizaron, y cualquier circunstancia de utilidad para la investigación. Se dejará constancia en el acta de las informaciones recibidas, la cual será firmada por el oficial que dirige la investigación y, en lo posible, por las personas que hubieren intervenido en los actos o proporcionado información.
**Qué significa:** La prevención policial debe documentar sus actos, en lo posible, con las reglas del procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público. Basta con asentar en una sola acta las diligencias practicadas, con la mayor exactitud posible. Debe expresarse el día en que se realizaron. Ejemplo: la policía hace varias diligencias en un caso en una sola jornada. Puede documentarlas en una acta única, con la fecha de cada diligencia. El texto pide exactitud. No exige formatos especiales, salvo lo que el código fije. El artículo anterior, art. 304 CPP, trata de la prevención policial. El siguiente, art. 306 CPP, regula los actos jurisdiccionales. La regla simplifica el registro policial. Una sola acta basta para documentar las diligencias, siempre que sea exacta.
**Artículo 306.** *Actos jurisdiccionales.* Cuando urja la realización de un acto jurisdiccional, el oficial de policía a cargo de la investigación informará al Ministerio Público, quien lo requerirá al juez de primera instancia o al juez de paz; en casos de extrema urgencia, la policía podrá requerir directamente el acto al juez, con noticia inmediata al Ministerio Público.
**Qué significa:** Cuando urja un acto jurisdiccional, el oficial de policía a cargo de la investigación informa al Ministerio Público. Este lo requiere al juez de primera instancia o al juez de paz. El orden que fija el texto va, entonces, de la policía al Ministerio Público y de este al juez, salvo en la excepción que sigue. En casos de extrema urgencia, la policía puede requerir el acto directamente al juez, con noticia inmediata al Ministerio Público. El texto no define qué se considera extrema urgencia ni qué actos entran en esa categoría; ese alcance queda fuera de este artículo. En la práctica: un agente de la investigación necesita un acto jurisdiccional que no admite espera. Puede acudir al juez de forma directa, pero debe avisar de inmediato al Ministerio Público. Si la urgencia no es extrema, el texto sigue el camino normal por el Ministerio Público.
**Artículo 307.** *Remisión de actuaciones.* Las copias y fotocopias de las actuaciones serán remitidas al Ministerio Público en un plazo de tres días, sin perjuicio de lo previsto para el caso de aprehensión de personas.
El original de las actuaciones y las cosas secuestradas, salvo que el Ministerio Público las requiera para diligencias específicas y temporales, siempre quedarán en el Juzgado.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 21 del Decreto 32-96 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 21 del Decreto 32-96 (1996)
**Qué significa:** Las copias y fotocopias de las actuaciones deben remitirse al Ministerio Público en un plazo de tres días. Esa obligación queda sin perjuicio de lo previsto para el caso de aprehensión de personas, que este artículo no desarrolla. La nota indica que fue reformado por el Artículo 21 del Decreto 32-96 del Congreso de la República. El texto distingue entre copias, que se remiten, y originales, que se quedan. El original de las actuaciones y las cosas secuestradas siempre queda en el Juzgado. La excepción es que el Ministerio Público lo requiera para diligencias específicas y temporales. Es una excepción acotada: el original solo sale para esos fines. Un caso práctico: un juzgado recibe una denuncia y abre actuaciones. Envía las copias al Ministerio Público dentro de tres días. El original sigue en el juzgado, salvo que el Ministerio Público lo pida para una diligencia puntual y temporal.
**Artículo 308.** *Autorización.* Los jueces de primera instancia y donde no los hubiere, los de paz, apoyarán las actividades de investigación de la policía y los fiscales del Ministerio Público cuando éstos lo soliciten, emitiendo, si hubiere lugar a ello, las autorizaciones para las diligencias y medidas de coerción o cautelares que procedan conforme a la ley. Los jueces resolverán inmediatamente y de manera motivada las solicitudes que les sean formuladas.
Para el efecto anterior, los jueces podrán estar presentes en la práctica de estas diligencias si así lo solicita el Ministerio Público y, a petición de éste, dictar las resoluciones que según las circunstancias procedan para garantizar los fines del proceso penal.
Durante la etapa preparatoria los fiscales fundamentarán verbalmente ante el juez el pedido de autorización explicándole los indicios en que se basa. En el mismo acto, a petición del juez mostrarán el registro de las actuaciones de investigación.
Cuando la diligencia haya sido solicitada por la policía por no existir fiscalía en el lugar, ésta deberá informar de ello al Ministerio Público en un plazo máximo de veinticuatro horas. Puesta la persona a disposición del juez, éste deberá informarlo igualmente al Ministerio Público en el mismo plazo.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 22 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 22 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** Los jueces de primera instancia, y donde no los hubiere los de paz, apoyan las investigaciones de la policía y de los fiscales del Ministerio Público cuando estos lo soliciten. Si procede, emiten las autorizaciones para diligencias y medidas de coerción o cautelares conforme a la ley, y resuelven de inmediato y de manera motivada. Si el Ministerio Público lo solicita, los jueces pueden estar presentes en la práctica de esas diligencias. A petición de este, también pueden dictar las resoluciones que procedan para garantizar los fines del proceso penal. Durante la etapa preparatoria, el fiscal fundamenta verbalmente ante el juez el pedido de autorización y explica los indicios en que se basa. Si el juez lo pide, muestra el registro de las actuaciones de investigación. Cuando la policía pide la diligencia porque no hay fiscalía en el lugar, debe informarlo al Ministerio Público en un plazo máximo de veinticuatro horas. Puesta la persona a disposición del juez, este también debe informarlo al Ministerio Público en el mismo plazo. Un caso práctico: en un lugar sin fiscalía, la policía pide una autorización al juez y luego avisa al Ministerio Público dentro de ese plazo. El artículo no dice cómo se hace ese aviso ni qué pasa si se retrasa.
**Citado por:** Art. 44, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-44/).
#### Capítulo IV. Procedimiento preparatorio (instrucción)
**Artículo 309.** *Objeto de la investigación.* En la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Asimismo, deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad. Verificará también el daño causado por el delito, aun cuando no se haya ejercido la acción civil.
El Ministerio Público actuará en esta etapa a través de sus fiscales de distrito, sección, agentes fiscales y auxiliares fiscales de cualquier categoría previstos en la ley, quienes podrán asistir sin limitación alguna a los actos jurisdiccionales relacionados con la investigación a su cargo así como a diligencias de cualquier naturaleza que tiendan a la averiguación de la verdad, estando obligados todas las autoridades o empleados públicos a facilitarles la realización de sus funciones.
> Nota de la fuente: (Párrafo adicionado por el Artículo 23 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado (párrafo) por el artículo 23 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** En la investigación de la verdad, el Ministerio Público debe practicar todas las diligencias pertinentes y útiles. Debe determinar la existencia del hecho y todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Debe establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación. También debe conocer las circunstancias personales que influyan en su responsabilidad, y verificar el daño causado, aunque no se haya ejercido la acción civil. Ejemplo: en un robo con varios implicados, el fiscal debe practicar diligencias para identificar a cada uno, según el texto. El texto obliga al Ministerio Público a practicar diligencias útiles. No basta con la acusación de la víctima. El artículo anterior, art. 308 CPP, trata de la autorización. El siguiente, art. 310 CPP, regula la desestimación. Guía relacionada: denunciar al Ministerio Público. La investigación debe buscar la verdad con diligencias útiles. El texto también obliga a identificar a los partícipes en el hecho.
**Artículo 310.** *Desestimación.* Cuando el hecho de la denuncia, querella o prevención policial no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder, el fiscal desestimará, dentro de los veinte días siguientes de presentada la misma, comunicando la decisión a la persona denunciante y a la víctima o agraviado, quien tendrá la oportunidad, dentro de los diez días siguientes, a objetarla ante el juez competente, lo cual hará en audiencia oral con presencia del fiscal. Si el juez considera que la persecución penal debe continuar, ordenará al Ministerio Público realizar la misma, ordenando la asignación de otro fiscal distinto al que haya negado la persecución penal.
En los casos en que no se encuentre individualizada la víctima, o cuando se trate de delitos graves, el fiscal deberá requerir autorización judicial para desestimar.
La desestimación no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 8 del Decreto 7-2011 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 8 del Decreto 7-2011 (2011)
**Qué significa:** Cuando la denuncia, la querella o la prevención policial no describe un delito, o no se puede proceder, el fiscal desestima el caso. Debe hacerlo dentro de los veinte días siguientes a su presentación. La decisión se comunica a la persona denunciante y a la víctima o agraviado. Solo la víctima o el agraviado puede objetarla, ante el juez competente, dentro de los diez días siguientes. La objeción se hace en audiencia oral con presencia del fiscal. Si el juez considera que la persecución debe continuar, ordena que el Ministerio Público la siga, con un fiscal distinto al que desestimó el caso. Cuando la víctima no está individualizada, o se trata de delitos graves, el fiscal necesita autorización judicial para desestimar. Ejemplo: alguien denuncia una estafa y el fiscal la desestima. La víctima tiene diez días para objetar la decisión ante un juez. La desestimación no impide reabrir el caso si aparecen nuevas circunstancias. Véase también el art. 309 CPP, que trata del objeto de la investigación.
**Guías:** ¿Cómo denuncio un delito? (https://codicegt.com/guia/denunciar-delito/).
**Artículo 311.** *Efectos.* La resolución que ordena el archivo no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias conocidas que la fundan o se mantenga el obstáculo que impide la persecución, sin perjuicio de las facultades de oportunidad otorgadas al Ministerio Público conforme este Código.
El juez, al ordenar el archivo, remitirá las actuaciones nuevamente al Ministerio Público.
**Qué significa:** Una resolución de archivo no puede modificarse mientras no varíen las circunstancias conocidas que la fundan, ni mientras se mantenga el obstáculo que impide la persecución. Esto no afecta las facultades de oportunidad que el código otorga al Ministerio Público. Dicho de otro modo, la regla protege la resolución frente a cambios que no tengan base en nuevas circunstancias o en la desaparición del obstáculo. Cuando el juez ordena el archivo, debe remitir nuevamente las actuaciones al Ministerio Público. El artículo no dice qué datos bastan para considerar que las circunstancias cambiaron, ni cómo se aplican las facultades de oportunidad; eso queda para otras partes del código. Un caso sencillo: una denuncia se archiva porque no hay forma de identificar a quien cometió el hecho. Mientras esa situación no cambie, la resolución se mantiene. Si cambian las circunstancias que la fundan, el texto permite modificarla.
**Artículo 312.** *Incompetencia.* Si el Ministerio Público estimaré que el juzgamiento del hecho corresponde a otro tribunal, pedirá al juez de primera instancia que así lo declare. La resolución provocará la remisión de las actuaciones al tribunal que se considere competente o su devolución al Ministerio Público, según el caso.
El pedido de incompetencia no eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora.
**Artículo 313.** *Formalidades.* Las diligencias practicadas en forma continuada constarán de una sola acta, con expresión del día en el cual se efectúan, y la identificación de las personas que proporcionan información.
Se resumirá el resultado fundamental de los actos cumplidos y, con la mayor exactitud posible, se describirán las circunstancias de utilidad para la investigación.
El resumen será firmado por el funcionario del Ministerio Público que lleva a cabo el procedimiento, el secretario y, en lo posible, por quienes hayan intervenido en los actos.
**Artículo 314.** *Carácter de las actuaciones.* Todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños.
Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se les haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios. No obstante, quienes tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante la investigación, estarán obligados a guardar reserva. Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, el incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave y podrá ser sancionado conforme a la Ley del Organismo Judicial y disposiciones reglamentarias.
El Ministerio Público podrá dictar las medidas razonablemente necesarias para proteger y aislar indicios en los lugares en que se esté investigando un delito, a fin de evitar la contaminación o destrucción de rastros, evidencias y otros elementos materiales.
No obstante, siempre que la publicidad entorpezca el descubrimiento de la verdad y si no hubiere auto de procesamiento, el Ministerio Público podrá disponer, para determinada diligencia, la reserva total o parcial de las actuaciones por un plazo que no podrá superar los diez días corridos. El plazo se podrá prorrogar hasta por otro tanto, pero, en este caso, los interesados podrán solicitar al juez que ponga fin a la reserva.
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos, cuando la eficacia de un acto particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones, el Ministerio Público podrá disponerla, con mención de los actos a los cuales se refiere y con la limitación prevista en el párrafo anterior, por el tiempo absolutamente indispensable para cumplir el acto ordenado.
Los abogados que invoquen un interés legítimo deberán ser informados por el Ministerio Público, acerca del hecho que se investiga y de los imputados o detenidos que hubiere. A ellos también les comprende la obligación de guardar reserva.
**Qué significa:** Todos los actos de la investigación son reservados para las personas extrañas al proceso. Solo pueden examinar las actuaciones el imputado, quienes tengan intervención reconocida, los defensores y los mandatarios. Quienes conozcan las actuaciones deben guardar reserva. Si incumplen, el texto lo considera falta grave, sin perjuicio de la responsabilidad penal. El Ministerio Público puede dictar medidas para proteger los indicios en el lugar de un delito. Así se evita la contaminación o destrucción de rastros y evidencias. Ejemplo: un fiscal pide acordonar la escena de un crimen para que no se alteren las pruebas. Esa medida está en la norma. El texto también permite la reserva parcial o total de las actuaciones, por un plazo que no puede superar los diez días corridos, prorrogable por otro tanto. En ese caso, los interesados pueden pedir al juez que ponga fin a la reserva. El artículo anterior, art. 313 CPP, trata de las formalidades. El siguiente, art. 315 CPP, regula la proposición de diligencias.
**Artículo 315.** *Proposición de diligencias.* El imputado, las personas a quienes se les haya dado intervención en el procedimiento, sus defensores y los mandatarios podrán proponer medios de investigación en cualquier momento del procedimiento preparatorio. El Ministerio Público los llevará a cabo si los considera pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria, a los efectos que ulteriormente correspondan. En caso de negativa el interesado podrá acudir al juez de paz o de primera instancia respectivo, para que valore la necesidad de la práctica del medio de investigación propuesto.
**Artículo 316.** *Participación en los actos.* El Ministerio Público permitirá la asistencia del imputado, de los demás interesados, de sus defensores o mandatarios a los actos que se practiquen, sin citación previa.
Los asistentes no tomarán la palabra sin expresa autorización de quien preside el acto.
Quienes asistan o participen en un acto de diligenciamiento de investigación, deberán guardar seriedad, compostura y en ninguna forma perturbar, obstaculizar o impedir la diligencia con signos de aprobación o de desaprobación, pudiendo ser excluidos u obligados a retirarse en caso de que no se comporten como corresponde, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. Podrán solicitar que conste en el acta las observaciones que estimen pertinentes en cuanto a la conducta de los presentes, incluso sobre las irregularidades y defectos del acto.
**Qué significa:** Este artículo regula quién puede asistir a las diligencias de investigación del Ministerio Público y cómo debe comportarse. El Ministerio Público debe permitir la asistencia del imputado, de los demás interesados y de sus defensores o mandatarios. No hace falta citación previa para que puedan asistir. Los asistentes no pueden tomar la palabra sin autorización expresa de quien preside el acto. Deben guardar seriedad y compostura, y no pueden perturbar, obstaculizar ni impedir la diligencia con signos de aprobación o desaprobación. Si no se comportan como corresponde, pueden ser excluidos u obligados a retirarse, sin perjuicio de las sanciones que procedan. A cambio, pueden pedir que conste en el acta lo que estimen pertinente sobre la conducta de los presentes, incluso sobre irregularidades y defectos del acto. El texto no detalla cuáles son esas sanciones. Por ejemplo, durante una inspección del Ministerio Público, el abogado defensor puede llegar sin haber sido citado y presenciar el acto. Si quiere hablar, debe pedir permiso a quien preside. Si un familiar de la víctima grita o interrumpe, puede ser obligado a retirarse. Y si el defensor nota un defecto en la diligencia, puede pedir que se anote en el acta.
**Artículo 317.** *Actos jurisdiccionales: Anticipo de prueba.* Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, reconstrucción, pericia o inspección que por su naturaleza y características deban ser considerados como actos definitivos que no puedan ser reproducidos, o cuando deba declarar un órgano de prueba que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá hacerlo durante el debate, el Ministerio Público o cualquiera de las partes requerirá al juez que controla la investigación que lo realice.
El juez practicará el acto, si lo considera admisible formalmente, citando a todas las partes, los defensores o mandatarios, quienes tendrán derecho a asistir con las facultades previstas respecto de su intervención en el debate. El imputado que estuviere detenido será representado por su defensor, salvo que pidiere intervenir personalmente.
Si, por la naturaleza del acto, la citación anticipada hiciere temer la pérdida de elementos de prueba, el juez practicará la citación de las partes a manera de evitar este peligro, procurando no afectar las facultades atribuidas a ellas.
En ningún caso, el juez permitirá que se utilice este medio para la formación de un expediente de instrucción sumaria que desnaturalice el proceso acusatorio.
Cuando se tema por la vida y/o integridad física del testigo se tomará su declaración testimonial como anticipo de prueba por videoconferencia u otro medio electrónico, con la presencia del abogado defensor designado por el imputado y en su defecto por el que designe la Defensa Pública Penal; y en caso de no existir imputado, igualmente se hará comparecer a un defensor público de oficio, para garantizar la legalidad de la declaración testimonial en esta forma; asimismo comparecerán en ese acto probatorio anticipado, el fiscal del caso, el querellante adhesivo si lo hubiere, y dicho acto será presidido personalmente por el Juez del proceso.
En este caso se observará lo requerido por los artículos 218 BIS y 218 TER del presente Código.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 24 del Decreto 79-97 del Congreso de la República). (Adicionado por el Artículo 20 del Decreto 17-2009 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 24 del Decreto 79-97 (1997)
- Reforma: Adicionado por el artículo 20 del Decreto 17-2009 (2009)
**Qué significa:** Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, una reconstrucción, una pericia o una inspección que, por su naturaleza, no pueda reproducirse en el debate, el Ministerio Público o cualquier parte puede pedir al juez que controla la investigación que lo realice. También procede cuando un órgano de prueba se presume que no podrá declarar en el debate por un obstáculo difícil de superar. El juez practica el acto si lo considera admisible, y cita a todas las partes y a sus defensores o mandatarios. Ellos pueden asistir con las facultades que tendrían en el debate. El imputado detenido es representado por su defensor, salvo que pida intervenir personalmente. Ejemplo: un testigo está gravemente enfermo y no podrá declarar en el juicio. La parte puede pedir al juez de control que reciba su testimonio antes, con todas las partes citadas. El artículo anterior, art. 316 CPP, trata de la participación en los actos. El siguiente, art. 318 CPP, regula la urgencia.
**Citado por:** Art. 217, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-217/); Art. 218 Ter, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-218ter/); Art. 318, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-318/); Art. 346, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-346/); Art. 348, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-348/).
**Artículo 318.** *Urgencia.* Cuando se ignore quién ha de ser el imputado o cuando alguno de los actos previstos en el artículo anterior sea de extrema urgencia, el Ministerio Público podrá requerir verbalmente la intervención del juez y éste practicará el acto con prescindencia de las citaciones previstas en el artículo anterior, designando un defensor de oficio para que controle el acto.
Cuando existiere peligro inminente de pérdida de elemento probatorio, el juez podrá practicar, aun de oficio, los actos urgentes de investigación que no admitan dilación. Finalizado el acto, remitirá las actuaciones al Ministerio Público. En el acta se dejará constancia detallada de los motivos que determinaron la resolución.
En los actos de anticipo de prueba testimonial que sean de extrema urgencia, cuando el caso lo amerite y justifique se recibirá la declaración del testigo por videoconferencia u otro medio electrónico con la presencia del defensor de oficio.
En este caso se observará lo regulado en los artículos 218 BIS y 218 TER del presente Código.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 21. del Decreto 17-2009 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 21 del Decreto 17-2009 (2009)
**Citado por:** Art. 218 Ter, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-218ter/); Art. 346, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-346/); Art. 348, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-348/).
**Artículo 319.** *Facultades del Ministerio Público.* El Ministerio Público puede exigir informaciones de cualquier funcionario o empleado público, emplazándolos conforme a las circunstancias del caso, y practicar por sí o hacer practicar por funcionarios y agentes policiales cualquier clase de diligencias. Los funcionarios y agentes policiales y los auxiliares del Ministerio Público estarán obligados a satisfacer el requerimiento o comisión.
Para solicitar informaciones de personas individuales o jurídicas el Ministerio Público deberá solicitar autorización de juez competente.
El Ministerio Público puede impedir que una persona perturbe el cumplimiento de un acto determinado e, incluso, mantenerla bajo custodia hasta su finalización. En el acta respectiva constará la medida y los motivos que la determinaron, con indicación de la fecha y hora de su comienzo y cesación.
**Qué significa:** Este artículo describe las facultades del Ministerio Público durante la investigación. Puede pedir información a cualquier funcionario o empleado público, según las circunstancias del caso. También puede practicar diligencias por sí mismo o encargarlas a funcionarios y agentes policiales. Los funcionarios, los agentes policiales y los auxiliares del Ministerio Público están obligados a cumplir el requerimiento o la comisión. Para pedir información a personas individuales o jurídicas, en cambio, el Ministerio Público necesita autorización de un juez competente. El texto también le permite impedir que una persona perturbe un acto determinado. Puede mantenerla bajo custodia hasta que el acto termine. El acta debe registrar la medida, sus motivos, y la fecha y hora de inicio y de fin. En la práctica: durante una diligencia en una oficina, una persona interrumpe a gritos. El fiscal puede impedir que siga perturbando y mantenerla bajo custodia hasta el final, dejando constancia en el acta. El texto no fija un límite de tiempo para la custodia. El artículo anterior, art. 318 CPP, trata de la urgencia. El artículo siguiente, art. 320 CPP, regula el auto de procesamiento.
**Artículo 320.** *Auto de procesamiento.* Inmediatamente de dictado el auto de prisión o una medida sustitutiva, el juez que controla la investigación, *con base en el requerimiento del fiscal, emitirá auto de procesamiento contra la persona a que se refiere.
Sólo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emita. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte solamente en la fase preparatoria, antes de la acusación, garantizando el derecho de audiencia.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 22 del Decreto 32-96 del Congreso de la República). * (La frase subrayada fue declarada inconstitucional por sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 24 de febrero de 1997, Expediente 929-96).
- Reforma: Reformado por el artículo 22 del Decreto 32-96 (1996)
- Reforma: Declarado inconstitucional (frase) en Expediente 929-96 de la Corte de Constitucionalidad (1997-02-24)
**Qué significa:** Inmediatamente después de dictado el auto de prisión o de una medida sustitutiva, el juez que controla la investigación emite el auto de procesamiento contra la persona. El auto solo puede dictarse después de que la persona haya sido indagada. Puede reformarse de oficio o a instancia de parte, pero solo en la fase preparatoria, antes de la acusación, y garantizando el derecho de audiencia. La versión publicada marca con asterisco la frase «con base en el requerimiento del fiscal». La nota indica que esa frase fue declarada inconstitucional (sentencia del 24 de febrero de 1997, expediente 929-96). Ejemplo: tras dictar auto de prisión, el juez emite el auto de procesamiento, porque la persona ya fue indagada. Si no concurren los presupuestos para prisión preventiva, el juez sigue otro camino. Véase el art. 272 CPP.
**Artículo 321.** *Requisitos.* El auto de procesamiento deberá contener:
1) Nombres y apellidos completos del imputado, su nombre usual en su caso, o cualquier otro dato que sirva para identificarlo.
2) Una sucinta enunciación del hecho o hechos sobre los que se recibió la indagatoria.
3) La calificación legal de delito, la cita de las disposiciones aplicables; y
4) Los fundamentos de la decisión y la parte resolutiva.
**Qué significa:** El auto de procesamiento debe contener cuatro elementos, enumerados en el texto. Son los datos del imputado, una enunciación breve de los hechos sobre los que se recibió la indagatoria, la calificación legal del delito con las disposiciones aplicables, y los fundamentos junto con la parte resolutiva de la decisión. El numeral 1 pide nombres y apellidos completos, pero admite el nombre usual del imputado o cualquier otro dato que sirva para identificarlo. El numeral 2 exige una enunciación sucinta, es decir, un resumen breve y no un relato extenso. El texto no explica cómo se decide la calificación legal ni qué se debe probar para dictar el auto; eso corresponde a otras partes del Código. En la práctica, el auto debe mencionar sobre qué hecho se recibió la indagatoria, por ejemplo una denuncia de daños en un vehículo, con una frase que resuma lo ocurrido. También debe citar la disposición penal aplicable. Si falta alguno de los cuatro elementos, el auto no cumple lo que el artículo pide.
**Artículo 322.** *Efectos.* Son efectos del auto de procesamiento:
1) Ligar al proceso a la persona contra quien se emita.
2) Concederle todos los derechos y recursos que este Código establece para el imputado.
3) Sujetarlo, asimismo, a las obligaciones y prevenciones que del proceso se deriven, inclusive el embargo precautorio de bienes; y
4) Sujetar a la persona civilmente responsable a las resultas del procedimiento.
**Qué significa:** El auto de procesamiento tiene cuatro efectos, según el texto. Primero, liga al proceso a la persona contra quien se emite. Segundo, le concede los derechos y recursos que el Código establece para el imputado. Tercero, la sujeta a las obligaciones y prevenciones que se deriven del proceso, incluido el embargo precautorio de bienes. Cuarto, sujeta a la persona civilmente responsable a las resultas del procedimiento. Lo importante es que el embargo precautorio aparece como una de las obligaciones que pueden derivarse del proceso. El cuarto efecto no habla del imputado, sino de la persona civilmente responsable. El artículo no dice cuándo procede el embargo ni cómo se ejecuta; eso queda para otras normas del Código. Un caso práctico: una persona recibe auto de procesamiento. Queda dentro del proceso, puede usar los recursos del imputado y debe cumplir las obligaciones que el proceso le imponga.
**Artículo 323.** *Duración.* El procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible, procediéndose con la celeridad que el caso amerita, y deberá practicarse dentro de un plazo de tres meses.
En casos especiales, el tribunal podrá prorrogar durante un mes la investigación. Si el Ministerio Público no cumple con presentar su requerimiento dentro de los plazos indicados, el fiscal a cargo del asunto será amonestado por escrito por el juez que controla la investigación quien, le fijará un plazo de ocho días para que lo haga.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 23 del Decreto 32-96 del Congreso de la República). (Párrafo derogado por el Artículo 25 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 23 del Decreto 32-96 (1996)
- Reforma: Derogado (párrafo) por el artículo 25 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** Este artículo fija la duración del procedimiento preparatorio, que es la investigación previa al juicio. El procedimiento debe concluir lo antes posible, con la celeridad que el caso requiera. El plazo general es de tres meses. En casos especiales, el tribunal puede prorrogar la investigación durante un mes. Si el Ministerio Público no presenta su requerimiento dentro de los plazos, el juez que controla la investigación lo amonesta por escrito. Luego le fija un plazo de ocho días para presentarlo. La nota oficial indica que un párrafo de este artículo fue derogado por el Decreto 79-97. No precisa cuál. Antes de citarlo, revisa qué párrafo quedó sin efecto. Ejemplo: una investigación lleva tres meses sin requerimiento del fiscal. El juez puede amonestarlo por escrito y darle ocho días para presentarlo. El texto no dice qué pasa si el fiscal incumple el plazo de ocho días. El artículo anterior, art. 322 CPP, trata de los efectos del procedimiento. El artículo siguiente, art. 324 CPP, trata de la petición de apertura.
#### Capítulo V. Conclusión
**Artículo 324.** *Petición de apertura.* Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura del juicio. Con la apertura se formulará la acusación.
**Qué significa:** Cuando el Ministerio Público considera que la investigación da fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, pide por escrito al juez la decisión de apertura del juicio. Es la petición que lleva el caso hacia el juicio. La expresión clave es «fundamento serio para el enjuiciamiento público». El texto solo exige que la investigación proporcione ese fundamento y que la petición sea por escrito. Con la apertura se formula la acusación, así que ambos actos van unidos. Ejemplo: un fiscal revisa la investigación de una persona y considera que hay base suficiente para un juicio público. Entonces presenta por escrito su petición ante el juez. El texto no dice qué decide el juez ni qué pasa si la petición no prospera; esos efectos quedan fuera de este artículo.
**Artículo 324 Bis.** *Control judicial.* A los tres meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad dictará resolución concediéndole un plazo máximo de tres días para que formule la solicitud que en su concepto corresponda.
Si el fiscal asignado no formulare petición alguna, el juez lo comunicará al Fiscal General de la República o al fiscal de distrito o de sección correspondiente para que tome las medidas disciplinarias correspondientes y ordene la formulación de la petición procedente. El juez lo comunicará, además, obligatoriamente al Consejo del Ministerio Público para lo que proceda conforme a la ley.
Si en el plazo máximo de ocho días el fiscal aún no hubiere formulado petición alguna, el juez ordenará la clausura provisional del procedimiento con las consecuencias de ley hasta que lo reactive el Ministerio Público a través de los procedimientos establecidos en este Código.
En el caso de que se haya dictado una medida sustitutiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio durará seis meses a partir del auto de procesamiento.
Mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medidas sustitutivas, la investigación no estará sujeta a estos plazos.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 26 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 26 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** Este artículo fija el control judicial del procedimiento preparatorio cuando hay prisión preventiva. Tres meses después del auto de prisión preventiva, el juez da al fiscal un plazo máximo de tres días para formular la solicitud que corresponda, si el Ministerio Público no la ha presentado antes. Si el fiscal no pide nada, el juez informa al Fiscal General o al fiscal de distrito o de sección, para que tome medidas disciplinarias. También informa al Consejo del Ministerio Público. Si en ocho días el fiscal sigue sin pedir nada, el juez ordena la clausura provisional. El procedimiento se reactiva cuando el Ministerio Público lo pida por los medios del Código. Si hay medida sustitutiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio es de seis meses desde el auto de procesamiento. Sin prisión preventiva ni medida sustitutiva, la investigación no está sujeta a estos plazos. Un caso práctico: un imputado está en prisión preventiva y, tres meses después, el fiscal no ha pedido nada. El juez le da tres días. Si el fiscal sigue sin actuar, la clausura provisional sigue a los ocho días. El artículo anterior trata de la petición de apertura: art. 324 CPP.
**Citado por:** Art. 324 Ter, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-324ter/); Art. 345 Quáter, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-345quater/).
**Artículo 324 Ter.** *Control judicial por los Jueces de Paz.* (Derogado) En los casos cuya competencia corresponda a los jueces de Paz, los plazos a que se refiere el artículo anterior, serán los siguientes:
a) Un máximo de cuarenta y cinco días para que el Ministerio Público plantee solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, a partir de dictado el auto de prisión preventiva.
b) Si en el plazo máximo de cuatro días de concluido el plazo señalado en el inciso anterior, el fiscal o a quien corresponde esa función aún no hubiere formulado petición alguna, el juez ordenará la clausura provisional del procedimiento con las consecuencias de ley, en este caso el Ministerio Público podrá solicitar la reapertura de la investigación por medio de los procedimientos establecidos en este Código.
c) Un máximo de tres meses para la duración del procedimiento preparatorio a partir del auto de procesamiento, en el caso que se haya dictado cualquier medida sustitutiva.
Mientras no exista vinculación procesal mediante auto de procesamiento o medidas sustitutivas, la investigación no estará sujeta a estos plazos.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 10 del Decreto 51- 2002 y DEROGADO por el Artículo 15 del Decreto 7-2011, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 10 del Decreto 51-2002 (2002)
- Reforma: Derogado por el artículo 15 del Decreto 7-2011 (2011)
**Artículo 325.** *Sobreseimiento o clausura.* Si el Ministerio Público estima que no existe fundamento para promover el juicio público del imputado, solicitará el sobreseimiento o la clausura provisional.
Con el requerimiento remitirá al tribunal las actuaciones y los medios de prueba materiales que tengan en su poder.
**Qué significa:** Si el Ministerio Público estima que no existe fundamento para promover el juicio público del imputado, solicitará el sobreseimiento o la clausura provisional. La decisión parte de esa valoración. El texto no exige una cifra ni un plazo para llegar a esa conclusión. Con el requerimiento, el Ministerio Público remite al tribunal las actuaciones y los medios de prueba materiales que tenga en su poder. Así el tribunal recibe el expediente junto con la petición. El artículo no dice qué resuelve el tribunal ni cuáles son los efectos de la clausura provisional. Un caso práctico: el Ministerio Público revisa un caso, no encuentra base para el juicio y pide el sobreseimiento. Con esa petición envía al tribunal las actuaciones y las pruebas materiales que conserva. Lo que ocurra después queda para otras normas.
**Artículo 326.** *Orden de acusación.* Examinadas las actuaciones, si el juez rechaza el sobreseimiento o la clausura del procedimiento pedido por el Ministerio Público ordenará que se plantee la acusación.
La resolución obligará al Ministerio Público a plantear la acusación.
**Artículo 327.** *Archivo.* Cuando no se haya individualizado al imputado o cuando se haya declarado su rebeldía, el Ministerio Público dispondrá, por escrito, el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la prosecución del procedimiento para los demás imputados.
En este caso, notificará la disposición a las demás partes, quienes podrán objetarla ante el juez que controla la investigación, indicando los medios de prueba practicables o individualizando al imputado. El juez podrá revocar la decisión, indicando los medios de prueba útiles para continuar la investigación o para individualizar al imputado.
**Qué significa:** Cuando el imputado no ha sido individualizado, o cuando se declaró su rebeldía, el Ministerio Público puede archivar las actuaciones por escrito. La investigación sigue para los demás imputados. El fiscal debe notificar la decisión a las demás partes. Ellas pueden objetarla ante el juez que controla la investigación, indicando medios de prueba o individualizando al imputado. El juez puede revocar el archivo. Si lo hace, indica los medios de prueba útiles para continuar. Ejemplo: se conoce un robo, pero no se identifica a quien lo cometió. El fiscal archiva el caso contra ese sujeto, y la víctima puede objetar el archivo y proponer pruebas para identificarlo. El artículo anterior, art. 326 CPP, trata de la orden de acusación. El siguiente, art. 328 CPP, regula el sobreseimiento. Véase también la guía sobre denunciar al Ministerio Público.
#### Capítulo VI. Sobreseimiento y clausura de la persecución penal
**Artículo 328.** *Sobreseimiento.* (Derogado) Corresponderá sobreseer en favor de un imputado:
1) Cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena, salvo que correspondiere proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección.
2) Cuando, a pesar de la falta de certeza, no existiere, razonablemente, la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y fuere imposible requerir fundadamente la apertura del juicio.
3) Cuando, tratándose de delitos contra el régimen tributario, se hubiere cumplido en forma total la obligación de pago del tributo e intereses.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 13 del Decreto 103-96 del Congreso de la República y DEROGADO por el Artículo 17 del Decreto 30-2001 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 13 del Decreto 103-96 (1996)
- Reforma: Derogado por el artículo 17 del Decreto 30-2001 (2001)
**Qué significa:** El artículo fijaba los casos en que corresponde sobreseer a favor de un imputado. La nota del texto indica que fue derogado por el Decreto 30-2001 del Congreso de la República. Por eso, el contenido del artículo ya no se aplica. Lo que dice la versión publicada no es la regla vigente. Ejemplo: una persona busca el sobreseimiento con base en este artículo. El corpus lo marca como derogado, así que el caso debe revisarse con la norma vigente. La versión que se publica conserva el texto anterior, pero marcado como derogado. Ese es el dato que importa para la práctica. El artículo anterior, art. 327 CPP, trata del archivo. El siguiente, art. 329 CPP, regula la forma y el contenido del auto.
**Artículo 329.** *Forma y contenido del auto.* El sobreseimiento deberá contener:
1) La identificación del imputado.
2) La descripción del hecho que se atribuye.
3) Los fundamentos; y
4) La parte resolutiva, con cita de las disposiciones penales aplicables.
**Artículo 330.** *Valor y efectos.* El sobreseimiento firme cierra irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta, inhibe su nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas de coerción motivadas por el mismo. Mientras no este firme, el tribunal podrá decretar provisionalmente la libertad del imputado o hacer cesar las medidas sustitutivas que se le hubieren impuesto.
En los casos en que se persigan delitos contra el orden jurídico tributario, no procederá el sobreseimiento, aunque se produzca el pago total de la obligación tributaria e intereses, cuando el proceso se refiere a:
1. Apropiación de recursos percibidos en la aplicación del Impuesto al Valor Agregado.
2. Apropiación de las retenciones practicadas en la aplicación del Impuesto Sobre la Renta.
3. En los delitos contra el orden jurídico tributario a que se refieren los artículos 358 “A”, 358 “B”, 358 “C” y 358 “D” y los delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros.
> Nota de la fuente: (Adicionado este párrafo y sus tres numerales por el Artículo 14 del Decreto 103-96 del Congreso de la República). (Reformado por el Artículo 18 del Decreto 30-2001 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado (párrafo) por el artículo 14 del Decreto 103-96 (1996)
- Reforma: Reformado por el artículo 18 del Decreto 30-2001 (2001)
**Qué significa:** El sobreseimiento firme cierra el proceso de forma irrevocable para el imputado a cuyo favor se dicta. También impide una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar las medidas de coerción que se impusieron por él. Mientras el sobreseimiento no sea firme, el tribunal puede dejar en libertad provisional al imputado o hacer cesar las medidas sustitutivas impuestas. El segundo párrafo tiene una excepción. En delitos contra el orden jurídico tributario no procede el sobreseimiento, aunque se pague toda la obligación con intereses, en tres casos: apropiación de recursos del IVA, apropiación de retenciones del ISR, y ciertos delitos tributarios de los artículos 358 A a 358 D, junto con defraudación y contrabando aduaneros. Ejemplo: un contribuyente acusado de apropiarse de retenciones del ISR paga todo lo debido. El texto dice que, aun así, no procede el sobreseimiento. El auto que decide el sobreseimiento tiene su forma en el art. 329 CPP. La clausura provisional está en el art. 331 CPP.
**Artículo 331.** *Clausura provisional.* Si no correspondiere sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura del juicio, se ordenará la clausura del procedimiento, por auto fundado, que deberá mencionar, concretamente, los elementos de prueba que se espera poder incorporar. Cesará toda medida de coerción para el imputado a cuyo respecto se ordena la clausura.
Cuando nuevos elementos de prueba tornen viable la reanudación de la persecución penal para arribar a la apertura del juicio o al sobreseimiento, el tribunal, a pedido del Ministerio Público o de otra de las partes, permitirá la reanudación de la investigación.
**Qué significa:** Si no corresponde sobreseer y las pruebas no alcanzan para abrir el juicio, el proceso se clausura de forma provisional. En ese caso, el juez ordena la clausura por auto fundado. El auto debe mencionar, de forma concreta, las pruebas que se espera poder incorporar más adelante. Al ordenar la clausura, cesa toda medida de coerción contra el imputado. Si aparecen nuevas pruebas que hagan viable seguir la persecución, el tribunal permite reanudar la investigación. Puede hacerlo a pedido del Ministerio Público o de otra parte. La reanudación puede llevar a abrir el juicio o a sobreseer. Caso concreto: una investigación por un robo queda sin pruebas suficientes. El juez la cierra provisionalmente y precisa qué pruebas espera. Si luego aparece un testigo, el Ministerio Público puede pedir que la investigación continúe. El artículo siguiente trata del inicio del procedimiento: art. 332 CPP.
### Título II. Procedimiento intermedio
#### Capítulo I. Solicitudes
**Artículo 332.** *Inicio.* Vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura del juicio. También podrá solicitar, si procediere, el sobreseimiento o la clausura y la vía especial del procedimiento abreviado cuando proceda conforme a este Código. Si no lo hubiere hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal.
La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 27 del Decreto 79-97 del Congreso de la República). Decreto 79-97 del Congreso de la República)
- Reforma: Reformado por el artículo 27 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** Este artículo marca el paso de la investigación a la etapa intermedia. Cuando vence el plazo de investigación, el fiscal debe formular la acusación y pedir la apertura del juicio. El fiscal también puede pedir otras salidas, según corresponda: el sobreseimiento, la clausura, o el procedimiento abreviado. Si no lo hizo antes, puede pedir un criterio de oportunidad o una suspensión condicional de la persecución penal. La etapa intermedia tiene un objetivo claro. El juez evalúa si existe fundamento para someter a una persona a juicio oral y público. Para ello mira la probabilidad de que el imputado haya participado en el hecho, o verifica las demás solicitudes del Ministerio Público. En la práctica: vencido el plazo, el fiscal presenta una acusación por un hurto y pide abrir el juicio. El juez revisa si hay base para ese juicio antes de decidir. El artículo anterior trata de la clausura provisional: art. 331 CPP. El artículo siguiente regula la acusación en la etapa intermedia: art. 332 Bis CPP.
#### Capítulo II. Acusación
**Artículo 332 Bis.** *Acusación.* Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación, que deberá contener:
1) Los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles;
2) La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica;
3) Los fundamentos resumidos de la imputación, con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa;
4) La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables;
5) La indicación del tribunal competente para el juicio.
El Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia, con la acusación, las actuaciones y medios de investigación materiales que tenga en su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 28 del Decreto 79-97 del Congreso de la República). Congreso de la República)
- Reforma: Adicionado por el artículo 28 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** La acusación del Ministerio Público debe tener cinco elementos. Con la petición de apertura a juicio se formula la acusación, que debe tener cinco elementos. Primero, los datos que identifiquen al imputado, el nombre de su defensor y el lugar para notificarles. Segundo, la relación clara y precisa del hecho y su calificación jurídica. Tercero, los fundamentos resumidos de la imputación, con los medios de investigación usados. Cuarto, la calificación jurídica, con la forma de participación, el grado de ejecución y las agravantes o atenuantes. Quinto, el tribunal competente para el juicio. El Ministerio Público debe remitir al juez de primera instancia la acusación junto con las actuaciones y los medios de investigación que tenga. Esos medios deben permitir convencer al juez de la probabilidad de participación. Ejemplo: un fiscal presenta una acusación por un robo. Debe indicar cada participante, el hecho, la calificación y el tribunal que juzgará el caso, y remitir las pruebas al juez. El artículo anterior trata del inicio de la etapa intermedia: art. 332 CPP. El artículo siguiente trata de la acusación alternativa: art. 333 CPP.
**Artículo 333.** *Acusación alternativa.* El Ministerio Público, para el caso de que en el debate no resultaren demostrados todos o alguno de los hechos que fundan su calificación jurídica principal, podrá indicar alternativamente las circunstancias de hecho que permitan encuadrar el comportamiento del imputado en una figura delictiva distinta.
**Qué significa:** Si en el debate no se demuestran todos o alguno de los hechos que fundan la calificación principal, el Ministerio Público puede indicar, de forma alternativa, las circunstancias que permitan encuadrar la conducta en otra figura delictiva. Es una vía de respaldo para la acusación. La calificación principal puede cambiar si el debate lo exige. Ejemplo: el fiscal acusa de homicidio, pero no logra probar la intención. Puede indicar de forma alternativa los hechos que encajan en otra figura, como el homicidio culposo. El texto no dice cuál calificación prevalece al final. Esa decisión la toma el tribunal en la sentencia. El artículo anterior, art. 332 Bis CPP, trata de la acusación. El siguiente, art. 334 CPP, regula la declaración del imputado.
**Artículo 334.** *Declaración del imputado.* En ningún caso el Ministerio Público acusará sin antes haber dado al imputado suficiente oportunidad de declarar.
Sin embargo, en las causas sencillas, en que no se considere necesario escucharlo personalmente, bastará con otorgarle la oportunidad de pronunciarse por escrito, sin perjuicio de su derecho a declarar.
**Artículo 335.** *Comunicación.* (Derogado) El juez ordenará la notificación del requerimiento del Ministerio Público al acusado y a las demás partes, entregándoles copia del escrito. Las actuaciones quedarán en el juzgado para su consulta por el plazo de seis días comunes.
> Nota de la fuente: (Derogado por el Artículo 12 del Decreto 18-2010 del Congreso de la República).
- Reforma: Derogado por el artículo 12 del Decreto 18-2010 (2010)
**Artículo 336.** *Actitud del acusado.* En la audiencia que para el efecto señale el juzgado, el acusado y su defensor podrán, de palabra:
1) Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requiriendo su corrección;
2) Plantear las excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil previstas en este Código;
3) Formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando, incluso, por esas razones, el sobreseimiento o la clausura.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 29 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 29 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** Este artículo indica qué puede hacer el acusado y su defensor en la audiencia que el juzgado fija para ese efecto. Pueden hacerlo de palabra, durante la audiencia. Primero, pueden señalar los vicios formales del escrito de acusación, y pedir que se corrija. Segundo, pueden plantear las excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil que el Código prevé. Tercero, pueden formular objeciones contra el requerimiento del Ministerio Público. En ese tercer punto, el texto permite pedir el sobreseimiento o la clausura, por las razones que sustenten las objeciones. Un caso práctico: la defensa advierte que la acusación no identifica bien la fecha del hecho. Lo señala en la audiencia y pide que el fiscal lo corrija. Si además alega que no hay prueba suficiente, puede pedir el sobreseimiento. El texto no dice cómo se resuelven esas objeciones en la misma audiencia. Eso se decide en el procedimiento intermedio. El artículo anterior, sobre la comunicación de la acusación, aparece como derogado en Códice: art. 335 CPP. El artículo siguiente, art. 337 CPP, regula la actitud del querellante.
**Artículo 337.** *Actitud del querellante.* En la audiencia, el querellante o quien sin éxito haya pretendido serlo, podrá:
1) Adherirse a la acusación del Ministerio Público, exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará;
2) Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección;
3) Objetar la acusación porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal, requiriendo su ampliación o corrección.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 30 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 30 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** En la audiencia, el querellante, o quien intentó serlo sin éxito, puede adherirse a la acusación del Ministerio Público y exponer sus propios fundamentos, o decir que no acusará. También puede señalar vicios formales del escrito de acusación y pedir su corrección. La tercera opción es objetar la acusación si omite a algún imputado, algún hecho o alguna circunstancia de interés para la decisión penal. Entonces pide su ampliación o corrección. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 30 del Decreto 79-97 del Congreso de la República. Por ejemplo, un querellante que coincide con el fiscal puede adherirse a la acusación y añadir sus propios argumentos. Otro que nota que el escrito no menciona a un imputado puede objetarlo y pedir que se corrija. El texto no dice cómo se resuelven esas peticiones; ese punto no aparece en este artículo.
**Artículo 338.** *Actitud de las partes civiles.* En la audiencia, las partes civiles deberán concretar detalladamente los daños emergentes del delito cuya reparación pretenden. Indicarán también, cuando sea posible, el importe aproximado de la indemnización o la forma de establecerla. La falta de cumplimiento de este precepto se considerará como desistimiento de la acción.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 24 del Decreto 32-96 y por el Artículo 31 del Decreto 79-97, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 24 del Decreto 32-96 (1996)
- Reforma: Reformado por el artículo 31 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** En la audiencia, las partes civiles deben concretar con detalle los daños emergentes del delito cuya reparación pretenden. También indican, cuando sea posible, el importe aproximado de la indemnización o la forma de establecerla. La nota dice que el artículo fue reformado por el Artículo 24 del Decreto 32-96 y por el Artículo 31 del Decreto 79-97, ambos del Congreso de la República. El punto que más pesa es la consecuencia: si no se cumple este precepto, el texto lo considera desistimiento de la acción. Fíjate en la frase «cuando sea posible», que limita el importe, pero no el detalle de los daños. Por ejemplo, una persona que es parte civil en un proceso por un delito debe detallar en la audiencia los daños que sufrió por ese hecho. Si no lo hace, esa falta se considera desistimiento de la acción. El artículo no dice cómo se calcula el importe; eso queda para otras normas.
**Artículo 339.** *Oposición.* En la audiencia, el acusado, su defensor y las demás partes podrán oponerse a la constitución definitiva del querellante y de las partes civiles, e interponer las excepciones que correspondan.
En la misma, presentarán la prueba documental que pretendan hacer valer o señalarán los medios de investigación que fundamenten su oposición.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 32 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 32 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** En la audiencia, el acusado, su defensor y las demás partes pueden oponerse a que el querellante y las partes civiles queden constituidos de forma definitiva. También pueden plantear las excepciones que correspondan. En esa misma audiencia presentan la prueba documental que quieran hacer valer o señalan los medios de investigación que sustenten su oposición. El punto clave es la expresión constitución definitiva: la oposición se dirige a ese acto final, no a cualquier otro. El texto no dice qué pasa después ni qué excepciones proceden; eso queda en otras normas del procedimiento. Por ejemplo, la defensa de un acusado se opone a que una persona actúe como parte civil y, en la misma audiencia, lleva los documentos que respaldan su posición. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 32 del Decreto 79-97 del Congreso de la República.
**Artículo 340.** *Audiencia.* La audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal.
En caso de formularse acusación se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate.
El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público.
En caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que deba realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento, como lo establece el artículo 82 de este Código.
En los demás requerimientos se considerará sobre la idoneidad y pertinencia de los mismos.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 33 del Decreto 79-97 y por el Artículo 13 del Decreto 18-2010, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 33 del Decreto 79-97 (1997)
- Reforma: Reformado por el artículo 13 del Decreto 18-2010 (2010)
**Qué significa:** Este artículo describe la audiencia intermedia. Su finalidad es discutir si el requerimiento del fiscal es pertinente. Es la audiencia en la que el juez revisa lo que pide el Ministerio Público antes de llevar a alguien a juicio. Si el fiscal formula acusación, la discusión recae sobre los hechos planteados y sobre la probabilidad de que puedan demostrarse en el debate. Si el juez decide abrir el juicio, su auto debe fundamentar esa decisión. Cuando se pide la clausura provisional, el juez indica los medios de investigación pendientes y fija día y hora para una nueva audiencia intermedia. Para los demás requerimientos, el juez considera su idoneidad y pertinencia. Caso concreto: el fiscal acusa a una persona por un hurto y pide abrir el juicio. En la audiencia, la defensa discute si los hechos pueden demostrarse. El juez decide con un auto fundado. El texto no dice cuánto dura la audiencia ni cuántas veces puede suspenderse. El artículo anterior, art. 339 CPP, trata de la oposición. El artículo siguiente, art. 341 CPP, regula la resolución.
**Citado por:** Art. 341, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-341/).
**Artículo 341.** *Resolución.* Al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez, inmediatamente, decidirá sobre las cuestiones planteadas, decidirá la apertura del juicio o de lo contrario, el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo, con lo cual quedarán notificadas las partes. Si por la complejidad del asunto no fuere posible la decisión inmediata, el juez podrá diferirla por veinticuatro horas, debiendo para ello, en la misma audiencia, citar a las partes.
El pronunciamiento emitido por el juez ante las partes que concurran, tendrá efectos de notificación para todos. A las partes que no hubieren asistido se les remitirá copia escrita de la resolución.
De la audiencia el juez levantará un acta suscinta para los efectos legales.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 34 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 34 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** Al terminar la intervención de las partes, el juez decide de inmediato las cuestiones planteadas. Puede decidir la apertura del juicio o, en su defecto, el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo. Con esa decisión quedan notificadas las partes. Si el asunto es complejo y no puede decidirse de inmediato, el juez puede diferir la decisión por veinticuatro horas. Para ello debe citar a las partes en la misma audiencia. Lo que el juez pronuncia ante quienes asisten tiene efecto de notificación para todos. A las partes ausentes se les envía copia escrita de la resolución. Así se ve en una audiencia: el juez se toma veinticuatro horas por la complejidad del caso y cita a las partes allí mismo. Al final, levanta un acta suscinta para los efectos legales. Este artículo se entiende junto con el art. 340 CPP, que describe la finalidad de la audiencia intermedia: discutir la pertinencia del requerimiento fiscal.
**Artículo 342.** *Auto de apertura.* La resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener:
1) La designación del tribunal competente para el juicio.
2) Las modificaciones con que admite la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas, que deben formar parte de ella.
3) La designación concreta de los hechos por los que no se abre el juicio cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez sólo la admite parcialmente.
4) Las modificaciones en la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación.
**Qué significa:** La resolución que admite la acusación y abre el juicio debe contener varios datos. Entre ellos están la designación del tribunal competente para el juicio, y las modificaciones con que se admite la acusación. Si la acusación incluye varios hechos y el juez admite solo parte, la resolución debe designar concretamente los hechos por los que no se abre el juicio. También debe indicar las modificaciones en la calificación jurídica. Ejemplo: una acusación contiene tres hechos, y el juez abre juicio solo por dos. La resolución debe decir cuáles son los dos y cuál es el excluido. El texto exige precisión, para que las partes sepan exactamente qué se va a juzgar. El artículo anterior, art. 341 CPP, trata de la resolución. El siguiente, art. 343 CPP, regula la acusación por parte del querellante.
**Artículo 343.** *Acusación por parte del querellante.* (Derogado) Cuando el Ministerio Público hubiere solicitado previamente el sobreseimiento y clausura, el juez podrá encargar la acusación al querellante que hubiere objetado dicho pedido, siempre que manifieste su interés en proseguir el juicio hasta sentencia, y sin perjuicio de las facultades o deberes que le corresponden al Ministerio Público en el procedimiento posterior.
La acusación modificada o la nueva acusación del Ministerio Público o del querellante será notificada a todos aquellos a quienes se les haya otorgado participación definitiva en el procedimiento.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por Artículo 35 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Derogado por el artículo 35 del Decreto 79-97 (1997)
**Artículo 343.** *Ofrecimiento de prueba.* Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba, individualizando cada uno, con indicación del nombre del testigo o perito y documento de identidad, y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente, indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia que se pretende probar.
Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto.
De igual forma se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal.
> Nota de la fuente: (Adicionado nuevamente por el Artículo 14 del Decreto 18-2010 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 14 del Decreto 18-2010 (2010)
**Qué significa:** Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se realiza la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. La parte acusadora propone sus medios de prueba. Debe individualizar cada uno: si es un testigo o perito, su nombre y documento de identidad, y los hechos sobre los que declarará. Si es otro medio, debe indicar la forma de diligenciarlo y el hecho que pretende probar. Después, la defensa y los demás sujetos procesales se manifiestan. El juez resuelve de inmediato. Admite la prueba pertinente y rechaza la que sea abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Ejemplo: el acusador ofrece veinte testigos para probar un mismo hecho. El juez puede rechazar la prueba que considere abundante. El art. 343 CPP, sobre la acusación del querellante, aparece en el corpus como derogado. El siguiente, art. 344 CPP, regula la citación a juicio.
**Artículo 344.** *Citación a juicio.* Al dictar el auto que admita o rechace la prueba, previa coordinación con el tribunal de sentencia, el juez señalará día y hora de inicio de la audiencia de juicio, misma que debe realizarse en un plazo no menor de diez días ni mayor de quince, citando a todos los intervinientes con las prevenciones respectivas.
Dentro de los cinco días de fijada la audiencia de juicio, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para recusar a uno o más jueces del tribunal, la cual deberá realizarse dentro de los tres días siguientes a la solicitud. Si alguno de los jueces considera que incurre en motivo de excusa, lo invocará en el mismo plazo; para el efecto, se convocará a todos los intervinientes.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 36 del Decreto 79-97, el Artículo 15 del Decreto 18-2010 y el Artículo 9 del Decreto 7-2011, todos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 36 del Decreto 79-97 (1997)
- Reforma: Reformado por el artículo 15 del Decreto 18-2010 (2010)
- Reforma: Reformado por el artículo 9 del Decreto 7-2011 (2011)
**Qué significa:** Cuando el juez admite o rechaza la prueba, fija el día y la hora de la audiencia de juicio, previa coordinación con el tribunal de sentencia. La audiencia debe realizarse en un plazo no menor de diez días ni mayor de quince. El juez cita a todos los intervinientes con las prevenciones respectivas. El segundo párrafo abre otra vía. Dentro de los cinco días de fijada la audiencia, cualquier sujeto procesal puede pedir una audiencia para recusar a uno o más jueces, que debe realizarse dentro de los tres días siguientes. Si un juez considera que tiene motivo de excusa, debe invocarlo en el mismo plazo, y se convoca a todos los intervinientes. La nota indica que el artículo fue reformado. Ejemplo práctico: una parte considera que un juez no debe conocer el caso. Puede pedir la recusación dentro de los cinco días siguientes a la fijación de la audiencia. El texto no enumera las causas de recusación; esas causas las fijan otras normas.
**Artículo 345.** *Remisión de actuaciones.* Practicadas las notificaciones correspondientes, se remitirán las actuaciones, la documentación y los objetos secuestrados a la sede del tribunal competente para el juicio, poniendo a su disposición a los acusados.
**Citado por:** Art. 150, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-150/).
#### Capítulo III. Otras solicitudes
**Artículo 345 Bis.** *Audiencia.* (Derogado) Si el Ministerio Público requirió el sobreseimiento, la clausura u otra forma conclusiva que no fuera la acusación, el juez ordenará al día siguiente de la presentación de la solicitud, la notificación a las partes, entregándoles copia de la misma y poniendo a su disposición en el despacho las actuaciones y las evidencias reunidas durante la investigación para que puedan ser examinadas en un plazo común de cinco días.
En la misma resolución convocará a las partes a una audiencia oral que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de cinco días ni mayor de diez.
> Nota de la fuente: DEROGADO por el Artículo 16 del Decreto 18-2010, ambos del Congreso de la República) . (Adicionado por el Artículo 38 del Decreto 79-97 y DEROGADO por el Artículo 17 del Decreto 18-2010, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Derogado por el artículo 16 del Decreto 18-2010 (2010)
- Reforma: Adicionado por el artículo 38 del Decreto 79-97 (1997)
- Reforma: Derogado por el artículo 17 del Decreto 18-2010 (2010)
**Artículo 345 Ter.** *Facultades y deberes de las partes.* (Derogado) En tal audiencia, las partes podrán:
1) Objetar la solicitud de sobreseimiento, clausura, suspensión condicional de la persecución penal, de procedimiento abreviado o aplicación del criterio de oportunidad;
2) Solicitar la revocación de las medidas cautelares.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 39 del Decreto 79-97 y DEROGADO por el Artículo 18 del Decreto 18-2010, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 39 del Decreto 79-97 (1997)
- Reforma: Derogado por el artículo 18 del Decreto 18-2010 (2010)
**Artículo 345 Quáter.** *Desarrollo.* (Derogado) El día de la audiencia se concederá el tiempo necesario para que cada parte fundamente sus pretensiones y presente los medios de investigación practicados. De la audiencia se levantará un acta y al finalizar, en forma inmediata, el juez resolverá todas las cuestiones planteadas y, según corresponda:
1) Decretará la clausura provisional del proceso cuando los elementos de investigación resultaren insuficientes para fundamentar la acusación, pero fuere probable que pudieren llegar a ser incorporados nuevos elementos de convicción. La resolución deberá mencionar los elementos de investigación que se esperan incorporar. La clausura hará cesar toda medida cautelar;
2) Decretará el sobreseimiento cuando resultare con certeza que el hecho imputado no existe o no está tipificado como delito, o que el imputado no ha participado en él.
También podrá decretarse cuando no fuere posible fundamentar una acusación y no existiere posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba, o se hubiere extinguido la acción penal, o cuando luego de la clausura no se hubiere reabierto el proceso durante el tiempo de cinco años;
3) Suspenderá condicionalmente el proceso o aplicará el criterio de oportunidad;
4) Ratificará, revocará, sustituirá o impondrá medidas cautelares.
Si el juez considera que debe proceder la acusación, ordenará su formulación, la cual deberá presentarse en el plazo máximo de siete días. En este caso, planteada la acusación, se procederá como se especifica en el capítulo dos de este título. Si no planteare la acusación ordenada, el juez procederá conforme al artículo 324 Bis.
No procederá la clausura provisional a que se refiere el artículo 324 Bis, si el querellante que fundadamente hubiere objetado el pedido de sobreseimiento o clausura, manifiesta su interés en proseguir el juicio hasta sentencia y presenta acusación, misma que será tramitada y calificada de acuerdo al trámite que se establece en el capítulo anterior de este Código.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 40 del Decreto 79-97 y DEROGADO por el Artículo 19 del Decreto 18- 2010, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 40 del Decreto 79-97 (1997)
- Reforma: Derogado por el artículo 19 del Decreto 18-2010 (2010)
### Título III. Juicio
#### Capítulo I. Preparación del debate
**Artículo 346.** *Audiencia.* (Derogado) Recibidos los autos, la unidad administrativa del tribunal fijará el día y hora de inicio de la audiencia de juicio, misma que debe realizarse en un plazo no menor de diez (10) días ni mayor de quince (15) días.
Dentro de este plazo, el tribunal podrá ordenar, a pedido de parte, recibir declaración a los órganos de prueba que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrán concurrir al debate, adelantar las operaciones periciales necesarias para informar en él, o llevar a cabo los actos probatorios que fueran difíciles de cumplir en la audiencia o que no admitieren dilación. En estos casos se podrá diligenciar el anticipo de prueba mediante videoconferencia u otro medio electrónico en las condiciones que lo regulan los artículos 317 y 318 de este Código.
Dentro de los cinco (5) días de fijada la audiencia de juicio, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para recusar a uno o más jueces del tribunal, la cual deberá realizarse dentro de los tres (3) días siguientes a la solicitud. Si alguno de los jueces considera que incurre en motivo de excusa lo invocará en el mismo plazo; para el efecto se convocará a audiencia a todos los intervinientes.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 20 del Decreto 18-2010 y DEROGADO por el Artículo 15 del Decreto 7-2011, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 20 del Decreto 18-2010 (2010)
- Reforma: Derogado por el artículo 15 del Decreto 7-2011 (2011)
**Citado por:** Art. 347, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-347/).
**Artículo 347.** *Ofrecimiento de prueba.* (Derogado) Resueltos los incidentes a que se refiere el artículo anterior, las partes ofrecerán en un plazo de ocho días la lista de testigos, peritos e intérpretes, con indicación del nombre, profesión, lugar para recibir citaciones y notificaciones, y señalarán los hechos a cerca de los cuales serán examinados durante el debate. Quien ofrezca la prueba podrá manifestar su conformidad para que se lea en el debate la declaración o dictamen presentado durante el procedimiento preparatorio.
Se deberá presentar también los documentos que no fueron ingresados antes o señalar el lugar en donde se hallen, para que el tribunal lo requiera.
Los demás medios de prueba serán ofrecidos con indicación del hecho o circunstancia que se pretenda probar.
Si el Ministerio Público no ofreciere prueba, se le emplazará por tres días. Al mismo tiempo, se le notificará al Fiscal General de la República para que ordene lo conducente sin perjuicio de la aplicación de las sanciones legales que procedan.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 21 del Decreto 18-2010 del Congreso de la República). (Párrafo adicionado por el Artículo 41 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Derogado por el artículo 21 del Decreto 18-2010 (2010)
- Reforma: Adicionado (párrafo) por el artículo 41 del Decreto 79-97 (1997)
**Citado por:** Art. 348, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-348/).
**Artículo 348.** *Anticipo de prueba.* El tribunal podrá ordenar, de oficio o a pedido de parte una investigación suplementaria dentro de los ocho días señalados en el artículo anterior, a fin de recibir declaración a los órganos de prueba que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrán concurrir al debate, adelantar las operaciones periciales necesarias para informar en él, o llevar a cabo los actos probatorios que fueran difícil cumplir en la audiencia o que no admitieren dilación.
A tal efecto, el tribunal designará quien presidirá la instrucción ordenada.
En este caso, la declaración testimonial que lo amerite y justifique se recibirá como anticipo de prueba mediante videoconferencia u otro medio electrónico en las condiciones que lo regulan los artículos 317 y 318 de este Código.
En este último caso se observará lo regulado en los artículos 218 BIS y 218 TER del presente Código.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 22 del Decreto 17-2009 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 22 del Decreto 17-2009 (2009)
**Citado por:** Art. 218 Ter, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-218ter/).
**Artículo 349.** *Unión y separación de juicios.* Si por el mismo hecho punible atribuido a varios acusados se hubiere formulado diversas acusaciones, el tribunal podrá ordenar la acusación de oficio, o a pedido de algunas de las partes, siempre que ello no ocasione un grave retardo del procedimiento.
Si la acusación tuviere por objeto varios hechos punibles atribuidos a uno o más acusados, el tribunal podrá disponer, de la misma manera, que los debates se lleven a cabo separadamente, pero, en lo posible, en forma continua.
**Qué significa:** Este artículo permite al tribunal organizar los juicios cuando hay varias acusaciones o varios hechos. En el primer caso, si por el mismo hecho punible atribuido a varios acusados se formularon diversas acusaciones, el tribunal puede ordenar su acumulación, de oficio o a pedido de alguna de las partes. La condición es que eso no ocasione un grave retardo del procedimiento. El texto publicado dice «ordenar la acusación de oficio», aunque el epígrafe habla de unión de juicios. En el segundo caso ocurre lo contrario: si la acusación tiene por objeto varios hechos punibles atribuidos a uno o más acusados, el tribunal puede disponer que los debates se lleven a cabo por separado. Aun así, deben realizarse, en lo posible, en forma continua. El artículo no fija plazos ni criterios detallados para decidir; deja la decisión al tribunal con esos límites. Por ejemplo, si tres personas son acusadas en escritos distintos por el mismo robo, el tribunal puede reunir esas acusaciones en un solo juicio, siempre que no se atrase gravemente el proceso. Si, en cambio, una persona enfrenta una acusación por varios hechos diferentes, el tribunal puede separar los debates de cada hecho y celebrarlos uno tras otro, sin largas interrupciones.
**Artículo 350.** *Resolución y fijación de audiencia.* (Derogado) El tribunal resolverá en un solo auto, las cuestiones planteadas:
1) Admitirá la prueba ofrecida o la rechazará cuando fuere ilegitima, manifiestamente impertinente, inútil o abundante, disponiendo las medidas necesarias para su recepción en el debate; en su caso, señalará los medios de prueba que se incorporarán al debate para su lectura.
2) Fijará lugar, día y hora para la iniciación del debate, en un plazo no mayor de quince días, ordenando la citación de todas aquellas personas que deberán intervenir en él.
> Nota de la fuente: (Derogado por el Artículo 22 del Decreto 18-2010 del Congreso de la República).
- Reforma: Derogado por el artículo 22 del Decreto 18-2010 (2010)
**Artículo 351.** *Prueba de oficio.* (Derogado) En la decisión, el tribunal podrá ordenar la recepción de la prueba pertinente y útil que considere conveniente, siempre que su fuente resida en las actuaciones ya practicadas.
> Nota de la fuente: (Derogado por el Artículo 23 del Decreto 18-2010 del Congreso de la República).
- Reforma: Derogado por el artículo 23 del Decreto 18-2010 (2010)
**Artículo 352.** *Sobreseimiento o archivo.* (Derogado) En la misma oportunidad el tribunal podrá, de oficio, dictar el sobreseimiento cuando fuere evidente, una causa extintiva de la persecución penal, se tratare de un inimputable o exista una causa de justificación, y siempre que para comprobar el motivo no sea necesario el debate.
De la misma manera, archivará las actuaciones cuando fuere evidente que no se puede proceder.
> Nota de la fuente: (Derogado por el Artículo 24 del Decreto 18-2010 del Congreso de la República).
- Reforma: Derogado por el artículo 24 del Decreto 18-2010 (2010)
**Artículo 353.** *División del debate único.* Por la gravedad del delito, a solicitud del Ministerio Publico o del defensor, el tribunal dividirá el debate único, tratando primero la cuestión acerca de la culpabilidad del acusado y, posteriormente, lo relativo a la determinación de la pena o medida de seguridad y corrección que corresponda. El anuncio de la división se hará a más tardar en la apertura del debate.
En este caso, al culminar la primera parte del debate, el tribunal resolverá la cuestión de culpabilidad y, si la decisión habilita la imposición de una pena o medida de seguridad y corrección, fijará día y hora para la prosecución del debate sobre esta cuestión.
Para la decisión de la primera parte del debate se emitirá la sentencia correspondiente, que se implementará con una resolución interlocutoria sobre la imposición de la pena en su caso.
El debate sobre la pena comenzará al día hábil siguiente con la recepción de la prueba que se hubiere ofrecido para individualizarla, prosiguiendo de allí en adelante, según las normas comunes. El plazo para recurrir la sentencia condenatoria comenzará a partir del momento en que se fije la pena.
Cuando se ejerza la acción civil, el tribunal la resolverá en la misma audiencia señalada para la fijación de la pena.
**Qué significa:** Por la gravedad del delito, a pedido del Ministerio Público o del defensor, el tribunal dividirá el debate único. Primero resuelve la culpabilidad del acusado y después la pena o medida de seguridad y corrección. El anuncio de la división se hace, a más tardar, en la apertura del debate. Al culminar la primera parte, el tribunal resuelve la culpabilidad y emite la sentencia correspondiente, que se implementará, en su caso, con una resolución interlocutoria sobre la pena. Si esa decisión habilita imponer una pena o medida, fija día y hora para continuar con el debate sobre ella. El debate sobre la pena comienza al día hábil siguiente con la recepción de la prueba ofrecida para individualizarla y sigue las normas comunes. El plazo para recurrir la sentencia condenatoria comienza cuando se fije la pena. Una situación posible: en un juicio por un delito grave, la defensa pide dividir el debate. El tribunal decide primero la culpabilidad y, si corresponde, fija otra fecha para discutir la pena. Si hay acción civil, se resuelve en esa misma audiencia.
#### Capítulo II. Debate
##### Sección Primera. Principios fundamentales
**Artículo 354.** *Inmediación.* El debate se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar la sentencia, del Ministerio Publico, del acusado, de su defensor y de las demás partes o sus mandatarios.
El acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si después de su declaración rehusare asistir, será custodiado en una sala próxima y representado por su defensor.
Si el defensor no comparece al debate o se aleja de la audiencia, se considerará abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo.
Si el actor civil o el querellante no concurren al debate, o se alejan de la audiencia, se tendrán por abandonadas sus intervenciones, sin perjuicio de que puedan ser compelidos a comparecer como testigos.
Si el tercero civilmente demandado no comparece o se aleja de la audiencia, el debate proseguirá como si estuviera presente.
**Qué significa:** El debate exige la presencia ininterrumpida de los jueces que dictarán la sentencia, del Ministerio Público, del acusado, de su defensor y de las demás partes o sus mandatarios. La regla es la continuidad de la audiencia. El acusado no puede alejarse sin permiso del tribunal. Si, después de declarar, se niega a asistir, queda custodiado en una sala próxima y lo representa su defensor. Si el defensor no comparece o se aleja, se considera abandonada la defensa y se procede a reemplazarlo. Para el actor civil o el querellante, la ausencia significa que sus intervenciones se tienen por abandonadas, sin perjuicio de que puedan ser obligados a comparecer como testigos. Si el tercero civilmente demandado no comparece o se aleja, el debate sigue como si estuviera presente. Imagina una audiencia: el defensor sale a una llamada y no regresa. La defensa se considera abandonada y el tribunal procede a reemplazarlo. El texto no detalla ese reemplazo; eso queda para otras normas.
**Artículo 355.** *Acusado.* El acusado asistirá a la audiencia libre en su persona, pero el presidente podrá disponer la vigilancia y cautela necesaria para impedir su fuga o actos de violencia.
Si el acusado estuviere en libertad, el tribunal podrá disponer, para asegurar la realización del debate o de un acto particular que lo integre, su conducción por la fuerza pública y hasta su detención, determinando en este caso el lugar en que se debe cumplir. Podrá también variar las condiciones bajo las cuales goza de libertad o imponer alguna medida sustitutiva.
**Artículo 356.** *Publicidad.* El debate será público, pero el tribunal podrá resolver, aun de oficio, que se efectué, total o parcialmente, a puertas cerradas, cuando:
1) Afecte directamente el pudor, la vida o la integridad física de alguna de las partes o de persona citada para participar en él.
2) Afecte gravemente el orden público o la seguridad del Estado.
3) Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible.
4) Esté previsto específicamente.
5) Se examine a un menor, si el tribunal considera inconveniente la publicidad, porque lo expone a un peligro.
La resolución será fundada y se hará constar en el acta del debate. El tribunal podrá imponer a los que intervienen en el acto el deber de guardar reserva sobre los hechos que presenciaren o conocieren, decisión que constará en el acta del debate.
Desaparecida la causa de la clausura, se hará ingresar nuevamente al público.
**Qué significa:** El debate es público, pero el tribunal puede cerrar las puertas, total o parcialmente, aun de oficio. No necesita que una parte lo pida. Hay cinco causas. La primera es que se afecte directamente el pudor, la vida o la integridad física de alguien que participa. La segunda, que se afecte gravemente el orden público o la seguridad del Estado. La tercera, que peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial cuya revelación indebida sea punible. La cuarta, cuando esté previsto específicamente. La quinta, cuando se examine a un menor y el tribunal considere inconveniente la publicidad por el peligro que le causaría. La resolución debe ser fundada y constar en el acta. Además, el tribunal puede obligar a los participantes a guardar reserva. Cuando desaparece la causa, el público vuelve a entrar. Por ejemplo, en un juicio donde se examina a un menor, el tribunal puede considerar que la presencia del público lo pone en peligro. Entonces lo registra en el acta, y el público regresa cuando esa causa ya no exista.
**Artículo 357.** *Restricciones al acceso.* Se negará el acceso a los menores de dieciseis años, no acompañados por un mayor que responda por su conducta, o a cualquier persona que se presente en forma incompatible con la seriedad de la audiencia.
El presidente del tribunal podrá limitar el ingreso del público a una cantidad determinada de personas, según las posibilidades de la sala de audiencia.
**Qué significa:** Quién no puede entrar a una audiencia lo señala este artículo. Se niega el acceso a los menores de dieciséis años que no vayan acompañados por un mayor que responda por su conducta. También se niega a cualquier persona que se presente de forma incompatible con la seriedad de la audiencia. La condición clave es el acompañamiento: el menor de dieciséis años puede entrar si lo acompaña un mayor que responda por su conducta. La expresión «incompatible con la seriedad de la audiencia» es amplia, y el artículo no la define. El presidente del tribunal puede además limitar el ingreso del público a una cantidad determinada de personas, según las posibilidades de la sala. El artículo no fija ningún número; eso depende de cada sala. Un caso sencillo: un menor de dieciséis años llega solo a la audiencia. Según el texto, se le niega el acceso, salvo que lo acompañe un mayor que responda por su conducta.
**Artículo 358.** *Poder de disciplina.* El presidente del tribunal ejercerá el poder de disciplina de la audiencia. También podrá:
1) Por razones de orden, higiene, decoro o eficacia del debate, disponer el alejamiento de las personas cuya presencia no fuere necesaria.
2) Corregir en el acto, con arresto hasta de cinco días o multa las infracciones que se cometan, sin perjuicio de expulsar al infractor de la sala de la audiencia.
La medida será dispuesta por el tribunal si el infractor fuere el representante del Ministerio Público, el acusado, su defensor, el querellante, las partes civiles, o sus mandatarios.
Si los expulsados fueren el Ministerio Público o el defensor, forzosamente se procederá al nombramiento de sustituto.
Si fueren las partes civiles o el querellante podrán nombrar sustituto y, si no lo hicieren, se tendrá por abandonadas sus intervenciones.
Si fuere el acusado, la audiencia continuará con el defensor.
**Qué significa:** El presidente del tribunal ejerce el poder de disciplina de la audiencia. Puede alejar a personas cuya presencia no sea necesaria, por orden, higiene, decoro o eficacia del debate. También puede corregir en el acto las infracciones con arresto hasta de cinco días o multa, sin perjuicio de expulsar al infractor de la sala. El matiz está en quién cometió la infracción. Si es el representante del Ministerio Público, el acusado, su defensor, el querellante, las partes civiles o sus mandatarios, la medida la dispone el tribunal. Si se expulsa al Ministerio Público o al defensor, debe nombrarse sustituto. Las partes civiles o el querellante pueden nombrar sustituto; si no lo hacen, se tienen por abandonadas sus intervenciones. Si el expulsado es el acusado, la audiencia continúa con su defensor. Por ejemplo, una persona del público grita durante un alegato. El presidente puede corregirla en el acto o expulsarla de la sala. El texto no define qué conductas son infracciones; eso queda para otras normas.
**Artículo 359.** *Deberes de los asistentes.* Quienes asistan a la audiencia deberán permanecer respetuosamente y en silencio mientras no estén autorizados para exponer o deban responder a las preguntas que se les formulen. No podrán llevar cámaras fotográficas, videos o grabadoras, armas u otros elementos aptos para molestar u ofender, ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro, ni producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos.
**Qué significa:** Quienes asistan a la audiencia deben permanecer respetuosos y en silencio. Solo pueden hablar cuando estén autorizados para exponer o cuando deban responder preguntas que se les formulen. La regla vale para el público y para cualquiera que asista a la sesión. La lista de prohibiciones es concreta. No pueden llevar cámaras fotográficas, videos, grabadoras, armas u otros elementos aptos para molestar u ofender. Tampoco pueden tener un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro, ni producir disturbios. La frase final prohíbe manifestar opiniones o sentimientos de cualquier modo, y la expresión «de cualquier modo» es amplia. El texto no señala qué sanción corresponde a quien lo incumpla. En la práctica, una persona que entra con una grabadora en la bolsa incumple lo que el artículo prohíbe. Quien solo escucha en silencio cumple la regla.
**Artículo 360.** *Continuidad y suspensión.* El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de diez días, sólo en los casos siguientes:
1) Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso cuando una revelación inesperada haga indispensable una instrucción suplementaria, siempre que no sea posible cumplir los actos en el intervalo entre dos sesiones.
2) Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes y fuere imposible e inconveniente continuar el debate hasta que se les haga comparecer por la fuerza pública.
3) Cuando algún juez, el acusado, su defensor o el representante del Ministerio Público se enfermare a tal extremo que no pudiere continuar interviniendo en el debate, a menos que los últimos puedan ser reemplazados inmediatamente.
4) Cuando el Ministerio Público lo requiera para ampliar la acusación o el acusado o su defensor lo soliciten después de ampliada la acusación, siempre que, por las características del caso, no se pueda continuar inmediatamente.
Excepcionalmente, el tribunal podrá disponer la suspensión del debate, por resolución fundada, cuando alguna catástrofe o algún hecho extraordinario similar torne imposible su continuación.
El tribunal decidirá la suspensión y anunciará el día y hora en que continuará la audiencia; ello valdrá como citación para los que deban intervenir. Antes de comenzar la nueva audiencia, el presidente del tribunal resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad.
El presidente cuidará que el debate no se prolongue más allá de la jornada de trabajo; ordenará los aplazamientos diarios indicando el día y la hora en la cual continuará el mismo, salvo excepciones objetivamente calificadas por el tribunal.
> Nota de la fuente: (Párrafo reformado por el Artículo 42 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado (párrafo) por el artículo 42 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** El debate sigue en todas las audiencias consecutivas que sean necesarias hasta su conclusión. Solo puede suspenderse por un plazo máximo de diez días, y únicamente en los casos que la norma enumera. Los casos incluyen una cuestión incidental o un acto fuera de sala, la falta de testigos, peritos o intérpretes, una enfermedad que impida seguir, y una ampliación de la acusación en ciertas condiciones. Aparte, ante una catástrofe o un hecho extraordinario similar, el tribunal puede suspender por resolución fundada. Imagina que un testigo no comparece y no es posible continuar hasta que la fuerza pública lo lleve. El tribunal puede suspender el debate, y anuncia el día y la hora de la nueva audiencia. Ese anuncio vale como citación para quienes deban intervenir. El presidente cuida que el debate no pase de la jornada de trabajo, salvo excepciones que el tribunal califique objetivamente.
**Artículo 361.** *Interrupción.* Si el debate no se reanuda a más tardar el undécimo día después de la suspensión se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo, desde su iniciación. La rebeldía o la incapacidad del acusado interrumpirán el debate, salvo que el impedimento se subsane dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.
No se entenderá afectada la continuidad del debate, cuando se hubiese suspendido o interrumpido por el planteamiento de acciones de amparo o de acciones, excepciones o incidentes relativos a la inconstitucionalidad de una ley. El tribunal de sentencia deberá resolver el asunto principal dentro de los cinco días siguientes de quedar firme la cuestión planteada o de recibida la ejecutoria correspondiente, en su caso.
> Nota de la fuente: (Párrafo adicionado por el Artículo 43 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado (párrafo) por el artículo 43 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** Si el debate no se reanuda a más tardar el undécimo día después de la suspensión, se considera interrumpido y debe realizarse de nuevo, desde su iniciación. La rebeldía o la incapacidad del acusado también interrumpen el debate, salvo que el impedimento se subsane dentro de ese plazo. Como ejemplo, un debate se suspende y no vuelve a reunirse dentro del plazo. Entonces no sigue donde quedó, sino que comienza otra vez desde el principio. La continuidad no se afecta cuando el debate se suspende o interrumpe por el planteamiento de acciones de amparo, o de acciones, excepciones o incidentes sobre la inconstitucionalidad de una ley. El tribunal de sentencia debe resolver el asunto principal dentro de los cinco días siguientes a que quede firme la cuestión planteada o, en su caso, a que reciba la ejecutoria correspondiente. La nota indica que un párrafo fue adicionado por el Artículo 43 del Decreto 79-97 del Congreso de la República.
**Artículo 362.** *Oralidad.* El debate será oral. En esa forma se producirán las declaraciones del acusado, de los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que participan en él. Las resoluciones del tribunal se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su emisión, pero constarán en el acta del debate. Asimismo también podrá proceder de acuerdo al párrafo tercero del artículo 142 de este Código, en lo que fuere aplicable.
Quienes no pudieren hablar o no lo pudieren hacer en el idioma oficial formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de interpretes, leyéndose o relatándose las preguntas o las contestaciones en la audiencia.
El acusado sordo y el que no pudiere entender el idioma oficial deberá ser auxiliado por un intérprete para que le transmita el contenido de los actos del debate. Asimismo también podrá procederse de acuerdo al párrafo tercero del artículo 142 en lo que fuere aplicable.
**Qué significa:** El debate será oral. Las declaraciones del acusado, de los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que participan se hacen de viva voz. Las resoluciones del tribunal se dictan verbalmente y quedan notificados todos por su emisión, aunque constan en el acta del debate. Lo que más importa es que quienes no puedan hablar o no lo puedan hacer en el idioma oficial formulan sus preguntas o respuestas por escrito o mediante intérprete, y se leen en la audiencia. El acusado sordo o que no entienda el idioma oficial debe recibir un intérprete. El artículo remite al art. 142 CPP, que regula los actos procesales en español y su traducción. Ejemplo: una persona acusada que no entiende el español pide un intérprete, que le transmite lo que se dice en cada acto del debate. El texto no detalla cómo se elige ese intérprete ni cómo se paga; eso queda para otras normas.
**Artículo 363.** *Lectura.* Sólo podrán ser incorporados por su lectura las actas e informes cuando:
1) Se trate de la incorporación de una acta sobre la declaración de un testigo o cuando fuere imposible o manifiestamente inútil la declaración en el debate.
2) Las partes presenten su conformidad al ordenarse la recepción de la prueba o lo consientan al no comparecer el testigo cuya citación se ordenó.
3) Las declaraciones que se hayan rendido por exhorto o informe, y cuando el acto se haya producido por escrito según la autorización legal.
**Qué significa:** Solo pueden incorporarse por lectura las actas e informes en tres casos. Primero, cuando se trata de un acta sobre la declaración de un testigo, o cuando es imposible o manifiestamente inútil la declaración en el debate. Segundo, cuando las partes dan su conformidad al ordenarse la recepción de la prueba, o la consienten si el testigo no comparece. Tercero, las declaraciones rendidas por exhorto o informe, y cuando el acto se produjo por escrito según la autorización legal. La palabra «sólo» limita la regla: fuera de esos casos, el texto no permite la lectura. Imagina este caso: un testigo no comparece al debate y su declaración consta en un acta. Si las partes lo consienten, el acta puede leerse. Lo que el texto no dice es cómo valorar el acta una vez leída; eso queda para otras normas.
**Artículo 364.** *Lecturas de actas y documentos.* El tribunal podrá ordenar, aún de oficio, la lectura:
1) De los dictámenes periciales, siempre que se hayan cumplido conforme a las reglas de los actos definitivos e irreproducibles o de instrucción suplementaria, salvo la facultad de las partes o del tribunal para exigir la declaración del perito en el debate.
2) De las declaraciones de los testigos que hayan fallecido, estén ausentes del país, se ignore su residencia o que por obstáculo insuperable no puedan declarar en el debate, siempre que esas declaraciones se hayan recibido conforme a las reglas de los actos definitivos e irreproducibles.
3) La denuncia, la prueba documental o de informes, los careos y las actas de inspección, registro domiciliario, requisa personal, y reconocimientos a que el testigo aludiere en su declaración durante el debate.
4) Las declaraciones de imputados rebeldes o condenados como partícipes del hecho punible objeto del debate.
**Qué significa:** El tribunal puede ordenar, incluso de oficio, la lectura de cuatro tipos de material durante el debate. Primero, los dictámenes periciales hechos según las reglas de los actos definitivos e irreproducibles o de instrucción suplementaria. Las partes o el tribunal pueden exigir, aun así, que el perito declare en el debate. Segundo, las declaraciones de testigos fallecidos, ausentes del país, de residencia ignorada o con obstáculo insuperable para declarar en el debate, siempre que se hayan recibido conforme a las reglas de los actos definitivos e irreproducibles. Tercero, la denuncia, la prueba documental o de informes, los careos y las actas de inspección, registro domiciliario, requisa personal y reconocimientos a que el testigo aludiere en su declaración durante el debate. Cuarto, las declaraciones de imputados rebeldes o condenados como partícipes del hecho punible objeto del debate. Un caso práctico: un testigo que está ausente del país puede tener su declaración leída, si se recibió según las reglas de los actos definitivos e irreproducibles. El texto no dice cuánto pesa esa lectura frente a lo dicho en el debate.
**Artículo 365.** *Imposibilidad de asistencia.* Los testigos o peritos que no puedan concurrir al debate por un impedimento justificado serán examinados en el lugar donde se hallen, por los jueces del tribunal o por medio de exhorto a otro juez según los casos. Las partes podrán participar en el acto.
Si el testigo residiere en el extranjero o por algún obstáculo imposible de superar no pudiere concurrir al debate, las reglas anteriores podrán ser cumplidas por medio de suplicatorio, carta rogatoria o requerimiento, pudiendo las partes designar quien las representará ante el comisionado o consignar por escrito las preguntas que deseen formular. De igual forma, se podrá tomar la declaración a través de videoconferencia o cualquier otro medio audiovisual, conforme a las disposiciones de este Código.
De igual forma, el tribunal podrá decidir que las declaraciones testimoniales se realicen a través de videoconferencias u otros medios audiovisuales, desarrollándose el trámite según lo estipulado en este Código.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 19 del Decreto 17-2009 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 19 del Decreto 17-2009 (2009)
**Qué significa:** Este artículo prevé qué hacer cuando un testigo o perito no puede asistir al debate. Si tiene un impedimento justificado, se le examina en el lugar donde se halle, por los jueces del tribunal o mediante exhorto a otro juez, según el caso. Las partes pueden participar en ese acto. Si el testigo reside en el extranjero o enfrenta un obstáculo imposible de superar, esas reglas pueden cumplirse por suplicatorio, carta rogatoria o requerimiento. Las partes pueden designar quién las representará ante el comisionado o dejar por escrito las preguntas que quieren formular. También se puede tomar la declaración por videoconferencia o por otro medio audiovisual, conforme al Código. Además, el tribunal puede decidir por su cuenta que las declaraciones testimoniales se hagan por esos medios. El texto no exige un tipo concreto de impedimento ni define qué es justificado. Por ejemplo, si un testigo clave está hospitalizado el día del debate, los jueces pueden trasladarse al hospital para examinarlo, y las partes pueden estar presentes. Si el testigo vive en otro país, su declaración puede obtenerse por carta rogatoria o por videoconferencia. La nota indica que fue reformado por el Artículo 19 del Decreto 17-2009 del Congreso de la República.
**Artículo 366.** *Dirección del debate.* El presidente dirigirá el debate, ordenará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, exigirá las protestas solemnes, moderará la discusión, impidiendo derivaciones impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad o no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la acusación y la libertad de defensa.
Si una disposición del presidente es objetada como inadmisible por alguna de las partes, decidirá el tribunal.
**Qué significa:** El presidente dirige el debate, ordena las lecturas pertinentes, hace las advertencias que correspondan y exige las protestas solemnes. También modera la discusión e impide derivaciones impertinentes, o las que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad o no resulten admisibles. El límite está en la frase final: el presidente modera sin coartar el ejercicio de la acusación ni la libertad de defensa. Puede cortar lo que no sirve al caso, pero no debe restringir a las partes en ese ejercicio. El texto no detalla cada tipo de moderación; eso queda para otras normas. Como ejemplo, la defensa puede objetar una orden del presidente sobre una lectura que considera inadmisible. Si eso ocurre, la objeción pasa al tribunal, y el presidente no decide solo. El texto no dice cuánto tiempo puede durar esa discusión, así que eso queda para otras normas.
**Artículo 367.** *Delito en audiencia.* Si durante el debate se cometiere falta o delito, el Tribunal ordenará levantar acta con las indicaciones que correspondan y hará detener al presunto culpable, remitiéndose copia de los antecedentes necesarios al Ministerio Público a fin de que proceda de conformidad con la Ley.
Análogamente se procederá en el caso de una falta, sin perjuicio de la libertad del imputado.
##### Sección Segunda. Desarrollo
**Artículo 368.** *Apertura.* El día y hora fijados, el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. El presidente verificará la presencia del Ministerio Público, del acusado y su defensor, de la víctima o agraviado y de las demás partes que hubieren sido admitidas, y de los testigos, peritos o intérpretes que deban tomar parte del debate. El presidente del tribunal declarará abierto el debate, advirtiendo al acusado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder y la atención que debe prestar en la audiencia. Inmediatamente concederá la palabra, en su orden, a la parte acusadora y defensa para que presenten sus alegatos de apertura.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 10 del Decreto 7-2011 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 10 del Decreto 7-2011 (2011)
**Qué significa:** Al llegar el día y la hora fijados, el tribunal se constituye en el lugar de la audiencia. Quien preside verifica la presencia del Ministerio Público, del acusado con su defensor, de la víctima o agraviado, de las demás partes admitidas y de los testigos, peritos o intérpretes que deban participar. Después declara abierto el debate y advierte al acusado sobre la importancia de lo que va a suceder y la atención que debe prestar. Lo que más pesa aquí es el orden de la palabra: primero a la parte acusadora y después a la defensa, para sus alegatos de apertura. El texto no dice cuánto dura cada intervención ni qué ocurre si alguna parte falta; eso queda para otras normas del Código. En la práctica: en el juicio contra una persona acusada de un delito, el presidente comprueba quiénes están presentes, abre el debate y luego da la palabra a quien acusa y después a la defensa. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 10 del Decreto 7-2011 del Congreso de la República.
**Artículo 369.** *Incidentes.* Todas las cuestiones incidentales que se pudieran suscitar serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna, según convenga al orden del debate.
En la discusión de las cuestiones incidentales se les concederá la palabra una única vez, por el tiempo que establezca el presidente, al Ministerio Publico, al defensor y a los abogados de las demás partes.
**Qué significa:** Las cuestiones incidentales que surjan en el debate se tratan en un solo acto, salvo que el tribunal decida resolverlas por separado o aplazar alguna. Esa decisión depende de lo que convenga al orden del debate. Así, la regla general es concentrar esas discusiones. El matiz importante está en la palabra «una única vez»: en la discusión de estas cuestiones, cada parte habla una sola vez. El presidente fija el tiempo de cada intervención. Hablan el Ministerio Público, el defensor y los abogados de las demás partes. El texto no dice qué tipos de cuestiones incidentales existen; eso queda para otras normas del procedimiento. Por ejemplo, durante un juicio la defensa plantea una cuestión previa. El tribunal puede resolverla en ese momento o dejarla para más tarde, según el orden del debate. Tanto el Ministerio Público como los abogados de las demás partes intervienen una sola vez.
**Artículo 370.** *Declaraciones del acusado.* Después de la apertura del debate o de resueltas las cuestiones incidentales, el presidente le explicará con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye, y le advertirá que puede abstenerse de declarar y que el debate continuará aunque no declare. Permitirá, en principio, que manifieste libremente cuanto tenga por conveniente sobre la acusación. Podrán interrogarlo el Ministerio Publico, el querellante, el defensor y las partes civiles en ese orden. Luego podrán hacerlo los miembros del tribunal si lo consideraren conveniente.
Si el acusado se abstuviere de declarar, total o parcialmente, o incurriere en contradicciones respecto de declaraciones anteriores, que se le pondrán de manifiesto, el presidente ordenará, de oficio o a petición de parte, la lectura de las mismas declaraciones, siempre que se hubiere observado en ellas las reglas pertinentes. Posteriormente a su declaración y en el curso del debate se le podrán formular preguntas destinadas a aclarar su situación.
**Qué significa:** Una vez abierto el debate o resueltas las cuestiones incidentales, quien preside explica al acusado, con palabras claras y sencillas, el hecho que se le atribuye. También le advierte que puede abstenerse de declarar y que el debate seguirá aunque no declare. Luego le permite manifestar libremente lo que considere conveniente sobre la acusación. Lo que pesa más aquí es quién puede preguntarle y en qué orden: primero el Ministerio Público, luego el querellante, el defensor y las partes civiles, y después los miembros del tribunal si lo consideran conveniente. El texto no dice cuántas preguntas se pueden hacer; eso no lo fija este artículo. Un caso práctico: si una persona acusada se niega a declarar, total o parcialmente, o se contradice con lo que dijo antes, esas contradicciones se le ponen de manifiesto. El presidente ordena, de oficio o a petición de parte, la lectura de sus declaraciones anteriores, siempre que se hayan observado en ellas las reglas pertinentes. Después de su declaración, y durante el debate, todavía se le pueden formular preguntas destinadas a aclarar su situación.
**Artículo 371.** *Declaración de varios acusados.* Si fueren varios los acusados, el presidente podrá alejar de la sala de audiencia a los que no declaren en ese momento, pero después de todas las declaraciones deberá informarlos sumariamente de lo ocurrido durante su ausencia.
**Artículo 372.** *Facultades del acusado.* En el curso del debate, el acusado podrá hacer todas las declaraciones que considere pertinentes, incluso si antes se hubiera abstenido, siempre que se refieran al objeto del debate. El presidente impedirá cualquier divagación y, si persistiere, podrá proponer al tribunal alejarlo de la audiencia. El acusado podrá también hablar con su defensor, sin que por ello la audiencia se suspenda, a cuyo fin se les ubicará, en lo posible, uno al lado del otro; no lo podrá hacer durante su declaración o antes de responder a preguntas que le sean formuladas. En este momento tampoco se admitirá sugerencia alguna.
**Qué significa:** En el curso del debate, el acusado puede hacer todas las declaraciones que considere pertinentes, aunque antes se hubiera abstenido. Eso sí, deben referirse al objeto del debate. El límite está en la divagación: el presidente la impide y, si persiste, puede proponer al tribunal alejar al acusado de la audiencia. El acusado también puede hablar con su defensor sin que la audiencia se suspenda, y para eso se les ubicará, en lo posible, uno al lado del otro. No puede hacerlo durante su declaración ni antes de responder a preguntas. El texto añade que, en ese momento, tampoco se admitirá sugerencia alguna. El artículo no regula el contenido de esa conversación; eso queda para otras normas. Imagina que el acusado guardó silencio al inicio y después quiere aportar un hecho relacionado con el caso. Puede declarar, siempre que se refiera al objeto del debate.
**Artículo 373.** *Ampliación de la acusación.* Durante el debate, el Ministerio Público podrá ampliar la acusación, por inclusión de un nuevo hecho o una nueva circunstancia que no hubiere sido mencionado en la acusación o en el auto de apertura del juicio y que modificare la calificación legal o la pena del mismo hecho objeto del debate, o integrare la continuación delictiva.
En tal caso, con relación a los hechos o circunstancias atribuidos en la ampliación, el presidente procederá a recibir nueva declaración al acusado e informará a las partes que tienen derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando este derecho sea ejercido, el tribunal suspenderá el debate por un plazo que fijará prudencialmente, según la naturaleza de los hechos y la necesidad de la defensa.
Los hechos o circunstancias sobre los cuales verse la ampliación, quedarán comprendidos en la imputación.
**Qué significa:** Durante el debate, el Ministerio Público puede ampliar la acusación. Lo hace si incluye un hecho o una circunstancia nueva que no estaba en la acusación ni en el auto de apertura del juicio. La ampliación debe modificar la calificación legal o la pena del mismo hecho, o integrar la continuación delictiva. Cuando ocurre, el presidente recibe una nueva declaración del acusado. También informa a las partes que pueden pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Si la piden, el tribunal suspende el debate por un plazo que fija según la naturaleza de los hechos y la necesidad de la defensa. El derecho a pedir suspensión existe para preparar la defensa frente a lo nuevo. El texto no fija cuánto dura esa suspensión; el tribunal la determina con prudencia. Además, los hechos de la ampliación quedan comprendidos en la imputación. Por ejemplo, en un juicio por robo, el Ministerio Público podría sumar una circunstancia nueva que cambie la calificación legal del hecho. El acusado tendría que declarar de nuevo sobre esa circunstancia, y su defensa podría pedir la suspensión para preparar pruebas.
**Citado por:** Art. 374, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-374/).
**Artículo 374.** *Advertencia de oficio y suspensión del debate.* El presidente del tribunal advertirá a las partes sobre la modificación posible de la calificación jurídica, quienes podrán ejercer el derecho consignado en el artículo anterior.
**Qué significa:** El presidente del tribunal avisa a las partes de que la calificación jurídica puede modificarse. Con ese aviso, las partes pueden ejercer el derecho del art. 373 CPP, que es el artículo anterior. Ese artículo permite que el Ministerio Público amplíe la acusación durante el debate, por un nuevo hecho o circunstancia que modifique la calificación legal o la pena. Si eso ocurre, el presidente recibe nueva declaración al acusado e informa que las partes pueden pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas. El matiz de este artículo es que obliga a advertir, no a cambiar la calificación. La palabra «posible» muestra que la modificación aún no está decidida. El texto no fija plazos para la suspensión; eso queda para otras normas. Ejemplo práctico: durante el juicio, el tribunal nota que los hechos podrían tener otra calificación. El presidente avisa a las partes para que puedan ejercer sus derechos.
**Artículo 375.** *Recepción de pruebas.* Después de la declaración del acusado, el presidente procederá a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes, salvo que considere necesaria su alteración.
**Qué significa:** El presidente del tribunal recibe la prueba durante el debate, justo después de la declaración del acusado. Lo hace en el orden que fijan los artículos siguientes, salvo que considere necesario alterarlo. La norma pertenece a la sección del debate, así que aplica a ese momento del juicio. El matiz está en la frase «salvo que considere necesaria su alteración». El presidente puede cambiar el orden, pero el texto no fija cuándo ni por qué debe hacerlo. Por eso el orden legal es la regla base, no un plan cerrado. Un caso práctico: durante el juicio, un testigo debe retirarse temprano por una razón urgente. El presidente puede considerar recibir su prueba antes de lo que indica el orden general. Revisa los artículos siguientes del mismo capítulo, porque ahí está el orden base que este artículo permite modificar.
**Artículo 376.** *Peritos.* El presidente hará leer las conclusiones de los dictámenes presentados por los peritos. Si estos hubieran sido citados, responderán directamente a las preguntas que les formulen las partes, sus abogados o consultores técnicos y los miembros del tribunal, en ese orden y comenzando por quienes ofrecieron el medio de prueba. Si resultare conveniente, el tribunal podrá disponer que los peritos presencien los actos del debate.
Estas disposiciones son aplicables, en lo pertinente, a los intérpretes.
**Artículo 377.** *Testigos.* Inmediatamente, el presidente procederá a llamar a los testigos, uno a uno. Comenzará con los que hubiere ofrecido el Ministerio Publico; continuará con los propuestos por los demás actores y concluirá con los del acusado y los del tercero civilmente demandado. El presidente, sin embargo, podrá alterar este orden cuando así lo considere conveniente para el mejor esclarecimiento de los hechos.
Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni con otras personas, ni ver, oír, o ser informados de lo que ocurra en el debate. Después de hacerlo, el presidente dispondrá si continúan en antesala.
Si fuere imprescindible, el presidente podrá autorizar a los testigos a presenciar actos del debate. Se podrán llevar a cabo careos entre testigos o entre el testigo y el acusado o reconstrucciones.
**Artículo 378.** *Examen de testigos y peritos.* El presidente identificará al testigo con su nombre y el documento personal que lo identifique válidamente, e inmediatamente concederá la palabra a la parte que lo propuso para que lo examine sobre idoneidad, hechos y comparecencia al tribunal; seguidamente concederá la palabra a los demás sujetos procesales para que lo examinen o contra examinen.
El presidente del tribunal moderará el interrogatorio y no permitirá que el testigo o perito conteste a preguntas capciosas e impertinentes. La resolución que sobre ese extremo adopte será recurrible, decidiendo inmediatamente el tribunal.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 11 del Decreto 7-2011 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 11 del Decreto 7-2011 (2011)
**Qué significa:** Este artículo regula cómo se examina a testigos y peritos en el debate. El presidente del tribunal identifica al testigo con su nombre y su documento de identidad. Luego da la palabra a la parte que lo propuso, para que lo examine sobre su idoneidad, los hechos y su comparecencia. Después, da la palabra a las demás partes, para que lo examinen o contraexaminen. El texto describe así el orden del interrogatorio. El presidente modera ese interrogatorio. No permite preguntas capciosas ni impertinentes. Si alguien objeta una decisión del presidente sobre ese punto, la resolución es recurrible. El tribunal decide de inmediato. En la práctica: durante un debate, el abogado de la defensa hace una pregunta engañosa al testigo. El presidente la rechaza. Si la defensa no está de acuerdo, puede recurrir esa decisión. El artículo anterior trata de los testigos: art. 377 CPP. El artículo siguiente trata de la incomparecencia: art. 379 CPP.
**Artículo 379.** *Incomparecencia.* Cuando el perito o testigo oportunamente citado no hubiere comparecido, el presidente del tribunal dispondrá lo necesario para hacerlo comparecer por la fuerza pública. Si estuviere imposibilitado para concurrir y no se pudiera esperar hasta la superación del obstáculo o no resultare conveniente la suspensión de la audiencia, el presidente designará a uno de los miembros del tribunal para que la declaración se lleve a cabo donde esté la persona a interrogar. Todas las partes podrán participar en el acto, según las reglas anteriores.
Se levantará acta, lo mas detallada posible, que será firmada por quienes participen en el acto, si lo desean, la que se introducirá por su lectura al debate.
Si el testigo residiera en el extranjero o por algún obstáculo imposible de superar no pudiere concurrir al debate, las reglas anteriores podrán ser cumplidas por medio de suplicatorio, carta rogatoria o requerimiento, pudiendo las partes designar quien las representará ante el comisionado o consignar por escritos las preguntas que deseen formular. De igual forma, se podrá tomar la declaración a través de videoconferencia o cualquier otro medio audiovisual, según lo estipulado en el presente Código.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 23 del Decreto 17-2009 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 23 del Decreto 17-2009 (2009)
**Qué significa:** Cuando un perito o testigo citado no comparece, quien preside dispone lo necesario para que llegue por la fuerza pública. Si la persona está imposibilitada de asistir y no se puede esperar a que supere el obstáculo, ni conviene suspender la audiencia, el presidente designa a un miembro del tribunal para tomar la declaración donde ella esté. Todas las partes pueden participar en ese acto. Se levanta un acta lo más detallada posible. La firman quienes participen en el acto, si lo desean, y su lectura incorpora la declaración al debate. Por ejemplo, si un testigo reside en el extranjero o un obstáculo imposible de superar le impide asistir, las reglas anteriores pueden cumplirse por suplicatorio, carta rogatoria o requerimiento. Las partes pueden designar a quien las represente ante el comisionado o presentar por escrito las preguntas que deseen formular. Un caso práctico de este tipo también puede resolverse por videoconferencia u otro medio audiovisual, según lo estipulado en el Código.
**Artículo 380.** *Otros medios de prueba.* Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen. El tribunal, excepcionalmente, con acuerdo de las partes, podrá prescindir de la lectura integra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial y ordenando su lectura o reproducción parcial. Las cosas y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos en el debate. Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales se reproducirán en la audiencia, según la forma habitual.
Todos los elementos de convicción podrán ser presentados a los peritos y a los testigos durante sus declaraciones, para invitarlos a reconocerlos o a informar lo que fuere pertinente.
Si para conocer los hechos fuere necesaria una inspección o una reconstrucción, el tribunal podrá disponerlo, aún de oficio, y el presidente ordenará las medidas necesarias para llevar a cabo el acto. Si el acto se realizare fuera del lugar de la audiencia, el presidente deberá informar sumariamente sobre las diligencias realizadas.
**Qué significa:** Los documentos se leen y se exhiben en el debate, con indicación de su origen. De forma excepcional, y con acuerdo de las partes, el tribunal puede prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes. También puede prescindir de la reproducción total de una grabación. En esos casos da a conocer el contenido esencial y ordena la lectura o reproducción parcial. Ejemplo: las partes aceptan que se lea solo el resumen de un informe pericial de cien páginas. El tribunal da a conocer el contenido esencial. El texto exige acuerdo de las partes para prescindir de la lectura. Sin ese acuerdo, la regla general aplica. El artículo anterior, art. 379 CPP, trata de la incomparecencia. El siguiente, art. 381 CPP, regula las nuevas pruebas.
**Artículo 381.** *Nuevas pruebas.* El tribunal podrá ordenar, aun de oficio, la recepción de nuevos medios de prueba, si en el curso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. En este caso, la audiencia será suspendida a petición de alguna de las partes por un plazo no mayor de cinco días.
También podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultaren insuficientes. Las operaciones periciales necesarias serán practicadas en la misma audiencia, cuando fuere posible.
**Qué significa:** El tribunal puede ordenar nuevas pruebas durante el debate, incluso de oficio. Lo hace cuando resulten indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. La facultad es del tribunal, aunque el texto permite que alguna de las partes pida suspender la audiencia. El matiz está en la suspensión: depende de la petición de una parte y no puede durar más de cinco días. El texto no dice qué pasa si el plazo se excede ni cómo se fija la nueva fecha; eso queda fuera de este artículo. Por ejemplo, si durante la audiencia aparece un documento clave, el tribunal puede ordenar recibirlo. Una parte puede pedir la suspensión, pero solo por el plazo que la norma permite. En la práctica: si los dictámenes de los peritos resultan insuficientes, el tribunal puede citarlos. Cuando sea posible, las operaciones periciales necesarias se practican en la misma audiencia.
**Artículo 382.** *Discusión final y clausura.* Terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá sucesivamente la palabra al Ministerio Publico, al querellante, al actor civil, a los defensores del acusado y a los abogados del tercero civilmente demandado, para que, en ese orden, emitan sus conclusiones.
Las partes civiles limitarán su exposición a los puntos concernientes a la responsabilidad civil. En ese momento, el actor civil deberá concluir, fijando su pretensión para la sentencia, inclusive, en su caso, el importe de la indemnización. Sin embargo, podrá dejar la estimación del importe indemnizatorio para el procedimiento de ejecución de la sentencia.
Si intervinieren dos representantes del Ministerio Público o dos abogados por alguna de las demás partes, se pondrán de acuerdo sobre quien de ellos hará uso de la palabra.
Sólo el Ministerio Público y el defensor del acusado podrán replicar; corresponderá al segundo la última palabra. La replica se deberá limitar a la refutación de los argumentos adversos que antes no hubieren sido objeto del informe.
En caso de manifiesto abuso de la palabra, el presidente llamará la atención al orador, y, si éste persistiere, podrá limitar prudentemente el tiempo del informe, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos en examen, las pruebas recibidas y las cuestiones a resolver. Vencido el plazo, el orador deberá emitir sus conclusiones. La omisión implicará incumplimiento de la función o abandono injustificado de la defensa.
Si estuviere presente el agraviado que denunció el hecho, se le concederá la palabra, si desea exponer. Por último, el presidente preguntará al acusado si tiene algo más que manifestar, concediéndole la palabra, y cerrará el debate.
**Qué significa:** Cuando termina la recepción de las pruebas, el presidente da la palabra en este orden: Ministerio Público, querellante, actor civil, defensores del acusado y abogados del tercero civilmente demandado. Las partes civiles hablan solo de la responsabilidad civil. El actor civil debe fijar su pretensión para la sentencia, incluido, si corresponde, el importe de la indemnización, aunque puede dejar esa estimación para la ejecución de la sentencia. Si intervienen dos representantes del Ministerio Público, o dos abogados de una misma parte, se ponen de acuerdo sobre quién habla. Solo el Ministerio Público y el defensor del acusado pueden replicar, y la última palabra corresponde al defensor. La réplica se limita a refutar argumentos adversos que antes no hayan sido objeto del informe. Si hay abuso manifiesto de la palabra, el presidente llama la atención al orador. Si este persiste, puede limitar prudentemente el tiempo del informe, según la naturaleza de los hechos, las pruebas recibidas y las cuestiones a resolver. Vencido el plazo, el orador debe emitir sus conclusiones; la omisión implica incumplimiento de la función o abandono injustificado de la defensa. Si el agraviado que denunció el hecho está presente, puede hablar si lo desea. Por último, el presidente pregunta al acusado si tiene algo más que manifestar y cierra el debate.
##### Sección Tercera. Sentencia
**Artículo 383.** *Deliberación.* Inmediatamente después de clausurado el debate, los jueces que hayan intervenido en él pasarán a deliberar en sesión secreta, a la cual sólo podrá asistir el secretario.
El Juez de Paz de Sentencia al realizar el análisis y valoración de la prueba producida durante el debate, si lo estima necesario, podrá ordenar la reapertura del debate conforme lo establece el siguiente artículo.
> Nota de la fuente: (Párrafo adicionado por el Artículo 11 del Decreto 51-2002 y DEROGADO por el Artículo 15 del Decreto 7-2011, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado (párrafo) por el artículo 11 del Decreto 51-2002 (2002)
- Reforma: Derogado (párrafo) por el artículo 15 del Decreto 7-2011 (2011)
**Qué significa:** Inmediatamente después de clausurado el debate, los jueces que intervinieron en él pasan a deliberar en sesión secreta. A esa sesión solo puede asistir el secretario. El texto recibido incluye un segundo párrafo. Según ese párrafo, el Juez de Paz de Sentencia, al analizar y valorar la prueba producida en el debate, podría ordenar la reapertura del debate si lo estima necesario, conforme al artículo siguiente. La nota indica que un párrafo fue adicionado por el Artículo 11 del Decreto 51-2002 y derogado por el Artículo 15 del Decreto 7-2011, ambos del Congreso de la República. La nota no precisa cuál es ese párrafo. Por eso conviene verificar la vigencia del segundo párrafo antes de aplicarlo. Por ejemplo, termina el debate de un juicio. Los jueces que participaron pasan de inmediato a deliberar en sesión secreta, y solo el secretario puede estar presente con ellos.
**Artículo 384.** *Reapertura del debate.* Si el tribunal estimare imprescindible, durante la deliberación, recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, podrá disponer, a ese fin, la reapertura del debate. Resuelta la reapertura, se convocará a las partes a la audiencia, y se ordenará la citación urgente de quienes deban declarar o la realización de los actos correspondientes. La discusión final quedará limitada al examen de los nuevos elementos. La audiencia se verificará en un término que no exceda de ocho días.
**Artículo 385.** *Sana crítica.* Para la deliberación y votación, el tribunal apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica razonada y resolverá por mayoría de votos.
La decisión versará sobre la absolución o la condena. Si se hubiere ejercido la acción civil, declarará procedente o sin lugar la demanda, en la forma que corresponda.
Los Juzgados de Paz de Sentencia observarán en lo que fuere aplicable, lo dispuesto en el párrafo anterior.
> Nota de la fuente: (Párrafo adicionado por el Artículo 12 del Decreto 51-2002 y DEROGADO por el Artículo 15 del Decreto 7-2011, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado (párrafo) por el artículo 12 del Decreto 51-2002 (2002)
- Reforma: Derogado (párrafo) por el artículo 15 del Decreto 7-2011 (2011)
**Qué significa:** Este artículo regula cómo delibera y vota el tribunal de juicio. Para decidir, el tribunal aprecia la prueba según las reglas de la sana crítica razonada, y resuelve por mayoría de votos. La sana crítica combina lógica, experiencia y ciencia para valorar la prueba, y exige razonar el resultado. La decisión se refiere a la absolución o a la condena. Si hubo acción civil, el tribunal declara procedente o sin lugar la demanda, en la forma que corresponda. El texto aplica esta misma lógica a los juzgados de paz de sentencia, en lo que sea aplicable. La nota oficial indica que un párrafo de este artículo fue derogado por el Decreto 7-2011. No dice cuál. Antes de citar el texto, revisa cuál párrafo quedó sin efecto. Ejemplo: tras un debate, el tribunal de tres jueces vota dos a uno por la condena. La decisión es condena porque se toma por mayoría, según el texto. El artículo anterior, art. 384 CPP, trata de la reapertura del debate. El artículo siguiente, art. 386 CPP, regula el orden de deliberación.
**Artículo 386.** *Orden de deliberación.* Las cuestiones se deliberarán, siguiendo un orden lógico en la siguiente forma: cuestiones previas; existencia del delito; responsabilidad penal del acusado; calificación legal del delito; pena a imponer; responsabilidad civil; costas, y lo demás que este Código u otras leyes señalen. La decisión posterior versará sobre la absolución o la condena. Si hubiere ejercido la acción civil, admitirá la demanda en la forma que corresponda o la rechazará.
Los Juzgados de Paz de Sentencia observarán en lo que fuere aplicable, lo dispuesto en el párrafo anterior.
> Nota de la fuente: (Párrafo adicionado por el Artículo 13 del Decreto 51-2002 y DEROGADO por el Artículo 15 del Decreto 7-2011, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado (párrafo) por el artículo 13 del Decreto 51-2002 (2002)
- Reforma: Derogado (párrafo) por el artículo 15 del Decreto 7-2011 (2011)
**Qué significa:** El artículo fija el orden lógico en que se deliberan las cuestiones. Primero van las cuestiones previas y después la existencia del delito, la responsabilidad penal del acusado y la calificación legal del delito. Luego vienen la pena a imponer, la responsabilidad civil, las costas y lo demás que este Código u otras leyes señalen. La decisión posterior versa sobre la absolución o la condena. Si se ejerció la acción civil, el tribunal admite la demanda en la forma que corresponda o la rechaza. Los Juzgados de Paz de Sentencia observan este orden en lo que sea aplicable. La nota indica que se adicionó un párrafo a este artículo y que después ese párrafo fue derogado. Ese párrafo no aparece en el texto transcrito. Ejemplo: en un juicio con demanda civil, el tribunal resuelve primero las cuestiones previas. Luego decide si el delito existió y si el acusado es responsable. La responsabilidad civil se delibera después de la pena a imponer.
**Artículo 387.** *Votación.* Los vocales deberán votar cada una de las cuestiones, cualquiera que fuere el sentido de su voto sobre las precedentes, resolviéndose por simple mayoría. El juez que esté en desacuerdo podrá razonar su voto.
Sobre la sanción penal o la medida de seguridad y corrección, deliberarán y votarán todos los jueces. Cuando exista la posibilidad de aplicar diversas clases de penas, el tribunal deliberará y votará, en primer lugar, sobre la especie de pena a aplicar, decidiendo por mayoría de votos.
Este artículo no es aplicable para los procesos cuyo conocimiento corresponda al Juez de Paz de Sentencia.
> Nota de la fuente: (Párrafo adicionado por el Artículo 14 del Decreto 51-2002 y DEROGADO por el Artículo 15 del Decreto 7-2011, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado (párrafo) por el artículo 14 del Decreto 51-2002 (2002)
- Reforma: Derogado (párrafo) por el artículo 15 del Decreto 7-2011 (2011)
**Artículo 388.** *Sentencia y acusación.* La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y en el auto de apertura del juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezca al acusado.
En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o de la del auto de apertura del juicio, o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio Público.
**Qué significa:** La sentencia no puede dar por acreditados otros hechos o circunstancias que los descritos en la acusación y en el auto de apertura del juicio. También vale para la ampliación de la acusación. La excepción es que el hecho favorezca al acusado. El tribunal puede dar al hecho una calificación jurídica distinta de la de la acusación. Ejemplo: la acusación describe un robo, pero el juicio demuestra un hurto. El tribunal puede calificar el hecho como hurto, sin salirse de los hechos acusados. El texto protege el derecho de defensa. El tribunal no puede condenar por hechos nuevos no acusados. El artículo anterior, art. 387 CPP, trata de la votación. El siguiente, art. 389 CPP, regula los requisitos de la sentencia.
**Artículo 389.** *Requisitos de la sentencia.* La sentencia contendrá:
1) La mención del tribunal y la fecha en que se dicta; el nombre y apellido del acusado y los demás datos que sirvan para determinar su identidad personal; si la acusación corresponde al Ministerio Publico; si hay querellante adhesivo sus nombres y apellidos. Cuando se ejerza la acción civil, el nombre y apellido del actor civil y, en su caso, del tercero civilmente demandado.
2) La enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto de la acusación o de su ampliación, y del auto de apertura del juicio; los daños cuya reparación reclama el actor civil y su pretensión reparatoria.
3) La determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estime acreditado.
4) Los razonamientos que inducen al tribunal a condenar o absolver.
5) La parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales aplicables; y
6) La firma de los jueces.
**Qué significa:** La sentencia debe tener seis partes. Entre ellas están la fecha y el tribunal que la dicta, los datos que identifican al acusado y la enunciación de los hechos de la acusación. También deben constar el hecho que el tribunal estime acreditado, los razonamientos para condenar o absolver, la parte resolutiva con las disposiciones aplicables y la firma de los jueces. El punto 1 exige indicar si hay querellante adhesivo y, si hay acción civil, el nombre del actor civil y, en su caso, del tercero civilmente demandado. El punto 2 incluye los daños cuya reparación reclama el actor civil. El texto no fija un plazo para dictar la sentencia; ese asunto corresponde a otras normas. Por ejemplo, una sentencia de absolución debe explicar en sus razonamientos por qué el tribunal absuelve. Su parte resolutiva debe citar las disposiciones legales aplicables.
**Artículo 390.** *Pronunciamiento.* (Derogado) La sentencia se pronunciará siempre en nombre del pueblo de la República de Guatemala. Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de la audiencia, después de ser convocados verbalmente todas las partes en el debate, y el documento será leído ante los que comparezcan. La lectura valdrá en todo caso como notificación, entregándose posteriormente copia a los que la requieran. El original del documento se agregará al expediente.
Cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora torne necesario diferir la redacción de la sentencia, se leerá tan sólo su parte resolutiva y el tribunal designará un juez relator que imponga a la audiencia, sintéticamente, de los fundamentos que motivaron la decisión. La lectura de la sentencia se deberá llevar a cabo, a más tardar, dentro de los cinco días posteriores al pronunciamiento de la parte resolutiva.
En los procesos cuya competencia corresponda a los jueces de paz de sentencia, la lectura de la sentencia se deberá llevar acabo, a más tardar, dentro de los cinco días siguientes del pronunciamiento de la parte resolutiva.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 15 del Decreto 51-2002 y DEROGADO por el Artículo 15 del Decreto 7-2011, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 15 del Decreto 51-2002 (2002)
- Reforma: Derogado por el artículo 15 del Decreto 7-2011 (2011)
**Qué significa:** El artículo fijaba la forma de pronunciar la sentencia. Se pronunciaba en nombre del pueblo de la República de Guatemala, y el tribunal se reunía de nuevo en la sala de audiencia para leer el documento. La nota del texto indica que el artículo fue derogado por el Decreto 7-2011. La versión publicada conserva el texto anterior, marcado como derogado. Ejemplo: alguien consulta esta norma para una sentencia de hoy. El corpus la marca como derogada, así que no debe aplicarse. El artículo sirve como referencia histórica. Su contenido no es el vigente. El artículo anterior, art. 389 CPP, trata de los requisitos de la sentencia. El siguiente, art. 391 CPP, regula la absolución. El artículo describe el procedimiento de lectura de la sentencia. Su contenido es histórico y ya no rige en el proceso actual.
**Artículo 391.** *Absolución.* La sentencia absolutoria se entenderá libre del cargo en todos los casos. Podrá, según las circunstancias y la gravedad del delito, ordenar la libertad del acusado, la cesación de las restricciones impuestas provisionalmente y resolverá sobre las costas. Aplicará, cuando corresponda, medidas de seguridad y corrección.
Para las medidas de seguridad y corrección y las inscripciones rige el artículo siguiente.
**Qué significa:** La sentencia absolutoria se entiende libre del cargo en todos los casos. Según las circunstancias y la gravedad del delito, el tribunal podrá ordenar la libertad del acusado y la cesación de las restricciones impuestas provisionalmente. Además, resolverá sobre las costas. Ojo con «podrá»: la libertad y el fin de las restricciones son una facultad del tribunal, no una orden automática. En cambio, resolver sobre las costas es obligatorio. El artículo también dice que el tribunal aplicará medidas de seguridad y corrección cuando corresponda. Para esas medidas y para las inscripciones, el texto remite al artículo siguiente, el art. 392 CPP, que trata de la sentencia condenatoria. Por ejemplo, una persona llega a juicio acusada de un delito y el tribunal la absuelve. Si las circunstancias lo justifican, el tribunal puede ordenar que quede en libertad y que cesen las restricciones impuestas de forma provisional. En todo caso, debe decidir sobre las costas. El artículo no describe esas restricciones; ese punto queda fuera de este texto.
**Artículo 392.** *Condena.* La sentencia condenatoria fijará las penas y medidas de seguridad y corrección que correspondan. También determinará la suspensión condicional de la pena y, cuando procediere, las obligaciones que deberá cumplir el condenado y, en su caso, unificará las penas, cuando fuere posible.
La sentencia decidirá también sobre las costas y sobre la entrega de los objetos secuestrados a quien el tribunal estime con mejor derecho a poseerlos, sin perjuicio de los reclamos que correspondieren ante los tribunales competentes; decidirá también sobre el decomiso y destrucción, previstos en la ley penal.
Cuando la sentencia establezca la falsedad de un documento, el tribunal mandará inscribir en él una nota marginal sobre la falsedad, con indicación del tribunal, del procedimiento en el cual se dictó la sentencia y de la fecha de su pronunciamiento. Cuando el documento esté inscrito en un registro oficial, o cuando determine una constancia o su modificación en él, también se mandará inscribir en el registro.
**Qué significa:** La sentencia condenatoria fija las penas y las medidas de seguridad y corrección que correspondan. También determina la suspensión condicional de la pena y, cuando proceda, las obligaciones que debe cumplir el condenado. Cuando sea posible, unifica las penas. La sentencia también decide sobre las costas y sobre la entrega de los objetos secuestrados a quien el tribunal estime con mejor derecho a poseerlos, sin perjuicio de los reclamos ante los tribunales competentes. Además, decide sobre el decomiso y la destrucción previstos en la ley penal. El texto no define qué es un mejor derecho a poseer. Cuando la sentencia establece la falsedad de un documento, el tribunal manda inscribir en él una nota marginal. Esa nota indica el tribunal, el procedimiento y la fecha de la sentencia. Si el documento está inscrito en un registro oficial, o determina una constancia o su modificación en él, también se manda inscribir en el registro. Por ejemplo, un documento inscrito en un registro oficial que se declara falso lleva la misma nota en el registro.
**Citado por:** Art. 391, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-391/).
**Artículo 393.** *Acción civil.* Cuando se haya ejercido la acción civil y la pretensión se haya mantenido hasta la sentencia, sea condenatoria o absolutoria, resolverá expresamente sobre la cuestión, fijando la forma de reponer las cosas al estado anterior o, si fuera el caso, la indemnización correspondiente.
**Artículo 394.** *Vicios de la sentencia.* Los defectos de la sentencia que habilitan la apelación especial, son los siguientes:
1) Que el acusado o las partes civiles no estén suficientemente individualizados.
2) Que falte la enunciación de los hechos imputados o la enunciación de los daños y la pretensión de reparación del actor civil.
3) Si falta o es contradictoria la motivación de los votos que haga la mayoría del tribunal, o no se hubieren observado en ella las reglas de la sana crítica razonada con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo.
4) Que falte o sea incompleta en sus elementos esenciales la parte resolutiva.
5) Que falte la fecha o la firma de los jueces, según lo dispuesto en los artículos anteriores.
6) La inobservancia de las reglas previstas para la redacción de las sentencias.
**Qué significa:** Seis defectos de la sentencia habilitan la apelación especial. El primero es que el acusado o las partes civiles no estén suficientemente individualizados. El segundo, que falte la enunciación de los hechos imputados, o la de los daños y la pretensión de reparación del actor civil. El tercero aplica cuando falta la motivación de los votos de la mayoría, o es contradictoria, o no se observan las reglas de la sana crítica razonada sobre elementos probatorios de valor decisivo. El cuarto: que falte, o sea incompleta en sus elementos esenciales, la parte resolutiva. El quinto es que falte la fecha o la firma de los jueces. El sexto, la inobservancia de las reglas previstas para redactar sentencias. Caso concreto: una sentencia no lleva la firma de los jueces. Ese defecto figura en la lista, así que habilita la apelación especial.
**Artículo 395.** *Acta del debate.* Quien desempeñe la función de secretario durante el debate levantará acta, que contendrá, por lo menos, las siguientes enunciaciones:
1) Lugar y fecha de iniciación y finalización de la audiencia, con mención de las suspensiones ordenadas y de las reanudaciones.
2) El nombre y apellido de los jueces, de los representantes del Ministerio Público, del acusado y de las demás partes que hubieren participado en el debate, incluyendo defensor y mandatario.
3) El desarrollo del debate, con mención de los nombres y apellidos de los testigos, peritos e interpretes, con aclaración acerca de si emitieron la protesta solemne de ley antes de su declaración o no lo hicieron, y el motivo de ello, designando los documentos leídos durante la audiencia.
4) Las conclusiones finales del Ministerio Público, del defensor y demás partes.
5) La observancia de las formalidades esenciales, con mención de si se procedió públicamente o fue excluida la publicidad, total o parcialmente.
6) Otras menciones previstas por la ley, o las que el presidente ordene por sí o a solicitud de los demás jueces o partes, y las protestas de anulación; y
7) Las firmas de los miembros del tribunal y del secretario.
El tribunal podrá disponer la versión taquigráfica o la grabación total o parcial del debate, o que se resuma, al final de alguna declaración o dictamen, la parte esencial de ellos, en cuyo caso constará en el acta la disposición del tribunal y la forma en que fue cumplida. La versión taquigráfica, la grabación o la síntesis integrarán los actos del debate.
**Artículo 396.** *Comunicación del acta.* El acta se leerá inmediatamente después de la sentencia ante los comparecientes, con lo que quedará notificada; el tribunal podrá reemplazar su lectura con la entrega de una copia para cada una de las partes, en el mismo acto; al pie del acta se dejará constancia de la forma en que ella fue notificada.
**Artículo 397.** *Valor del acta.* El acta demostrará, en principio, el modo en que se desarrolló el debate, la observancia de las formalidades previstas para él, las personas que han intervenido y los actos que se llevaron a cabo.
## Libro Tercero. Impugnaciones
### Título I. Disposiciones generales
#### Capítulo I. Recursos
**Artículo 398.** *Facultad de recurrir.* Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos. Pero únicamente podrán recurrir quienes tengan interés directo en el asunto. Cuando proceda en aras de la justicia, el Ministerio Público podrá recurrir en favor del acusado. Las partes civiles recurrirán sólo en lo concerniente a sus intereses. El defensor podrá recurrir autónomamente con relación al acusado.
**Qué significa:** Las resoluciones judiciales solo son recurribles por los medios y en los casos que la ley establece de forma expresa. Además, solo pueden recurrir quienes tengan interés directo en el asunto. El artículo reparte la facultad según la posición de cada parte. El Ministerio Público puede recurrir a favor del acusado cuando proceda en aras de la justicia. Las partes civiles solo recurren en lo que toca a sus intereses. El defensor puede recurrir por su cuenta, en relación con el acusado. Un caso práctico: una persona que observa un juicio sin ser parte en él no tiene interés directo en el asunto. Por eso, según este artículo, no puede recurrir la resolución. Importa «interés directo»: la condición no se cumple solo por tener curiosidad o cercanía con el caso.
**Artículo 399.** *Interposición.* Para ser admisibles, los recursos deberán ser interpuestos en las condiciones de tiempo y modo que determine la ley.
Si existiesen defecto u omisión de forma o de fondo, el tribunal lo hará saber al interponente dándole un plazo de tres días, contados a partir de la notificación al recurrente, para que lo amplíe, o corrija, respectivamente.
**Artículo 400.** *Desistimiento.* Quienes hayan interpuesto un recurso pueden desistir de él antes de su resolución, sin perjudicar a los demás recurrentes o adherentes, respondiendo por las costas.
El defensor no podrá desistir de los recursos interpuestos por él sin previa consulta y aceptación expresa del imputado o acusado, posterior a la interposición del recurso.
El imputado o el acusado, a su vez, podrá desistir de los recursos interpuestos por su defensor previa consulta con éste, quien dejará constancia de ello en el acto respectivo.
**Qué significa:** Este artículo regula el desistimiento de los recursos. Quien interpuso un recurso puede desistir de él antes de que se resuelva. El desistimiento no perjudica a los demás recurrentes o adherentes, y quien desiste responde por las costas. Desistir significa retirar la impugnación y renunciar a que el tribunal la resuelva. El artículo agrega dos reglas sobre la relación entre el defensor y el imputado. El defensor no puede desistir de los recursos que él interpuso sin consulta previa y aceptación expresa del imputado o acusado, posterior a la interposición del recurso. A su vez, el imputado o acusado puede desistir de los recursos interpuestos por su defensor, previa consulta con este, quien deja constancia en el acto respectivo. El texto no dice qué forma debe tener la aceptación expresa, ni fija un plazo distinto al de «antes de su resolución». Por ejemplo, si un defensor apeló una sentencia y luego considera conveniente retirar la apelación, no puede hacerlo por su cuenta: necesita que su cliente lo acepte expresamente. Si otro coacusado también recurrió, su recurso sigue adelante aunque el primero desista. Y quien retira su recurso asume el pago de las costas que correspondan.
**Artículo 401.** *Efectos.* Cuando en un proceso hubiere varios coimputados o coacusados, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos favorecerá a los demás, siempre que los motivos en que se funde no sean exclusivamente personales.
También favorecerá al imputado o acusado el recurso del tercero civilmente demandado, salvo que sus motivos conciernan a intereses meramente civiles.
La interposición de un recurso suspenderá la ejecución únicamente en los delitos de grave impacto social y peligrosidad del sindicado, salvo que expresamente se disponga lo contrario o se hayan desvanecido los indicios razonables de criminalidad.
**Qué significa:** Cuando hay varios coimputados o coacusados, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos favorece a los demás. Esto ocurre siempre que los motivos no sean exclusivamente personales. También favorece al imputado el recurso del tercero civilmente demandado, salvo que sus motivos conciernan a intereses meramente civiles. La interposición de un recurso suspende la ejecución solo en los delitos de grave impacto social y peligrosidad del sindicado. Esta regla tiene dos excepciones: que se disponga expresamente lo contrario o que se hayan desvanecido los indicios razonables de criminalidad. Por eso, la suspensión no aplica a cualquier delito. En la práctica: si dos personas son acusadas en el mismo proceso y una presenta un recurso por un motivo no personal, la otra puede beneficiarse de ese recurso. La norma no define qué es grave impacto social ni cómo se prueban los indicios. Esa materia queda para otras normas.
### Título II. Reposición
**Artículo 402.** *Procedencia y trámite.* El recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa, y que no sean apelables, a fin de que el mismo tribunal que las dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda.
Se interpondrá por escrito fundado, dentro del plazo de tres días y el tribunal lo resolverá de plano, en el mismo plazo.
**Qué significa:** El recurso de reposición procede contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa, que no sean apelables. Lo resuelve el mismo tribunal que las dictó, para que examine la cuestión de nuevo. Se interpone por escrito fundado, dentro de tres días. El tribunal lo resuelve de plano, en el mismo plazo. Ejemplo: un juez dicta una resolución sin audiencia, que no admite apelación. La parte afectada presenta un escrito fundado en tres días, y el mismo juez decide de inmediato. El texto exige que la resolución no sea apelable. Si lo es, la vía es la apelación. El artículo anterior, art. 401 CPP, trata de los efectos. El siguiente, art. 403 CPP, regula la reposición durante el juicio. Guía relacionada: apelar en materia penal.
**Artículo 403.** *Reposición durante el juicio.* Las resoluciones emitidas durante el trámite del juicio podrán ser recurridas por las partes tan sólo mediante su reposición. En el debate, el recurso se interpondrá oralmente y se tramitará y resolverá inmediatamente, sin suspenderlo, en lo posible.
La reposición durante el juicio equivale a la protesta de anulación a que se refiere la apelación especial para el caso de que el tribunal no decida la cuestión de conformidad con el recurso interpuesto.
**Qué significa:** Las resoluciones dictadas durante el trámite del juicio solo pueden recurrirse mediante reposición. En el debate, el recurso se interpone oralmente y se tramita y resuelve de inmediato, sin suspender el debate, en lo posible. El límite está en la frase «tan sólo mediante su reposición». Eso significa que la parte no tiene otra vía de recurso para esas resoluciones durante el juicio, según el texto. El segundo párrafo conecta la reposición con la apelación especial: equivale a la protesta de anulación si el tribunal no decide según el recurso. El texto no desarrolla esa protesta más allá de esa equivalencia. En una audiencia, una parte se opone a una decisión del tribunal y la plantea de viva voz. El tribunal la resuelve en ese mismo momento, sin detener el debate si es posible.
### Título III. Apelación
**Artículo 404.** *Apelación.* Son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelvan:
1) Los conflictos de competencia.
2) Los impedimentos, excusas y recusaciones.
3) Los que no admitan, denieguen o declaren abandonada la intervención del querellante adhesivo o del actor civil.
4) Los que no admitan o denieguen la intervención del tercero demandado.
5) Los que autoricen la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público.
6) Los que denieguen la práctica de la prueba anticipada.
7) Los que declaren la suspensión condicional de la persecución penal.
8) Los que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso.
9) Los que declaren la prisión o imposición de medidas sustitutivas y sus modificaciones.
10) Los que denieguen o restrinjan la libertad.
11) Los que fijen término al procedimiento preparatorio; y
12) Los que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil.
13) Los autos en los cuales se declare la falta de mérito.
También son apelables con efecto suspensivo los autos definitivos emitidos por el juez de ejecución y los dictados por los jueces de paz relativos al criterio de oportunidad.
> Nota de la fuente: (Inciso adicionado por el Artículo 44 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado (inciso) por el artículo 44 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** Trece tipos de autos de primera instancia admiten apelación. Son trece supuestos. Un auto es una resolución que decide algo que no es simple trámite. La lista cubre conflictos de competencia, impedimentos, excusas y recusaciones. También incluye la admisión o denegación del querellante adhesivo, del actor civil y del tercero demandado. Además, figuran las autorizaciones para que el Ministerio Público no ejerza la acción penal, y la denegación de prueba anticipada. Otros supuestos son la suspensión condicional de la persecución, el sobreseimiento o la clausura, la prisión o las medidas sustitutivas, y las denegaciones de libertad. Por último, están los autos que fijan término al procedimiento preparatorio, los que resuelven excepciones, y los que declaran falta de mérito. El texto añade dos casos con efecto suspensivo: los autos definitivos del juez de ejecución y los de los jueces de paz sobre el criterio de oportunidad. Un caso práctico: un juez declara el sobreseimiento de una causa. Esa decisión aparece en la lista, así que puede apelarse. El texto no dice el plazo para apelar. Para cómo se presenta una apelación penal, lee la guía Quiero apelar una resolución penal. El artículo anterior, art. 403 CPP, trata de la reposición durante el juicio.
**Citado por:** Art. 107, Ley contra la Delincuencia Organizada (https://codicegt.com/ley-contra-la-delincuencia-organizada/articulo-107/).
**Guías:** Quiero apelar una resolución penal (https://codicegt.com/guia/apelar-penal/).
**Artículo 405.** *Sentencias apelables.* Son apelables las sentencias que emitan los jueces de primera instancia que resuelvan el procedimiento abreviado contenido en el Libro Cuarto de Procedimientos Especiales, Título I, de este Código.
**Artículo 406.** *Interposición.* El recurso de apelación deberá interponerse ante el juez de primera instancia, quien lo remitirá a la sala de la corte de apelaciones que corresponda.
**Artículo 407.** *Tiempo y forma.* La apelación deberá interponerse por escrito, dentro del término de tres días, con expresa indicación del motivo en que se funda, bajo sanción de inadmisibilidad, si el apelante no corrige en su memorial los defectos u omisiones en la forma establecida en este Código.
**Guías:** Quiero apelar una resolución penal (https://codicegt.com/guia/apelar-penal/).
**Artículo 408.** *Efectos.* Todas las apelaciones se otorgarán sin efecto suspensivo del procedimiento, salvo las de las resoluciones que por su naturaleza claramente impidan seguir conociendo del asunto por el juez de primera instancia sin que se produzca situación que sea susceptible de anulación.
Excepto en los casos especiales señalados en este Código, la resolución no será ejecutada hasta tanto sea resuelta por el tribunal superior.
**Artículo 409.** *Competencia.* El recurso de apelación permitirá al tribunal de alzada el conocimiento del proceso sólo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los agravios, y permitirá al tribunal confirmar, revocar, reformar o adicionar la resolución.
**Artículo 410.** *Trámite.* Otorgada la apelación y hechas las notificaciones, se elevarán las actuaciones originales, a más tardar a la primera hora laborable del día siguiente.
**Artículo 411.** *Trámite de segunda instancia.* Recibidas las actuaciones, el tribunal resolverá dentro de un plazo de tres días y, con certificación de lo resuelto, devolverá las actuaciones inmediatamente.
Cuando se trate de apelación de sentencia por procedimiento abreviado se señalará audiencia dentro del plazo de cinco días de recibido el expediente para que el apelante y demás partes expongan sus alegaciones. Podrán hacerlo también por escrito. Terminada la audiencia, el tribunal pasará a deliberar y emitirá la sentencia que corresponda.
### Título IV. Recurso de queja
**Artículo 412.** *Procedencia.* Cuando el juez correspondiente haya negado el recurso de apelación, procediendo éste, el que se considere agraviado puede recurrir en queja ante el tribunal de apelación dentro de tres días de notificada la denegatoria, pidiendo que se le otorgue el recurso.
**Qué significa:** Si el juez niega una apelación que sí procede, la parte que se considere agraviada puede recurrir en queja. La queja se presenta ante el tribunal de apelación, y pide que se otorgue el recurso negado. El plazo es de tres días desde que se notifica la denegatoria. El texto condiciona todo a que la apelación proceda; si no procede, esta vía no aplica. Lo que no dice es qué resuelve el tribunal de apelación al recibir la queja; eso queda para otras normas. Un caso práctico: una persona recibe por escrito la negativa de su apelación el lunes. Tiene tres días desde esa notificación para presentar la queja ante el tribunal de apelación. Revisa bien la fecha de notificación, porque el plazo corre desde ese momento.
**Artículo 413.** *Trámite.* Presentada la queja, se requerirá informe al juez respectivo, quien lo expedirá dentro de veinticuatro horas. El presidente pedirá también el envío de las actuaciones cuando lo considere necesario.
**Artículo 414.** *Resolución de la queja.* La queja será resuelta dentro de veinticuatro horas de recibido el informe y las actuaciones, en su caso. Si el recurso fuere desestimado, las actuaciones serán devueltas al tribunal de origen sin más trámite. En caso contrario, se concederá el recurso y se procederá conforme a lo prescrito para el recurso de apelación.
### Título V. Apelación especial
#### Capítulo I. Procedencia
**Artículo 415.** *Objeto.* Además de los casos previstos, se podrá interponer el recurso de apelación especial contra la sentencia del tribunal de sentencia o contra la resolución de ese tribunal y el de ejecución que ponga fin a la acción, a la pena o a una medida de seguridad y corrección, imposibilite que ellas continúen, impida el ejercicio de la acción, o deniegue la extinción, conmutación o suspensión de la pena.
**Artículo 415 Bis.** *Apelación especial ante el Juzgado de Paz de Sentencia.* (Derogado) En los procesos a que se refiere el inciso b) del artículo 44 de este Código, el recurso de apelación especial procede contra las resoluciones que dicten los jueces de Paz de Sentencia que pongan fin a la acción, a la pena o a una medida de seguridad o corrección, no así el medio de impugnación previsto en el título sexto del libro tercero de este Código.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 16 del Decreto 51- 2002 y DEROGADO por el Artículo 15 del Decreto 7-2011, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 16 del Decreto 51-2002 (2002)
- Reforma: Derogado por el artículo 15 del Decreto 7-2011 (2011)
**Artículo 416.** *Interponentes.* El recurso de apelación especial podrá ser interpuesto por el Ministerio Público, el querellante por adhesión, el acusado o su defensor. También podrán interponerlo, en la parte que les corresponde, el actor civil y el responsable civilmente.
**Guías:** Ser parte del proceso como víctima (https://codicegt.com/guia/querellante/).
**Artículo 417.** *Adhesión.* Quien tenga derecho a plantear el recurso de apelación especial y no lo haya hecho, podrá adherir al recurso concedido a otro, dentro del período del emplazamiento ante el tribunal competente. El acto deberá contener todos los demás requisitos exigidos para la interposición del recurso.
**Qué significa:** Este artículo permite adherirse al recurso de apelación especial que interpuso otra parte. Puede hacerlo quien tenga derecho a plantear ese recurso y no lo haya hecho. En lugar de presentar uno propio, se suma al recurso ya concedido a otro. La adhesión tiene un plazo: debe hacerse dentro del período del emplazamiento ante el tribunal competente. El emplazamiento es el tiempo que se da a las partes para comparecer ante el tribunal que conocerá el recurso. Además, el acto de adhesión debe contener todos los demás requisitos exigidos para interponer el recurso. Es decir, adherirse no exime de cumplir las formalidades de la apelación especial. El texto no dice qué ocurre si el recurso principal se retira, ni cuánto dura el emplazamiento; eso se regula en otras normas. Por ejemplo, si en un proceso con dos acusados solo uno interpone apelación especial contra la sentencia, el otro, que también tenía derecho a recurrir y no lo hizo, puede adherirse a ese recurso. Para ello debe presentarse dentro del emplazamiento ante el tribunal de apelación y su escrito debe reunir los mismos requisitos que se piden para interponer el recurso.
**Artículo 418.** *Forma y plazo.* El recurso de apelación especial será interpuesto por escrito, con expresión de fundamento, dentro del plazo de diez días ante el tribunal que dictó la resolución recurrida.
El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo y con posterioridad al vencimiento del plazo del recurso no podrá invocar otros distintos y citará concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados y expresará, concretamente, cual es la aplicación que pretende.
**Qué significa:** El recurso de apelación especial se presenta por escrito, con expresión de su fundamento. El plazo es de diez días, y el escrito se presenta ante el tribunal que dictó la resolución recurrida. Cada motivo debe indicarse por separado. Si el plazo ya venció, no se pueden invocar motivos distintos. Además, hay que citar de forma concreta los preceptos legales que se consideran aplicados erróneamente o no observados, y explicar cuál es la aplicación que se pretende. Lo que no se incluye en el escrito dentro del plazo no puede agregarse después. El texto no dice qué pasa con la resolución mientras se tramita el recurso; eso queda para otras normas. Por ejemplo, una persona que quiere recurrir una resolución penal debe anotar cada motivo en un punto aparte y nombrar el artículo que considera mal aplicado. Puedes revisar la guía Quiero apelar una resolución penal para ver el trámite general.
**Guías:** Quiero apelar una resolución penal (https://codicegt.com/guia/apelar-penal/).
**Artículo 419.** *Motivos.* El recurso especial de apelación sólo podrá hacerse valer cuando la sentencia contenga cualquiera de los siguientes vicios:
1) De fondo: inobservancia, interpretación indebida o errónea aplicación de la ley.
2) De forma: inobservancia o errónea aplicación de la ley que constituya un defecto del procedimiento. En este caso, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su subsanación o hecho protesta de anulación, salvo en los casos del artículo siguiente.
**Qué significa:** El recurso especial de apelación solo procede cuando la sentencia contenga alguno de dos tipos de vicios. El primero es de fondo: inobservancia, interpretación indebida o errónea aplicación de la ley. El segundo es de forma: inobservancia o errónea aplicación de la ley que constituya un defecto del procedimiento. En ese caso, el recurso solo es admisible si el interesado reclamó oportunamente la subsanación o hizo protesta de anulación. La condición pesa: sin reclamo ni protesta a tiempo, el vicio de forma no basta, salvo las excepciones del artículo siguiente. En la práctica: un defecto de procedimiento que nadie reclamó a tiempo solo se puede hacer valer si cae en una de esas excepciones. El art. 420 CPP enumera casos en que no hace falta la protesta previa, como la ausencia del Ministerio Público en el debate o la injusticia notoria.
**Artículo 420.** *Motivos absolutos de anulación formal.* No será necesaria la protesta previa, cuando se invoque la inobservancia o errónea aplicación de las disposiciones concernientes:
1) Al nombramiento y capacidad de los jueces y a la constitución del tribunal.
2) A la ausencia del Ministerio Público en el debate o de otra parte cuya presencia prevé la ley.
3) A la intervención, asistencia y representación del acusado en el debate, en los casos y formas que la ley establece.
4) A la publicidad y continuidad del debate, salvo las causas de reserva autorizada.
5) A los vicios de la sentencia.
6) A injusticia notoria.
**Qué significa:** La ley permite invocar ciertos vicios del juicio sin haber protestado antes. Se trata de la inobservancia o errónea aplicación de disposiciones sobre seis asuntos: el nombramiento y capacidad de los jueces y la constitución del tribunal; la ausencia del Ministerio Público u otra parte cuya presencia prevé la ley; la intervención, asistencia y representación del acusado en el debate, en los casos y formas que la ley establece; la publicidad y continuidad del debate, salvo causas de reserva autorizada; los vicios de la sentencia; y la injusticia notoria. Lo clave aquí es la frase «no será necesaria la protesta previa». Solo quita el requisito de protestar en esos seis casos; no declara nula cualquier irregularidad. Tampoco define qué es injusticia notoria ni explica cómo se prueba cada vicio. Eso queda para otras normas. Caso práctico: una persona acusada no asistió a un debate en el que la ley exige su presencia. Ese reclamo no exige protesta previa, según el punto 3. El artículo pertenece al capítulo de procedencia de la apelación especial y describe cuándo no se necesita protesta previa. Si una persona revisa un caso, debe ver qué motivo invoca y si encaja en uno de esos numerales.
**Citado por:** Art. 419, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-419/).
**Artículo 421.** *Efectos.* El tribunal de apelación especial conocerá solamente de los puntos de la sentencia impugnada expresamente en el recurso.
En caso de proceder el recurso por motivos de fondo, anulará la sentencia recurrida y pronunciará la que corresponda.
Si se trata de motivos de forma, anulará la sentencia y el acto procesal impugnado y enviará el expediente al tribunal respectivo para que lo corrija. Seguidamente, el tribunal de sentencia volverá a dictar el fallo correspondiente.
**Artículo 422.** *Reformatio in peius.* Cuando la resolución sólo haya sido recurrida por el acusado o por otro en su favor, no podrá ser modificada en su perjuicio, salvo que los motivos se refieran a intereses civiles.
Cuando se impugne lo referente a responsabilidades civiles, el monto fijado no podrá ser modificado o revocado en contra del recurrente, a menos que la parte contraria lo haya solicitado.
**Qué significa:** Si la resolución solo fue recurrida por el acusado o por otra persona en su favor, no puede modificarse en su perjuicio. La excepción del párrafo es que los motivos se refieran a intereses civiles. Cuando se impugna lo referente a responsabilidades civiles, el monto fijado no puede modificarse ni revocarse en contra del recurrente. Esa regla no aplica si la parte contraria lo ha solicitado. El texto no dice cómo se presenta esa solicitud; eso lo regulan otras normas. Un ejemplo: solo la persona condenada apela. El tribunal que resuelve el recurso no puede agravar la decisión en su contra, salvo que los motivos sean de intereses civiles. Así, la apelación no puede terminar en una decisión más perjudicial para ella.
#### Capítulo II. Trámite
**Artículo 423.** *Interposición.* Interpuesto el recurso, se remitirán de oficio las actuaciones al tribunal competente el día hábil siguiente de haber notificado a todas las partes, emplazándolas para que comparezcan ante dicho tribunal y, en su caso, fijen nuevo lugar para recibir notificaciones, dentro del quinto día siguiente al de la notificación.
El acusado podrá pedir la designación de un defensor de oficio para que promueva el recurso ante el tribunal competente, derecho sobre el cual será instruido y preguntado expresamente en el acto de la notificación. El defensor podrá solicitar que se designe un defensor de oficio como su sustituto, cuando el juicio se haya celebrado en un territorio distinto del de la sede del tribunal competente para el recurso de apelación especial. Ejercida esa facultad, el presidente del tribunal proveerá el reemplazo.
**Qué significa:** Una vez presentado el recurso, las actuaciones pasan de oficio al tribunal competente el día hábil siguiente a la notificación a todas las partes. Esas partes son emplazadas para comparecer ante ese tribunal y, si corresponde, fijar un nuevo lugar para recibir notificaciones dentro del quinto día siguiente a la notificación. Otra parte del artículo protege al acusado. Puede pedir un defensor de oficio para que promueva el recurso ante el tribunal competente, y será instruido y preguntado expresamente sobre ese derecho en el acto de la notificación. Si el juicio se celebró en un territorio distinto de la sede del tribunal competente para la apelación especial, el defensor puede pedir que se designe un defensor de oficio como sustituto. Ejemplo: un acusado fue juzgado en un territorio distinto de la sede del tribunal de apelación especial. Su defensor puede pedir que otro defensor de oficio lo sustituya en el recurso y, si se ejerce esa facultad, el presidente del tribunal proveerá el reemplazo.
**Artículo 424.** *Desistimiento tácito.* Si en el período de emplazamiento no compareciere el recurrente, el tribunal declarará de ofició desierto el recurso, devolviendo, en su caso, las actuaciones.
La adhesión no subsistirá si se declara desierto el recurso interpuesto, salvo el caso del acusador particular.
**Qué significa:** Si en el período de emplazamiento no comparece el recurrente, el tribunal declara de oficio desierto el recurso. Cuando corresponda, también devuelve las actuaciones. El tribunal actúa sin que nadie lo pida, porque el texto usa la expresión de oficio. La adhesión no subsiste si se declara desierto el recurso interpuesto. La única excepción que el texto menciona es el caso del acusador particular. Para quienes se adhirieron, esto significa que su adhesión cae junto con el recurso principal, salvo esa excepción. Ejemplo: si la persona que apeló no se presenta durante el emplazamiento, su recurso se declara desierto. Quienes se habían adherido a esa apelación pierden la adhesión, salvo que se trate de un acusador particular. El artículo no dice cuánto dura el período de emplazamiento; esa materia queda para otras normas.
**Artículo 425.** *Decisión previa.* Recibidas las actuaciones y vencido el plazo previsto, el tribunal examinará el recurso interpuesto y las adhesiones para ver si cumplen con los requisitos de tiempo, argumentación, fundamentación y protesta. Lo anterior para decidir sobre la admisión formal del recurso. Si lo declara inadmisible devolverá las actuaciones.
**Artículo 426.** *Preparación del debate.* Admitido el recurso, las actuaciones quedarán por seis días en la oficina del tribunal para que los interesados puedan examinarlas.
Vencido ese plazo, el presidente fijará audiencia para el debate con intervalo no menor de diez días, notificando a todas las partes.
**Artículo 427.** *Debate.* La audiencia se celebrará, ante el tribunal, con las partes que comparezcan. La palabra será concedida primero al abogado del recurrente. Si existieren varios recursos se conservará el orden previsto. Podrán hablar los abogados de quienes no interpusieron el recurso. No se admitirán replicas. Quienes intervengan en la discusión podrán dejar en poder del tribunal breves notas escritas sobre sus alegaciones.
El acusado será representado por su defensor, pero podrá asistir a la audiencia y, en ese caso, se le concederá la palabra en último término. Cuando el recurso fuere interpuesto por él o por su defensor, y éste no compareciere, el tribunal procederá a su reemplazo.
Se admitirá que las partes reemplacen su participación en la audiencia por un alegato, presentado antes del día de la audiencia.
**Qué significa:** La audiencia se celebra ante el tribunal con las partes que comparezcan. Habla primero el abogado del recurrente. Si hay varios recursos, se mantiene el orden previsto. Después pueden hablar los abogados de quienes no interpusieron el recurso. No se admiten réplicas, aunque quienes intervienen pueden dejar breves notas escritas. Lo que más pesa aquí es la prohibición de réplicas: la discusión termina sin contestación. El acusado es representado por su defensor, pero puede asistir y, en ese caso, habla en último término. Si el recurso lo interpuso él o su defensor, y este no llega, el tribunal procede a su reemplazo. Además, las partes pueden cambiar su participación oral por un alegato presentado antes del día de la audiencia. El texto no dice qué decide el tribunal tras el debate. En la práctica: una abogada presenta su alegato por escrito antes del día de la audiencia, y ese alegato reemplaza su intervención oral.
**Artículo 428.** *Prueba.* Cuando el recurso se base en un defecto de procedimiento y se discuta la forma en que fue llevado a cabo el acto, en contraposición a lo señalado por el acta del debate o por la sentencia, se podrá ofrecer prueba con ese objeto.
La prueba se recibirá en la audiencia, conforme a las reglas que rigen para el juicio, en lo pertinente.
#### Capítulo III. Sentencia
**Artículo 429.** *Deliberación, votación y pronunciamiento.* Terminada la audiencia, el tribunal pasará a deliberar. Si por lo avanzado de la hora o por la importancia y complejidad de las cuestiones planteadas fuere necesario diferir la deliberación y el pronunciamiento, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala y el presidente anunciará ante los comparecientes el día y hora de la audiencia en la cual se pronunciará la sentencia, fecha que no podrá exceder del plazo de diez días.
La sentencia se pronunciará siempre en audiencia pública.
**Qué significa:** Terminada la audiencia, el tribunal pasa a deliberar. Si por lo avanzado de la hora o por la importancia y complejidad de las cuestiones planteadas es necesario diferir la deliberación y el pronunciamiento, el tribunal vuelve a constituirse en la sala. En ese caso, el presidente anuncia a los comparecientes el día y la hora de la audiencia en que se pronunciará la sentencia. El límite clave es el plazo: esa fecha no podrá exceder de diez días. Además, la sentencia se pronunciará siempre en audiencia pública. En una audiencia de apelación especial que termina tarde y con cuestiones complejas, el tribunal aplaza la deliberación y anuncia la nueva fecha a quienes están presentes, dentro del plazo de diez días. Si asistes, puedes saber qué día volverá la sala a pronunciar la sentencia. El texto no dice qué pasa si el plazo se incumple ni regula el contenido de la sentencia; eso queda para otras normas.
**Artículo 430.** *Prueba intangible.* La sentencia no podrá en ningún caso hacer mérito de la prueba o de los hechos que se declaren probados conforme a las reglas de la sana crítica razonada. Únicamente podrá referirse a ellos para la aplicación de la ley sustantiva o cuando exista manifiesta contradicción en la sentencia recurrida.
**Qué significa:** En la apelación especial, la sentencia que resuelve el recurso no puede, en ningún caso, hacer mérito de la prueba ni de los hechos que se declararon probados conforme a las reglas de la sana crítica razonada. Por eso se habla de prueba intangible: esa prueba y esos hechos no se vuelven a valorar en este recurso. La palabra «únicamente» deja solo dos salidas. La sentencia puede referirse a la prueba o a los hechos para aplicar la ley sustantiva. También puede hacerlo cuando exista manifiesta contradicción en la sentencia recurrida. Fuera de esos dos casos, no puede tocarlos. Por ejemplo, una persona condenada apela y pide que el tribunal vuelva a pesar las declaraciones de los testigos para concluir que un hecho probado no ocurrió. Este artículo impide esa nueva valoración. En cambio, el tribunal sí puede tomar los hechos tal como quedaron probados para decidir qué ley sustantiva corresponde, o señalar una contradicción manifiesta en la sentencia recurrida.
**Artículo 431.** *Decisión propia.* Si la sentencia acoge el recurso, con base en la inobservancia o errónea aplicación o interpretación indebida de un precepto legal, resolverá el caso en definitiva, dictando la sentencia que corresponde.
**Artículo 432.** *Reenvío.* Si la sentencia se funda en la inobservancia o errónea aplicación de la ley que constituya un defecto del procedimiento, anulará total o parcialmente la decisión recurrida y ordenará la renovación del trámite por el tribunal competente desde el momento que corresponda.
Anulada la sentencia, no podrán actuar los jueces que intervinieron en su pronunciamiento para un nuevo fallo.
**Qué significa:** Si la sentencia se funda en la inobservancia o en la errónea aplicación de la ley, y eso constituye un defecto del procedimiento, el tribunal anula total o parcialmente la decisión recurrida. Además, ordena renovar el trámite ante el tribunal competente, desde el momento que corresponda. Anulada la sentencia, los jueces que intervinieron en la decisión anulada no pueden volver a actuar para dictar el nuevo fallo. Ejemplo: una sentencia aplica mal una norma de procedimiento. El tribunal la anula y ordena rehacer el juicio desde el momento del error. El texto distingue el defecto de procedimiento de otros errores. Solo el primero produce la renovación. El artículo anterior, art. 431 CPP, trata de la decisión propia. El siguiente, art. 433 CPP, regula los defectos no esenciales. Guía relacionada: apelar en materia penal.
**Artículo 433.** *Defectos no esenciales.* Los errores de derecho en la fundamentación de la resolución recurrida, que no influyan en su parte resolutiva, deberán ser corregidos aunque no provoquen su anulación. De la misma manera serán corregidos los errores materiales en la designación o en el cómputo de las penas o de las medidas de seguridad y corrección.
**Artículo 434.** *Medidas de coerción y libertad del acusado.* Durante el trámite del recurso corresponde al tribunal la aplicación de todas las reglas que regulan la libertad del acusado.
El tribunal ordenará inmediatamente la libertad del acusado, cuando por efecto de su decisión deba cesar la detención.
#### Capítulo IV. Procedimientos específicos
**Artículo 435.** *Casos.* Se procederá conforme a estas reglas cuando se recurra de:
1) Las resoluciones interlocutorias de los tribunales de sentencia o de ejecución que pongan fin a la acción, a la pena o a una medida de seguridad o corrección, imposibilite que ellas continúen o impida el ejercicio de la acción.
2) El recurso relativo a la acción civil cuando no se recurra la parte penal de la sentencia.
**Qué significa:** Las reglas de este capítulo se aplican cuando alguien recurra de dos clases de resoluciones. La primera son las resoluciones interlocutorias de tribunales de sentencia o de ejecución que pongan fin a la acción, a la pena o a una medida de seguridad o corrección. También entran las que imposibiliten que la acción, la pena o la medida continúen, o las que impidan el ejercicio de la acción. La segunda es el recurso sobre la acción civil, cuando no se recurra la parte penal de la sentencia. Si tú recurres ambas partes de una sentencia, el segundo supuesto no aplica, porque exige que no se recurra la parte penal. Lo que más pesa aquí es esa condición final. El artículo no dice qué trámite sigue cada caso ni cuáles son los plazos. Un caso práctico: una persona recurre solo la parte civil de una sentencia penal, sin tocar la condena. Encaja en el numeral 2. Si además impugna la condena, este artículo no describe ese escenario.
**Artículo 436.** *Trámite.* El procedimiento quedará modificado de la manera siguiente:
1) El escrito de interposición, expresará los motivos y las leyes infringidas. El recurrente fijará también lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro del tribunal.
2) No se emplazará al recurrente a comparecer ante el tribunal competente, ni estará permitida la adhesión.
3) El tribunal dictará sentencia sin debate, sólo a la vista de los recursos interpuestos, decidiendo, en primer lugar, sobre la procedencia formal del recurso. La sentencia será pronunciada por escrito, omitiendo la audiencia pública, en el plazo previsto y expresará sintéticamente los fundamentos de la decisión.
### Título VI. Casación
**Artículo 437.** *Procedencia.* El recurso de casación procede contra las sentencias o autos definitivos dictados por las salas de apelaciones que resuelvan:
1) Los recursos de apelación especial de los fallos emitidos por los tribunales de sentencia, o cuando el debate se halle dividido, contra las resoluciones que integran la sentencia.
2) Los recursos de apelación especial contra los autos de sobreseimiento dictados por el tribunal de sentencia.
3) Los recursos de apelación contra las sentencias emitidas por los jueces de primera instancia, en los casos de procedimiento abreviado.
4) Los recursos de apelación contra las resoluciones de los jueces de primera instancia que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso; y los que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución penal.
**Qué significa:** Casación procede contra las sentencias o autos definitivos que dictan las salas de apelaciones, cuando resuelvan cuatro supuestos. Son estos: apelaciones especiales de fallos de tribunales de sentencia, o contra resoluciones que integran la sentencia cuando el debate esté dividido. Luego, apelaciones especiales contra autos de sobreseimiento de tribunal de sentencia. Después, apelaciones contra sentencias de jueces de primera instancia en procedimiento abreviado. Por último, apelaciones contra resoluciones de esos jueces que declaren sobreseimiento o clausura del proceso, o que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución penal. Lo que más pesa es quién dicta la decisión: tiene que ser una sala de apelaciones. El artículo no habla de resoluciones de otros órganos. Si tú revisas un caso de primera instancia, compara cada numeral con los hechos. En la práctica: una parte apela el sobreseimiento que declaró un juez de primera instancia, y la sala de apelaciones resuelve esa apelación. Esa decisión de la sala puede ser objeto de casación según el numeral 4. Si quieres apelar una resolución penal, consulta la guía Quiero apelar una resolución penal.
**Guías:** Quiero apelar una resolución penal (https://codicegt.com/guia/apelar-penal/).
**Artículo 438.** *Interponentes.* El recurso de casación está dado en interés de la ley y la justicia y podrá ser interpuesto por las partes.
**Artículo 439.** *Motivos.* El recurso de casación puede ser de forma o de fondo. Es de forma, cuando verse sobre violaciones esenciales del procedimiento. Es de fondo, si se refiere a infracciones de la ley que influyeron decisivamente en la parte resolutiva de la sentencia o auto recurridos.
**Qué significa:** Casación puede fundarse en dos motivos: de forma o de fondo. Es de forma cuando trata sobre violaciones esenciales del procedimiento. Es de fondo cuando se refiere a infracciones de la ley que influyeron decisivamente en la parte resolutiva de la sentencia o auto recurridos. La condición que más pesa en el motivo de fondo es que la infracción influya decisivamente en la parte resolutiva. No basta con que exista un error de ley. El artículo no define qué es una violación esencial del procedimiento ni enumera las infracciones posibles; esas precisiones no están aquí. Por ejemplo, un tribunal aplica mal una ley en el punto que decide la condena. Si esa equivocación cambió lo que se resolvió, encaja en el motivo de fondo. Si el error no cambió la decisión, el texto no lo ubica como motivo de fondo. Si tú recurres, indica si el error influyó en la parte resolutiva.
**Artículo 440.** *Recurso de casación de forma.* El recurso de casación de forma procede únicamente en los siguientes casos:
1) Cuando la sentencia no resolvió todos los puntos esenciales que fueron objeto de la acusación formulada, o que estaban contenidos en las alegaciones del defensor.
2) Si la sentencia no expresó de manera concluyente los hechos que el juzgador tuvo como probados y los fundamentos de la sana critica que se tuvieron en cuenta.
3) Cuando es manifiesta la contradicción entre dos o más hechos que se tienen por probados en la misma resolución.
4) Cuando la resolución se refiere a un hecho punible distinto del que se atribuye al acusado.
5) Cuando en el fallo del tribunal de sentencia o de la sala de apelaciones ha existido incompetencia por razón de la materia que no haya sido advertida.
6) Si en la sentencia no se han cumplido los requisitos formales para su validez.
**Qué significa:** Solo seis casos abren el recurso de casación de forma. Se refiere a defectos en la forma de la sentencia. Los casos son estos: la sentencia no resolvió todos los puntos esenciales de la acusación o de las alegaciones del defensor; no expresó de manera concluyente los hechos probados ni los fundamentos de la sana crítica; hay contradicción manifiesta entre dos o más hechos probados; se refiere a un hecho punible distinto del atribuido al acusado; hubo incompetencia por razón de la materia no advertida; o no cumplió los requisitos formales para su validez. Ejemplo: si una sentencia da por probados dos hechos que se contradicen de forma manifiesta, ese defecto entra en el caso tercero. Ojo con «manifiesta» y «no advertida»: el texto exige que la contradicción sea evidente y que la incompetencia no haya sido advertida.
**Artículo 441.** *Recurso de casación de fondo.* Sólo procede el recurso de casación de fondo en los siguientes casos:
1) Cuando en la resolución recurrida se incurrió en error de derecho al tipificar los hechos como delictuosos, no siéndolo.
2) Cuando siendo delictuosos los hechos, se incurrió en error de derecho en su tipificación.
3) Si la sentencia es condenatoria, no obstante existir una circunstancia eximente de responsabilidad, o un motivo fundado para disponer el sobreseimiento definitivo.
4) Si la sentencia tiene por acreditado un hecho decisivo para absolver, condenar, atenuar o agravar la pena, sin que se haya tenido por probado tal hecho en el tribunal de sentencia.
5) Si la resolución viola un precepto constitucional o legal por errónea interpretación, indebida aplicación o falta de aplicación, cuando dicha violación haya tenido influencia decisiva en la parte resolutiva de la sentencia o del auto.
**Qué significa:** Según este artículo, solo procede el recurso de casación de fondo en cinco casos. El primero y el segundo tratan del error de derecho al calificar los hechos como delito: en uno, los hechos no eran delictuosos; en otro, sí lo eran, pero se tipificaron mal. El tercero aplica a una sentencia condenatoria que se dicta pese a existir una circunstancia eximente de responsabilidad o un motivo fundado para disponer el sobreseimiento definitivo. El cuarto cubre un hecho decisivo para absolver, condenar, atenuar o agravar la pena que la sentencia tiene por acreditado, aunque el tribunal de sentencia no lo tuvo por probado. El quinto habla de violación de un precepto constitucional o legal por errónea interpretación, indebida aplicación o falta de aplicación, siempre que esa violación haya tenido influencia decisiva en la parte resolutiva de la sentencia o del auto. Ejemplo: una persona condenada reclama que la sentencia tuvo por acreditado un hecho decisivo para condenarla, aunque el tribunal de sentencia no lo tuvo por probado. Ese reclamo encaja en el cuarto supuesto. El texto no explica el procedimiento del recurso ni sus plazos; eso queda fuera de este artículo.
**Artículo 442.** *Limitaciones.* El Tribunal de Casación conocerá únicamente de los errores jurídicos contenidos en la resolución recurrida. Está sujeto a los hechos que se hayan tendido como probados por el tribunal de sentencia, y solamente en los casos en que advierta violación de una norma constitucional o legal, podrá disponer la anulación y el reenvío para la corrección debida.
**Artículo 443.** *Forma y plazo.* El recurso de casación deberá ser interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia dentro del plazo de quince días de notificada la resolución que lo motiva, con expresión de los fundamentos legales que lo autorizan. Sólo se tendrá por debidamente fundado cuando se expresen de manera clara y precisa los artículos e incisos que autoricen el recurso, indicando si es por motivo de forma o de fondo. Asimismo, los artículos e incisos que se consideren violados de las leyes respectivas.
El recurso también podrá ser presentado, dentro del plazo indicado, al tribunal que ha emitido la resolución, quien lo elevará de inmediato a la Corte Suprema de Justicia.
**Qué significa:** El recurso de casación debe presentarse ante la Corte Suprema de Justicia dentro del plazo de quince días de notificada la resolución que lo motiva. Debe expresar los fundamentos legales que lo autorizan. Solo se tiene por debidamente fundado cuando señala de manera clara y precisa los artículos e incisos que lo autorizan, indicando si es por motivo de forma o de fondo, y los artículos e incisos que se consideren violados. Ejemplo: alguien recibe la notificación de una resolución y quiere recurrirla. Si tú decides presentar el recurso, cuenta los quince días desde esa notificación y cita cada artículo e inciso que consideres violado. El texto no dice qué pasa si el plazo vence; eso no aparece en este artículo. También puede presentarse ante el tribunal que emitió la resolución, dentro del mismo plazo. Ese tribunal lo eleva de inmediato a la Corte Suprema de Justicia.
**Artículo 444.** *Trámite.* Si el escrito de interposición del recurso contuviere todos los requisitos mencionados, la Corte Suprema de Justicia declarará la admisibilidad, pedirá los autos y señalará día y hora para la vista.
**Artículo 445.** *Rechazo.* . Si el recurso se interpusiere fuera del término fijado o sin cumplir los requisitos anteriores, el tribunal lo desechará de plano.
**Artículo 446.** *Vista pública.* La vista será pública, con citación de las partes. El acusado podrá nombrar un defensor específico para que comparezca a la audiencia.
En la audiencia se leerá la parte conducente de la sentencia o auto recurrido y los votos disidentes y se concederá la palabra, por su orden al recurrente, y a las otras partes. En cualquier caso, podrán presentar sus alegaciones por escrito. El tribunal resolverá dentro de quince días.
**Artículo 447.** *Sentencia en casación.* Si el recurso de casación fuere de fondo y se declara procedente, el tribunal casará la resolución impugnada y resolverá el caso con arreglo a la ley y a la doctrina aplicables.
**Artículo 448.** *Sentencia de casación, reenvío.* Si el recurso fuere de forma, se hará reenvío al tribunal que corresponda para que emita nueva resolución sin los vicios apuntados.
**Artículo 449.** *Libertad del acusado.* Cuando por efecto de la casación deba cesar la prisión del acusado, se ordenará inmediatamente su libertad.
**Artículo 450.** *Desistimiento.* En cualquier estado del recurso, antes de pronunciarse sentencia, la parte que lo interpuso puede desistir de él.
**Artículo 451.** *Simples errores.* Los simples errores en la fundamentación de la resolución recurrida y las erróneas indicaciones de los textos legales, cuando no tengan influencia decisiva, no serán motivo de casación, pero deberán ser corregidos, así como rectificado cualquier error en la computación de la pena por el Tribunal de Casación.
**Artículo 452.** *Recursos sin formalidades.* En los casos de aplicación de la pena de muerte, el recurso podrá interponerse sin formalidad alguna, por escrito o telegráficamente y el tribunal queda obligado a analizar la sentencia recurrida en cualquiera de los casos en que el recurso es admisible. Dentro de los quince días siguientes, el interponente podrá explicar por escrito los motivos del recurso.
### Título VII. Revisión
**Artículo 453.** *Objeto.* La revisión para perseguir la anulación de la sentencia penal ejecutoriada, cualquiera que sea el tribunal que la haya dictado, aún en casación, sólo procede en favor del condenado a cualquiera de las penas previstas para los delitos o de aquel a quien se le hubiere impuesto una medida de seguridad y corrección.
**Qué significa:** La revisión sirve para anular una sentencia penal ya firme, sin importar qué tribunal la dictó, incluso en casación. Pero el texto fija un punto central: solo procede en favor del condenado. Quien acusa no puede usarla para empeorar la situación de esa persona. El artículo menciona dos grupos. Uno es el condenado a cualquiera de las penas previstas para los delitos. El otro es quien recibió una medida de seguridad y corrección. El texto no dice qué causas o pruebas se necesitan para pedir la revisión; eso queda fuera de este artículo. En la práctica, una persona con sentencia penal firme pide que se anule ese fallo. Este artículo le aplica porque la revisión solo procede a favor del condenado, aunque el caso siga otros pasos que el texto no detalla.
**Artículo 454.** *Facultad de impugnar.* Podrán promover la revisión en favor del condenado:
1) El propio condenado o a quien se le hubiere aplicado una medida de seguridad y corrección, aún cuando hubiere sido ejecutada total o parcialmente. Si es incapaz, sus representantes legales; y si ha fallecido, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos.
2) El Ministerio Público.
3) El juez de ejecución en el caso de aplicación retroactiva de una ley penal más benigna.
**Artículo 455.** *Motivos.* Procederá la revisión cuando nuevos hechos o elementos de prueba, por sí solos o en conexión con los medios de prueba ya examinados en el procedimiento, sean idóneos para fundar la absolución del condenado o una condena menos grave, por aplicación de otro precepto penal distinto al de la condena, u otra decisión sobre una medida de seguridad y corrección, esencialmente diversa de la anterior.
Son motivos especiales de revisión:
1) La presentación, después de la sentencia, de documentos decisivos ignorados, extraviados o que no se hubieren incorporado al procedimiento.
2) La demostración de que un elemento de prueba decisivo, apreciado en la sentencia, carece del valor probatorio asignado, por falsedad, invalidez, adulteración o falsificación.
3) Cuando la sentencia condenatoria ha sido pronunciada a consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, cuya existencia fue declarada en fallo posterior firme.
4) Cuando la sentencia penal se basa en una sentencia que posteriormente ha sido anulada o ha sido objeto de revisión.
5) Cuando después de la condena sobrevengan hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hacen evidente que el hecho o una circunstancia que agravó la pena, no existió, o que el condenado no lo cometió.
6) La aplicación retroactiva de una ley penal más benigna que la aplicada en la sentencia.
**Artículo 456.** *Forma.* La revisión para ser admitida, deberá promoverse por escrito ante la Corte Suprema de Justicia, con la referencia concreta de los motivos en que se funda y de las disposiciones legales aplicables. Se acompañará, en el mismo momento, toda la prueba documental que se invoca o se indicará el lugar o archivo donde esté.
Cuando la demostración de motivo que sustenta la revisión no surge de una sentencia judicial irrevocable, el recurrente deberá indicar todos los medios de prueba que acrediten la verdad de sus afirmaciones.
**Artículo 457.** *Admisibilidad.* Recibida la impugnación, el tribunal decidirá sobre su procedencia. Podrá, sin embargo, si el caso lo permite, otorgar un plazo al impugnante para que complete los requisitos faltantes.
El condenado podrá designar un defensor para que mantenga la revisión, derecho sobre el cual será instruido al notificársele la primera resolución sobre la admisibilidad de la impugnación. Si el condenado no nombra defensor, el tribunal lo designará de oficio.
La muerte del condenado durante el curso de la revisión no obstaculizará la prosecución de trámite. Si alguna de las personas legitimadas no compareciere después de habérsele comunicado la apertura de la revisión, el procedimiento podrá continuar con la sola asistencia del defensor.
**Artículo 458.** *Instrucción.* Inmediatamente después de admitida la revisión, el tribunal dará intervención al Ministerio Público o al condenado, según el caso, y dispondrá, si fuere necesario, la recepción de los medios de prueba que ofreció el recurrente o que crea útiles para la averiguación de la verdad.
Las declaraciones e informes se documentarán en acta, pudiendo el tribunal delegar la instrucción en alguno de sus miembros.
**Artículo 459.** *Audiencia.* Concluida la instrucción se señalará una audiencia para que se manifiesten quienes intervienen en la revisión, pudiendo acompañar alegatos escritos que funden su petición.
**Qué significa:** Cuando termina la instrucción, se señala una audiencia. En ella se manifiestan quienes intervienen en la revisión, que es el tema de este título del Código. La audiencia llega después de la instrucción, no antes. Lo que más pesa aquí es que la audiencia sirve para manifestarse, y que los participantes pueden acompañar alegatos escritos que funden su petición. La palabra «pudiendo» indica que presentar escritos es una facultad, no una obligación. El texto no dice cuántos días antes se convoca ni cómo se notifica, ni cuánto dura cada intervención. Ejemplo práctico: quien interviene en una revisión sabe que tras la instrucción habrá una audiencia. Si tú quieres reforzar tu petición, prepara un escrito con tus alegatos y preséntalo junto con tu intervención en la audiencia. El artículo permite hacerlo, pero no lo exige.
**Artículo 460.** *Decisión.* El tribunal, al pronunciarse, declarará sin lugar la revisión, o anulará la sentencia.
Si anula la sentencia, remitirá a nuevo juicio cuando el caso lo requiera, o pronunciará directamente la sentencia definitiva.
**Qué significa:** Al resolver, el tribunal tiene dos salidas posibles. Puede declarar sin lugar la revisión o anular la sentencia. Si anula la sentencia, tiene otras dos salidas: remitir a nuevo juicio cuando el caso lo requiera, o pronunciar directamente la sentencia definitiva. El artículo se ubica en el Título VII, sobre revisión. Lo que más pesa aquí es la expresión «cuando el caso lo requiera», que separa el nuevo juicio de la sentencia directa. El texto no dice qué criterios usa el tribunal para verlo. Tampoco explica qué sigue después de un nuevo juicio; eso el artículo no lo trae. Como ilustración, un tribunal estudia una revisión y decide anular la sentencia. Si tú sigues ese proceso, ten presente que el tribunal puede remitir el caso a nuevo juicio o dictar la sentencia definitiva. Para el nuevo juicio, la condición es que el caso lo requiera.
**Artículo 461.** *Nuevo juicio.* El nuevo juicio será tramitado conforme a las reglas respectivas. El ofrecimiento de prueba y la sentencia no podrán ser fundados, con independencia de los motivos que hicieren admisible la revisión en una nueva apreciación de los mismos hechos de proceso.
**Artículo 462.** *Efectos de la sentencia.* La sentencia ordenará, según el caso, la libertad del que fue condenado, la restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de multa, la cesación de la inhabilitación y de las penas accesorias, con devolución de los efectos del comiso que no hubieren sido destruidos, de la medida de seguridad y corrección que corresponda. Aplicará la nueva pena o practicará un nuevo cómputo, cuando en la nueva sentencia se impusiere pena al condenado, con abono del tiempo que hubiere estado en prisión.
En los casos previstos también deberá pronunciarse, a solicitud, sobre la indemnización. La reparación sólo se podrá conceder al condenado, o después de su muerte, a los herederos que lo solicitaren.
**Artículo 463.** *Rechazo de la revisión.* La improcedencia de la revisión no perjudicará la facultad de peticionar, nuevamente, fundada en elementos distintos; pero las costas de una revisión rechazada estarán siempre a cargo de quien la interponga, salvo el caso del Ministerio Público.
## Libro Cuarto. Procedimientos específicos
### Título I. Procedimiento abreviado
**Artículo 464.** *Admisibilidad.* Si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a cinco años de privación de libertad, o de una pena no privativa de libertad, o aún en forma conjunta, podrá solicitar que se proceda según este título, concretando su requerimiento ante el juez de primera instancia en el procedimiento intermedio.
Para ello, el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él, y a la aceptación de la vía propuesta.
La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 45 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 45 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** El procedimiento abreviado procede cuando el Ministerio Público estima suficiente una pena de hasta cinco años de prisión, o no privativa de libertad, y el imputado acepta los hechos. Puede hacerlo si estima suficiente una pena no mayor de cinco años de privación de libertad, o una pena no privativa de libertad, o ambas juntas. La solicitud se presenta al juez de primera instancia, en el procedimiento intermedio. Antes de presentarla, el Ministerio Público necesita el acuerdo del imputado y de su defensor. Ese acuerdo cubre tres cosas: la admisión del hecho de la acusación, la participación del imputado en él, y la aceptación de esta vía. El texto también aclara que, si hay varios imputados en el mismo procedimiento, la vía puede aplicarse a uno de ellos aunque los demás no la acepten. En la práctica: un imputado acepta el hecho y su participación, y el fiscal pide el procedimiento abreviado. El juez decide sobre esa solicitud en la etapa intermedia. El texto no dice cuál es el resultado del procedimiento abreviado. El artículo anterior, art. 463 CPP, trata del rechazo de la revisión. El artículo siguiente, art. 465 CPP, regula el trámite posterior.
**Artículo 465.** *Trámite posterior.* El juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda, sin más trámite. Podrá absolver o condenar, pero la condena nunca podrá superar la pena requerida por el Ministerio Público. Se aplicarán, en lo pertinente, las reglas de la sentencia.
La sentencia se basará en el hecho descrito en la acusación admitida por el imputado, sin perjuicio de incorporar otros favorables a él, cuya prueba tenga su fuente en el procedimiento preparatorio, y se podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación. Si el tribunal no admitiere la vía solicitada y estimare conveniente el procedimiento común, para un mejor conocimiento de los hechos o ante la posibilidad de que corresponda una pena superior a la señalada, rechazará el requerimiento y emplazará al Ministerio Público, para que concluya la investigación y formule nuevo requerimiento. La solicitud anterior sobre la pena no vincula al Ministerio Público durante el debate.
**Qué significa:** El juez oye al imputado y dicta la resolución correspondiente, sin más trámite. Puede absolver o condenar. La condena nunca puede superar la pena que pidió el Ministerio Público. La sentencia se basa en el hecho descrito en la acusación admitida por el imputado. Puede incorporar otros hechos favorables a él, cuya prueba venga del procedimiento preparatorio. Además, puede dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación. Si el tribunal no admite la vía solicitada, puede seguir el procedimiento común. Ejemplo: el imputado admite el hecho de una acusación. El juez no puede imponer una pena mayor que la que pidió el fiscal. El texto no dice cómo se llega a esta vía. El artículo anterior, art. 464 CPP, trata de la admisibilidad.
**Artículo 465 Bis.** *Procedimiento simplificado.* Cuando el fiscal así lo solicite, se llevará a cabo un procedimiento especial, aplicable a los casos iniciados por flagrancia o por citación u orden de aprehensión, en donde no se requiera investigación posterior o complementaria, rigiendo, aparte de las normas procesales generales, las específicas siguientes:
1. Diligencias previas a la audiencia:
a. Requerimiento oral del fiscal de la aplicación del procedimiento simplificado;
b. Imponer al acusado de la imputación de cargos formulada por el fiscal, y de los elementos de investigación con que cuenta hasta el momento;
c. Tiempo suficiente para preparar la defensa;
d. Comunicación previa a la víctima o agraviado de la decisión fiscal y de la audiencia a realizarse;
2. Diligencias propias de la audiencia:
a. Identificación previa del imputado, como lo establece el artículo 81 del Código Procesal Penal;
b. Imputación de cargos por parte del fiscal, argumentando y fundamentando su requerimiento de llevar a juicio al imputado, haciendo referencia del hecho verificable y los órganos de prueba con los que pretende acreditarlos en juicio;
c. Intervención del imputado para que ejerza su defensa material;
d. Intervención de la defensa y del querellante para que argumente y fundamente su pretensión basada en su teoría del caso;
e. Intervención del querellante adhesivo, actor civil, víctima o agraviado, para que se manifieste sobre las intervenciones anteriores;
f. Decisión inmediata del juez, razonada debidamente.
Si se declara la apertura al juicio se procederá conforme a las normas comunes del proceso penal.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 12 del Decreto 7-2011 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 12 del Decreto 7-2011 (2011)
**Qué significa:** Este artículo regula el procedimiento simplificado. Se activa a pedido del fiscal, en casos iniciados por flagrancia o por citación u orden de aprehensión, en los que no hace falta investigación posterior o complementaria. Antes de la audiencia, el fiscal pide oralmente aplicar el procedimiento. Al acusado se le informa de la imputación y de los elementos de investigación que existen hasta ese momento. Tiene tiempo suficiente para preparar la defensa. La víctima o agraviado recibe comunicación de la decisión fiscal y de la audiencia. En la audiencia, se identifica al imputado, como exige el artículo 81. El fiscal imputa los cargos y explica sus pruebas. El imputado ejerce su defensa material. La defensa, el querellante y la víctima o el agraviado intervienen. El juez decide de inmediato y de forma razonada. Si el juez abre el juicio, se aplican las normas comunes del proceso penal. Ejemplo: una persona es detenida en flagrancia y el fiscal pide el procedimiento simplificado. El juez decide en la audiencia si abre el juicio. El artículo anterior, art. 465 CPP, trata del trámite posterior. El artículo siguiente, art. 465 Ter CPP, regula los delitos menos graves.
**Artículo 465 Ter.** *Procedimiento para delitos menos graves.* El procedimiento para delitos menos graves constituye un procedimiento especial que se aplica para el juzgamiento de delitos sancionados en el Código Penal con pena máxima de cinco años de prisión. Para este procedimiento son competentes los jueces de paz, y se rige, aparte de las normas procesales generales, por las especiales siguientes:
1. Inicio del proceso: El proceso da inicio con la presentación de la acusación fiscal o querella de la víctima o agraviado;
2. Audiencia de conocimiento de cargos: Esta audiencia debe realizarse dentro de los diez (10) días de presentada la acusación o querella, convocando al ofendido, acusador, imputado y su abogado defensor, desarrollándose de la siguiente manera:
a. En la audiencia, el juez de paz concederá la palabra, en su orden, al fiscal o, según el caso, a la victima o agraviado, para que argumenten y fundamenten su requerimiento; luego al acusado y a su defensor para que ejerzan el control sobre el requerimiento;
b. Oídos los intervinientes, el juez de paz puede decidir:
I. Abrir a juicio penal el caso, estableciendo los hechos concretos de la imputación;
II. Desestimar la causa por no poder proceder, no constituir delito o no tener la probabilidad de participación del imputado en el mismo;
c. Si abre a juicio, concederá nuevamente la palabra a los intervinientes, a excepción de la defensa, para que en su orden ofrezcan la prueba lícita, legal, pertinente e idónea a ser reproducida en debate, asegurando el contradictorio para proveer el control de la imputación probatoria.
Seguidamente, el juez de paz decidirá sobre la admisión o rechazo de la prueba ofrecida, señalando la fecha y hora del debate oral y público, el que debe realizarse dentro de los veinte días siguientes a la audiencia en que se admite la prueba;
d. Las pruebas de la defensa, cuando así se pida en la audiencia, serán comunicadas al juzgado por lo menos cinco días antes del juicio, donde serán puestas a disposición del fiscal o querellante;
e. A solicitud de uno de los sujetos procesales, se podrá ordenar al juez de paz más cercano, que practique una diligencia de prueba anticipada para ser valorada en el debate.
3. Audiencia de debate: Los sujetos procesales deben comparecer con sus respectivos medios de prueba al debate oral y público, mismo que se rige por las disposiciones siguientes:
a. Identificación de la causa y advertencias preliminares por parte del juez de paz;
b. Alegatos de apertura de cada uno de los intervinientes al debate;
c. Reproducción de prueba mediante el examen directo y contra-examen de testigos y peritos, incorporando a través de ellos la prueba documental y material;
d. Alegatos finales de cada uno de los intervinientes al debate;
e. Pronunciamiento relatado de la sentencia, inmediatamente de vertidos los alegados finales, en forma oral en la propia audiencia;
En todos estos casos, cuando se trate de conflictos entre particulares, el Ministerio Público puede convertir la acción penal pública en privada.
Decreto 7-2011 del Congreso de la República).
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 13 del Decreto 7-2011 del Congreso de la República). *(Acuerdo Interinstitucional para la determinación gradual de la circunscripción territorial de aplicación de los Procedimientos para Delitos Menos Graves por los Juzgados de Paz de conformidad con las reformas al Código Procesal Penal contenidas en el Decreto Número 7-2011 del Congreso de la República de Guatemala, del 13/07/2011 y su Addemdum Uno del 28/07/2011; Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia 26-2011 24/08/2011 Implementación del procedimiento para delitos menos graves en los Juzgados de Paz, de conformidad con el
- Reforma: Adicionado por el artículo 13 del Decreto 7-2011 (2011)
**Qué significa:** Este artículo regula el procedimiento para delitos menos graves. Se aplica a delitos que el Código Penal castiga con pena máxima de cinco años de prisión. Los jueces de paz son los competentes. El proceso empieza con la acusación del fiscal o con la querella de la víctima. La audiencia de conocimiento de cargos se celebra dentro de los diez días siguientes. En ella, el juez de paz escucha a las partes y decide si abre a juicio o si desestima la causa. Si abre a juicio, las partes ofrecen su prueba y el juez decide cuál se admite. El debate oral y público se celebra dentro de los veinte días siguientes a la audiencia en que se admite la prueba. La defensa debe comunicar sus pruebas al juzgado por lo menos cinco días antes del juicio. En el debate hay alegatos de apertura, examen y contraexamen de testigos y peritos, alegatos finales y una sentencia que el juez pronuncia de forma oral en la misma audiencia. Cuando el conflicto es entre particulares, el Ministerio Público puede convertir la acción pública en privada. La nota oficial indica que la circunscripción de aplicación se fijó por acuerdos interinstitucionales y de la Corte Suprema de Justicia de 2011. El artículo anterior trata del procedimiento simplificado: art. 465bis CPP.
**Artículo 466.** *Efectos.* Contra la sentencia será admisible el recurso de apelación, interpuesto por el Ministerio Público, o por el acusado, su defensor y el querellante por adhesión.
La acción civil no será discutida y se podrá deducir nuevamente ante el tribunal competente del orden civil. Sin embargo, quienes fueron admitidos como partes civiles podrán interponer el recurso de apelación, con las limitaciones establecidas y sólo en la medida en que la sentencia influya sobre el resultado de una reclamación civil posterior.
**Qué significa:** Contra la sentencia en el procedimiento abreviado cabe el recurso de apelación. Pueden interponerlo el Ministerio Público, el acusado, su defensor y el querellante por adhesión. El artículo también regula qué pasa con la acción civil cuando hay sentencia penal. La acción civil no se discute en ese juicio y puede presentarse otra vez ante el tribunal civil competente. Las personas admitidas como partes civiles sí pueden apelar, pero con las limitaciones establecidas y solo si la sentencia influye en una reclamación civil posterior. El matiz está en esa última condición: no es un derecho amplio, depende del efecto que tenga el fallo sobre un reclamo futuro. El texto no define esas limitaciones; eso queda para otras normas. Por ejemplo, una persona admitida como parte civil puede recurrir la sentencia solo en la medida en que ese fallo pese en un reclamo civil que luego presente. Si la sentencia no influye en ese reclamo, la condición no se cumple y el recurso no alcanza.
### Título II. Procedimiento especial de averiguación
**Artículo 467.** *Procedencia.* Si se hubiere interpuesto un recurso de exhibición personal, sin hallar a la persona a cuyo favor se solicitó y existieron motivos de sospecha suficientes para afirmar que ella ha sido detenida o mantenida ilegalmente en detención por un funcionario público, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, o por agentes regulares o irregulares, sin que se dé razón de su paradero, la Corte Suprema de Justicia, a solicitud de cualquier persona, podrá:
1) Intimar al Ministerio Público para que en el plazo máximo de cinco días informe al tribunal sobre el progreso y resultado de la investigación, sobre las medidas practicadas y requeridas, y sobre las que aún están pendientes de realización. la Corte Suprema de Justicia podrá abreviar el plazo, cuando sea necesario.
2) Encargar la averiguación (procedimiento preparatorio), en orden excluyente:
a) Al Procurador de los Derechos Humanos.
b) A una entidad o asociación jurídicamente establecida en el país.
c) Al cónyuge o a los parientes de la victima.
**Qué significa:** Aplica cuando se interpuso un recurso de exhibición personal, no se halla a la persona buscada y hay sospechas suficientes de que un funcionario público, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o agentes regulares o irregulares la detuvieron o la mantienen ilegalmente detenida, sin dar razón de su paradero. En ese caso, la Corte Suprema de Justicia puede actuar a solicitud de cualquier persona. La Corte puede intimar al Ministerio Público para que informe, en un plazo máximo de cinco días, sobre el progreso y resultado de la investigación y sobre las medidas practicadas, requeridas y pendientes. La Corte puede abreviar ese plazo cuando sea necesario. También puede encargar la averiguación, es decir, el procedimiento preparatorio, en orden excluyente: primero al Procurador de los Derechos Humanos, luego a una entidad o asociación jurídicamente establecida en el país y, por último, al cónyuge o a los parientes de la víctima. El texto no explica cómo se pasa de una opción a la siguiente. Por ejemplo, la familia de una persona desaparecida, sin datos de su paradero, puede pedir a la Corte que actúe.
**Artículo 468.** *Admisibilidad.* Para decidir sobre la procedencia de la averiguación especial, la Corte Suprema de Justicia convocará a una audiencia al Ministerio Público, a quien instó el procedimiento y a los interesados en la averiguación que se hubieren presentado espontáneamente.
Quienes concurran a la audiencia comparecerán a ella con todos los medios de prueba que harán valer para la decisión y harán saber las dificultades que les impidieron acompañar alguno de esos medios. Es este caso, la Corte Suprema de Justicia, si lo considera imprescindible, suspenderá la audiencia por el plazo más breve posible y prestará el auxilio necesario para que el medio de prueba se realice en una nueva audiencia.
Incorporada la prueba y oídos los comparecientes, el tribunal decidirá de inmediato, previa deliberación privada y por resolución fundada, el rechazo de la solicitud o expedirá el mandato de averiguación.
Si fuere así, la Corte Suprema de Justicia podrá emitir las medidas adecuadas para garantizar la eficiencia y seriedad de la averiguación.
**Qué significa:** La Corte Suprema de Justicia decide primero si la averiguación especial es procedente. Para eso convoca una audiencia con el Ministerio Público, con quien instó el procedimiento y con los interesados que se presentaron espontáneamente. Quienes asisten deben llevar todos los medios de prueba que quieran hacer valer y explicar qué dificultades les impidieron traer alguno. Si la Corte lo considera imprescindible, suspende la audiencia por el plazo más breve posible y presta el auxilio necesario para que la prueba se realice en una nueva audiencia. Un caso práctico: una persona se presenta por su cuenta a la audiencia sin una prueba importante. Según el texto, debe explicar la dificultad, y la Corte puede suspender la audiencia y ayudar a practicar la prueba. Una vez incorporada la prueba y oídos los comparecientes, el tribunal decide de inmediato, tras deliberar en privado y por resolución fundada, si rechaza la solicitud o expide el mandato de averiguación. Si expide el mandato, la Corte puede emitir medidas para garantizar la eficiencia y seriedad de la averiguación.
**Artículo 469.** *Contenido del mandato.* El mandato de averiguación deberá contener:
1) Nombre y apellido de Procurador de los Derechos Humanos o de quien éste designe para la averiguación, pudiendo ser un particular independiente de la institución.
2) Nombre, apellido y datos de identificación de la persona a quien se le encomienda la averiguación; si se tratare de una asociación o entidad, el nombre, apellido y datos de identificación de quien la representará en el caso, a propuesta de la entidad o asociación.
3) Nombre, apellido y datos de identificación de la persona desaparecida, a cuyo favor se procede, y la expresión resumida de hecho que se considera cometido.
4) La expresión del motivo de la ineficacia de la exhibición personal y el fundamento de la sospecha prevista.
5) La expresión de que el investigador designado se haya equiparado a los agentes del Ministerio Público para el esclarecimiento del hecho descrito, con todas sus facultades y deberes, y la orden a los funcionarios y empleados del Estado de prestarle la misma colaboración y respeto que al funcionario mencionado, con la advertencia de que su reticencia o falta de colaboración será sancionada según la ley.
6) Los plazos a cuyo término deberá presentar a la Corte Suprema de Justicia informes sobre el resultado.
7) Designación del juez que controla la investigación, que podrá ser de nombramiento especifico.
**Artículo 470.** *Procedimiento preparatorio.* El investigador designado conformará su averiguación según las reglas comunes del procedimiento de preparación de la acción pública, sin perjuicio de la actividad que pudiere cumplir el Ministerio Público.
La declaración del sindicado sólo procede, a pedido del investigador designado, ante el juez respectivo.
Cumplida la investigación, se seguirán las reglas del procedimiento común.
La Corte Suprema de Justicia prestará al investigador designado el auxilio necesario para el buen desempeño de su mandato. Decidirá, además, toda controversia que se pudiera plantear entre éste y el Ministerio Público.
**Qué significa:** Este artículo regula el procedimiento preparatorio a cargo de un investigador designado. Ese investigador conforma su averiguación según las reglas comunes de preparación de la acción pública. Eso no impide la actividad que pueda cumplir el Ministerio Público. La declaración del sindicado solo procede a pedido del investigador designado y ante el juez respectivo. Cuando termina la investigación, se siguen las reglas del procedimiento común. La Corte Suprema de Justicia debe prestar al investigador el auxilio necesario para que desempeñe bien su mandato. Además, la Corte decide cualquier controversia que surja entre el investigador designado y el Ministerio Público. El artículo, leído solo, no explica en qué casos se nombra un investigador designado ni quién lo nombra; eso depende de las disposiciones que lo rodean. Por ejemplo, si un investigador designado necesita que el sindicado declare, debe pedirlo al juez respectivo, y la declaración se toma ante ese juez. Si el investigador y el Ministerio Público discrepan sobre una diligencia, la controversia la resuelve la Corte Suprema de Justicia. Concluida la investigación, el caso sigue por las reglas del procedimiento común.
**Artículo 471.** *Procedimiento intermedio.* Si el Ministerio Público o el investigador designado formula la acusación, el juez competente conocerá del procedimiento intermedio. Cualquiera que sea el orden en que concluyan, la Corte Suprema de Justicia será informada por el investigador del resultado de su averiguación.
Si el investigador designado no cumpliere con investigar diligentemente dentro de los plazos señalados por la Corte Suprema de Justicia, caducará el mandato, en cuyo caso se podrá designar otro investigador.
**Artículo 472.** *Procedimiento posterior.* A partir del auto de apertura del juicio rigen las reglas comunes, inclusive para decidir el tribunal de sentencia competente.
El investigador designado continuará como querellante si así lo hubiere solicitado en su acusación y será considerado siempre como tal, en todo momento del procedimiento.
**Artículo 473.** *Protección especial.* La Corte Suprema de Justicia proporcionará protección al querellante, a los testigos y demás sujetos que intervengan en la prueba cuando existan fundados temores de que puedan ser víctimas de cualquier atropello.
**Qué significa:** La Corte Suprema de Justicia proporciona protección al querellante, a los testigos y a otros sujetos que intervienen en la prueba. Lo hace cuando existan fundados temores de que puedan ser víctimas de cualquier atropello. Así, la protección cubre a más personas que el querellante. El artículo está en el procedimiento especial de averiguación. Lo que más pesa es la condición de los fundados temores: sin ellos, el artículo no activa la protección. El texto no define qué hechos bastan para considerar fundado un temor, ni qué medidas concretas se aplican. Tampoco dice cuánto dura la protección. Caso realista: un testigo recibe amenazas concretas en una averiguación y teme ser víctima de un atropello. Ese caso encaja en lo que describe el artículo, y la Corte debe proporcionarle protección. Si tú eres testigo, ten en cuenta que el artículo pide temores fundados.
### Título III. Juicio por delito de acción privada
**Artículo 474.** *Querella.* Quien pretenda perseguir por un delito de acción privada, siempre que no produzca impacto social, formulará acusación, por si o por mandatario especial, directamente ante el tribunal de sentencia competente para el juicio, indicando el nombre y domicilio o residencia del querellado y cumpliendo con las formalidades requeridas.
Si el querellante ejerciere la acción civil, cumplirá con los requisitos establecidos para el efecto en este Código.
Se agregará, para cada querellado, una copia del escrito y del poder.
**Artículo 475.** *Inadmisibilidad.* La querella será desestimada por auto fundado cuando sea manifiesto que el hecho no constituye un delito, cuando no se pueda proceder o faltare alguno de los requisitos previstos.
En ese caso, se devolverá al querellante el escrito y las copias acompañadas, incluyendo la de la resolución judicial. El querellante podrá repetir la querella, corrigiendo sus defectos, si fuere posible, con mención de la desestimación anterior. La omisión de este dato se castigará con multa de diez a cien quetzales.
**Qué significa:** La querella se desestima por auto fundado cuando es manifiesto que el hecho no constituye delito, cuando no se puede proceder o cuando faltan requisitos previstos. El texto se centra en si la querella puede seguir adelante. En esa situación, el escrito y las copias presentadas se devuelven al querellante, junto con la copia de la resolución judicial. Además, el querellante puede repetir la querella corrigiendo sus defectos, si es posible, con mención de la desestimación anterior. La omisión de ese dato se castigará con multa de diez a cien quetzales. Imagina que una persona presenta una querella por un hecho que, de forma manifiesta, no constituye delito. El juez la desestima y devuelve el escrito. Si esa persona la repite, debe mencionar la desestimación anterior, porque omitir ese dato se castiga con multa de diez a cien quetzales.
**Artículo 476.** *Investigación preparatoria.* Cuando fuere imprescindible llevar a cabo una investigación preliminar por no haber sido posible identificar o individualizar al querellado o determinar su domicilio o residencia o fuere necesario establecer en forma clara y precisa el hecho punible, el querellante lo requerirá por escrito, indicando las medidas pertinentes. El tribunal así lo acordará y enviará el expediente al Ministerio Público para que actué conforme las reglas de la investigación preparatoria, quien lo devolverá una vez concluidas las diligencias.
**Artículo 477.** *Mediación y Conciliación.* Previo a acudir a la audiencia de conciliación, las partes podrán someter su conflicto al conocimiento de centros de conciliación o mediación, para que, una vez obtenido el mismo, se deje constancia de lo que las partes convengan en acta simple que se presentará al tribunal para su homologación, siempre que con dicho acuerdo no se violen preceptos constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos.
En caso de que el acuerdo de mediación no se suscriba en el plazo de treinta días, las partes quedan en la libre disposición de acudir a la jurisdicción para accionar en la forma correspondiente. Admitida la querella, el tribunal convocará a una audiencia de conciliación remitiendo al querellado una copia de la acusación.
La audiencia será celebrada ante el tribunal quien dará la oportunidad para que querellante y querellado dialoguen libremente en busca de un acuerdo. El resultado de la audiencia constará en acta y se consignará lo que las partes soliciten.
Querellante y querellado asistirán personalmente a la audiencia y se permitirá la presencia de sus abogados. Cuando alguna de las partes resida en el extranjero, podrá ser representada por mandatario judicial con las facultades suficientes para conciliar. Por acuerdo entre querellante y querellado se podrá designar a la persona que propongan como amigable componedor, que deberá ser presentado al tribunal para su aprobación.
Los jueces de paz y los tribunales de sentencia, cuando exista peligro de fuga o de obstrucción de la averiguación de la verdad, dictarán las medidas de coerción personal del acusado que fueren necesarias para garantizar su presencia en los juicios por delitos de acción privada. Podrán también, si procede, dictar medidas sustitutivas de prisión preventiva, embargos y demás medidas cautelares conforme lo establece este Código.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 46 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 46 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** Este artículo regula la mediación y la conciliación en los delitos de acción privada. Antes de la audiencia de conciliación, las partes pueden acudir a un centro de conciliación o mediación. Si llegan a un acuerdo, este consta en acta simple que se presenta al tribunal para su homologación, siempre que no viole preceptos constitucionales ni tratados internacionales de derechos humanos. Si el acuerdo no se suscribe en treinta días, las partes quedan libres para acudir a la jurisdicción. Admitida la querella, el tribunal convoca a una audiencia de conciliación y remite al querellado copia de la acusación. En ella, querellante y querellado dialogan libremente y el resultado consta en acta. Ambos asisten personalmente y pueden ir con abogados; quien resida en el extranjero puede ser representado por mandatario judicial con facultades para conciliar. También pueden designar de común acuerdo un amigable componedor. Si hay peligro de fuga u obstrucción, los jueces de paz y los tribunales de sentencia dictan medidas de coerción y pueden dictar medidas sustitutivas, embargos y otras cautelares. Por ejemplo, dos vecinos en conflicto pueden ir a un centro de mediación y luego pedir al tribunal que homologue su acuerdo. La nota indica que fue reformado por el Artículo 46 del Decreto 79-97 del Congreso de la República.
**Artículo 478.** *Imputado.* Si el imputado concurriere a la audiencia de conciliación sin defensor, se le nombrará de oficio. De igual manera se procederá si no concurriere, habiendo sido debidamente citado y no justificare su inasistencia. El procedimiento seguirá su curso.
Salvo en la audiencia de conciliación y en los actos posteriores de carácter personal o cuando se requiera su presencia, el imputado podrá ser representado durante todo el procedimiento por un mandatario con poder especial.
Cuando el imputado no hubiere concurrido a la audiencia de conciliación, el tribunal, previo a ordenar la citación a juicio, lo hará comparecer para identificarlo debidamente, que señale lugar para recibir citaciones y notificaciones y nombre abogado defensor, advirtiéndole sobre su sujeción al procedimiento.
**Artículo 479.** *Medidas de coerción.* Sólo se podrán ordenar medidas de coerción personal para la citación y los que correspondan al caso de peligro de fuga u obstaculización para la averiguación de la verdad.
**Qué significa:** En los procesos por delito de acción privada, solo se pueden ordenar medidas de coerción personal en dos supuestos. El primero es la citación. El segundo es el caso de peligro de fuga u obstaculización para la averiguación de la verdad. El artículo se ubica en el Título III del Libro Cuarto. Lo que más pesa es la palabra «solo»: el texto limita las medidas personales a esos dos casos. Cualquier otra medida personal queda fuera de este artículo. El texto no dice qué medidas concretas son ni cómo se decide que hay peligro de fuga; eso no aparece aquí. Un ejemplo sencillo: una persona recibe una citación para comparecer en un proceso de acción privada. Si tú eres parte de un caso así, revisa si la medida se funda en alguno de los dos supuestos. Si no existe ninguno, el texto no autoriza esa medida.
**Artículo 480.** *Procedimiento posterior.* Finalizada la audiencia de conciliación sin resultado positivo, el tribunal citará a juicio en la forma correspondiente. El término final para la incorporación forzosa o espontánea del tercero civilmente demandado coincide con el vencimiento de plazo de citación a juicio.
En lo demás, rigen las disposiciones comunes. El querellante tendrá las facultades y obligaciones del Ministerio Público. El querellado podrá ser interrogado, pero no se le requerirá protesta solemne. En los juicios en donde la moralidad pública pueda verse afectada, las audiencias se llevarán a cabo a puertas cerradas.
**Qué significa:** Cuando la audiencia de conciliación termina sin resultado positivo, el tribunal cita a juicio en la forma correspondiente. El plazo para que un tercero civilmente demandado se incorpore, ya sea por obligación o por voluntad propia, coincide con el vencimiento del plazo de citación a juicio. El texto no describe la forma de citación; solo la remite a lo que corresponda. En lo demás rigen las disposiciones comunes. El querellante tiene las facultades y obligaciones del Ministerio Público, y el querellado puede ser interrogado, aunque no se le requiere protesta solemne. Así se ve en una audiencia: en un juicio donde la moralidad pública pueda verse afectada, las audiencias se llevan a cabo a puertas cerradas. Estas reglas forman parte del título dedicado al juicio por delito de acción privada.
**Artículo 481.** *Desistimiento tácito.* Se tendrá por desistida la acción privada:
1) Si el procedimiento se paralizare durante tres meses por inactividad del querellante.
2) Cuando el querellante o su mandatario no concurriere a la audiencia de conciliación o del debate sin justa causa, la cual deberá ser acreditada dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha señalada.
3) Cuando muera el querellante. Asimismo, cuando le sobrevenga incapacidad y no comparezca ninguno de sus representantes legales a proseguir la acción, después de tres meses de ocurrida la muerte o la incapacidad.
**Qué significa:** Se tiene por desistida la acción privada en tres casos. El primero es cuando el procedimiento se paraliza durante tres meses por inactividad del querellante. El segundo es cuando el querellante, o su mandatario, no asiste a la audiencia de conciliación o del debate sin justa causa, debidamente acreditada dentro de las cuarenta y ocho horas. El tercero es la muerte del querellante, o su incapacidad sin que comparezca ningún representante legal a seguir la acción, después de tres meses. Ejemplo: un querellante deja pasar tres meses sin impulsar la acción privada. Según el texto, la acción se tiene por desistida. El texto solo fija estos casos. Otras causas de desistimiento no están aquí. El artículo anterior, art. 480 CPP, trata del procedimiento posterior. El siguiente, art. 482 CPP, regula la renuncia y la retractación. Guía relacionada: cheque sin fondos.
**Artículo 482.** *Renuncia, retractación y explicaciones satisfactorias.* La retractación oportuna, las explicaciones satisfactorias, la renuncia del agraviado u otra causa similar de extinción de la acción penal, prevista en la ley, provocará inmediatamente el sobreseimiento.
**Qué significa:** En los delitos de acción privada, la retractación oportuna, las explicaciones satisfactorias o la renuncia del agraviado llevan de inmediato al sobreseimiento. Lo mismo ocurre con otra causa similar de extinción de la acción penal que la ley prevea. El matiz central está en la palabra «oportuna»: la retractación cuenta solo si llega a tiempo, y el texto no dice cuál es ese momento. Tampoco define qué es una explicación satisfactoria; esa valoración no aparece en el artículo. Además, las otras causas de extinción solo valen si la ley las prevé, así que no basta cualquier motivo parecido. En la práctica, en un proceso por acción privada, la persona agraviada decide renunciar a seguir con el caso. Según el texto, esa renuncia lleva de inmediato al sobreseimiento. El artículo no explica por qué estas causas extinguen la acción penal ni qué pasa con los demás pasos del proceso. Esos temas quedan para otras normas del Código, y conviene leerlo junto con el título sobre acción privada.
**Artículo 483.** *Desistimiento expreso.* El querellante podrá desistir en cualquier estado del juicio, con la anuencia del querellado sin responsabilidad alguna; en caso contrario, quedará sujeto a responsabilidad por sus actos anteriores. El desistimiento deberá constar en forma auténtica o ser ratificado ante el tribunal.
**Qué significa:** El querellante puede desistir en cualquier estado del juicio, con la anuencia del querellado, y entonces no hay responsabilidad alguna. Si no hay anuencia, el querellante queda sujeto a responsabilidad por sus actos anteriores. La anuencia del querellado separa esas dos consecuencias. El texto habla del querellante y ubica la regla en el juicio por delito de acción privada. El desistimiento debe constar en forma auténtica o ser ratificado ante el tribunal. El texto no precisa qué requisitos tiene la forma auténtica; ese detalle corresponde a otras normas. En un caso práctico, una persona presentó una querella por un delito de acción privada y quiere retirarla. Si la otra parte acepta, el retiro debe constar en forma auténtica o ratificarse ante el tribunal.
### Título IV. Juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección
**Artículo 484.** *Procedencia.* Cuando el Ministerio Público, después del procedimiento preparatorio, estime que sólo corresponde aplicar una medida de seguridad y corrección, requerirá la apertura del juicio en la forma y las condiciones previstas para la acusación en el juicio común, indicando también los antecedentes y circunstancias que motivan el pedido.
**Qué significa:** Cuando el Ministerio Público, después del procedimiento preparatorio, estima que solo corresponde aplicar una medida de seguridad y corrección, requiere la apertura del juicio. Lo hace en la forma y con las condiciones previstas para la acusación en el juicio común. El matiz está en la palabra «solo». Esta vía se abre cuando el Ministerio Público considera que únicamente cabe una medida de seguridad y corrección. El pedido debe indicar también los antecedentes y circunstancias que lo motivan. El artículo no define qué medidas de seguridad y corrección existen ni cómo se resuelve el juicio. Esos puntos quedan para otras normas del Código. Un caso práctico: tras la investigación, el fiscal concluye que el caso solo admite una medida de seguridad y corrección. Entonces pide la apertura del juicio y explica los antecedentes que lo motivan.
**Artículo 485.** *Remisión y reglas especiales.* El procedimiento se regirá por las reglas comunes, salvo las establecidas a continuación:
1) Cuando el imputado sea incapaz, será representado por su tutor o por quien designe el tribunal, con quien se llevarán a cabo todas las diligencias del procedimiento, salvo los actos de carácter personal.
2) En el caso previsto en el inciso anterior, no regirá lo dispuesto para la declaración del imputado, si fuere imposible su cumplimiento.
3) El juez de primera instancia en la etapa del procedimiento intermedio podrá también rechazar el requerimiento, por entender que corresponde la aplicación de una pena, y ordenar la acusación.
4) El juicio aquí previsto se tramitará independientemente de cualquier otro juicio.
5) El debate se realizará a puertas cerradas, sin la presencia del imputado, cuando fuere imposible a causa de su estado o inconveniente por razones de orden, seguridad o salud, caso en el cual será representado por su tutor. El imputado podrá ser traído al debate cuando su presencia fuere indispensable.
6) La sentencia versará sobre la absolución o sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección.
7) No serán de aplicación las reglas referidas al procedimiento abreviado.
**Artículo 486.** *Transformación y advertencia.* Si después de la apertura del juicio resulta posible la aplicación de una pena, el tribunal hará las advertencias al imputado conforme las disposiciones aplicables para la ampliación o notificación de la acusación.
**Artículo 487.** *Menores.* El presente capítulo no rige para los menores de edad que estarán a lo que dispone el Código de Menores respectivo.
### Título V. Juicio por faltas
**Artículo 488.** *Procedimiento.* Para juzgar las faltas, los delitos contra la seguridad del tránsito y todos aquellos cuya sanción sea de multa, el juez de paz oirá al ofendido o a la autoridad que hace la denuncia e inmediatamente al imputado. Si éste se reconoce culpable y no se estiman necesarias diligencias ulteriores, el juez en el mismo acto pronunciará la sentencia correspondiente aplicando la pena, si es el caso, y ordenará el comiso o la restitución de la cosa secuestrada, si fuere procedente.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 47 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 47 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** Las faltas se juzgan ante el juez de paz, en un trámite breve. Se aplica a las faltas, a los delitos contra la seguridad del tránsito, y a todos los delitos cuya sanción sea solo una multa. El juez de paz oye primero al ofendido, o a la autoridad que hizo la denuncia. Después oye de inmediato al imputado. Si el imputado se reconoce culpable, y no hacen falta más diligencias, el juez dicta la sentencia en el mismo acto. En esa sentencia aplica la pena que corresponda y ordena el comiso o la restitución de la cosa secuestrada, si procede. Caso concreto: un conductor es denunciado por una falta de tránsito. Reconoce el hecho en la audiencia, y no hay más pruebas por recoger. El juez de paz dicta la sentencia en ese mismo acto. El artículo anterior trata de los menores: art. 487 CPP. El artículo siguiente regula el juicio oral: art. 489 CPP.
**Artículo 489.** *Juicio oral.* Cuando el imputado no reconozca su culpabilidad o sean necesarias otras diligencias, el juez convocará inmediatamente a juicio oral y público al imputado, al ofendido, a la autoridad denunciante y recibirá las pruebas pertinentes. En la audiencia oirá brevemente a los comparecientes y dictará de inmediato la resolución respectiva dentro del acta, absolviendo o condenando.
**Qué significa:** Cuando el imputado no reconoce su culpabilidad, o cuando hacen falta otras diligencias, el juez convoca de inmediato a juicio oral y público. Son citados el imputado, el ofendido y la autoridad denunciante, y el juez recibe las pruebas pertinentes. En la audiencia, el juez oye brevemente a los comparecientes y dicta de inmediato la resolución dentro del acta, absolviendo o condenando. El texto no indica qué pena corresponde en cada caso; eso no lo define este artículo. Imagina una falta: una persona denunciada niega haberla cometido. El juez la cita a juicio oral, junto con la autoridad denunciante y el ofendido, oye brevemente a los comparecientes, recibe las pruebas pertinentes y resuelve en la misma audiencia, absolviendo o condenando. El artículo se ubica en el Título V del Libro Cuarto, dedicado al juicio por faltas, por lo que sus reglas se aplican a ese tipo de caso.
**Artículo 490.** *Prórroga de la audiencia.* El juez podrá prorrogar la audiencia por un término no mayor de tres días, de oficio o a petición de parte, para preparar la prueba, disponiendo la libertad simple o caucionada del imputado.
**Qué significa:** El juez puede prorrogar la audiencia. Lo hace de oficio o a petición de parte, por un término no mayor de tres días. La prórroga sirve para preparar la prueba. Mientras dura, el juez dispone la libertad simple o caucionada del imputado. El texto ordena una de esas dos formas de libertad y no detalla otras medidas. El artículo está en el título del juicio por faltas, así que su alcance se limita a ese procedimiento. El texto no dice qué prueba debe prepararse ni qué ocurre si no se obtiene; eso queda para otras normas. Por ejemplo, en un juicio por faltas, una persona imputada puede quedar en libertad simple mientras el juez concede hasta tres días para reunir una prueba.
**Artículo 491.** *Recursos.* Contra las sentencias dictadas en esta clase de juicios procederá el recurso de apelación, del que conocerá el juzgado de primera instancia competente que resolverá dentro del plazo de tres días y con certificación de lo resuelto devolverá las actuaciones inmediatamente.
La apelación se interpondrá verbalmente o por escrito con expresión de agravios dentro del término de dos días de notificada la sentencia.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 48 del Decreto 79-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 48 del Decreto 79-97 (1997)
**Qué significa:** Las sentencias dictadas en los juicios por faltas pueden apelarse. La apelación la conoce el juzgado de primera instancia competente, que resuelve en tres días y devuelve las actuaciones con certificación de lo resuelto. La apelación puede interponerse verbalmente o por escrito, pero siempre con expresión de agravios, es decir, indicando qué se considera injusto. El plazo es de dos días desde que se notifica la sentencia. Por ejemplo, una persona recibe la sentencia un jueves. Si quiere apelar, tiene dos días desde esa notificación para hacerlo, de palabra o por escrito. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 48 del Decreto 79-97 del Congreso de la República. El texto no dice cómo se notifica la sentencia ni qué sucede después de la devolución de las actuaciones.
### Título VI. Procedimiento especial de aceptación de cargos
**Artículo 491 Bis.** *Procedimiento especial de aceptación de cargos.* Toda persona ligada a proceso penal tiene derecho a aceptar los cargos que el Ministerio Público le formule en la imputación o acusación, en tanto hayan sido acogidos por el juez o tribunal, en el auto de procesamiento, en sus reformas, o en la apertura a juicio. Esto implica aceptar los hechos, con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, la responsabilidad sobre los mismos y su calificación jurídica.
La aceptación de cargos debe realizarse mediando asesoría del abogado defensor, de manera libre, consciente, voluntaria y suficientemente informada, por lo que no será aplicable a las personas a las que se refiere el artículo 76 del Código Penal.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 2 del Decreto 10-2019; y dicho Decreto fue Suspendido Provisionalmente en Auto de la Corte de Constitucionalidad, de fecha 16 de enero de 2020, Expediente 228- 2020; y revoca la suspensión provisional y recobra su vigencia según sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 1 de marzo de 2022 Expedientes Acumulados 228-2020 y 791-2020 y publicada el 1 de junio de 2022). Expediente 228-2020; y revoca la suspensión provisional y recobra su vigencia según sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 1 de marzo de 2022 Expedientes Acumulados 228-2020 y 791-2020 y publicada el 1 de junio de 2022)
- Reforma: Adicionado por el artículo 2 del Decreto 10-2019 (2019)
- Reforma: Suspendido en Expediente 228-2020 de la Corte de Constitucionalidad (2020-01-16)
**Qué significa:** Toda persona ligada a proceso penal tiene derecho a aceptar los cargos que el Ministerio Público le formule en la imputación o acusación. Esos cargos deben haber sido acogidos por el juez o tribunal, ya sea en el auto de procesamiento, en sus reformas o en la apertura a juicio. Aceptar cargos implica reconocer los hechos, con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, la responsabilidad sobre ellos y su calificación jurídica. La aceptación debe hacerse con asesoría del abogado defensor, de manera libre, consciente, voluntaria y suficientemente informada. El artículo excluye a las personas a las que se refiere el art. 76 CP. Ese artículo trata de la revocación del beneficio: si durante la suspensión de la ejecución de la pena el beneficiado comete un nuevo delito, se revoca el beneficio y se ejecuta la pena suspendida más la que corresponda por el nuevo delito. Este artículo no explica con más detalle cómo se aplica esa exclusión. La nota indica que el Decreto 10-2019, que adicionó el artículo, fue suspendido provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad en enero de 2020. Después recobró su vigencia por la sentencia de esa Corte del 1 de marzo de 2022.
**Artículo 491 Ter.** *Trámite.* Ligada la persona a proceso, el juez le advertirá que hasta antes de iniciar la recepción de pruebas en la audiencia de juicio oral, podrá aceptar los cargos y hechos y a cambio obtener el beneficio de rebajas en las penas. Para el efecto tiene derecho a recibir del Ministerio Público copia de los medios de investigación diligenciados.
En esta oportunidad procesal, o en cualquier momento de conformidad con lo establecido en este título, el imputado o acusado podrá aceptar los cargos o solicitar audiencia al juez o tribunal que esté conociendo del proceso, con el propósito de aceptar los cargos.
Si el procesado acepta los cargos en la audiencia de primera declaración, el juez dará un receso por el tiempo prudente máximo de una hora para que el defensor explique y asesore al imputado sobre los efectos de la aceptación de cargos; estando consciente y seguro el acusado, con su anuencia, inmediatamente se continuará con el procedimiento que establece la presente Ley.
Si el procesado decide aceptar los cargos después de la audiencia de primera declaración, solicitará al juez o tribunal audiencia para ese efecto, para lo cual se señalará una audiencia dentro de un plazo que no exceda en cinco días en donde se convocará al Ministerio Público, a las víctimas y agraviados, si los hubiere, y a la defensa técnica, verificando que haya cumplido adecuadamente su deber de asesoría.
El Ministerio Público presentará la evidencia sobre la imputación de los hechos o medios probatorios en que tunde la acusación.
El juez o tribunal verificará si el sindicado comprendió:
a) En qué consiste el procedimiento de aceptación de cargos;
b) En qué consisten los cargos aceptados;
c) El derecho de retractarse de la aceptación de cargos y la consecuencia de su ejercicio;
d) El deber de reparación digna a víctimas y agraviados;
e) El deber de devolución o entrega del producto o los frutos de los delitos aceptados; y,
f) Las consecuencias del incumplimiento de los deberes establecidos en las literales d) y e) del presente artículo.
A continuación, el juez o tribunal preguntará al procesado si la aceptación de cargos es libre, consciente, voluntaria y suficientemente informada, verificando que esa decisión no esté afectada por vicios de consentimiento.
El juez o tribunal procederá a recibir declaración del procesado, quien deberá relatar los hechos con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como admitir la responsabilidad sobre los mismos y aceptar la calificación jurídica prevista en el auto de procesamiento, sus reformas o en la apertura a juicio.
Constatado lo anterior, recibida la evidencia del Ministerio Público, escuchada la víctima o agraviado si estuviere presente, y al defensor, el juez o tribunal deberá dictar la sentencia declarando la culpabilidad y responsabilidad del procesado, señalando la pena a imponer de conformidad con esta Ley y aplicando los beneficios obtenidos.
Si la evidencia del Ministerio Público no fuera suficiente a criterio del órgano jurisdiccional podrá modificar la calificación jurídica.
Seguidamente, dentro de los tres días siguientes, si fuera necesario bajo dirección del juez o tribunal se celebrará la conciliación entre el procesado y las víctimas o agraviados con el propósito de determinar el monto y la clase de la reparación digna. Si no hubiere conciliación se llevará a cabo audiencia de reparación, conforme lo prevee el artículo 124 del Código Procesal Penal integrando a la sentencia el acuerdo y resolución adoptada en audiencia de reparación.
La solicitud de audiencia de aceptación de cargos suspende los plazos y términos del proceso común para quien se acoja al procedimiento de aceptación de cargos, hasta que se adopte la decisión definitiva. Por la importancia, efectos y alcances sociales y jurídicos del presente procedimiento de aceptación de cargos los plazos de las audiencias son específicos, improrrogables y de estricto cumplimiento y las audiencias que conlleva tienen preeminencia y prioridad sobre cualesquiera otras.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 3 del Decreto 10-2019; y dicho Decreto fue Suspendido Provisionalmente en Auto de la Corte de Constitucionalidad, de fecha 16 de enero de 2020, Expediente 228-2020; y revoca la suspensión provisional y recobra su vigencia según sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 1 de marzo de 2022 Expedientes Acumulados 228-2020 y 791-2020 y publicada el 1 de junio de 2022).
- Reforma: Adicionado por el artículo 3 del Decreto 10-2019 (2019)
- Reforma: Suspendido en Expediente 228-2020 de la Corte de Constitucionalidad (2020-01-16)
**Qué significa:** Cuando una persona ya está ligada a proceso, el juez le advierte que puede aceptar los cargos y hechos hasta antes de iniciar la recepción de pruebas en juicio oral. A cambio obtiene rebajas en las penas. Tiene derecho a recibir del Ministerio Público copia de los medios de investigación diligenciados. Si acepta en la audiencia de primera declaración, el juez da un receso máximo de una hora para que el defensor la asesore. Si acepta después, solicita audiencia, que se señala en un plazo que no exceda en cinco días. A ella se convoca al Ministerio Público, a las víctimas y agraviados si los hubiere, y a la defensa técnica. El juez verifica que la persona comprende el procedimiento, los cargos, su derecho a retractarse y los deberes de reparación digna y de devolución. También pregunta si la aceptación es libre, consciente, voluntaria y suficientemente informada. Después dicta sentencia de culpabilidad y aplica los beneficios obtenidos. Dentro de los tres días siguientes, si fuera necesario, se celebra conciliación sobre la reparación digna. Si no la hay, se hace audiencia de reparación conforme el art. 124 CPP. La solicitud suspende los plazos del proceso común hasta la decisión definitiva. Los plazos de estas audiencias son improrrogables y de estricto cumplimiento.
**Artículo 491 Quáter.** *Restricciones a la rebaja de penas por aceptación de cargos.* La rebaja de penas por la aceptación de cargos no se aplicará a los delitos siguientes:
a) Genocidio; desaparición forzada; ejecución extrajudicial; tortura; delitos contra los deberes de la humanidad; homicidio; parricidio; asesinato; violación; agresión sexual; ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad; promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución; promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada; actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad; producción de pornografía de personas menores de edad; plagio o secuestro; trata de personas; robo agravado; extorsión; terrorismo; femicidio; y delitos contemplados en la Ley contra la Narcoactividad.
b) Los delitos contenidos en el CAPÍTULO III del TÍTULO I DEL LIBRO segundo, del aborto del Código Penal.
c) Los delitos que afecten la indemnidad, integridad de la niñez y adolescencia.
d) Lo delitos contenidos en el TÍTULO Xl, DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO; TÍTULO XII, DE LOS DELITOS CONTRA EL ORDEN INSTITUCIONAL, del Código Penal.
e) La rebaja de penas por aceptación de cargos solo aplica para las penas principales de personas naturales o individuales.
f) Si se trata de reincidentes habituales por el mismo delito, no se tendrá derecho a rebaja de penas por aceptación de cargos.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 4 del Decreto 10-2019; y dicho Decreto fue Suspendido Provisionalmente en Auto de la Corte de Constitucionalidad, de fecha 16 de enero de 2020, Expediente 228-2020; y revoca la suspensión provisional y recobra su vigencia según sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 1 de marzo de 2022 Expedientes Acumulados 228-2020 y 791-2020 y publicada el 1 de junio de 2022).
- Reforma: Adicionado por el artículo 4 del Decreto 10-2019 (2019)
- Reforma: Suspendido en Expediente 228-2020 de la Corte de Constitucionalidad (2020-01-16)
**Qué significa:** Este artículo fija límites a la rebaja de penas por aceptación de cargos. La rebaja no se aplica a los delitos listados en la letra a), entre ellos homicidio, violación, robo agravado, extorsión, terrorismo y femicidio. También quedan fuera los delitos del capítulo del aborto del Código Penal, los que afectan la indemnidad y la integridad de la niñez y adolescencia, y los de seguridad del Estado y orden institucional del Código Penal. La letra e) dice que la rebaja solo aplica a las penas principales de personas naturales o individuales. La letra f) excluye a los reincidentes habituales por el mismo delito. El texto no explica cómo se calcula la rebaja ni cuánto se reduce; eso no aparece aquí. Una situación posible: una persona acusada de extorsión quiere aceptar cargos. Como ese delito figura en la lista, este artículo no le permite esa rebaja. Otra persona reincidente habitual por el mismo delito tampoco tendría derecho a ella.
**Artículo 491 Quinquies.** *Rechazo de la aceptación de cargos.* Si en la aceptación de cargos el juez o tribunal advierte vicios del consentimiento, coacción, desinformación, o cualquier otro desconocimiento de garantías fundamentales, la rechazará. De inmediato el proceso retomará el curso común, en la etapa en que se encuentre.
Si el proceso sufrió división procesal, podrá integrarse de nuevo a la causa principal, siempre que se encuentre dentro de la misma fase, no se disminuyan o afecten garantías procesales, y a criterio del juez o tribunal la conexión no implique dilaciones injustificadas. De lo contrario se mantendrá la división.
Si el juez o tribunal advierte que el imputado o acusado no ha comprendido suficientemente algún aspecto de la aceptación de cargos, previo a decidir sobre el rechazo o aprobación, solicitará a la defensa que brevemente haga las explicaciones o aclaraciones respectivas.
Las diligencias que registren el rechazo o la retractación de la aceptación de cargos serán archivadas y no harán parte del expediente que contenga el procedimiento común.
El juez o tribunal que rechace la aceptación de cargos o tramite la retractación, no podrá conocer del caso en el procedimiento común.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 5 del Decreto 10-2019; y dicho Decreto fue Suspendido Provisionalmente en Auto de la Corte de Constitucionalidad, de fecha 16 de enero de 2020, Expediente 228- 2020; y revoca la suspensión provisional y recobra su vigencia según sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 1 de marzo de 2022 Expedientes Acumulados 228-2020 y 791-2020 y publicada el 1 de junio de 2022).
- Reforma: Adicionado por el artículo 5 del Decreto 10-2019 (2019)
- Reforma: Suspendido en Expediente 228-2020 de la Corte de Constitucionalidad (2020-01-16)
**Artículo 491 Sexies.** *De los beneficios de la aceptación de cargos.* La aceptación de cargos tiene los siguientes beneficios:
1. Si el procesado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración o hasta antes de que se dicte auto de apertura a juicio, tendrá derecho a que las penas impuestas se le rebajen a la mitad.
2. Si el procesado acepta los cargos después de dictado el auto de apertura a juicio y hasta antes de iniciar la audiencia de debate, tendrá derecho a que las penas se le rebajen en una tercera parte.
3. Si el procesado acepta los cargos después de iniciada la audiencia de debate hasta antes de la recepción de pruebas, tendrá derecho a que las penas se le rebajen en una quinta parte.
Los beneficios obtenidos por la aceptación de cargos, se otorgan sin perjuicio de los beneficios establecidos en la Ley del Régimen Penitenciario, Código Penal y Código Procesal Penal; cuando las penas finales impuestas en el procedimiento de aceptación de cargos sean de hasta 5 años serán conmutables.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 6 del Decreto 10-2019; y dicho Decreto fue Suspendido Provisionalmente en Auto de la Corte de Constitucionalidad, de fecha 16 de enero de 2020, Expediente 228- 2020; y revoca la suspensión provisional y recobra su vigencia según sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 1 de marzo de 2022 Expedientes Acumulados 228-2020 y 791-2020 y publicada el 1 de junio de 2022).
- Reforma: Adicionado por el artículo 6 del Decreto 10-2019 (2019)
- Reforma: Suspendido en Expediente 228-2020 de la Corte de Constitucionalidad (2020-01-16)
**Artículo 491 Septies.** *Aceptación parcial de cargos y división de la unidad procesal.* Cuando la imputación o acusación contemple varios cargos, el imputado o acusado podrá aceptar unos y rechazar otros. Con respecto a los cargos aceptados, el juez o tribunal respectivo dará el curso procesal pertinente; respecto de los no aceptados, el caso seguirá el procedimiento común.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 7 del Decreto 10-2019; y dicho Decreto fue Suspendido Provisionalmente en Auto de la Corte de Constitucionalidad, de fecha 16 de enero de 2020, Expediente 228-2020; y revoca la suspensión provisional y recobra su vigencia según sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 1 de marzo de 2022 Expedientes Acumulados 228-2020 y 791-2020 y publicada el 1 de junio de 2022).
- Reforma: Adicionado por el artículo 7 del Decreto 10-2019 (2019)
- Reforma: Suspendido en Expediente 228-2020 de la Corte de Constitucionalidad (2020-01-16)
**Qué significa:** Este artículo permite aceptar solo una parte de los cargos. Cuando la imputación o la acusación contiene varios cargos, el imputado o acusado puede aceptar unos y rechazar otros. Esto divide la unidad procesal, es decir, el caso se separa en dos rutas. Para los cargos aceptados, el juez o tribunal da el curso procesal pertinente. Para los cargos no aceptados, el caso sigue el procedimiento común. El texto no explica qué curso concreto corresponde a los cargos aceptados ni qué beneficios trae la aceptación; tampoco fija un momento límite para aceptar. Solo deja claro que aceptar unos cargos no obliga a aceptar todos. Por ejemplo, si una persona es acusada de dos delitos y reconoce uno pero niega el otro, el cargo reconocido sigue el curso que el juez estime pertinente. El cargo que niega se discute por el procedimiento común, con su etapa de juicio. La nota indica que fue adicionado por el Artículo 7 del Decreto 10-2019; y dicho Decreto fue Suspendido Provisionalmente en Auto de la Corte de Constitucionalidad, de fecha 16 de enero de 2020, Expediente 228-2020; y revoca la suspensión provisional y recobra su vigencia según sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 1 de marzo de 2022 Expedientes Acumulados 228-2020 y 791-2020 y publicada el 1 de junio de 2022.
**Artículo 491 Octies.** *Discrepancias respecto de la aceptación de cargos entre el imputado y su defensor.* Cuando haya discrepancia entre el procesado y su defensor respecto de si se aceptan o no aceptan los cargos, salvando las garantías judiciales del primero, prevalecerá su decisión poniéndola en conocimiento del juez o tribunal.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 8 del Decreto 10-2019; y dicho Decreto fue Suspendido Provisionalmente en Auto de la Corte de Constitucionalidad, de fecha 16 de enero de 2020, Expediente 228-2020; y revoca la suspensión provisional y recobra su vigencia según sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 1 de marzo de 2022 Expedientes Acumulados 228-2020 y 791-2020 y publicada el 1 de junio de 2022).
- Reforma: Adicionado por el artículo 8 del Decreto 10-2019 (2019)
- Reforma: Suspendido en Expediente 228-2020 de la Corte de Constitucionalidad (2020-01-16)
**Artículo 491 Nonies.** *Del derecho de retractación.* El procesado tiene derecho a retractarse de la aceptación de cargos, hasta antes de que el juez lo declare responsable. Si se retracta oportunamente, podrá aceptar los cargos durante el curso del proceso, pero no tendrá los beneficios propios de la aceptación. El proceso seguirá su curso por la vía común y en la fase correspondiente.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 9 del Decreto 10-2019; y dicho Decreto fue Suspendido Provisionalmente en Auto de la Corte de Constitucionalidad, de fecha 16 de enero de 2020, Expediente 228-2020; y revoca la suspensión provisional y recobra su vigencia según sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 1 de marzo de 2022 Expedientes Acumulados 228-2020 y 791-2020 y publicada el 1 de junio de 2022).
- Reforma: Adicionado por el artículo 9 del Decreto 10-2019 (2019)
- Reforma: Suspendido en Expediente 228-2020 de la Corte de Constitucionalidad (2020-01-16)
**Qué significa:** El procesado puede retractarse de la aceptación de cargos, pero solo hasta antes de que el juez lo declare responsable. Si se retracta oportunamente, aún puede aceptar cargos durante el curso del proceso. Eso sí, ya no tendrá los beneficios propios de la aceptación, y el artículo no dice cuáles son. La regla toca al procesado que ya aceptó cargos en el procedimiento especial y luego cambia de idea. Lo que más pesa es el momento: la retractación debe darse antes de que exista una declaración de responsabilidad. Por eso el orden de los hechos decide si esa salida sigue abierta. Por ejemplo, una persona acepta cargos y, más tarde, quiere volver atrás. Si lo hace antes de que el juez la declare responsable, el proceso sigue por la vía común y en la fase correspondiente, aunque sin esos beneficios. La nota indica que el artículo fue adicionado por el Decreto 10-2019. Añade que ese decreto fue suspendido provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad y que luego la misma Corte revocó esa suspensión, con lo que el decreto recobró su vigencia.
**Artículo 491 Decies.** *Del valor de la imputación.* . Para los efectos de la aceptación de cargos antes que la acusación sea formulada ante el juez contralor, la imputación hecha por el Ministerio Público en la audiencia de primera declaración, acogida en el auto de procesamiento o en sus reformas, hará las veces de acusación.
Artículo 491 Duodecies. De los deberes de reparación digna y de devolver o entregar el producto del delito.
La rebaja de penas por aceptación de cargos a los imputados o acusados no será ejecutada hasta tanto no hayan hecho reparación digna e integral a las víctimas o agraviados, en sus componentes de indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, según corresponda. Tampoco podrá hacerse si el procesado no ha devuelto o entregado a las víctimas el incremento patrimonial fruto del delito.
Por excepción, cuando las condiciones socioeconómicas y familiares del imputado a acusado le impidan cumplir el componente económico de la reparación en un solo acto, el juez fijará una cuota inicial no inferior al veinte por ciento ni mayor al treinta por ciento del total; estableciendo la forma de pago del resto; y el pago del remanente se asegurará mediante garantías reales o personales, y se celebrará con las víctimas un convenio de pago del remanente que se incluirá en la resolución de audiencia de reparación digna y constituirá título ejecutivo de acuerdo con el artículo 327, numeral 7 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Cuando el imputado o acusado demuestre carencia de fuentes formales de financiamiento o aseguramiento, dadas sus condiciones socioeconómicas y familiares, podrá celebrar con las víctimas un convenio de pago del remanente, que se incluirá en la sentencia y constituirá título ejecutivo.
El monto del agravio o la reparación digna se determinará, posteriormente a la emisión de la sentencia en el orden siguiente:
1. Mediante acto conciliatorio bajo la dirección del juez o tribunal que conozca el caso;
2. En audiencia de reparación, conforme el trámite, previsto en el artículo 124 del Código Procesal Penal.
Artículo 491 Terdecies. Revocatoria de los beneficios de la aceptación de cargos.
Cuando el condenado infrinja las condiciones señaladas en el presente procedimiento especial o incumpla el acuerdo de pago, el Ministerio Público o la víctima o agraviado solicitarán al juez que tenga a cargo el expediente, la revocatoria de los beneficios obtenidos por razón de la aceptación de cargos, mediante el trámite de los incidentes.
Artículo 491 Quaterdecies. Recursos.
Contra la sentencia proferida sobre la base de la aceptación de cargos procede el recurso de apelación; pero las partes solo tienen facultad para recurrir lo relativo con las garantías procesales, las penas, la libertad, o si el juez o tribunal resuelve contrario a los cargos y su respectiva aceptación.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 10 del Decreto 10-2019; y dicho Decreto fue Suspendido Provisionalmente en Auto de la Corte de Constitucionalidad, de fecha 16 de enero de 2020, Expediente 228-2020; y revoca la suspensión provisional y recobra su vigencia según sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 1 de marzo de 2022 Expedientes Acumulados 228-2020 y 791-2020 y publicada el 1 de junio de 2022). (Adicionado por el Artículo 11 del Decreto 10-2019; y dicho Decreto fue Suspendido Provisionalmente en Auto de la Corte de Constitucionalidad, de fecha 16 de enero de 2020, Expediente 228-2020; y revoca la suspensión provisional y recobra su vigencia según sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 1 de marzo de 2022 Expedientes Acumulados 228-2020 y 791-2020 y publicada el 1 de junio de 2022). (Adicionado por el Artículo 12 del Decreto 10-2019; y dicho Decreto fue Suspendido Provisionalmente en Auto de la Corte de Constitucionalidad, de fecha 16 de enero de 2020, Expediente 228-2020; y revoca la suspensión provisional y recobra su vigencia según sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 1 de marzo de 2022 Expedientes Acumulados 228-2020 y 791-2020 y publicada el 1 de junio de 2022). (Adicionado por el Artículo 13 del Decreto 10-2019; y dicho Decreto fue Suspendido Provisionalmente en Auto de la Corte de Constitucionalidad, de fecha 16 de enero de 2020, Expediente 228-2020; y revoca la suspensión provisional y recobra su vigencia según sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 1 de marzo de 2022 Expedientes Acumulados 228-2020 y 791-2020 y publicada el 1 de junio de 2022).
- Reforma: Adicionado por el artículo 10 del Decreto 10-2019 (2019)
- Reforma: Suspendido en Expediente 228-2020 de la Corte de Constitucionalidad (2020-01-16)
- Reforma: Adicionado por el artículo 11 del Decreto 10-2019 (2019)
- Reforma: Adicionado por el artículo 12 del Decreto 10-2019 (2019)
- Reforma: Adicionado por el artículo 13 del Decreto 10-2019 (2019)
**Qué significa:** Este artículo dice que, para aceptar cargos antes de que la acusación se formule ante el juez contralor, la imputación del Ministerio Público en la audiencia de primera declaración hace las veces de acusación. Esa imputación debe estar acogida en el auto de procesamiento o en sus reformas. La nota indica que el decreto que adicionó este artículo fue suspendido provisionalmente y que después recobró su vigencia por sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Por eso conviene leer la nota junto con el texto. Lo que más pesa es el requisito de que el auto de procesamiento acoja la imputación. Sin esa acogida, el texto no dice que la imputación valga como acusación. El artículo no describe cómo se celebra la audiencia; eso queda para otras normas. Por ejemplo, si una persona acepta cargos antes de la acusación formal, la imputación de la primera declaración solo cuenta si fue acogida en el auto de procesamiento o en sus reformas.
## Libro Quinto. Ejecución
### Título I. Ejecución penal
**Artículo 492.** *Defensa.* El condenado podrá ejercer, durante la ejecución de la pena, todos los derechos y las facultades que las leyes penales, penitenciarias y los reglamentos le otorgan, planteando ante el juez de ejecución todas las observaciones que estime convenientes.
El defensor nombrado con anterioridad tendrá derecho a la defensa técnica y podrá continuar ejerciéndola. En todo caso se podrá nombrar nuevo defensor o pedir que se le nombre de oficio.
No recae sobre el defensor el deber de vigilar la ejecución de la pena; tan sólo deberá asesorar al condenado cuando él lo requiera e intervenir en los incidentes planteados durante la ejecución de la pena.
**Qué significa:** Durante la ejecución de la pena, el condenado conserva los derechos y facultades que le dan las leyes penales, penitenciarias y los reglamentos. Puede plantear al juez de ejecución todas las observaciones que considere convenientes. El defensor nombrado antes conserva el derecho a la defensa técnica y puede seguir ejerciéndola. También se puede nombrar un defensor nuevo o pedir que se nombre uno de oficio. El texto aclara que el defensor no tiene el deber de vigilar la ejecución de la pena. Su función es asesorar al condenado cuando él lo requiera e intervenir en los incidentes que surjan. Un caso práctico: un condenado pide a su abogado que le explique una observación que quiere llevar al juez. El defensor puede asesorarlo y participar si surge un incidente. Pero el texto no le asigna la tarea de revisar por sí mismo cómo se cumple la pena.
#### Capítulo I. Penas
**Artículo 493.** *Ejecutoriedad.* Las condenas penales no serán ejecutadas antes de que se encuentren firmes. A tal efecto, el día en que devienen firmes, se ordenará las comunicaciones e inscripciones correspondientes y se remitirá los autos al juez de ejecución.
Cuando el condenado deba cumplir pena privativa de libertad, el juez de ejecución remitirá ejecutoria del fallo, al establecimiento en donde deba cumplirse la prisión, para que se proceda según corresponda. Si estuviere en libertad, ordenará inmediatamente su detención y una vez aprehendido procederá conforme a esta regla.
Ordenará, también, las copias indispensables para que se lleve a cabo las medidas para cumplir los efectos accesorios de la sentencia: comunicaciones, inscripciones, decomiso, destrucción y devolución de cosas y documentos.
**Qué significa:** Una condena penal no se ejecuta mientras no esté firme. El día en que queda firme, se ordenan las comunicaciones e inscripciones correspondientes y los autos pasan al juez de ejecución. Un caso hipotético: una persona condenada a prisión sigue en libertad cuando la condena queda firme. El juez de ejecución ordena de inmediato su detención. Una vez aprehendida, el juez de ejecución remite la ejecutoria al establecimiento donde deba cumplirse la prisión. Para los efectos accesorios de la sentencia, el juez de ejecución ordena las copias indispensables. Esas copias sirven para comunicaciones, inscripciones, decomiso, destrucción y devolución de cosas y documentos. Ojo con «firmes»: el texto no dice cuándo una condena queda firme; ese momento queda para otras normas. Tampoco explica cómo se hace cada comunicación, así que conviene leer los demás artículos del libro sobre ejecución.
**Artículo 494.** *Cómputo definitivo.* El juez de ejecución revisará el cómputo practicado en la sentencia, con abono de la prisión sufrida desde la detención, y determinará con exactitud la fecha en que finaliza la condena y, en su caso, la fecha a partir de la cual el condenado podrá requerir su libertad condicional o su rehabilitación.
La resolución se notificará al Ministerio Público, al condenado y a su defensor, quienes podrán observar el cómputo dentro del plazo de tres días. El cómputo quedará aprobado al vencer el plazo sin haber sido observado o al decidir el juez de ejecución sobre las observaciones planteadas.
El cómputo es siempre reformable, aun de oficio, cuando se compruebe un error o nuevas circunstancias lo tornen necesario.
**Qué significa:** El juez de ejecución revisa el cómputo de la sentencia. Ese cómputo abona la prisión sufrida desde la detención y fija con exactitud la fecha en que termina la condena. También indica, cuando corresponda, la fecha desde la cual el condenado puede pedir libertad condicional o rehabilitación. La resolución se notifica al Ministerio Público, al condenado y a su defensor, quienes tienen tres días para observar el cómputo. Si el plazo vence sin observaciones, o si el juez resuelve las observaciones planteadas, el cómputo queda aprobado. El artículo no dice qué pasa con una observación presentada fuera de plazo; esa situación queda para otras normas. Un caso práctico: una persona estuvo detenida antes de la sentencia y revisa que el juez le haya abonado ese tiempo. Si se comprueba un error o aparecen nuevas circunstancias, el cómputo puede reformarse, incluso de oficio. Así lo dispone el último párrafo del artículo.
**Artículo 495.** *Incidentes.* El Ministerio Público, el condenado y su defensor podrán plantear incidentes relativos a la ejecución y extinción de la pena. El juez de ejecución los resolverá, previa audiencia a los interesados, salvo que hubiera prueba que rendir, en cuyo caso abrirá el incidente a prueba.
Los incidentes relativos a la libertad anticipada y todos aquellos en los cuales, por su importancia, el juez lo estime necesario, serán resueltos en audiencia oral y pública citando a los testigos y peritos que deben informar durante el debate.
**Qué significa:** El Ministerio Público, el condenado y su defensor pueden plantear incidentes sobre la ejecución y la extinción de la pena. El juez de ejecución los resuelve después de oír a los interesados. Si hay prueba que rendir, abre el incidente a prueba. Hay un caso con regla propia. Los incidentes sobre libertad anticipada, y los que el juez considere necesarios por su importancia, se resuelven en audiencia oral y pública. En ella se citan testigos y peritos que deben informar durante el debate. Piensa en una persona condenada que pide que se estudie su libertad anticipada. Como ese tema figura en el texto, el juez debe resolverlo en audiencia oral y pública, con testigos y peritos. Otros incidentes siguen la regla general de audiencia previa a los interesados.
**Artículo 496.** *Libertad anticipada.* La dirección del establecimiento donde el condenado cumple pena privativa de libertad remitirá al juez de ejecución los informes previstos por la ley penal, para los efectos pertinentes.
El incidente de libertad condicional y otros beneficios podrá ser promovido por el condenado, por el defensor o de oficio, en cuyo caso el juez emplazará a la dirección del presidio para que remita los informes que prevea la ley penal. Cuando lo promueva el condenado ante la dirección del establecimiento, ésta remitirá inmediatamente la solicitud, fijando la fecha en que elevará el informe.
El juez podrá rechazar sin trámite la solicitud, cuando fuere manifiestamente improcedente o cuando estime que no transcurrió el tiempo suficiente para que hayan variado las condiciones que motivaron el rechazo anterior.
Cuando la libertad fuera otorgada, en el auto se fijarán las condiciones e instrucciones, según lo establecido por la ley penal. El liberado, en el acto de la notificación, deberá prometer que las cumplirá y expondrá el modo de cumplirlas. Fijará domicilio o residencia y recibirá una copia de la resolución.
El juez de ejecución vigilará, además, el cumplimiento de las condiciones impuestas, las que serán reformables de oficio o a petición del condenado y su defensor.
**Qué significa:** El artículo regula la libertad anticipada de quien cumple pena privativa de libertad. La dirección del establecimiento envía al juez de ejecución los informes que prevé la ley penal. Pueden promover el incidente la persona condenada, su defensor o el juez de oficio. Un punto clave es que el juez puede rechazar la solicitud sin trámite. Lo hace si es manifiestamente improcedente o si no pasó suficiente tiempo para que cambien las condiciones que motivaron el rechazo anterior. Si la libertad se concede, el auto fija las condiciones según lo establecido por la ley penal. Esas condiciones no aparecen en este texto. En la práctica: una persona condenada presenta su solicitud ante la dirección del establecimiento. Esa dirección la remite de inmediato al juez y fija la fecha en que elevará su informe. Si la libertad se concede, la persona debe prometer, en el acto de la notificación, que cumplirá las condiciones. También debe fijar domicilio o residencia y recibir una copia de la resolución. El juez de ejecución vigila el cumplimiento de esas condiciones. Pueden reformarse de oficio o a petición del condenado y su defensor.
**Artículo 497.** *Revocación de la libertad condicional.* Siempre que no proceda la libertad condicional por unificación de sentencias o penas, o cuando durante el período de su otorgamiento el condenado incurriere en nuevo delito o violare las medidas de seguridad impuestas, el incidente de revocación será promovido de oficio o a pedido del Ministerio Público, del querellante o del agraviado y/o la víctima.
Si el condenado no pudiere ser hallado, se ordenara su detención. El incidente se llevará a cabo cuando fuere habido y el juez podrá disponer que se le mantenga preventivamente detenido hasta que se resuelva el incidente.
El juez decidirá por auto fundado y, en su caso, practicará nuevo cómputo.
> Nota de la fuente: (Párrafo reformado por Artículo 42 del Decreto 21-2016 del Congreso de la República)
- Reforma: Reformado (párrafo) por el artículo 42 del Decreto 21-2016 (2016)
**Artículo 498.** *Control general sobre la pena privativa de libertad.* El juez de ejecución controlará el cumplimiento adecuado del régimen penitenciario; entre otras medidas, dispondrá las inspecciones de establecimientos penitenciarios que fueren necesarias y podrá hacer comparecer ante sí a los penados con fines de vigilancia y control. A tal fin, podrá delegar la función en inspectores designados para el caso.
El juez deberá escuchar al penado sobre los problemas que enfrentará inmediatamente después de recuperar su libertad y procurará atender aquellos cuya solución esté a su alcance.
**Qué significa:** El juez de ejecución vigila que el régimen penitenciario se cumpla de forma adecuada. Para eso puede ordenar las inspecciones de establecimientos penitenciarios que considere necesarias y hacer comparecer ante él a los penados con fines de vigilancia y control. También puede delegar esa función en inspectores designados para el caso. El artículo añade una obligación distinta: el juez debe escuchar al penado sobre los problemas que enfrentará justo después de recuperar su libertad. Además, debe procurar atender los que estén a su alcance. El texto no dice qué problemas son ni qué medidas concretas se toman; eso queda fuera de este artículo. Una persona que está por salir de prisión puede plantear al juez una dificultad concreta que enfrentará en sus primeros días fuera. Si la solución está al alcance del juez, el artículo indica que debe procurar atenderla.
**Artículo 499.** *Multa.* Si el condenado no paga la pena de multa que le hubiere sido impuesta se trabará embargo sobre los bienes suficientes que alcancen a cubrirla. Si no fuere posible el embargo, la multa se transformará en prisión, ordenándose la detención del condenado y por auto se decidirá la forma de conversión, regulándose el tiempo entre uno y veinticinco quetzales por cada día.
**Qué significa:** Si el condenado no paga la multa impuesta, se traba embargo sobre bienes suficientes para cubrirla. Ese es el primer paso que marca el texto. Solo si el embargo no es posible, la multa se transforma en prisión y se ordena la detención del condenado. En ese caso, el texto dice que un auto decide la forma de conversión. También dice que el tiempo se regula entre uno y veinticinco quetzales por cada día. Esa frase define el rango de conversión, y conviene leerla con cuidado. El texto no explica cómo se elige la cifra dentro de ese rango; ese cálculo no aparece aquí. Supón que una persona condenada a pagar una multa tiene bienes que pueden embargarse. Según el artículo, esos bienes se embargan primero. La conversión en prisión solo entra si el embargo no es posible, y lo decide el auto.
**Artículo 500.** *Inhabilitación.* Después de practicado el computo definitivo, el juez ordenará las comunicaciones e inscripciones que correspondan.
Si se hubiere impuesto pena de inhabilitación absoluta, deberá ser comunicada, indicando la fecha de finalización de la condena a la autoridad electoral, y a la Dirección de Estadística Judicial para el efecto del registro de antecedentes penales.
Si la pena fuera de inhabilitación especial, deberá ser comunicada, indicando la fecha de finalización de la condena, a la autoridad o entidad encargada de controlar el ejercicio de la profesión, empleo, cargo o derecho sobre el cual recayó la inhabilitación.
**Qué significa:** Cuando el juez termina el cómputo definitivo, ordena las comunicaciones e inscripciones que correspondan. Si se impuso inhabilitación absoluta, la comunicación indica la fecha en que termina la condena. Debe enviarse a la autoridad electoral y a la Dirección de Estadística Judicial, para el registro de antecedentes penales. Si la pena es de inhabilitación especial, la comunicación también indica la fecha de finalización, pero va a la autoridad o entidad que controla la profesión, empleo, cargo o derecho sobre el que recayó la inhabilitación. Esa diferencia es lo que más cambia al leerlo: la absoluta llega a la autoridad electoral y al registro judicial, mientras que la especial llega solo a quien vigila esa actividad concreta. El texto no explica cómo se hace la comunicación ni qué pasa después, y eso queda para otras normas. Por ejemplo, si tú conoces a una persona con inhabilitación especial para ejercer su profesión, el juez comunica la fecha en que termina la condena a la entidad que controla esa profesión.
**Artículo 501.** *Rehabilitación.* El inhabilitado podrá solicitar su rehabilitación por escrito, ofreciendo la prueba en que funda su pretensión. La solicitud se tramitará en forma de incidente.
Decidida la rehabilitación se practicarán las comunicaciones que correspondan.
**Qué significa:** Este artículo regula cómo pide la rehabilitación una persona inhabilitada. La inhabilitación es una pena que priva de ciertos derechos o del ejercicio de ciertos cargos o actividades. El inhabilitado puede solicitar su rehabilitación por escrito y debe ofrecer la prueba en que funda su pretensión. La solicitud se tramita en forma de incidente, que es un procedimiento breve dentro del proceso. Una vez decidida la rehabilitación, se practican las comunicaciones que correspondan, es decir, se avisa a las autoridades o registros que deban conocer la decisión. El texto no dice cuándo puede pedirse la rehabilitación, qué requisitos de fondo deben cumplirse ni a quién se dirigen las comunicaciones; esos aspectos dependen de otras normas. Tampoco indica qué pasa si la solicitud se deniega. Por ejemplo, una persona condenada a inhabilitación para ejercer una profesión puede presentar un escrito pidiendo su rehabilitación. En ese escrito debe ofrecer las pruebas que respaldan su petición, como documentos que muestren su situación. El tribunal tramita la solicitud como incidente y, si concede la rehabilitación, envía las comunicaciones que correspondan para que la decisión produzca efecto.
**Artículo 502.** *Conmutación.* La conmutación de la pena privativa de libertad prevista en la sentencia se fijara entre cinco (Q.5.00) y cien (Q.100.00) quetzales por cada día de prisión. Recibida la solicitud de conmutación, el juez practicará inmediatamente el cómputo respectivo y previa comprobación de pago ordenará la libertad.
**Qué significa:** La conmutación permite cambiar la pena de prisión que fijó la sentencia por una suma de dinero. El texto indica que el monto se fija entre cinco (Q.5.00) y cien (Q.100.00) quetzales por cada día de prisión. Lo más importante es el orden de los pasos. Primero llega la solicitud de conmutación; luego el juez practica inmediatamente el cómputo respectivo y, previa comprobación de pago, ordena la libertad. El artículo no dice cómo se elige el monto dentro del rango ni qué ocurre si el pago no se comprueba, así que ese detalle no está en este texto. En la práctica, una persona condenada a prisión presenta su solicitud de conmutación. El juez hace de inmediato el cómputo respectivo, pero la libertad solo llega cuando el pago ya fue comprobado. Ese es el orden que marca el texto.
**Artículo 503.** *Perdón del ofendido.* Cuando la ley penal otorgue efecto extintivo de la pena al perdón del ofendido, efectuado éste y con anuencia del condenado ante el juez de ejecución, ordenará su inmediata libertad si fuere procedente.
**Artículo 504.** *Ley más benigna.* Cuando el juez de ejecución advierta que debe quedar sin efecto o ser modificada la pena impuesta, o las condiciones de su cumplimiento, por haber entrado en vigencia una ley más benigna, promoverá la revisión de la sentencia ejecutoriada ante la Corte Suprema de Justicia.
#### Capítulo II. Medidas de seguridad y corrección
**Artículo 505.** *Remisión y reglas especiales.* Las reglas establecidas en el Capítulo anterior rigen para las medidas de seguridad y corrección en lo que sean aplicables. Además, se observarán las siguientes disposiciones:
1) En el caso de incapacidad intervendrá el tutor, quien tendrá la obligación de vigilar la ejecución de la medida de seguridad y corrección.
2) El juez de ejecución determinará el establecimiento adecuado para la ejecución de la medida y podrá modificar su decisión, incluso a petición del tutor o de la dirección del establecimiento. Podrá asesorarse de peritos que se designará al efecto.
3) El juez de ejecución fijará un plazo, no mayor de seis meses, a cuyo término examinará, periódicamente, la situación de quien sufre una medida; el examen se llevará a cabo en audiencia oral, a puertas cerradas, previo informe del establecimiento y de peritos. La decisión versará sobre la cesación o continuación de la medida y, en este último caso, podrá modificar el tratamiento o variar el establecimiento en el cual se ejecuta.
4) Cuando el juez de ejecución tenga conocimiento, por informe fundado, de que desaparecieron las causas que motivaron la internación, convocará inmediatamente a la audiencia prevista en el inciso anterior.
### Título II. Ejecución civil
**Artículo 506.** *Competencia.* La sentencia civil se ejecutará a instancia de quien tenga derecho ante los tribunales competentes en esa materia y conforme a las previsiones del Código Procesal Civil y Mercantil, salvo las restituciones ordenadas en la sentencia.
## Libro Sexto. Costas e indemnizaciones
### Título I. Costas
**Artículo 507.** *Imposición.* Toda decisión que ponga término al proceso o a un incidente, se pronunciará sobre el pago de costas procesales. Estas serán impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal encuentre razón suficiente para eximirla total o parcialmente.
**Artículo 508.** *Exención.* Los representantes de Ministerio Público y los defensores no podrán ser condenados en costas, salvo los casos en que especialmente se disponga lo contrario y sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que incurrieren.
**Artículo 509.** *Contenido.* Las costas comprenderán:
1) Los gastos originados en la tramitación del proceso, y
2) El pago de honorarios regulados conforme arancel, de los abogados y demás profesionales que hubiesen intervenido en el proceso.
**Artículo 510.** *Condena.* Las costas serán impuestas al acusado cuando sea condenado, o cuando se le imponga una medida de seguridad y corrección.
Cuando en una sentencia se pronuncien absoluciones y condenas, el tribunal establecerá el porcentaje que corresponde a los responsables.
Los coacusados que sean condenados o a quienes se les imponga una medida de seguridad y corrección en relación a un mismo hecho, responderán solidariamente por las costas. El precepto no rige para la ejecución penal y las medidas de coerción.
En los delitos promovidos, las costas procesales se entregarán al Ministerio de Finanzas Públicas, que las destinará a programas de capacitación de auditores, abogados y demás personal técnico que labore en la investigación y persecución de estos delitos.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 15 del Decreto 103-96 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 15 del Decreto 103-96 (1996)
**Artículo 511.** *Absolución.* Si el acusado es absuelto o no se le impone una medida de seguridad y corrección, las costas, serán soportadas por el Estado.
**Citado por:** Art. 512, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-512/).
**Artículo 512.** *Sobreseimiento y extinción de la acción penal.* Para los casos de sobreseimiento y extinción de la acción penal rige, análogamente, el artículo anterior, salvo cuando la decisión se funde en la extinción de la acción penal por causa sobreviviente a la persecución ya iniciada, en cuyo caso el tribunal fijará los porcentajes que correspondan a los imputados y al Estado.
**Artículo 513.** *Clausura provisional y archivo.* Cuando la persecución penal no pueda proseguir y, por ello, se ordene el archivo o la clausura provisional cada parte y el Estado soportarán sus propias costas.
**Artículo 514.** *Querellante.* Cuando el querellante por adhesión hubiere provocado el procedimiento por medio de una acusación falsa o temeraria, el tribunal podrá imponerle total o parcialmente las costas. En este caso le advertirá previamente sobre esta posibilidad y le otorgará audiencia.
El agraviado que denunció el hecho soportará sus propios gastos, salvo que los deba soportar el condenado o aquel a quien se le impuso una medida de seguridad y corrección.
**Artículo 515.** *Incidentes y recursos.* Cuando se interponga un incidente o un recurso las costas serán impuestas a quien lo interpuso, si la decisión le fuere desfavorable; si triunfa, soportarán las costas quienes se hayan opuesto a su pretensión, en la proporción que fije el tribunal. Si nadie se hubiere opuesto, cada parte soportará las costas que produjo su propia intervención.
**Artículo 516.** *Acción privada.* En el procedimiento por delito de acción privada, las costas serán soportadas por el querellante en caso de absolución, sobreseimiento, desestimación o archivo, y por el acusado en caso de condena.
Cuando se produzca la retractación del imputado o cuando dé explicaciones satisfactorias, soportará las costas. En estos casos y en el de renuncia a la acción penal, el tribunal podrá decidir sobre las costas según el acuerdo a que hayan arribado las partes.
**Artículo 517.** *Competencia.* Es competente para la liquidación de costas el juez de primera instancia que haya fungido el procedimiento intermedio. Para este efecto, el tribunal de sentencia le remitirá las actuaciones con certificación de lo resuelto, inclusive la sentencia de apelación especial y la de casación si las hubiere. En caso necesario pedirá informes a los tribunales correspondientes sobre las costas que se hubieren ocasionado.
Si el procedimiento no hubiese llegado a la fase intermedia, la liquidación la practicará el juez que haya fungido en el procedimiento preparatorio.
La resolución será apelable con efecto suspensivo.
**Artículo 518.** *Liquidación y ejecución.* El secretario del tribunal practicará un proyecto de liquidación en el plazo de tres días, regulando conforme arancel los honorarios que correspondan a abogados, peritos, traductores e intérpretes durante todo el transcurso del procedimiento, incluso los recursos de apelación y de casación. Presentado el proyecto, el juez dará audiencia por tres días a las partes. Con lo que expongan o en su rebeldía resolverá en definitiva.
**Artículo 519.** *Conmutación.* En los casos de conmutación de pena, sin perjuicio de ordenar la libertad del condenado, el juez de ejecución, tomará las medidas necesarias para asegurar el pago de las costas, por medio de fianza o garantía para su cumplimiento, estimando el valor de las mismas en forma aproximada. Si se encuentra libre bajo fianza o caución podrá continuar en libertad, mientras se resuelve el incidente sobre regulación de costas. La resolución será apelable.
**Artículo 520.** *Acción civil.* Si fuere admitida la pretensión civil en la sentencia, el acusado y el tercero civilmente demandado soportarán solidariamente las costas; si se rechaza la pretensión, la soportará el actor civil.
Si la acción civil no pudiere proseguir, cada uno de los interesados soportará sus propias costas, salvo que el tribunal, por las circunstancias del caso las distribuya de otra manera.
### Título II. Indemnización al imputado
**Artículo 521.** *Revisión.* Cuando a causa de la revisión del procedimiento, el condenado fuere absuelto o se le impusiere una pena menor, será indemnizado en razón del tiempo de privación de libertad o inhabilitación sufrida, o por lo sufrido en exceso, salvo que haya provocado su propia persecución, al denunciarse falsamente a sí mismo, confesare un hecho inexistente, u ocultare o alterare dolosamente la prueba que condujo al error judicial.
El precepto rige, análogamente, para el caso de que la revisión tenga por objeto una medida de seguridad y corrección.
La multa o su exceso será devuelta.
**Artículo 522.** *Determinación.* La Corte Suprema de Justicia al resolver la indemnización la fijará por medio de peritación.
**Artículo 523.** *Obligado.* El Estado estará siempre obligado al pago de la indemnización, sin perjuicio de su derecho de repetir contra algún otro obligado. Para ello, el tribunal, al decidir en los recursos de revisión, podrá imponer la obligación, total o parcialmente, a quienes hayan contribuido dolosamente o por culpa grave al error judicial; en el caso de las medidas de coerción sufridas injustamente, podrá imponer la obligación, total o parcialmente, al denunciante o al querellante que haya falseado los hechos o litigado con temeridad.
**Artículo 524.** *Ley más benigna.* La aplicación de una ley posterior más benigna, durante el procedimiento o mediante la revisión, que torne injusta la condena, una medida de seguridad y corrección o una medida de coerción, no habilitará la indemnización aquí regulada.
**Artículo 525.** *Muerte de derechohabiente.* Si quien tiene derecho a la reparación ha muerto, sus sucesores podrán cobrar o gestionar la indemnización prevista.
## Título I. Disposiciones complementarias
### Capítulo I. Organización y funcionamiento del ministerio publico
**Artículo 526.** *Ley especial.* La organización y el funcionamiento del Ministerio Público, para el cumplimiento de las funciones que este Código le asigna, se regirá por su ley específica.
### Capítulo II. Servicio público de defensa penal
**Artículo 527.** *Deber.* (Derogado) Todo abogado colegiado pertenecerá al Servicio Público de Defensa Penal y tendrá la obligación de prestar sus servicios, conforme a la reglamentación pertinente, salvo los casos de impedimento que la ley establece.
Este deber se limita al ámbito territorial de competencia del tribunal dentro del cual el abogado tiene su domicilio profesional; si ejerce en distintas circunscripciones, elegirá en cuál de ellas integrará el Servicio Público de Defensa Penal y comunicará su elección, en el tiempo que éste determine. Si no lo hiciere, se tendrá como lugar de residencia el que aparece en el padrón del Colegio.
El Colegio de Abogados remitirá el listado correspondiente a la Corte Suprema de Justicia, quien lo remitirá a la Dirección General del Servicio Público de Defensa Penal para su distribución entre las diferentes secciones, según corresponda.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 63 del Decreto 129-97 del Congreso de la República, Ley del Servicio Público de Defensa Penal).
- Reforma: Derogado por el artículo 63 del Decreto 129-97 (1997)
**Citado por:** Art. 63, Ley del Servicio Público de Defensa Penal (https://codicegt.com/ley-de-defensa-publica-penal/articulo-63/).
**Artículo 528.** *Remuneración.* (Derogado) Los servicios prestados serán remunerados con el cincuenta por ciento de lo que corresponde al arancel de abogados. La Corte Suprema de Justicia pagará los honorarios. Los abogados contratados no tendrán derecho a cobrar otros honorarios que los previstos.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 63 del Decreto 129-97 del Congreso de la República, Ley del Servicio Público de Defensa Penal).
- Reforma: Derogado por el artículo 63 del Decreto 129-97 (1997)
#### Sección Primera. Defensa penal
**Artículo 529.** *Organización.* (Derogado) La Corte Suprema de Justicia garantizará la eficiencia del Servicio Público de Defensa Penal y lo organizará de la siguiente manera:
1) La Dirección General del Servicio Público de Defensa Penal.
2) Las secciones necesarias, para lo cual tendrá como mínimo una oficina central por cada departamento.
La Corte Suprema de Justicia designará al Director General de la oficina y al personal técnico-administrativo que lo asistirá. Podrá contratar abogados por una remuneración fija, escogidos de la lista que el Colegio de Abogados proporcionará anualmente para este efecto.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 63 del Decreto 129-97 del Congreso de la República, Ley del Servicio Público de Defensa Penal).
- Reforma: Derogado por el artículo 63 del Decreto 129-97 (1997)
**Artículo 530.** *Atribuciones de la Dirección General.* (Derogado) Son atribuciones de la Dirección General del Servicio Público de Defensa Penal:
1) Tomar a su cargo la organización e inspección de las oficinas de defensa en las circunscripciones territoriales que la Corte Suprema de Justicia determine.
2) Intervenir una oficina de defensa por deficiencia grave en la prestación del servicio.
3) Distribuir el listado de abogados en las diferentes secciones conforme al elaborado por el Colegio de Abogados.
4) Resolver las consultas que formulen las secciones y solicitar a la Corte Suprema de Justicia la información que se requiera del Colegio de Abogados.
5) Elaborar una memoria anual de actividades, de acuerdo con la información que le remitan las secciones.
6) Aprobar la memoria de cada oficina, o rechazarla, caso en el cual dará las instrucciones pertinentes para rehacerla.
7) Elaborar criterios generales obligatorios para la organización del servicio.
8) Denunciar ante la Corte Suprema de Justicia las faltas en el servicio.
9) Establecer un régimen de cooperación en el servicio para cuando un acto de auxilio judicial o un recurso se deba realizar en una circunscripción territorial distinta de aquella en la cual se tramita el caso, y
10) Proponer a la Corte Suprema de Justicia la apertura o fusión de oficinas de servicio.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 63 del Decreto 129-97 del Congreso de la República, Ley del Servicio Público de Defensa Penal).
- Reforma: Derogado por el artículo 63 del Decreto 129-97 (1997)
**Artículo 531.** *Atribuciones de las secciones.* (Derogado) Son atribuciones de la secciones del Servicio Público de Defensa Penal:
1) Comunicar a los tribunales de su circunscripción la lista de abogados de su sección para que por riguroso turno u otro sistema análogo sean designados abogados de oficio.
2) Atender los asuntos urgentes, hasta tanto el abogado que se designe tome intervención en el caso.
3) Facilitar a los abogados defensores el cumplimiento de su función.
4) Elaborar una memoria anual sobre el servicio prestado, que remitirán a la Dirección General del Servicio Público de Defensa Penal.
5) Denunciar a dicha Dirección General de las faltas en el servicio.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 63 del Decreto 129-97 del Congreso de la República, Ley del Servicio Público de Defensa Penal).
- Reforma: Derogado por el artículo 63 del Decreto 129-97 (1997)
**Artículo 532.** *Notificaciones.* (Derogado) Los tribunales y el Ministerio Público se comunicarán con la oficina del servicio que corresponda y remitirán allí las notificaciones respectivas, hasta tanto el defensor nombrado para el caso fije lugar para recibir notificaciones.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 63 del Decreto 129-97 del Congreso de la República, Ley del Servicio Público de Defensa Penal).
- Reforma: Derogado por el artículo 63 del Decreto 129-97 (1997)
**Artículo 533.** *Lista de voluntarios.* (Derogado) Los casos se distribuirán, en principio, entre los integrantes de una lista de voluntarios, que, a tal fin, confeccionará el Colegio de Abogados y que comunicará periódicamente a la Corte Suprema de Justicia. La lista estará abierta continuamente a la inscripción.
Para ser inscrito en la lista se requiere:
1) Un año de ejercicio profesional, o en funciones judiciales o de la carrera fiscal, que requieran el título de abogado.
2) Acreditar experiencia en asuntos penales.
El Colegio podrá supeditar el ingreso a la lista de voluntarios, o la permanencia en ella, a la asistencia y aprobación de los cursos que programe o indique.
Los abogados que no reúnan los requisitos establecidos se podrán inscribir en una lista de auxiliares, para colaborar en la defensa con el defensor principal.
Actuarán siempre bajo su dirección y no podrán intervenir autónomamente en el juicio.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 63 del Decreto 129-97 del Congreso de la República, Ley del Servicio Público de Defensa Penal).
- Reforma: Derogado por el artículo 63 del Decreto 129-97 (1997)
**Artículo 534.** *Padrón de abogados.* (Derogado) En defecto de la lista o cuando, en razón de la eficiencia del servicio, no se pueda encomendar el caso a algún integrante de la lista de voluntarios, se designará a un integrante del padrón de abogados activos inscritos en el Colegio, residentes en la sede del tribunal. En su defecto, la Dirección General del Servicio Público de Defensa Penal proveerá el nombramiento de un defensor específico.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 63 del Decreto 129-97 del Congreso de la República, Ley del Servicio Público de Defensa Penal).
- Reforma: Derogado por el artículo 63 del Decreto 129-97 (1997)
**Artículo 535.** *Apartamiento.* (Derogado) Si el defensor de oficio fuere apartado o abandonare la defensa, el tribunal procederá inmediatamente a sustituirlo.
El defensor designado no podrá rehusar la prestación de su servicio, salvo que acredite fehacientemente hallarse en uno de los siguientes casos:
1) Impedimento físico insuperable.
2) Ser mayor de cincuenta años de edad; y
3) Interés contrapuesto o incompatibilidad absoluta con su asistido.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 63 del Decreto 129-97 del Congreso de la República, Ley del Servicio Público de Defensa Penal).
- Reforma: Derogado por el artículo 63 del Decreto 129-97 (1997)
**Artículo 536.** *Sustitución.* (Derogado) La persona asistida sólo puede solicitar la sustitución del defensor designado, argumentado:
1) Manifiesta falta de idoneidad para atender el caso.
2) Grave negligencia, descuido o ignorancia supina, en la prestación del servicio, y
3) Interés contrapuesto o incompatibilidad absoluta con el defensor designado.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 63 del Decreto 129-97 del Congreso de la República, Ley del Servicio Público de Defensa Penal).
- Reforma: Derogado por el artículo 63 del Decreto 129-97 (1997)
**Artículo 537.** *Convenios.* (Derogado) La Presidencia del Organismo Judicial podrá celebrar convenios con el Colegio de Abogados, con asociaciones de abogados o abogados particulares para la prestación eficiente del servicio.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 63 del Decreto 129-97 del Congreso de la República, Ley del Servicio Público de Defensa Penal).
- Reforma: Derogado por el artículo 63 del Decreto 129-97 (1997)
**Citado por:** Art. 63, Ley del Servicio Público de Defensa Penal (https://codicegt.com/ley-de-defensa-publica-penal/articulo-63/).
#### Sección Segunda. Asistencia al agraviado
**Artículo 538.** *Delegación de la acción civil.* Cuando el titular de la acción sea un menor o incapaz que carezca de representación, el Ministerio Público se encargará del seguimiento de la acción civil en la forma legal que corresponda.
**Artículo 539.** *Querella.* Quien pretenda querellarse y acredite carecer de medios económicos para hacerlo, podrá solicitar el patrocinio de Ministerio público. Este precepto rige especialmente para casos de delito de acción privada.
Admitido el patrocinio, el interesado expedirá el poder especial correspondiente mediante acta ante el Ministerio Público.
**Qué significa:** Este artículo permite que una persona sin recursos pida ayuda al Ministerio Público para querellarse. Quien pretenda querellarse y acredite que carece de medios económicos puede solicitar el patrocinio del Ministerio Público. El texto añade que esta regla rige especialmente para los delitos de acción privada. Hay dos condiciones. Primero, la persona debe acreditar su falta de medios, no basta con afirmarla. Segundo, el patrocinio debe ser admitido. Una vez admitido, el interesado otorga el poder especial correspondiente mediante un acta ante el Ministerio Público, sin necesidad de acudir a un notario según lo que dice el texto. El artículo no detalla cómo se acredita la falta de medios ni qué ocurre si el patrocinio se deniega. Por ejemplo, una persona que sufre un delito de acción privada y no puede pagar un abogado puede acudir al Ministerio Público, demostrar su situación económica y pedir que la patrocine. Si el Ministerio Público admite el patrocinio, la persona firma un acta en la que otorga el poder especial, y a partir de ahí el Ministerio Público actúa en su querella. Así, la falta de dinero no le impide perseguir el delito.
**Citado por:** Art. 24 Quáter, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-24quater/).
#### Sección Tercera. Régimen económico
**Artículo 540.** *Honorarios.* (Derogado) El abogado del Servicio Público de Defensa Penal cobrará los honorarios, regulados judicialmente, del condenado en costas o de su propio cliente el beneficiario del servicio, salvo que este último carezca de medios económicos suficientes para su subsistencia y la asistencia de su familia, y mientras dure su estado de pobreza. En este último caso, se pagará al defensor inmediatamente según el régimen arancelario especial establecido por la Tesorería del Organismo Judicial.
En los demás casos, el abogado podrá solicitar que se le adelante el importe que resulte del régimen arancelario especial establecido. Importe que devolverá, una vez obtenido el pago de sus honorarios judiciales.
El Servicio Público de Defensa Penal subrogará al abogado en todos los derechos sobre los honorarios judiciales regulados, hasta cubrir el importe arancelario que le abonó.
El abogado que atendió el caso tendrá el deber de asegurar y defender los honorarios, y de gestionar el cobro, judicial o extrajudicialmente, salvo que el Servicio Público de Defensa Penal asuma directamente la ejecución. Obtenido el pago, ese Servicio recibirá la parte alícuota correspondiente.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 63 del Decreto 129-97 del Congreso de la República, Ley del Servicio Público de Defensa Penal).
- Reforma: Derogado por el artículo 63 del Decreto 129-97 (1997)
**Citado por:** Art. 63, Ley del Servicio Público de Defensa Penal (https://codicegt.com/ley-de-defensa-publica-penal/articulo-63/).
**Artículo 541.** *Consultores técnicos y gastos extraordinarios.* (Derogado) En caso necesario, la Sección del Servicio Público de Defensa Penal aprobará la asistencia de consultores técnicos, a propuesta del abogado defensor designado, y tomará a su cargo los gastos que su intervención demande.
Del mismo modo se aprobarán los gastos extraordinarios.
En cada oficina del Servicio Público de Defensa Penal se confeccionará una lista de intérpretes de los diferentes idiomas y dialectos indígenas, que serán asignados a los casos que atienda el Servicio, cuando corresponda. La Corte Suprema de Justicia establecerá un régimen arancelario especial.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 63 del Decreto 129-97 del Congreso de la República, Ley del Servicio Público de Defensa Penal).
- Reforma: Derogado por el artículo 63 del Decreto 129-97 (1997)
#### Sección Cuarta. Universidades
**Artículo 542.** *Ingreso al servicio.* (Derogado) Las Facultades de Derecho de las universidades, que organicen bufetes populares para la instrucción de sus estudiantes, podrán solicitar el ingreso al Servicio Público de Defensa Penal, a la Dirección General. La solicitud deberá mencionar la cantidad de casos que pretende atender el bufete en el plazo de un año y los abogados que destinará a ello.
La Dirección General del Servicio Público de Defensa Penal decidirá sobre el ingreso y sobre la cantidad de casos que se le serán asignados a cada bufete.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 63 del Decreto 129-97 del Congreso de la República, Ley del Servicio Público de Defensa Penal).
- Reforma: Derogado por el artículo 63 del Decreto 129-97 (1997)
**Artículo 543.** *Responsabilidades y control.* (Derogado) El bufete popular tendrá las mismas funciones que una sección del servicio y las cumplirá análogamente. La persona designada como director del bufete popular deberá ser abogado y será la responsable de su buen funcionamiento y quien remita los informes y memorias previstos. La Universidad tomará a su cargo el sostenimiento económico del bufete, según su propio régimen y el Servicio Público de Defensa Penal estará exonerado del pago de honorarios.
La Dirección General del Servicio Público de Defensa Penal aprobará o rechazará la memoria, y podrá separar al bufete popular cuando compruebe deficiencias importantes en el servicio.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 63 del Decreto 129-97 del Congreso de la República, Ley del Servicio Público de Defensa Penal).
- Reforma: Derogado por el artículo 63 del Decreto 129-97 (1997)
**Artículo 544.** *Estudiantes.* (Derogado) Los estudiantes no podrán asumir en forma autónoma la tarea del defensor y sólo cumplirán las accesorias de colaboración, y no podrán sustituir a los abogados a quienes asisten en los actos propios de su función. Se permitirá que los acompañen en los actos y debates, sin intervenir en ellos.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 63 del Decreto 129-97 del Congreso de la República, Ley del Servicio Público de Defensa Penal).
- Reforma: Derogado por el artículo 63 del Decreto 129-97 (1997)
**Citado por:** Art. 63, Ley del Servicio Público de Defensa Penal (https://codicegt.com/ley-de-defensa-publica-penal/articulo-63/).
**Artículo 545.** *Asistencia al agraviado.* Las universidades, o alguna de sus facultades, sola o en conjunto con otras, podrán organizar centro de atención al agraviado, en todos aquellos problemas socioeconómicos, laborales, familiares, físicos o psicológicos generados directamente por un delito grave.
La Presidencia del Organismo Judicial podrá celebrar convenios con las universidades para establecer formas de cooperación para la asistencia de agraviados.
### Capítulo III. Direccion de servicio de información social
**Artículo 545 Bis.** *Funciones.* La Dirección del Servicio de Información Social del Organismo Judicial, tendrá dentro de sus funciones:
1) Ser vínculo entre el procesado y su familia y brindarles la terapia social necesaria a efecto de lograr su readaptación social y superar las consecuencias negativas del proceso;
2) Colaborar con el Juez de Ejecución, en el seguimiento personalizado sobre el avance del tratamiento de condenados y asistencia postpenitenciaria, para facilitar la participación productiva en la vida social después del cumplimiento de la condena, o cuando se otorgan o suspenden beneficios al sentenciado.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 49 del Decreto 79-97 del Congreso de la República). Congreso de la República)
- Reforma: Adicionado por el artículo 49 del Decreto 79-97 (1997)
## Título II. Disposiciones modificatorias
### Capítulo I. Código militar
**Artículo 546.** *Modificaciones al Código Militar.* (Derogado) A fin de adecuar las normas del Código Militar a las reglas y principios del Código Procesal Penal, se modifica el Artículo 2º. de la Segunda Parte del Decreto Número 214-1878, cuyo texto quedará redactado según se expresa a continuación:
“Art. 2º. La jurisdicción en los delitos o faltas esencialmente militares corresponde exclusivamente a los tribunales que esta ley designa. En los casos de delitos o faltas comunes cometidos por militares, o delitos militares conexos con delitos o faltas comunes, regirán las reglas siguientes:
1) Para el trámite y resolución de las causas se aplicará el Código Procesal Penal.
2) La investigación preparatoria y el ejercicio de la acción penal pública ante los tribunales, será ejercida por el Ministerio Público. El control de la investigación y el procedimiento intermedio estará a cargo de los jueces militares de instrucción que deberán ser abogados.
3) El juicio oral y público será realizado por un Consejo de Guerra, integrado por el Tribunal de Sentencia que tenga competencia territorial y dos oficiales superiores del Ejército de Guatemala.
4) El recurso de apelación especial previsto en el Código Procesal Penal será resuelto por las salas penales de la Corte de Apelaciones; y
5) El recurso de casación será resuelto por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Las normas del Código Militar relativas a la organización jurisdiccional o a los procedimientos regirán exclusivamente para el trámite y juzgamiento de los delitos o faltas esencialmente militares.
La Corte Suprema de Justicia nombrará a los jueces militares de investigación y de procedimiento intermedio y vocales militares de los tribunales de sentencia, conforme ternas presentadas por el Ministerio de la Defensa.
Los gastos propios de la justicia militar serán cubiertos por el Ministerio de la Defensa.”
> Nota de la fuente: (DEROGADO por el Artículo 3 del Decreto 41-96 del Congreso de la República).
- Reforma: Derogado por el artículo 3 del Decreto 41-96 (1996)
## Título III. Disposiciones transitorias
**Artículo 547.** *Transición.* Se aplicarán las disposiciones del Código Procesal Penal que se deroga por esta ley, a todas aquellas causas en las cuales se hubiere dictado el auto de apertura de juicio.
A tal fin, el Presidente de Organismo Judicial establecerá el número de jueces que continuarán con ese trámite y distribuirá los asuntos.
Los jueces de primera instancia y los de paz ante quienes se tramita el sumario, según las disposiciones del Código anterior, lo remitirán al Ministerio Público, quien continuará las investigaciones, conforme a las reglas de este Código. La indagatoria recibida por estos jueces tendrá el valor que el nuevo Código otorga a la declaración del imputado.
Para los efectos de los idiomas mayenses a que se refiere el artículo 142 de este Código, el Organismo Judicial deberá organizar en un plazo de dos años la implementación de los mecanismos necesarios para su funcionamiento.
**Citado por:** Art. 548, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-548/).
**Artículo 548.** *Leyes especiales.* Las reglas de nuevo Código Procesal Penal regirán aún para las leyes o normas penales especiales que prevean procedimientos autónomos para su realización, las que se entenderán derogadas cuando sean contradictorias con éste.
Se procederá conforme el artículo anterior para las causas que se encuentren en trámite.
**Artículo 549.** *Auxiliares y empleados judiciales.* El Presidente del Organismo Judicial determinará los auxiliares judiciales, funcionarios y empleados administrativos que formarán la planta de los distintos tribunales penales.
**Artículo 550.** *Ministerio Público.* Antes de entrar en vigencia esta ley, deberá estar organizado el Ministerio Público para el cumplimiento de las funciones que este Código le asigna.
**Artículo 551.** *Servicio Público de Defensa Penal.* La Corte Suprema de Justicia organizará el Servicio Público de Defensa Penal con la anticipación debida para que comience a funcionar eficientemente en el momento de entrar en vigencia esta ley.
**Artículo 552.** *Coordinación.* El Presidente del Organismo Judicial coordinará e impulsará todas las tareas necesarias para poner en ejecución el nuevo sistema de justicia penal.
Al menos seis meses antes de su entrada en vigencia, el Organismo Judicial difundirá públicamente los principios y características de esta reforma; llevará a cabo, también, un programa de formación jurídica para los ciudadanos, que destaque, en especial, la importancia de su participación en la administración de justicia penal y la publicidad del juicio oral.
**Artículo 552 Bis.** *Juzgados de paz comunitarios.* En cinco municipios de la República en donde no hubiere juzgados de paz y en el plazo de tres meses, la Corte Suprema de Justicia nombrará como jueces de paz en materia penal a tres personas de reconocida honorabilidad y arraigo que puedan comunicarse en la lengua predominante de la región y en español. Para la designación de los jueces comunitarios, la Corte Suprema de Justicia realizará consultas con las diferentes autoridades comunitarias.
Los jueces de paz comunitarios tendrán competencia para:
a) Aplicar el criterio de oportunidad en los casos y formas en que autoriza el artículo 25 de este Código, salvo el numeral sexto.
b) Podrán celebrar audiencias de conciliación y aprobar acuerdos entre las partes en los casos de delitos de acción privada y de acción pública dependientes de instancia particular.
c) Recibirán la primera declaración del imputado, dictarán las medidas de coerción personal que correspondan y remitirán el expediente al juzgado de primera instancia competente, poniendo a su disposición al detenido, si lo hubiere, cuando se trate de delitos graves o cuando no proceda el criterio de oportunidad o fracase la conciliación.
d) Si no hubiere delegación del Ministerio Público, ordenará el levantamiento de cadáveres, documentando la diligencia en acta en la cual se consignen las circunstancias.
Dichos jueces resolverán por mayoría, previa deliberación, y ejercerán su competencia en la circunscripción territorial del Municipio. Presidirá el tribunal el juez de mayor edad y resolverán con arreglo a los usos y costumbres, la equidad y los principios generales del Derecho cuando ello fuere posible. Sus fallos no podrán violar la Constitución ni las leyes. La actividad judicial que desarrollen se efectuará conforme a los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción que inspiran el sistema acusatorio.
Concluido un año de funcionamiento de los juzgados de paz comunitarios, con informe favorable de la Corte Suprema de Justicia, se implementará este tipo de juzgados en los municipios del país, donde no hubiere juzgados de paz.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 50 del Decreto 79-97 del Congreso de la República). * (Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia 1-98 15/01/1998 Crea los Juzgados Comunitarios).
- Reforma: Adicionado por el artículo 50 del Decreto 79-97 (1997)
**Citado por:** Art. 108 Bis, Código Procesal Penal (https://codicegt.com/codigo-procesal-penal/articulo-108bis/).
## Título IV. Disposiciones derogatorias y finales
**Artículo 553.** *Código Procesal Penal.* Se deroga el Decreto Número 52-73 del Congreso de la República (Código Procesal Penal), sus reformas y las leyes que se opongan al presente Código.
**Artículo 554.** *Primera edición.* Corresponde con exclusividad al Congreso de la República, la primera edición y publicación del presente Código.
**Artículo 555.** *Vigencia.* El Código Procesal Penal entrará en vigencia el uno de julio de 1994.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 1 del Decreto 45-93 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 45-93 (1993)
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