# Ley de Contrataciones del Estado de Guatemala
- Instrumento: Decreto 57-92 del Congreso de la República
- Artículos: 117
- Texto al: 31 de mayo de 2025
- Fuente oficial: CENADOJ, Organismo Judicial — Compilación de Leyes Penales de Guatemala, 4a. ed. (copia archivada en Internet Archive) — https://web.archive.org/web/20260306235524id_/http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/pdfs/Compilaciones/Compilacion%20de%20Leyes%20Penales_CENADOJ%204aEd.pdf
- URL canónica: https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/
## Título I
### Capítulo Único. Disposiciones generales
**Artículo 1.** *Objeto de la ley y ámbito de aplicación.* Esta Ley tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública, que realicen:
a) Los Organismos del Estado;
b) Las entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo las municipalidades;
c) Las entidades o empresas, cualquiera sea su forma de organización, cuyo capital mayoritariamente esté conformado con aportaciones del Estado;
d)
Las Organizaciones No Gubernamentales y cualquier entidad sin fin de lucro, que reciba, administre o ejecute fondos públicos. Se exceptúan las Organizaciones de Padres de Familia -OPF-.
e) Todas las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos, ya sea total o parcialmente, recursos, subsidios o aportes del Estado, respecto a los mismos;
f) Los fideicomisos constituidos con fondos públicos y los fondos sociales;
g) Las demás instituciones que conforman el sector público.
Las entidades anteriores se sujetan a la presente Ley, su reglamento y a los procedimientos establecidos por la Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, dentro del ámbito de su competencia, en lo relativo al uso de fondos públicos. El reglamento establecerá los procedimientos aplicables para el caso de las entidades incluidas en las literales d),
e) y f).
2016 del Congreso de la República). En los procesos de adquisiciones que se realicen con recursos de préstamos externos provenientes de operaciones de crédito público o donaciones a favor del Estado, sus dependencias, instituciones o municipalidades, se aplicarán las políticas y los procedimientos establecidos por los entes financieros o donantes considerándose estas disposiciones como norma especial. Se deberá aplicar, de forma complementaria, las disposiciones afecten o contradigan las políticas y procedimientos de adquisiciones establecidos por los entes financieros o donantes. Si dichos entes financieros o donantes no tienen regulación establecida para tal fin, se aplicará lo establecido en la presente Ley. En todas las adquisiciones que se realicen con recursos de préstamos externos provenientes de operaciones de crédito público, se deberá cumplir con un proceso de concurso competitivo, bajo responsabilidad del organismo ejecutor. En todos los casos, deberá utilizarse el sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS. En el caso de obra física, debe respetarse y cumplirse todos los indicadores de divulgación de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (COST por sus siglas en inglés).
Congreso de la República). Las disposiciones contenidas en el párrafo anterior, serán aplicables, de igual forma, en los casos que exista contrapartida nacional en efectivo.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 2 del Decreto 11- 2006; por Artículo 1 del Decreto 9-2015; y por Artículo 1 del Decreto 46-2016, todos del Congreso de la República). (Literal reformada por el Artículo 40 del Decreto 16-2017 del Congreso de la República, Ley de Ali- mentación Escolar). * (Párrafo reformado por Artículo 1 del Decreto 46- * (Párrafo reformado por Artículo 1 del Decreto 46-2016 del
- Reforma: Reformado por el artículo 2 del Decreto 11-2006 (2006)
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 9-2015 (2015)
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 46-2016 (2016)
- Reforma: Reformado (literal) por el artículo 40 del Decreto 16-2017 (2017)
- Reforma: Reformado (párrafo) por el artículo 1 del Decreto 46-2016 (2016)
**Citado por:** Art. 5, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-5/); Art. 19, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-19/); Art. 37, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-37/); Art. 43, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-43/); Art. 46, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-46/); Art. 46 Bis, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-46bis/); Art. 63, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-63/); Art. 80, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-80/); Art. 102, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-102/).
**Artículo 2.** *Negociaciones entre las entidades del sector público.* Se autoriza la adquisición de bienes, servicios personales y no personales y de suministros entre las dependencias de los organismos del Estado y entre éstas y las entidades descentralizadas, autónomas, unidades ejecutoras y las municipalidades, las cuales se regulan conforme lo establezca el reglamento de esta ley.
**Qué significa:** Entre dependencias del Estado, se pueden comprar bienes, servicios personales y no personales, y suministros. La misma posibilidad existe entre esas dependencias y las entidades descentralizadas, autónomas, unidades ejecutoras y municipalidades. El artículo autoriza estas operaciones, pero no fija cómo se hacen. Remite al reglamento de la ley para regularlas, así que aquí no hallarás montos, pasos ni requisitos. El epígrafe del artículo las llama negociaciones entre las entidades del sector público. Ejemplo práctico: una dependencia de un ministerio necesita papel y otros suministros, y los pide a otra dependencia del Estado. Esa compra entre entidades públicas es la que el artículo autoriza, y sus detalles siguen el reglamento. El límite importante es que la autorización se refiere a operaciones entre entes públicos. El texto no la extiende a proveedores privados.
**Artículo 3.** *Disponibilidades Presupuestarias.* Los organismos del Estado, entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras y las municipalidades a que se refiere el artículo primero, podrán solicitar ofertas aún si no se cuenta con las asignaciones presupuestarias que permitan cubrir los pagos. Para la adjudicación definitiva y firma del contrato, sí se requerirá la existencia de partida y créditos presupuestarios que garanticen los recursos necesarios para realizar los pagos por los avances de ejecución a ser realizados en el ejercicio fiscal correspondiente. Solicitadas las ofertas no podrá transferirse la asignación presupuestaria para otro destino, salvo que se acredite que los recursos no serán utilizados durante el ejercicio fiscal en vigor para cubrir avances de ejecución. Cuando el contrato continúe vigente durante varios ejercicios fiscales, la entidad contratante debe asegurar las asignaciones presupuestarias correspondientes.
La contravención a lo dispuesto por el presente artículo, hace responsables a los funcionarios o empleados correspondientes de lo establecido en el artículo 83 de la presente Ley, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 1 del Decreto 27- 2009 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 27-2009 (2009)
**Citado por:** Art. 102, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-102/).
**Artículo 4.** *Programación de negociaciones.* Para la eficaz aplicación de la presente ley, las entidades públicas, antes del inicio del ejercicio fiscal, deberán programar las compras, suministros y contrataciones que tengan que hacerse durante el mismo.
**Qué significa:** Antes del inicio del ejercicio fiscal, las entidades públicas deben programar sus compras, suministros y contrataciones del año. Así lo pide el artículo 4 para la eficaz aplicación de la ley. La obligación recae en las entidades públicas. Se aplica a las compras, suministros y contrataciones que tengan que hacerse durante ese mismo ejercicio. El punto clave es el momento: la programación se hace antes del ejercicio fiscal, no durante el año. El texto no dice qué debe incluir esa programación ni cómo se aprueba; esos detalles quedan para otras normas. En la práctica, una entidad que sabe que comprará papel y uniformes en el ejercicio fiscal debe anotarlos en su programa antes de que empiece el ejercicio fiscal. Solo establece la obligación de programar, y no dice qué pasa si una entidad no lo hace.
**Artículo 4 Bis.** *Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.* El Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS, es un sistema para la transparencia y la eficiencia de las adquisiciones públicas. Su consulta será pública, irrestricta y gratuita, y proveerá información en formatos electrónicos y de datos abiertos sobre los mecanismos y las disposiciones normadas en esta Ley y su reglamento.
El sistema será desarrollado, administrado y normado por el Ministerio de Finanzas Públicas, el cual es el órgano rector del sistema, y será utilizado por todos los sujetos obligados por esta Ley, para las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública. En él se debe publicar la información relativa a todas las fases del proceso de adquisición pública, así como las codificaciones o catálogos que se establezcan para las adquisiciones públicas.
El sistema GUATECOMPRAS proveerá las herramientas necesarias para que la información sea publicada y suministrada en forma completa y oportuna, según lo establezca el órgano rector, incorporando de manera continua y dinámica las herramientas y formularios electrónicos necesarios para cada fase de los procesos de adquisición pública, incluyendo la contratación, ejecución y liquidación. La información electrónica y digital que deberá publicarse en el sistema incluirá, pero no se limitará a: los llamados a presentar ofertas, la recepción de las ofertas, aclaraciones, inconformidades, respuestas, modificaciones, ofertas, adjudicaciones, contratos y sus modificaciones, variaciones o ampliaciones, seguros de caución y todo aquel documento que respalde el expediente de la adquisición hasta la finalización del proceso de adquisición. Ningún funcionario público limitará, alterará o restringirá la información pública que debe contener el sistema GUATECOMPRAS.
Los sujetos obligados de conformidad con la presente Ley, publicarán en el sistema GUATECOMPRAS la información que la normativa vigente establezca como requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las normas, disposiciones reglamentarias y las resoluciones respectivas.
Es obligatorio el uso de formularios electrónicos en todos los procesos de adquisición pública.
Las programaciones de las adquisiciones públicas y sus molificaciones deberán publicarse en GUATECOMPRAS, pudiendo ser ajustados cuando sea necesario por la autoridad superior, mediante resolución debidamente justificada.
El sistema GUATECOMPRAS permitirá acceder a otros registros y sistemas relacionados con las adquisiciones públicas.
o para su deducción. Tratándose de bienes importados, El incumplimiento por parte de los usuarios de GUATECOMPRAS de lo establecido en este artículo se sancionará según lo previsto en el artículo 83 de la presente Ley.
> Nota de la fuente: (Adicionado por Artículo 2 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 2 del Decreto 9-2015 (2015)
**Qué significa:** GUATECOMPRAS es un sistema para la transparencia y la eficiencia de las adquisiciones públicas. Su consulta es pública, irrestricta y gratuita, y ofrece información sobre los mecanismos de esta ley y su reglamento. El Ministerio de Finanzas Públicas lo desarrolla, administra y norma, y lo usan todos los sujetos obligados. Es obligatorio el uso de formularios electrónicos en todos los procesos de adquisición pública. Los sujetos obligados publican en el sistema la información que la normativa vigente señala como obligatoria, en los plazos establecidos. Ningún funcionario público puede limitar, alterar o restringir la información pública que debe contener el sistema. El incumplimiento de los usuarios de GUATECOMPRAS se sanciona según el art. 83 LCE, que trata de infracciones de funcionarios o empleados públicos y de quien intervenga en la negociación. Esa multa llega hasta el equivalente a cero punto dos por millar (0.2 o/oo) del valor total del contrato, sin perjuicio de otras responsabilidades legales. Por ejemplo, una entidad que publica una compra sin usar los formularios electrónicos obligatorios incumple este artículo.
**Artículo 4 Ter.** *Transparencia de obra.* En el caso de obra física, debe respetarse y cumplirse todos los indicadores de divulgación de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (COST por sus siglas en inglés), para incrementar la transparencia y rendición de cuentas en el sector de la construcción de obras públicas, por medio de la divulgación de información clave, que permita la adopción de procedimientos y buenas prácticas internacionales, para ejercer un control más eficiente en las contrataciones y ejecuciones de obra pública.
El reglamento de esta Ley establecerá las condiciones relacionadas con esta materia.
> Nota de la fuente: (Adicionado por Artículo 2 del Decreto 46-2016 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 2 del Decreto 46-2016 (2016)
**Artículo 5.** *Bienes y suministros importados.* Los organismos del Estado y las entidades a que se refiere el Artículo 1 de esta ley, podrán, por excepción, importar bienes directamente cuando:
a) El valor en cada caso no exceda del monto establecido para adquisiciones por el régimen de cotización;
b) No se produzcan en el país, o se produzcan en cantidad insuficiente para la necesidad respectiva;
c) No haya existencia de procedencia importada, ni representantes de proveedores o distribuidores debidamente acreditados en el mercado nacional, o que, habiéndolos, el precio de importarlos directamente, incluyendo derechos aduanales, impuestos, seguros, pasajes, viáticos y demás gastos atribuibles, sea más bajo que el que tengan los mismos bienes en el mercado nacional.
Tratándose de suministro de bienes importados deberá tomarse en cuenta la tasa de cambio para la compra de divisas, vigente ocho (8) días antes de la presentación de la oferta. El reglamento determinará específicamente lo relativo a la aplicación de este artículo y sus limitaciones.
**Qué significa:** Este artículo permite a los organismos del Estado y a las entidades del art. 1 LCE importar bienes directamente, pero solo por excepción. Lo permite cuando el valor no excede el monto del régimen de cotización, cuando no se producen en el país o en cantidad suficiente, y cuando no existan importados ni representantes acreditados en el mercado nacional, o cuando importar directamente resulte más barato. Lo clave está en la comparación de precios, que incluye derechos aduanales, impuestos, seguros, pasajes, viáticos y demás gastos atribuibles. Si el suministro es de bienes importados, la tasa de cambio es la vigente ocho (8) días antes de presentar la oferta. El reglamento define los detalles y las limitaciones. Piensa en un organismo que necesita un bien no producido en el país. Debe revisar también el monto y el precio que el artículo exige.
**Artículo 6.** *Precios unitarios y totales.* Las ofertas y contratos que se presenten y/o suscriban, para el suministro de bienes y servicios, para la contratación de obras, deben contener el precio unitario de cada uno de los renglones que lo integran, expresados en quetzales, tanto en número como en letras, cuando corresponda.
**Qué significa:** Las ofertas y contratos para suministrar bienes o servicios, o para contratar obras, deben contener el precio unitario de cada renglón que los integra. Ese precio se expresa en quetzales. La regla alcanza tanto a los suministros como a la contratación de obras. Lo que pesa aquí es la forma: el precio debe aparecer en número y en letras, pero solo cuando corresponda. El texto no fija un formato exacto ni dice qué pasa si el número y las letras no coinciden. Tampoco explica cómo se calcula el precio unitario; esos detalles no están en este artículo. En la práctica, una empresa que cotiza varios artículos de oficina debe escribir el precio unitario de cada uno, y no solo un total general. Ese precio va en quetzales, y se repite en letras cuando corresponda.
**Artículo 7.** *Fluctuación de precios.* Se entiende por fluctuación de precios el cambio en más (incremento) o en menos (decremento), que sufran los costos de los bienes, suministros, servicios y obras, sobre la base de los precios que figuran en la oferta de adjudicatarios e incorporados al contrato los que se reconocerán por las partes y los aceptarán para su pago se tomará como base, además, el diferencial cambiario y las variaciones de costos. En todo caso, se seguirá el procedimiento que establezca el reglamento de la presente Ley.
Salvo que en las condiciones de contratación se pacte un precio cerrado, cuando se realice un ajuste por fluctuación de precios, las entidades sujetas a la presente Ley elaborarán un informe detallado que justifique dicho ajuste. Este informe se publicará en GUATECOMPRAS y constituirá un anexo del contrato original.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 3 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 3 del Decreto 9-2015 (2015)
**Qué significa:** El artículo define la fluctuación de precios como el cambio al alza o a la baja en los costos de bienes, suministros, servicios y obras. Esa variación se mide sobre los precios de la oferta del adjudicatario. También se toman en cuenta el diferencial cambiario y las variaciones de costos. En todo caso, el procedimiento lo fija el reglamento de la ley. Salvo que las condiciones de contratación pacten un precio cerrado, todo ajuste por fluctuación exige un informe detallado que lo justifique. Ese informe se publica en GUATECOMPRAS y pasa a ser anexo del contrato original. Supón que una empresa constructora firma una obra sin precio cerrado, y el costo de los materiales sube durante la ejecución. La entidad debe elaborar el informe, que se publica y se anexa al contrato. El artículo no fija porcentajes ni fórmulas. Eso lo establece el procedimiento del reglamento de la ley. Fue reformado por el Artículo 3 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República.
**Artículo 8.** *Precios e índices.* El Instituto Nacional de Estadística -INE- elaborará y publicará mensualmente en GUATECOMPRAS y en su página web, los precios de referencia o precios promedio, salarios e índices que se requieran en las modalidades de contrato abierto y subasta electrónica inversa.
Las entidades sujetas a la presente Ley quedan obligadas a proporcionar la información de precios de los bienes y servicios en la forma y frecuencia que el Instituto Nacional de Estadística -INE- les requiera.
En el caso de bienes y suministros importados, el precio lo establecerá una comisión conformada por un representante del Instituto Nacional de Estadística -INE-, un representante de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, y un representante de las entidades interesadas.
La autoridad contratante deberá solicitar al Instituto Nacional de Estadística –INE- los precios e índices necesarios para los procesos de contrato abierto y subasta electrónica inversa. El reglamento establecerá la forma y especificaciones en las que se deberán hacer estas solicitudes. El Instituto Nacional de Estadística –INE- debe publicar mensualmente en GUATECOMPRAS, en su página web y por los medios a su alcance, las notas metodológicas y procedimientos utilizados.
Las autoridades de conformidad a esta Ley, serán responsables que los precios e índices que se apliquen en las demás modalidades de adquisición pública correspondan a los precios de un mercado en condiciones de competencia. Las autoridades serán responsables de velar por que en el sistema GUATECOMPRAS se publiquen todos los documentos que sustenten los precios empleados en la adjudicación de concursos o empleados en modalidades no competitivas o de excepción.
El Instituto Nacional de Estadísticas -INE- deberá asesorar a las entidades sobre las metodologías estándar de cálculo de índices de precios y otros instrumentos técnicos propios de su especialidad y competencia.
En el marco de su mandato y competencia, la Contraloría General de Cuentas, deberá fiscalizar el cumplimiento de estas disposiciones.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 4 del Decreto 9-2015; y por Artículo 3 del Decreto 46-2016, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 4 del Decreto 9-2015 (2015)
- Reforma: Reformado por el artículo 3 del Decreto 46-2016 (2016)
**Citado por:** Art. 46 Bis, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-46bis/); Art. 54 Bis, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-54bis/).
## Título II
### Capítulo Único. Organos competentes
**Artículo 9.** *Autoridades competentes.* Para efectos de aplicación de la presente Ley, se entenderán por autoridades superiores las siguientes:
1) PARA EL ORGANISMO LEGISLATIVO:
a) Cuando el monto no exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00) la autoridad administrativa superior, será el Director General.
b) Cuando el monto exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00), la autoridad competente será la Junta Directiva, en calidad de autoridad superior, para la aplicación de esta Ley.
2) PARA EL ORGANISMO JUDICIAL:
a) Cuando el monto no exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00), la autoridad administrativa superior, será el Gerente General.
b) Cuando el monto exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00), la autoridad competente será la Corte Suprema de Justicia, en calidad de autoridad superior, para la aplicación de esta Ley.
3) PARA LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL:
a) Cuando el monto no exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00) al Presidente de la Corte de Constitucionalidad o al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, respectivamente, en calidad de autoridad administrativa superior.
b) Cuando el monto exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00) al Pleno de la Corte de Constitucionalidad o del Tribunal Supremo Electoral, en su caso, en calidad de autoridad superior.
4) PARA EL ORGANISMO EJECUTIVO:
4.1 Para la Presidencia y Vicepresidencia de la República y las dependencias adscritas a las mismas:
a) El Presidente y el Vicepresidente de la República, respectivamente, deberán designar, en forma permanente y por plazo indefinido, a los funcionarios que se desempeñen como autoridad administrativa superior para el caso en que el monto no exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00).
b) Para la Presidencia y Vicepresidencia de la República y las dependencias adscritas a las mismas, el Presidente y el Vicepresidente de la República, respectivamente, deberán designar, en forma permanente y por plazo indefinido, a los funcionarios que se desempeñen como autoridad superior, para el caso en que el monto exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00).
4.2 Para los Ministerios y Secretarías de la Presidencia de la República:
a) Cuando el monto no exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00), el funcionario o funcionarios designados por el Ministro o Secretario, según corresponda, como autoridad administrativa superior, en forma permanente y por plazo indefinido, según la estructura orgánica del Ministerio o Secretaria y sus dependencias, incluyendo unidades ejecutoras o entidades adscritas a las mismas.
b) Cuando el monto exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00), el Ministro del ramo o el Secretario correspondiente, en calidad de autoridad superior.
4.3 Para otras dependencias o entidades de la Administración Central, no adscritas a otro Despacho:
a) Cuando el monto no exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00), el funcionario designado por la autoridad jerárquicamente superior de la entidad, en forma permanente y por plazo indefinido, en calidad de autoridad administrativa superior.
b) Cuando el monto exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00), el funcionario u órgano colegiado jerárquicamente superior responsable de la entidad, en calidad de autoridad superior.
5) PARA LAS ENTIDADES ESTATALES CON PERSONA- LIDAD JURÍDICA, DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNO- MAS:
a) Al Gerente o funcionario equivalente, cuando el valor total no exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00), en calidad de autoridad administrativa superior.
es favorable. autoridad superior de la entidad contratante.
b) La Junta Directiva, autoridad máxima, o en su caso, quien ejerza las funciones de ellas, cuando el valor total exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00), en calidad de autoridad superior.
6) PARA LAS MUNICIPALIDADES Y SUS EMPRESAS:
a) Cuando el monto no exceda los novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00), el Alcalde Municipal, Gerente o funcionario equivalente de la empresa, según sea el caso, en calidad de autoridad administrativa superior.
b) Cuando el monto exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00), el Concejo Municipal, en calidad de autoridad superior.
7) Para las entidades o empresas cuyo capital mayoritariamente esté conformado con aportaciones del Estado; las Organizaciones No Gubernamentales o entidades sin fines de lucro que reciban, administren o ejecuten fondos públicos; las entidades de cualquier naturaleza cuyos ingresos provengan de recursos, subsidios o aportes del Estado; los fideicomisos constituidos con fondos públicos y fondos sociales; y, cualquier otra entidad o institución sujeta a la presente Ley, no contemplada en los numerales anteriores:
a) Cuando el monto no exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00), el Gerente, Director Ejecutivo, Representante Legal o autoridad equivalente, según el caso, en calidad de autoridad administrativa superior.
b) Cuando el monto exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00), el órgano o autoridad superior de la entidad de que se trate, conforme su estructura orgánica, en calidad de autoridad superior. En el caso de fideicomisos, el Comité Técnico del mismo.
La autoridad administrativa superior en los casos contemplados en este Artículo, podrá delegar la suscripción de los contratos en los funcionarios o personeros de la entidad contratante. Estos funcionarios y personeros designados, deberán tener atribuciones y ejercer funciones jerárquicamente superiores dentro de la estructura orgánica, relacionadas con la administración o las adquisiciones que realice la entidad.
Cuando se trate de negociaciones que se financien con recursos provenientes de préstamos otorgados por el Instituto de Fomento Municipal o de entidades financieras del exterior al Concejo Municipal, las actuaciones de la autoridad superior requieren dictamen previo favorable de dicho Instituto. Si el Instituto de Fomento Municipal no evacua la consulta o emite el dictamen correspondiente en un plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de recibido el expediente, se entenderá que su opinión En los casos no previstos en el presente artículo, se entenderá como autoridad superior y autoridad administrativa superior, la que se establezca en el contrato, convenio, reglamento orgánico interno o las que correspondan de acuerdo con la organización funcional Interna de la entidad de que se trate.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 1 del Decreto 34-2001 del Congreso de la República; por Artículo 5 del Decreto 9-2015; y por Artículo 4 del Decreto 46-2016, todos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 34-2001 (2001)
- Reforma: Reformado por el artículo 5 del Decreto 9-2015 (2015)
- Reforma: Reformado por el artículo 4 del Decreto 46-2016 (2016)
**Citado por:** Art. 38, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-38/); Art. 46 Bis, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-46bis/); Art. 48, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-48/).
**Artículo 10.** *Juntas de cotización, licitación o calificación.* Las juntas de cotización, licitación o calificación son los únicos órganos competentes para recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio. Las decisiones las tomarán por mayoría simple de votos entre sus miembros. Los miembros de la junta pueden razonar su voto.
Los miembros de las juntas no podrán abstenerse de votar ni ausentarse o retirarse del lugar en donde se encuentren constituidos durante la jornada de trabajo en el proceso de la adjudicación.
Las juntas de cotización, licitación o calificación deben dejar constancia de todo lo actuado en las actas respectivas.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 6 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 6 del Decreto 9-2015 (2015)
**Qué significa:** Las juntas de cotización, licitación o calificación son los únicos órganos competentes para recibir y calificar ofertas y adjudicar el negocio. Sus decisiones se toman por mayoría simple de votos entre sus miembros, y cada miembro puede razonar su voto. Durante la jornada de trabajo del proceso de adjudicación, los miembros no pueden abstenerse de votar ni ausentarse o retirarse del lugar donde está constituida la junta. Por ejemplo, un miembro de una junta de licitación que decide no votar en la jornada de adjudicación incumple lo que dice este artículo. Todo lo actuado debe quedar en las actas respectivas. El texto no dice qué pasa si una junta omite un acta ni describe el resto del procedimiento; esos detalles quedan para otras normas. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 6 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República.
**Citado por:** Art. 69, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-69/).
**Artículo 11.** *Integración de las juntas de cotización, licitación o calificación.* Los miembros titulares y suplentes de las juntas de cotización, licitación o calificación deberán ser servidores públicos, nombrados por la autoridad competente de las entidades, según cada modalidad de adquisición. La autoridad competente será la responsable de verificar la idoneidad de los servidores públicos nombrados para integrar las juntas.
La idoneidad se verificará mediante la acreditación de la experiencia o el conocimiento suficiente en alguno de los ámbitos legal, financiero y técnico del negocio a adjudicar, debiendo la junta contar con miembros idóneos en cada uno de estos ámbitos. Los miembros suplentes deberán acreditar experiencia o conocimiento suficiente en el mismo ámbito del miembro titular que suplirán.
En caso los servidores públicos nombrados no presenten excusa de conformidad con el artículo 13 de esta Ley, la autoridad correspondiente, bajo su responsabilidad, dejará constancia por escrito de la verificación de la idoneidad de los miembros nombrados.
En caso la o las entidades no cuenten con personal idóneo, se podrá nombrar a servidores públicos de otras dependencias del Estado, toda vez se verifique y asegure su idoneidad, según el criterio del párrafo anterior.
La integración de las juntas se hará de la forma siguiente:
*a) En el caso de la modalidad de licitación pública, la junta de licitación estará integrada por tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes, los cuales deberán ser nombrados por la en el asunto o en la empresa oferente.
*b) En el caso de la modalidad de cotización pública, la junta de cotización estará integrada por tres (3) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes, los cuales deberán ser nombrados por la autoridad administrativa superior de la entidad contratante.
*c) En el caso de la modalidad de compra por contrato abierto, la junta de calificación estará integrada por representantes titulares y suplentes de la entidad o entidades u organismos que hayan solicitado o requerido el concurso, nombrados por la autoridad superior de la entidad o entidades u organismos de cada solicitante o requirentes. Cuando sea una única entidad la que gestione el mismo, la junta de calificación se integrará en un número no menor a tres (3) representantes titulares y dos (2) suplentes, nombrados por la autoridad superior del organismo o entidad interesada.
La junta de calificación podrá solicitar asistencia de asesores, tanto de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, como de las entidades requirentes, cuando lo considere necesario.
En los casos en los que el número de entidades u organismos que hayan solicitado o requerido el concurso de compra por contrato abierto, y por ende el número de integrantes de la junta de calificación sea par, cada vez que en una votación se tenga igual número de votos favorables y desfavorables, se repetirá la votación hasta una tercera vez. Si en las tres votaciones consecutivas se obtiene igual número de votos favorables y desfavorables, la junta declarará imposibilidad para tomar decisión. La junta de calificación deberá dejar en el acta respectiva constancia por escrito de este procedimiento.
Para el adecuado desarrollo de sus funciones, las juntas de licitación, cotización o calificación podrán solicitar asistencia de asesores de entidades del sector público con rectoría, atribuciones o especialidades relevantes al negocio a adjudicar.
La autoridad responsable del nombramiento de los miembros de las juntas, deberá dejar constancia por escrito de todas sus actuaciones relativas a la integración de las juntas.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 7 del Decreto 9-2015; y por Artículo 5 del Decreto 46-2016, ambos del Congreso de la República). (Reformado por Artículo 5 del Decreto 46-2016 del Congreso de la República). (Reformado por Artículo 5 del Decreto 46-2016 del Congreso de la República). (Reformado por Artículo 5 del Decreto 46-2016 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 7 del Decreto 9-2015 (2015)
- Reforma: Reformado por el artículo 5 del Decreto 46-2016 (2016)
**Qué significa:** Este artículo regula quiénes integran las juntas de cotización, licitación o calificación. Sus miembros titulares y suplentes deben ser servidores públicos nombrados por la autoridad competente, que responde por verificar su idoneidad. La idoneidad se acredita con experiencia o conocimiento suficiente en el ámbito legal, financiero o técnico del negocio, y la junta debe tener miembros idóneos en cada ámbito. Cada suplente debe acreditarla en el mismo ámbito del titular al que suple. En la cotización pública, la junta tiene tres titulares y dos suplentes nombrados por la autoridad administrativa superior. En el contrato abierto, la junta de calificación se forma con representantes de las entidades solicitantes; si hay una sola entidad, con no menos de tres titulares y dos suplentes. Si el número de integrantes es par y hay empate, la votación se repite hasta una tercera vez; tras tres empates consecutivos, la junta declara imposibilidad para decidir y lo deja en acta. Si una entidad no tiene personal idóneo, puede nombrar servidores de otras dependencias. Por ejemplo, una municipalidad sin abogado propio puede integrar a uno de otra dependencia, verificando su idoneidad. La nota indica que fue reformado por Artículo 7 del Decreto 9-2015; y por Artículo 5 del Decreto 46-2016, ambos del Congreso de la República.
**Citado por:** Art. 13, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-13/).
**Artículo 12.** *Impedimentos para integrar las juntas de cotización, licitación o calificación.* No podrán ser miembros de las juntas de licitación, cotización o calificación, quienes tengan alguno de los impedimentos siguientes:
a) Ser parte en el asunto.
b) Haber sido representante legal, gerente o empleado, o alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito,
c) Tener, o alguno de sus parientes dentro de los grados de ley, interés directo o indirecto en el asunto.
d) Tener parentesco dentro de los grados de ley, con alguna de las partes.
e) Ser pariente dentro de los grados de ley, de la autoridad superior o la autoridad administrativa superior de la institución.
f) Haber aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes.
g) Ser socio o partícipe con alguna de las partes.
h) Haber participado en la preparación del negocio, en cualquier fase.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 8 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 8 del Decreto 9-2015 (2015)
**Qué significa:** Ciertas personas no pueden integrar las juntas de licitación, cotización o calificación. El impedimento alcanza a quienes estén en alguno de los supuestos de los literales a) a h). Entre ellos están ser parte en el asunto, tener uno mismo o un pariente dentro de los grados de ley interés directo o indirecto en él, o tener parentesco dentro de los grados de ley con alguna de las partes. También impide ser pariente, dentro de los grados de ley, de la autoridad superior o la autoridad administrativa superior de la institución. Otros impedimentos son haber aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes, ser socio o partícipe con alguna de ellas, o haber participado en la preparación del negocio, en cualquier fase. El literal b) menciona haber sido representante legal, gerente o empleado, o asesor, abogado o perito, aunque su redacción en el texto recibido queda incompleta. Un caso práctico: una persona que participó en la preparación de un negocio no puede integrar la junta que lo califica. El texto no enumera los grados de parentesco, así que esa definición queda fuera de este artículo. La nota indica que fue reformado por el Artículo 8 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República.
**Citado por:** Art. 14, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-14/).
**Artículo 13.** *Excusa obligatoria para integrar las juntas de cotización, licitación o calificación.* No podrán ser miembros de las juntas de licitación, cotización o calificación, y deberán excusarse en los casos siguientes:
a) Cuando tengan amistad íntima o relaciones con alguna de las partes, que según las pruebas y circunstancias hagan dudar de la imparcialidad.
b) Cuando el o la integrante o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes, o con parientes consanguíneos de alguna de ellas.
c) Cuando el o la integrante viva en la misma casa con alguna de las partes, exceptuándose el caso de hoteles o pensiones.
d) Cuando el o la integrante haya intervenido en el asunto que se convoque.
e) Cuando el o la integrante o sus parientes dentro de los grados de ley, hayan sido tutores, protutores, guardadores, mandantes o mandatarios de alguna de las partes o de sus descendientes, cónyuges o hermanos.
f) Cuando el cónyuge o los parientes consanguíneos del integrante hayan aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes.
g) Cuando alguna de las partes sea comensal o dependiente del integrante o éste de aquellas.
h) Cuando el o la integrante, su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, hermanas y alguna de las partes hayan otorgado un contrato escrito del que resulte una relación jurídica que aproveche o dañe al integrante o a cualquiera de sus parientes mencionados.
Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS;
i) Cuando el integrante, su cónyuge o parientes consanguíneos tengan juicio pendiente con alguna de las partes o lo haya tenido un año antes.
j) Cuando el integrante, antes de adjudicar, haya externado opinión en el asunto que se ventila.
k) Cuando el asunto pueda resultar en daño o provecho para los intereses del integrante, su cónyuge o alguno de sus parientes consanguíneos.
l) Cuando el integrante, su cónyuge, o alguno de sus parientes consanguíneos, tengan enemistad grave con alguna de las partes. Se presume que hay enemistad grave por haber dañado o intentado dañar unas de las partes al integrante o éste a cualquiera de aquellos, en su persona, su honor o sus bienes, o a los parientes de unos y otros mencionados en este inciso.
m) Por no cumplir ninguno de los criterios de idoneidad establecidos en el artículo 11 de esta Ley.
n) Por razones establecidas en esta Ley o en otras leyes vigentes.
Los servidores públicos que sean nombrados para integrar una junta y que deben excusarse según lo establecido en este artículo, en un plazo no mayor a un día hábil a partir del momento que conozcan el impedimento, deberán presentar su excusa por escrito, razonando y acreditando las causales que justifican la excusa. La autoridad nominadora de la Junta deberá resolver en un plazo no mayor a un día hábil. El reglamento establecerá el procedimiento. Los servidores públicos que presenten excusas frívolas, o que teniendo obligación de presentar excusa no lo hicieren, serán sancionados conforme al régimen sancionatorio administrativo del Estado o entidad que se refiere, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se puedan derivar.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 9 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 9 del Decreto 9-2015 (2015)
**Qué significa:** Quien se encuentre en ciertos casos no puede ser miembro de las juntas de licitación, cotización o calificación y debe excusarse. La lista incluye tener amistad íntima con una de las partes, vivir en la misma casa que ella, salvo el caso de hoteles o pensiones, o haber intervenido en el asunto que se convoca. Los integrantes de estas juntas son servidores públicos, según el art. 11 LCE. La amistad íntima cuenta solo cuando, según las pruebas y circunstancias, hace dudar de la imparcialidad. Además, la excusa debe presentarse por escrito, razonando y acreditando la causal, en un plazo no mayor a un día hábil desde que se conozca el impedimento. La autoridad nominadora debe resolver en un plazo no mayor a un día hábil. El texto deja el procedimiento al reglamento. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 9 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República. En la práctica, un servidor público nombrado para una junta que vive en la misma casa que una de las partes debe presentar su excusa. Si la excusa es frívola, o si no se presenta cuando correspondía, el texto prevé sanciones conforme al régimen sancionatorio administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se puedan derivar.
**Citado por:** Art. 11, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-11/); Art. 14, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-14/).
**Artículo 14.** *Recusación.* Son causas de recusación como integrante de una junta de cotización, licitación o calificación, las mismas de los impedimentos establecidos en el artículo 12 y de las excusas establecidas en el artículo 13 de esta Ley.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 10 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 10 del Decreto 9-2015 (2015)
**Qué significa:** Un integrante de una junta de cotización, licitación o calificación puede ser recusado por las mismas causas de los impedimentos del art. 12 LCE y de las excusas del art. 13 LCE. El texto fue reformado por el Artículo 10 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República. El artículo 12 trae impedimentos, como ser parte en el asunto o haber sido representante legal, gerente o empleado. El artículo 13 trae excusas obligatorias, como tener amistad íntima con alguna de las partes o vivir en la misma casa con alguna de ellas. Recusar es pedir que esa persona se aparte por una de esas causas. Lo que no dice: quién presenta la recusación ni cómo se tramita. Este artículo no regula esos pasos. Por ejemplo, una persona que integra una junta de licitación vive en la misma casa que una de las partes del asunto. Ese caso aparece entre las excusas del artículo 13 y puede dar base para recusarla.
**Artículo 15.** *Dirección General de Adquisiciones del Estado.* La Dirección General de Adquisiciones del Estado es el ente rector de las adquisiciones públicas, responsable de facilitar procesos, proponer o aprobar la normativa en el ámbito de su competencia. El objeto de la Dirección General de Adquisiciones del Estado es procurar que las adquisiciones públicas se desarrollen en un marco general de transparencia, certeza, eficiencia y competencia en las adquisiciones públicas. Entre sus funciones se encuentra:
a. Ser el órgano rector de las adquisiciones públicas y del Sistema de Información de Contrataciones y
b. Diseñar, administrar, normar e implementar políticas destinadas para el desarrollo de GUATECOM- PRAS;
c. Establecer procedimientos para la adecuada aplicación de la legislación en materia de adquisiciones públicas;
d. Coordinar la modalidad de compra por contrato abierto;
e. Decidir el destino de los fondos privativos de la Dirección, para el fortalecimiento, desarrollo y modernización de los sistemas, procesos y procedimientos de adquisiciones públicas;
f. Capacitar periódicamente a las entidades del sector público en materia de procedimientos para las adquisiciones públicas;
g. Certificar a los funcionarios o empleados públicos responsables de las adquisiciones, en las entidades sujetas a la presente Ley;
h. Requerir a todas las entidades del sector público, por medio del sistema GUATECOMPRAS, su programación anual de compras, para su optimización y elaboración de estadísticas y sus modificaciones;
i. Estandarizar los procesos de contrataciones de las entidades públicas;
j. Generar y mantener actualizadas estadísticas, las cuales serán de acceso público; y,
k. Otras que establezca el reglamento, la ley y el despacho ministerial, en el ámbito de su competencia.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 11 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 11 del Decreto 9-2015 (2015)
**Qué significa:** Describe la Dirección General de Adquisiciones del Estado, que es el ente rector de las adquisiciones públicas. Según el texto, su función es facilitar procesos y proponer o aprobar normas en su ámbito. Su objeto es que las compras públicas se desarrollen con transparencia, certeza, eficiencia y competencia. Lo que más pesa es la lista de funciones, de la letra a) a la k). Entre ellas, la Dirección debe requerir a las entidades del sector público su programación anual de compras por GUATECOMPRAS, y debe certificar a los funcionarios o empleados públicos responsables de las adquisiciones. El texto nombra cada función, pero no explica cómo se ejecutan. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 11 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República. Las funciones de la letra k) remiten a lo que establezca el reglamento, la ley y el despacho ministerial, y esos detalles quedan fuera de este texto. En la práctica: una oficina pública que compra suministros cada año recibe el requerimiento de enviar su programación anual de compras por GUATECOMPRAS. Esa obligación viene de la función h).
**Artículo 16.** *Recursos privativos de la Dirección General de Adquisiciones del Estado.* El régimen económico financiero para la Dirección General de Adquisiciones del Estado está constituido con los siguientes recursos:
a) Recursos financieros del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado;
b) Fondos privativos provenientes de los pagos que realicen los proveedores o contratistas adjudicados, correspondientes a tasas por servicios de GUATE- COMPRAS. El reglamento especificará estas tasas y los procedimientos correspondientes.
Estos recursos serán administrados, en concepto de fondo privativo, por la Dirección General de Adquisiciones del Estado.
o semejante, o similar, o análogo.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 12 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 12 del Decreto 9-2015 (2015)
## Título III. Regimen de licitacion y cotizacion publica
### Capítulo I. Regimen de licitacion
**Artículo 17.** *Monto.* Cuando el monto total de los bienes, suministros y obras, exceda de las cantidades establecidas en el artículo 38, la compra o contratación deberá hacerse por Licitación Pública, salvo los casos de excepción que indica la presente ley, en el capítulo III del Título III. Si no excede de dicha suma, se sujetará a los requisitos de cotización o a los de compra directa, conforme se establece en esta ley y en su reglamento.
**Qué significa:** Fija cuándo una compra debe hacerse por licitación pública. La regla depende del monto total de los bienes, suministros y obras. Si ese monto excede las cantidades del artículo 38, la compra o contratación debe hacerse por Licitación Pública, salvo las excepciones de la ley. Los montos de cotización están en el art. 38 LCE. Lo que más pesa es la comparación con el monto total. Las excepciones a la licitación están en el capítulo III del Título III de la misma ley, así que esa parte no se resuelve con este artículo. Si el monto no excede esa suma, la compra se sujeta a los requisitos de cotización o de compra directa, según esta ley y su reglamento. El texto no dice cómo se calcula el monto total ni qué pasos sigue cada modalidad. Esos pasos quedan para la ley y el reglamento. Un caso práctico: una municipalidad necesita comprar suministros por un monto total que supera el umbral del artículo 38. Según el texto, debe hacerlo por licitación pública, salvo que aplique una excepción del capítulo III.
**Artículo 18.** *Documentos de licitación.* Para llevar a cabo la Licitación Pública, deberán elaborarse, según el caso, los documentos siguientes:
1. Bases de Licitación.
2. Especificaciones generales.
3. Especificaciones técnicas.
4. Disposiciones especiales, y
5. Planos de construcción, cuando se trate de obras.
**Qué significa:** Para una licitación pública, el artículo 18 pide elaborar, según el caso, cinco documentos: bases de licitación, especificaciones generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales y, cuando se trate de obras, planos de construcción. Es la lista de los documentos que deben elaborarse. El texto no detalla cómo se redacta cada documento. Lo que más pesa es la frase «según el caso». No todas las licitaciones necesitan los cinco documentos, y los planos solo entran cuando el objeto es una obra. El artículo tampoco indica quién los elabora ni en qué plazo; eso queda fuera de esta norma. Por ejemplo, si una entidad licita la compra de equipo de oficina, no necesita planos de construcción, porque estos solo se elaboran cuando se trata de obras. Un caso de obra, en cambio, sí exige planos. Así, el artículo solo fija qué documentos se elaboran. No habla de publicación ni de firmas.
**Citado por:** Art. 21, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-21/); Art. 46 Bis, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-46bis/).
**Artículo 19.** *Requisitos de las bases de licitación.* Las bases de licitación, según el caso, deberán contener como mínimo lo siguiente:
1. Condiciones que deben reunir los oferentes.
2. Características generales y específicas, cuando se trate de bienes y servicios.
3. Lugar y forma en donde será ejecutada la obra, entregados los bienes o prestado los servicios.
4. Listado de documentos que debe contener la plica, en original y copias requeridas, una de las cuales será puesta a disposición de los oferentes.
5. Indicación de que el oferente deberá constituir, según el caso, las garantías a que se refiere el Título V, Capítulo Único de la presente ley.
6. En casos especiales y cuando la autoridad superior lo considere oportuno, las garantías que deberá constituir el contratista, con indicación de los riesgos a cubrir, su vigencia y montos.
7. Forma de pago de la obra, de los bienes y servicios.
8. Porcentaje de anticipo y procedimiento para otorgarlo, cuando este se conceda.
9. Lugar, dirección exacta, fecha y hora en que se efectuará la diligencia de presentación, recepción y apertura de plicas.
10. Declaración Jurada de que el oferente no es deudor moroso del Estado ni de las entidades a las que se refiere el Artículo 1, de esta ley, o en su defecto, compromiso formal de que, en caso de adjudicársele la negociación, previo a la suscripción de contrato acreditará haber efectuado el pago correspondiente.
11. Indicación de la forma de integración de precios unitarios por renglón.
12. Criterios que deberán seguir la Junta de Licitación para calificar las ofertas recibidas.
13. Indicación de los requisitos que se consideren fundamentales; y
14. Modelo de oferta y proyecto de contrato.
Los requisitos anteriores también regirán en lo que fuere aplicable para los efectos de cotización, elaboración de términos de referencia y contratación en los casos de excepción comprendidos en el Artículo 44 de esta ley. El reglamento desarrollará los requisitos para casos específicos.
**Qué significa:** Las bases de licitación deben contener, como mínimo, los requisitos numerados del 1 al 14. Entre ellos están las condiciones que deben reunir los oferentes, las características de bienes y servicios, el lugar y forma de ejecución, la forma de pago y los criterios que seguirá la Junta de Licitación para calificar las ofertas. Otros requisitos son el porcentaje de anticipo, la fecha y hora de la apertura de plicas, y el formato de la oferta con el proyecto de contrato. El número 10 exige una declaración jurada de no ser deudor moroso del Estado ni de las entidades a que se refiere el art. 1 LCE. Como alternativa, cabe un compromiso formal de acreditar el pago antes de firmar el contrato. Los mismos requisitos rigen, en lo que aplique, para cotización, términos de referencia y los casos de excepción del art. 44 LCE. El reglamento desarrollará los requisitos para casos específicos. Ejemplo: una entidad que publica una licitación de obra debe incluir en las bases la forma de pago y el lugar de ejecución.
**Artículo 19 Bis.** *Modificaciones a las Bases de Licitación.* La entidad contratante en el curso de una licitación y antes de la presentación de ofertas, puede modificar las bases de licitación, para lo cual debe publicar las modificaciones en GUATECOMPRAS. A partir de la publicación de la modificación, las personas interesadas contarán con un plazo no menor de ocho (8) días hábiles para presentar sus ofertas.
> Nota de la fuente: (Adicionado por el Artículo 3 del Decreto 11-2006 del Congreso de la República y reformado por el Artículo 2 del Decreto 27-2009 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 3 del Decreto 11-2006 (2006)
- Reforma: Reformado por el artículo 2 del Decreto 27-2009 (2009)
**Artículo 20.** *Especificaciones Generales, Técnicas, Disposiciones Especiales y Planos de Construcción.* La autoridad superior velará porque las especificaciones generales, técnicas, disposiciones especiales o planos de construcción, sean congruentes o se ajusten al contenido de las bases y a las necesidades que motiven la contratación. En el reglamento de esta ley se determinará todo lo relativo a esta materia.
La entidad licitante o contratante no deberá fijar especificaciones técnicas o disposiciones especiales que requieran o hagan referencia a determinadas marcas, nombres comerciales, patentes, diseños, tipos, orígenes específicos, productores o proveedores, salvo que no exista otra manera suficientemente precisa y comprensible para describir los requisitos de la licitación o contratación, y siempre que en tales casos, se incluyan en las especificaciones, requisitos y documentos de licitación o contratación, expresiones como: o equivalente, corresponda la adjudicación descalificará a aquel oferente,
> Nota de la fuente: (Adicionado el segundo párrafo por Artículo 4 del Decreto 11-2006 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado (párrafo) por el artículo 4 del Decreto 11-2006 (2006)
**Artículo 21.** *Aprobación de los documentos de licitación.* Los documentos a que se refiere el Artículo 18 de esta ley, deberán ser aprobados por la autoridad administrativa superior de la dependencia, previo los dictámenes técnicos que determinen el reglamento. En todo caso se respetarán los Convenios y Tratados Internacionales acordados entre las partes, si fuere el caso.
**Qué significa:** Los documentos de licitación del art. 18 LCE deben ser aprobados por la autoridad administrativa superior de la dependencia. Esa aprobación llega después de los dictámenes técnicos que determine el reglamento. El artículo 18 enumera cinco documentos: bases de licitación, especificaciones generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales y, en obras, planos de construcción. La última frase obliga a respetar los convenios y tratados internacionales acordados entre las partes, si fuere el caso. Es decir, si hay un tratado aplicable, debe respetarse al aprobar los documentos. El texto no dice qué dictámenes técnicos se requieren ni quién los emite; el artículo deja ese punto al reglamento. Una dependencia prepara las bases y las especificaciones de una licitación. Su autoridad administrativa superior las aprueba con los dictámenes técnicos previos. Si hay un tratado internacional que aplique al caso, esa aprobación debe respetarlo.
**Artículo 22.** *Entrega de Bases.* La entidad requirente debe publicar las bases de los eventos en GUATECOMPRAS, de donde las personas interesadas las podrán obtener de forma gratuita. En el caso que las obras, bienes o servicios requieran documentos que no puedan ser incluidos en GUATECOMPRAS, tales como planos no elaborados por medios electrónicos o cualquier otro que por su naturaleza no lo permita, se deberá indicar en el portal de GUATECOMPRAS el lugar donde se pondrán a disposición los documentos.
El pago correspondiente por los documentos anexos que no pueden ser elaborados por medios electrónicos, podrán cobrarse al costo de su reproducción, fondos que serán considerados privativos, utilizados exclusivamente para la modernización institucional de la entidad.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 3 del Decreto 27- 2009 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 3 del Decreto 27-2009 (2009)
**Artículo 23.** *Publicaciones.* Las convocatorias a licitar se deben publicar en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS, y una vez en el diario oficial. Entre ambas publicaciones debe mediar un plazo no mayor de cinco (5) días calendario. Entre la publicación en GUATECOMPRAS y el día fijado para la presentación y recepción de ofertas deben transcurrir por lo menos cuarenta (40) días calendario.
En los procesos de cotización y de licitación, la entidad contratante debe publicar en GUATECOMPRAS, como mínimo, la siguiente información: bases de cotización o licitación, especificaciones técnicas, criterios de evaluación, preguntas, respuestas, listado de oferentes, actas de adjudicación y los contratos de las contrataciones y adquisiciones.
En lo relativo a lo dispuesto en convenios y tratados internacionales de los cuales la República de Guatemala, sea parte, las disposiciones contenidas en los mismos se aplicarán en forma complementaria, siempre y cuando no contradigan el contenido del presente artículo.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 5 del Decreto 11-2006; y por Artículo 4 del Decreto 27-2009, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 5 del Decreto 11-2006 (2006)
- Reforma: Reformado por el artículo 4 del Decreto 27-2009 (2009)
**Qué significa:** Las convocatorias a licitar se publican en GUATECOMPRAS y una vez en el diario oficial. Entre ambas publicaciones debe mediar un plazo no mayor de cinco (5) días calendario. Además, entre la publicación en GUATECOMPRAS y la fecha de presentación y recepción de ofertas deben transcurrir por lo menos cuarenta (40) días calendario. En cotizaciones y licitaciones, la entidad contratante debe publicar en GUATECOMPRAS, como mínimo, las bases, las especificaciones técnicas, los criterios de evaluación, las preguntas y respuestas, el listado de oferentes, las actas de adjudicación y los contratos. Los convenios y tratados internacionales de los que Guatemala es parte se aplican de forma complementaria. Solo rigen si no contradicen este artículo. Imagina que una entidad recibe ofertas en una licitación. Antes de esa fecha, la convocatoria debe estar publicada en GUATECOMPRAS con al menos cuarenta días calendario de anticipación. El texto no regula sanciones ni montos. Trata solo de publicaciones y plazos.
**Citado por:** Art. 46 Bis, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-46bis/).
**Artículo 24.** *Presentación de ofertas y apertura de plicas.* Las ofertas y demás documentos de licitación deberán entregarse directamente a la Junta de Licitación, en el lugar, dirección, fecha, hora y en la forma que señalen las bases. Transcurridos treinta (30) minutos de la hora señalada para la presentación y recepción de ofertas, no se aceptará alguna más y se procederá al acto público de apertura de plicas. De todo lo actuado se levantará el acta correspondiente en forma simultánea.
**Qué significa:** La entrega de ofertas y demás documentos de licitación debe hacerse directamente a la Junta de Licitación. El lugar, la dirección, la fecha, la hora y la forma los señalan las bases. La hora límite pesa mucho: transcurridos treinta (30) minutos desde la hora señalada para recibir ofertas, no se acepta ninguna más. Entonces se procede al acto público de apertura de plicas. De todo lo actuado se levanta el acta correspondiente en forma simultánea. Caso práctico: una empresa llega a entregar su oferta cuando ya pasaron esos treinta minutos. Según el texto, esa oferta no se acepta. Lo que el texto no dice: cómo se comprueba la hora de llegada ni qué pasa en otros supuestos. Tampoco fija qué contenido debe tener el acta. Este artículo no regula esos detalles.
**Artículo 24 Bis.** *Presentación de ofertas electrónicas.* Para cualquier modalidad de compra regulada en esta Ley, en la que se soliciten ofertas de forma electrónica, deberán acatarse las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas de uso del sistema GUATECOMPRAS.
> Nota de la fuente: (Adicionado por Artículo 13 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 13 del Decreto 9-2015 (2015)
**Artículo 25.** *Presentación de una sola oferta por persona.* . Cada persona individual o jurídica, nacional o extranjera, podrá presentar una sola oferta. En ningún caso se permitirá a un compareciente la representación de más de un oferente. Quien actúe por sí no puede participar representando a un tercero. Si se determinare la existencia de colusión entre oferentes, serán rechazadas las ofertas involucradas, sin perjuicio de la adopción de las medidas que determine la ley en materia de competencia.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 111 del Decreto 32-2024 del Congreso de la República)
- Reforma: Reformado por el artículo 111 del Decreto 32-2024 (2024)
**Citado por:** Art. 111, Ley de Competencia (https://codicegt.com/ley-de-competencia/articulo-111/).
**Artículo 25 Bis.** *Pacto colusorio en las adquisiciones públicas.* (Derogado) Comete el delito de pacto colusorio en las adquisiciones públicas, quien realice un convenio, acuerdo, decisión, recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela, en la presentación de ofertas en procesos de adquisición pública, que tenga por objeto o produzca el efecto de impedir, restringir o afectar la libre competencia en un determinado proceso o acto.
También se entenderá que existe pacto colusorio, cuando dos o más sociedades que formen parte de un mismo grupo empresarial o corporativo, según la definición de partes relacionadas, contenida en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, participen en el mismo proceso de adquisición pública.
Los responsables de este delito serán sancionados con prisión de uno a cuatro años y con multa de cinco mil a veinticinco mil Quetzales.
Las personas individuales o jurídicas que hayan participado o se hayan beneficiado del pacto colusorio, ya sea de manera directa o por medio de sus accionistas o representantes, serán sancionadas con la cancelación de su inscripción en el Registro General de Adquisiciones Públicas, la que deberá efectuarse a la mayor brevedad posible.
Los miembros de la Junta que tengan conocimiento de indicios de pacto colusorio, están obligados a realizar la denuncia a las autoridades correspondientes.
> Nota de la fuente: (Adicionado por Artículo 14 del Decreto 9-2015 y DEROGADO por el Artículo 114 del Decreto 32- 2024, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 14 del Decreto 9-2015 (2015)
- Reforma: Derogado por el artículo 114 del Decreto 32-2024 (2024)
**Qué significa:** Este artículo describía el delito de pacto colusorio en las adquisiciones públicas. Hoy está derogado. La nota oficial indica que fue derogado por el artículo 114 del Decreto 32-2024. Por eso, el texto muestra la regla anterior, pero no está vigente. El delito consistía en un convenio, acuerdo, decisión, recomendación colectiva o práctica concertada en la presentación de ofertas. Su objeto era impedir o restringir la libre competencia en un proceso de compra pública. También se consideraba pacto colusorio la participación de sociedades de un mismo grupo empresarial. La pena era prisión de uno a cuatro años y multa de Q5,000.00 a Q25,000.00. Además, quienes participaron o se beneficiaron del pacto sufrían la cancelación de su inscripción en el Registro General de Adquisiciones Públicas. Ejemplo: dos empresas del mismo grupo presentan ofertas coordinadas en una licitación. Con el texto derogado, ese caso ya no se rige por este artículo. Hay que revisar si otra norma lo regula. El artículo anterior, art. 25 LCE, trata de la presentación de una sola oferta por persona. Para los casos vigentes, revisa la norma posterior a la derogatoria.
**Citado por:** Art. 114, Ley de Competencia (https://codicegt.com/ley-de-competencia/articulo-114/).
**Artículo 26.** *Declaración jurada.* Los oferentes que participen en las licitaciones, cotizaciones y quienes estuvieran comprendidos en los casos de excepción contemplados en esta ley, presentará junto con la oferta, declaración jurada de no estar comprendidos en ninguno de los casos a que se refiere el Artículo 80 de esta ley. Si se descubriere falsedad en la declaración, la autoridad a que total oficial estimado, se establecen en un diez por ciento clasifiquen sucesivamente. En el caso que el adjudicatario sin perjuicio de poner el hecho en conocimiento de los tribunales de justicia.
En caso de que la falsedad de la declaración fuere descubierta estando en ejecución o terminando el servicio o la obra respectiva, los adjudicatarios responderán por los daños o perjuicios que se produzcan por tal causa, aplicándoles las sanciones previstas en la presente ley y trasladando lo conducente a los tribunales de justicia.
**Qué significa:** Este artículo exige una declaración jurada a los oferentes. Quienes participen en licitaciones, cotizaciones o en los casos de excepción de la ley deben presentar, junto con su oferta, una declaración jurada de no estar comprendidos en ninguno de los casos del art. 80 LCE, que enumera las prohibiciones para contratar con el Estado. Una declaración jurada es una manifestación hecha bajo juramento, con responsabilidad por su veracidad. Si se descubre falsedad en la declaración, el hecho se pone en conocimiento de los tribunales de justicia. El texto publicado del primer párrafo tiene frases mezcladas, por lo que no se puede leer con exactitud qué consecuencias administrativas inmediatas fija para ese caso. El segundo párrafo sí es claro: si la falsedad se descubre durante la ejecución o al terminar el servicio o la obra, los adjudicatarios responden por los daños o perjuicios que se produzcan, se les aplican las sanciones de la ley y se traslada lo conducente a los tribunales. Por ejemplo, si una empresa declara no tener deudas tributarias exigibles y luego se demuestra lo contrario cuando la obra ya está en marcha, debe responder por los daños y perjuicios. Además, el caso se traslada a los tribunales de justicia.
**Artículo 27.** *Aclaraciones y muestras.* La Junta podrá solicitar a los oferentes las aclaraciones y muestras que considere pertinentes, siempre y cuando se refieran a requisitos y condiciones relacionados con la compra o contratación de que se trate, que hayan sido solicitados en las bases y que sea económica y físicamente posible.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 5 del Decreto 27-2009 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 5 del Decreto 27-2009 (2009)
**Qué significa:** El artículo 27 permite a la Junta pedir a los oferentes aclaraciones y muestras. Es una facultad: la Junta «podrá» solicitarlas, pero el texto no la obliga a hacerlo. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 5 del Decreto 27-2009 del Congreso de la República. El matiz clave está en las condiciones. Las aclaraciones y muestras solo proceden si se refieren a requisitos y condiciones relacionados con la compra, que hayan sido solicitados en las bases y que sean económica y físicamente posibles. Si falta una de esas condiciones, el texto no ampara la solicitud. Un caso práctico: las bases piden una muestra de tela de un color específico. La Junta puede pedir al oferente que aclare cómo cumple ese requisito. Si la muestra no es posible físicamente, el artículo no la respalda. El texto no dice cuándo ni cómo se piden esas aclaraciones; esos trámites quedan fuera de esta norma.
**Artículo 28.** *Criterios de calificación de ofertas.* Para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable para los intereses del Estado, se utilizarán los criterios siguientes: calidad, precio, tiempo, características y demás condiciones que se fijan en las bases, en los cuales también se determinará el porcentaje en que se estimará cada uno de los referidos elementos, salvo que en éstas se solicite únicamente el precio, en cuyo caso, la decisión se tomará con base en el precio más bajo. Cuando se trate de obras, la Junta tomará en cuenta el costo total oficial estimado.
* Para el caso de productos medicinales, material médico quirúrgico, dispositivos médicos, gases médicos, fórmulas infantiles, material de diagnóstico por imágenes y productos sucedáneos de la leche materna que sean adquiridos a través de contrato abierto o subasta electrónica inversa, una vez calificado el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento para el Control Sanitario de los Medicamentos y Productos Afines, en lo que se refiere a seguridad, eficacia y calidad, se utilizará el precio más bajo como criterio de calificación, siempre y cuando este precio no sea igual o superior al precio de referencia otorgado por el Instituto Nacional de Estadística -INE-.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 1 del Decreto 45- 2010; por Artículo 1 del Decreto 6-2011; y por Artículo 6 del Decreto 46-2016, todos del Congreso de la República). (Párrafo reformado por Artículo 6 del Decreto 46-2016 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 45-2010 (2010)
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 6-2011 (2011)
- Reforma: Reformado por el artículo 6 del Decreto 46-2016 (2016)
- Reforma: Reformado (párrafo) por el artículo 6 del Decreto 46-2016 (2016)
**Qué significa:** Este artículo fija los criterios para elegir la oferta más conveniente para el Estado: calidad, precio, tiempo, características y demás condiciones de las bases. Las bases indican el porcentaje de cada elemento. Si solo se pide el precio, se decide con base en el precio más bajo. En obras, la Junta toma en cuenta el costo total oficial estimado. La excepción del segundo párrafo cambia el criterio. Aplica a productos medicinales, material médico quirúrgico, dispositivos médicos, gases médicos, fórmulas infantiles, material de diagnóstico por imágenes y sucedáneos de la leche materna, comprados por contrato abierto o subasta electrónica inversa. Tras calificar los requisitos sanitarios en seguridad, eficacia y calidad, se usa el precio más bajo, salvo que sea igual o superior al precio de referencia del Instituto Nacional de Estadística -INE-. En la práctica: una institución compra papel y las bases solo piden el precio. La decisión se toma con base en la oferta más barata. La nota indica varias reformas, entre ellas la del Decreto 46-2016.
**Citado por:** Art. 46 Bis, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-46bis/).
**Artículo 29.** *Integración del precio oficial.* Tratándose de obras, después de la apertura de plicas, la Junta de Licitación calculará en definitiva el costo total oficial estimado que servirá de base para fijar la franja de fluctuación y lo dará a conocer de inmediato a los oferentes. Para este cálculo tomará el cuarenta por ciento (40%) del costo estimado por la entidad interesada, al cual se sumará el sesenta por ciento (60%) del promedio del costo de las ofertas presentadas que cumplan con los requisitos fundamentales de las bases y que estén comprendidas dentro de la franja del veinticinco por ciento (25%) arriba y el veinticinco por ciento (25%) abajo del costo estimado por dicha entidad.
Los límites máximos de fluctuación con respecto al costo (10%) hacia arriba y en un quince por ciento (15%) hacia abajo.
Los porcentajes indicados en más y en menos respecto al costo total oficial estimado, darán la franja límite entre la cual deberán estar comprendidas las ofertas para que sean aceptadas por las juntas para su calificación. Las ofertas recibidas que estén fuera de la franja establecida serán descalificadas.
El costo estimado por la entidad interesada será aprobado por la autoridad administrativa superior de dicha entidad, el cual debe darse a conocer después de la presentación de ofertas y antes de abrir la primera plica. De los errores que se detecten en el cálculo de este costo, serán responsables quienes lo elaboraron. Estas infracciones se sancionarán de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 83 y 87 de la presente ley.
En el acta que se levante deberán hacerse constar los extremos a que se refiere el presente artículo, en su orden.
**Qué significa:** En obras, después de abrir las plicas, la Junta de Licitación calcula el costo total oficial estimado. Para ese cálculo toma el cuarenta por ciento (40%) del costo estimado por la entidad y el sesenta por ciento (60%) del promedio de las ofertas que cumplan los requisitos fundamentales y estén dentro de la franja del veinticinco por ciento (25%) arriba y abajo. La fluctuación tiene límites: diez por ciento (10%) hacia arriba y quince por ciento (15%) hacia abajo del costo. Las ofertas recibidas fuera de esa franja serán descalificadas. El costo estimado lo aprueba la autoridad administrativa superior de la entidad, y debe darse a conocer después de presentar ofertas y antes de abrir la primera plica. Ejemplo: quien elaboró un costo estimado con errores es responsable de ellos. El texto remite a los art. 83 LCE y art. 87 LCE para las sanciones. El artículo 83 fija una multa hasta el equivalente al cero punto dos por millar (0.2 o/ oo) del valor total del contrato, y el 87 aclara que las sanciones no excluyen otras responsabilidades.
**Artículo 30.** *Rechazo de ofertas.* La Junta de Licitación rechazará, sin responsabilidad de su parte, las ofertas que no se ajusten a los requisitos fundamentales definidos como tales en las bases o cuando los precios, calidades u otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses del Estado. Los requisitos no fundamentales contemplados en las bases podrán satisfacerse en la propia oferta o dentro del plazo común que fije la Junta. Dentro de este mismo plazo se llenará los requisitos formales que no se hubieren cumplido satisfactoriamente al presentar la oferta.
**Qué significa:** Este artículo regula cuándo la Junta de Licitación debe rechazar una oferta. Lo hace sin responsabilidad para la Junta. Hay dos causas: la oferta no cumple los requisitos fundamentales que fijan las bases, o los precios, calidades u otras condiciones son inconvenientes para los intereses del Estado. Los requisitos no fundamentales pueden cumplirse en la propia oferta. También pueden cumplirse dentro de un plazo común que fije la Junta. Ese mismo plazo sirve para completar los requisitos formales que no se cumplieron al presentar la oferta. La Junta decide el plazo común. Un caso práctico: una oferta olvida un documento formal. Si el requisito es solo formal, puede completarse dentro del plazo común. Si falta un requisito que las bases definen como fundamental, la Junta rechaza la oferta. El texto no fija la duración del plazo común: la fija la Junta. El artículo anterior, art. 29 LCE, trata de la integración del precio oficial. El artículo siguiente, art. 31 LCE, regula el caso de un solo oferente.
**Artículo 31.** *Un sólo oferente.* Si a la convocatoria a la Licitación se presentare únicamente un oferente, a este se podrá adjudicar la misma, siempre que a juicio de la Junta de Licitación la oferta satisfaga los requisitos exigidos en las bases y que la proposición sea conveniente para los intereses del Estado. En caso contrario, la Junta está facultada para abstenerse de adjudicar.
**Artículo 32.** *Ausencia de ofertas.* En el caso de que a la convocatoria a la Licitación no concurriere ningún oferente, la Junta levantará el acta correspondiente y lo hará del conocimiento de la autoridad administrativa superior respectiva, para que se prorrogue el plazo para recibir ofertas. Si aún así no concurriere algún oferente, la autoridad superior quedará facultada a realizar la compra directa a que se refiere el Artículo 43 de esta ley.
**Qué significa:** Si a la convocatoria de una licitación no llega ningún oferente, la Junta levanta un acta y la hace conocer a la autoridad administrativa superior. Esa autoridad lo usa para que se prorrogue el plazo para recibir ofertas. Si aún así no llega ningún oferente, la autoridad superior queda facultada para hacer la compra directa a que se refiere el art. 43 LCE. Lo que más importa es el orden de los pasos. La compra directa solo se abre después de la prórroga sin resultado. El texto no fija cuánto dura la prórroga. El extracto del artículo 43 que se recibió describe la compra de baja cuantía, con monto de hasta veinticinco mil Quetzales (Q.25,000.00). El texto de este artículo no dice si esa es la compra directa a la que se refiere. Un caso práctico: una entidad publica una licitación para comprar mobiliario y nadie presenta oferta. La Junta levanta acta y la autoridad superior decide prorrogar el plazo.
**Artículo 33.** *Adjudicación.* Dentro del plazo que señalen las bases, la Junta adjudicará la licitación al oferente que, ajustándose a los requisitos y condiciones de las bases, haya hecho la proposición más conveniente para los intereses del Estado. La Junta hará también una calificación de los oferentes que inconformidades, si las hubiere, la Junta remitirá el contradigan el contenido del presente artículo. no suscribiere el contrato, la negociación podrá llevarse a cabo con solo el subsiguiente clasificado en su orden.
* En el caso del contrato abierto, no se llevará a cabo la adjudicación si el precio de la oferta es igual o superior a los precios de referencia que proporcione el Instituto Nacional de Estadística -INE-.
En ningún caso se llevarán a cabo adjudicaciones, si existe sobrevaloración del suministro, bien o servicio ofertado. Para los efectos de esta Ley, sobrevaloración significa ofertar un producto, bien, servicio o suministro a un precio mayor al que los mismos tienen en el mercado privado nacional, tomando en cuenta las especificaciones técnicas y la marca del mismo.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 2 del Decreto 45-2010; y por Artículo 7 del Decreto 46-2016, ambos del Congreso de la República). (Párrafo reformado por Artículo 7 del Decreto 46-2016 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 2 del Decreto 45-2010 (2010)
- Reforma: Reformado por el artículo 7 del Decreto 46-2016 (2016)
- Reforma: Reformado (párrafo) por el artículo 7 del Decreto 46-2016 (2016)
**Qué significa:** Este artículo regula la adjudicación en una licitación. Dentro del plazo que señalen las bases, la Junta adjudica la licitación al oferente que, cumpliendo los requisitos y condiciones de las bases, hizo la proposición más conveniente para los intereses del Estado. La Junta también califica a los oferentes. El texto oficial disponible está fragmentado en esa parte, pero indica que si el adjudicado no suscribe el contrato, la negociación puede hacerse con el subsiguiente clasificado en su orden. Hay dos prohibiciones expresas. En el contrato abierto no se adjudica si el precio ofertado es igual o superior a los precios de referencia que proporcione el Instituto Nacional de Estadística, INE. Y en ningún caso se adjudica si existe sobrevaloración. La ley define sobrevaloración como ofertar un producto, bien, servicio o suministro a un precio mayor al que tiene en el mercado privado nacional, tomando en cuenta especificaciones técnicas y marca. Por ejemplo, si una oferta de computadoras supera el precio de ese mismo modelo y marca en el mercado privado nacional, la Junta no puede adjudicarla. La nota indica que fue reformado por Artículo 2 del Decreto 45-2010 y por Artículo 7 del Decreto 46-2016, ambos del Congreso de la República, y que un párrafo fue reformado por Artículo 7 del Decreto 46-2016.
**Citado por:** Art. 46 Bis, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-46bis/).
**Artículo 34.** *Adjudicación parcial.* La Junta, cuando proceda, adjudicará parcialmente la Licitación: a) Si así se estableció en las bases; b) Siempre que convenga a los intereses del Estado; c) Atendiendo a la naturaleza de los bienes, suministros, obras o servicios; d) Si no forma parte de una obra unitaria.
**Citado por:** Art. 46 Bis, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-46bis/).
**Artículo 35.** *Notificación electrónica e inconformidades.* Las notificaciones que provengan de actos en los que se aplique la presente Ley, serán efectuadas por vía electrónica a través de GUATECOMPRAS, y surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en dicho sistema.
Las personas inconformes por cualquier acto que contravenga los procedimientos regulados por la presente Ley, su reglamento o los reglamentos de los registros, pueden presentar a través de GUATECOMPRAS sus inconformidades.
Las inconformidades relacionadas con la adjudicación de la Junta, sólo pueden presentarse dentro del plazo de cinco (5) días calendario, posteriores a la publicación de la adjudicación en GUATECOMPRAS.
Tanto la Junta como la entidad contratante que reciba una inconformidad, debe responderla a través de GUATECOMPRAS, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario a partir de su presentación.
A consecuencia de una inconformidad, la Junta podrá modificar su decisión, únicamente dentro del plazo señalado. Contra esta decisión por no ser un acto definitivo, no cabrá recurso alguno.
Contra la resolución definitiva emitida por la entidad contratante podrá interponerse, en la fase respectiva, una inconformidad. El reglamento regulará lo respectivo a esta materia.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 6 del Decreto 27-2009 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 6 del Decreto 27-2009 (2009)
**Qué significa:** La nota indica que este artículo fue reformado por el Artículo 6 del Decreto 27-2009 del Congreso de la República. Las notificaciones de los actos regulados por esta Ley se hacen por vía electrónica, a través de GUATECOMPRAS. Surten efecto al día siguiente de su publicación en ese sistema. Las personas inconformes con un acto que contravenga los procedimientos pueden presentar sus inconformidades por GUATECOMPRAS. Lo que más pesa aquí es el plazo: las inconformidades contra la adjudicación de la Junta solo pueden presentarse dentro de cinco (5) días calendario posteriores a su publicación. La Junta o la entidad contratante deben responder en no más de cinco (5) días calendario desde su presentación. Un caso práctico: una empresa participa en una licitación y no está de acuerdo con la adjudicación. Tiene cinco días calendario desde la publicación para presentar su inconformidad. Si la Junta modifica su decisión a raíz de la inconformidad, solo puede hacerlo dentro del plazo señalado, y esa decisión no admite recurso. La resolución definitiva de la entidad admite inconformidad en la fase respectiva, y el reglamento regula esa materia.
**Artículo 36.** *Aprobación de la adjudicación.* Publicada en GUATECOMPRAS la adjudicación, y contestadas las expediente a la autoridad superior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. La autoridad superior aprobará o improbará lo actuado por la Junta, con causa justificada, de conformidad con lo establecido en la ley, dentro de los cinco (5) días de recibido el expediente. La autoridad superior dejará constancia escrita de lo actuado.
Si la autoridad superior imprueba lo actuado por la Junta, deberá devolver el expediente para su revisión, dentro del plazo de dos (2) días hábiles posteriores de adoptada la decisión. La Junta, con base en las observaciones formuladas por la autoridad superior, podrá confirmar o modificar su decisión original, en forma razonada, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de recibido el expediente, revisará lo actuado y hará la adjudicación conforme a la ley y las bases.
Dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la decisión, la Junta devolverá el expediente a la autoridad superior, quien dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes podrá aprobar, improbar o prescindir de la negociación. En caso de improbar, se notificará electrónicamente a través de GUATECOMPRAS, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, dando por concluido el evento. En caso de prescindir, aplicará lo establecido en el artículo 37 de esta Ley. En los casos en los que la autoridad superior decida improbar o prescindir, razonará la decisión en la resolución correspondiente.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 7 del Decreto 27-2009; y por Artículo 15 del Decreto 9-2015, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 7 del Decreto 27-2009 (2009)
- Reforma: Reformado por el artículo 15 del Decreto 9-2015 (2015)
**Qué significa:** Este artículo regula la aprobación de la adjudicación hecha por la Junta. Tras publicarse en GUATECOMPRAS, el expediente pasa a la autoridad superior dentro de dos días hábiles. Esa autoridad aprueba o imprueba lo actuado, con causa justificada, dentro de cinco días de recibido el expediente, y deja constancia escrita. Si imprueba, devuelve el expediente a la Junta dentro de dos días hábiles. La Junta, con base en las observaciones, puede confirmar o modificar su decisión en forma razonada dentro de cinco días hábiles. Luego devuelve el expediente en dos días hábiles, y la autoridad superior tiene cinco días hábiles para aprobar, improbar o prescindir. Si imprueba esta segunda vez, se notifica electrónicamente por GUATECOMPRAS dentro de dos días hábiles y el evento concluye. Si prescinde, se aplica el art. 37 LCE. La decisión de improbar o prescindir debe razonarse en la resolución. Por ejemplo, si la autoridad superior observa un error en la calificación, la Junta puede corregirlo, pero si la autoridad vuelve a improbar, el concurso termina. El texto publicado tiene una frase incompleta al inicio, por lo que no se ve qué se contesta antes del traslado. La nota indica que fue reformado por Artículo 7 del Decreto 27-2009; y por Artículo 15 del Decreto 9-2015, ambos del Congreso de la República.
**Citado por:** Art. 46 Bis, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-46bis/).
**Artículo 37.** *Derecho de Prescindir.* Los organismos del Estado y las entidades a que se refiere el artículo 1 de esta ley, por medio de las autoridades que determina el artículo 9 de la misma, pueden prescindir de la negociación en cualquier fase en que ésta se encuentre, siempre que lo hagan antes de la suscripción del contrato respectivo.
Bajo la responsabilidad de la autoridad que corresponda, la decisión de prescindir sólo puede adoptarse si ocurriere un caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobado que diere lugar a la imposibilidad de continuar con la negociación. Si la decisión de prescindir se adopta con posterioridad a la presentación de ofertas y antes de la adjudicación, la junta deberá hacer una calificación para el efecto de compensar a los oferentes que ocupen los tres primeros lugares por los gastos incurridos en la elaboración de su oferta. Dicha compensación será por el equivalente al dos y medio por millar (2.5 0/000) del monto de la misma.
Si la decisión de prescindir se adopta después de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato respectivo, se deberá compensar al oferente ganador que ocupó el primer lugar por los gastos incurridos en la elaboración de su oferta y otros trámites por el equivalente al cinco por millar (5 0/000) del monto de la misma.
En lo relativo a lo dispuesto en convenios y tratados internacionales de los cuales la República de Guatemala sea parte, las disposiciones contenidas en los mismos, se aplicarán en forma complementaria, siempre y cuando no Las modalidades específicas de adquisición pública son:
> Nota de la fuente: (Adicionado párrafo tercero por Artículo 6 del Decreto 11-2006 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado (párrafo) por el artículo 6 del Decreto 11-2006 (2006)
**Qué significa:** Este artículo permite a los organismos y entidades del Estado prescindir de una negociación, es decir, darla por terminada, en cualquier fase en que esté, siempre que lo hagan antes de suscribir el contrato. La decisión la toman las autoridades que señala el artículo 9 de la ley, bajo su responsabilidad, y solo procede por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado que impida continuar. El artículo prevé compensaciones. Si se prescinde después de presentar ofertas y antes de adjudicar, la junta califica para compensar a los oferentes de los tres primeros lugares por los gastos de su oferta, con el dos y medio por millar del monto de esta. Si se prescinde después de adjudicar y antes de firmar, se compensa al ganador del primer lugar con el cinco por millar del monto de su oferta, por la oferta y otros trámites. Lo dispuesto en convenios y tratados internacionales se aplica de forma complementaria. Por ejemplo, si un terremoto comprobado hace imposible una obra ya adjudicada, el ganador recibe el cinco por millar del monto ofertado. Sin caso fortuito o fuerza mayor, el texto no autoriza prescindir. La nota indica que fue adicionado párrafo tercero por Artículo 6 del Decreto 11-2006 del Congreso de la República.
**Citado por:** Art. 36, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-36/).
### Capítulo II. Regimen de cotizacion
**Artículo 38.** *Monto.* Cuando el precio de los bienes, de las obras, suministros o remuneración de los servicios exceda de noventa mil Quetzales (Q.90,000.00) y no sobrepase los siguientes montos, la compra o contratación podrá hacerse por el sistema de cotización así:
a) Para las municipalidades, que no exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00);
b) Para el Estado y otras entidades, que no exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00).
En el sistema de cotización, la presentación de las bases, designación de la Junta y la aprobación de la adjudicación, compete a las autoridades administrativas que en jerarquía le siguen a las nominadas en el artículo 9 de esta Ley. Si los bienes, suministros o remuneración de los servicios se adquieren a través del contrato abierto, entonces no procederá la cotización. De realizarse la misma, será responsable el funcionario que la autorizó.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 2 del Decreto 34- 2001; por el Artículo 1 del Decreto 73-2001; y por Artículo 8 del Decreto 27-2009, todos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 2 del Decreto 34-2001 (2001)
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 73-2001 (2001)
- Reforma: Reformado por el artículo 8 del Decreto 27-2009 (2009)
**Qué significa:** Esta norma permite usar el sistema de cotización cuando el precio de bienes, obras, suministros o servicios supera noventa mil Quetzales (Q.90,000.00) y no sobrepasa ciertos montos. Ese sistema solo aplica dentro de esos límites. El tope es novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00) para las municipalidades, y el mismo monto para el Estado y otras entidades. Si tú necesitas comprar por encima de esos montos, el texto no permite la cotización. Las autoridades que presentan las bases, designan la Junta y aprueban la adjudicación son las administrativas que siguen en jerarquía a las nombradas en el art. 9 LCE. El texto no dice cómo se desarrolla el procedimiento de cotización. Si los bienes, suministros o servicios se adquieren mediante contrato abierto, no procede la cotización. Si aun así se realiza, el texto señala como responsable al funcionario que la autorizó. Un caso práctico: una municipalidad necesita suministros por un monto dentro de los topes del artículo, pero si la compra se hace por contrato abierto, la cotización no procede. La nota indica que el artículo fue reformado por el Decreto 34-2001, el Decreto 73-2001 y el Decreto 27-2009.
**Citado por:** Art. 17, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-17/).
**Artículo 39.** *Procedimiento de cotización.* El procedimiento de cotización consiste en solicitar, mediante concurso público a través de GUATECOMPRAS, ofertas firmes a proveedores legalmente establecidos para el efecto y que estén en condiciones de vender o contratar los bienes, suministros, obras o servicios requeridos. Los interesados deberán adquirir las bases en papel o en medio electrónico descargándolas de GUATECOMPRAS.
En el caso que las obras, bienes o servicios requieran documentos que no pueden ser incluidos en GUATECOMPRAS, tales como planos no elaborados por medios electrónicos o cualquier otro que por su naturaleza no lo permita, se deberá pagar únicamente el costo de reproducción de los mismos.
Entre la publicación de la convocatoria y bases en GUATECOMPRAS y el día fijado para la presentación y recepción de ofertas, deberá mediar un plazo mínimo de ocho (8) días hábiles.
La entidad contratante no deberá fijar especificaciones técnicas o disposiciones especiales que requieran o hagan referencia a determinadas marcas, nombres comerciales, patentes, diseños, tipos, orígenes específicos, productores o proveedores, salvo que no exista otra manera suficientemente precisa y comprensible para describir los requisitos de la adquisición y siempre que en tales casos se incluya en las especificaciones, requisitos y documentos de cotización, expresiones como: o equivalente, o semejante, o similar o análogo.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 7 del Decreto 11- 2006; y por Artículo 9 del Decreto 27-2009, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 7 del Decreto 11-2006 (2006)
- Reforma: Reformado por el artículo 9 del Decreto 27-2009 (2009)
**Qué significa:** El procedimiento de cotización, regulado en el artículo 39, consiste en solicitar ofertas firmes mediante concurso público en GUATECOMPRAS. Se pide a proveedores legalmente establecidos que puedan vender o contratar bienes, suministros, obras o servicios. Los interesados deben adquirir las bases en papel o en medio electrónico, descargándolas de GUATECOMPRAS. El plazo clave es el mínimo de ocho (8) días hábiles entre la publicación de la convocatoria y bases en GUATECOMPRAS y el día fijado para recibir ofertas. El artículo también dice que la entidad no debe fijar especificaciones que mencionen marcas, patentes o proveedores concretos. Solo se permite cuando no exista otra manera suficientemente precisa, y siempre con expresiones como «o equivalente», «o semejante», «o similar» o «o análogo». Por ejemplo, una empresa que necesita planos no elaborados por medios electrónicos solo paga el costo de reproducción de esos documentos. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 7 del Decreto 11-2006 y por el Artículo 9 del Decreto 27-2009, ambos del Congreso de la República. El texto no explica cómo se evalúan las ofertas; esa parte queda para otras normas.
**Artículo 39 Bis.** *Modificaciones de las bases de cotización.* La entidad contratante en el curso de una cotización y antes de la presentación de ofertas, puede modificar las bases de cotización, para lo cual debe publicar las modificaciones en GUATECOMPRAS. A partir de la publicación de la modificación, las personas interesadas contarán con un plazo no menor de ocho (8) días hábiles para presentar sus ofertas.
> Nota de la fuente: (Adicionado por Artículo 8 del Decreto 11-2006; y reformado por Artículo 10 del Decreto 27-2009, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 8 del Decreto 11-2006 (2006)
- Reforma: Reformado por el artículo 10 del Decreto 27-2009 (2009)
**Qué significa:** Permite a la entidad contratante cambiar las bases de una cotización mientras esta sigue en curso. Solo puede hacerlo antes de presentar las ofertas, y debe publicar las modificaciones en GUATECOMPRAS. Una vez publicado el cambio, las personas interesadas tienen un plazo no menor de ocho (8) días hábiles para presentar sus ofertas. Pesa la frase «no menor»: ocho días es el mínimo, y la entidad podría dar más. El texto no dice cuántos días debe dar en cada cotización. La nota indica que el artículo fue adicionado y reformado por decretos del Congreso de la República. En la práctica, una entidad publica un ajuste a las bases un lunes. Desde esa publicación, cada empresa interesada cuenta con al menos ocho días hábiles para presentar su oferta. Quien participe conviene que revise GUATECOMPRAS para no perder la modificación.
**Artículo 40.** *Aprobación del formulario y de documentos para cotización.* El formulario y los documentos indicados en el artículo anterior, deberán ser aprobados por la autoridad administrativa superior de la entidad contratante, antes de requerirse las ofertas.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 16 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 16 del Decreto 9-2015 (2015)
**Artículo 41.** *Presentación de cotizaciones.* Los interesados presentarán sus ofertas en forma electrónica, en un formulario que proveerá el sistema de GUATECOMPRAS, y la oferta se podrá acompañar con la documentación física y demás requerimientos y formalidades. Los precios unitarios y totales que figuren en las ofertas deberán ser fijos, expresados en Quetzales, tanto en cifras como en letras. No se aceptará ninguna oferta fuera del plazo que se estipule.
La junta de cotización deberá evaluar todas las ofertas recibidas.
En caso que no se recibieran ofertas, la junta de cotización deberá informar a la autoridad administrativa superior un día hábil después de la fecha establecida para la recepción de ofertas, quien deberá publicar en GUATECOMPRAS, una extensión de ocho días al plazo para recibir ofertas. Si en este plazo no se recibieran ofertas, la autoridad administrativa superior queda en libertad de efectuar una contratación directa, siempre que se haga utilizando las mismas bases de cotización utilizadas en el evento desierto, y el oferente cumpla con todos los requisitos allí solicitados.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 17 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 17 del Decreto 9-2015 (2015)
**Qué significa:** Las ofertas se presentan en forma electrónica, en el formulario del sistema GUATECOMPRAS. Pueden acompañarse de documentación física. Los precios unitarios y totales deben ser fijos, expresados en quetzales, en cifras y en letras. No se acepta ninguna oferta fuera del plazo que se estipule. La junta de cotización debe evaluar todas las ofertas recibidas. Si no llega ninguna, debe informarlo a la autoridad administrativa superior un día hábil después de la fecha fijada para recibirlas. Esa autoridad publica en GUATECOMPRAS una extensión de ocho días. Si tampoco llegan ofertas en esa extensión, la autoridad queda en libertad de hacer una contratación directa. Debe usar las mismas bases de cotización del evento desierto, y el oferente debe cumplir todos los requisitos allí solicitados. Imagina que un proveedor entrega su oferta después del plazo. El texto no permite aceptarla, porque ninguna oferta fuera de plazo se acepta. El artículo fue reformado por el Artículo 17 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República.
**Artículo 42.** *Aplicación supletoria.* Las disposiciones en materia de licitación, regirán supletoriamente en el régimen de cotizaciones en lo que fueren aplicables.
### Capítulo III. Modalidades específicas de adquisiciones del Estado y excepciones
**Artículo 43.** *Modalidades específicas.* *a) Compra de baja cuantía: La modalidad de compra de baja cuantía consiste en la adquisición directa de bienes, suministros, obras y servicios, exceptuada de los requerimientos de los procesos competitivos de las demás modalidades de adquisición pública contenidas en la presente Ley, cuando la adquisición sea por un monto de hasta veinticinco mil Quetzales (Q.25,000.00). La compra de baja cuantía se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la adquisición pública. Las compras de baja cuantía deberán publicarse en GUATECOMPRAS, una vez recibido el bien, servicio o suministro, debiendo publicar la documentación de respaldo, conforme al expediente administrativo que ampare la negociación realizada, por constituir información pública de oficio. Cada entidad determinará los procedimientos para la aplicación de esta modalidad.
*b) Compra directa: La modalidad de compra directa consiste en la adquisición de bienes, suministros, obras y servicios a través de una oferta electrónica en el sistema GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procedimientos de licitación o cotización, cuando la adquisición sea por montos mayores a veinticinco mil Quetzales (Q.25,000.00) y que no supere los noventa mil Quetzales (Q.90,000.00).
Entre la publicación del concurso en GUATECOM- PRAS y la recepción de ofertas deberá mediar un plazo no menor a un (1) día hábil. Para la adjudicación deberán tomarse en cuenta el precio, la calidad y otras condiciones que se definan previamente en la oferta electrónica, cuando corresponda. Esta modalidad de compra se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la adquisición.
La oferta electrónica se publicará en GUATECOM- PRAS y debe incluir como mínimo: detalle del bien o servicio ofertado, número de identificación tributaria y nombre o razón social del oferente y el monto de la oferta. Luego de la adjudicación se publicará en GUATECOMPRAS, como mínimo, el número de identificación tributaria y el nombre o razón social del proveedor adjudicado y el monto adjudicado.
c) Adquisición con proveedor único: La modalidad de adquisición con proveedor único es, en la que el bien, servicio, producto o insumos a adquirir, por su naturaleza y condiciones, solamente puede ser adquirido de un solo proveedor.
Para establecer el extremo al que se refiere el párrafo anterior, el organismo, dependencia o entidad interesada hará una publicación en el Diario Oficial, otra en uno de los diarios de mayor circulación en el país y en GUATECOMPRAS, invitando a los interesados en ofertar la contratación de los bienes, suministros o servicios solicitados, señalando día, hora y lugar para que presenten su disposición a ofertar.
En dicha invitación se especificarán las características de lo que se desea adquirir y el plazo para presentar la manifestación de interés, el cual no podrá ser mayor de cinco (5) días hábiles a partir de la última publicación.
Se designará una comisión receptora formada por tres miembros nombrados por la autoridad administrativa superior de la dependencia interesada en la negociación. Si a la hora señalada no concurrieren interesados o se presente uno solo, se hará constar en el acta de recepción, y la autoridad competente podrá contratar con el proveedor único.
Si se presentare más de un oferente, la comisión receptora, después de levantar el acta respectiva, procederá de inmediato a rendir un informe escrito a la autoridad superior de la entidad interesada en la negociación para que proceda a efectuar la modalidad de adquisición aplicable.
En este proceso se deberá publicar la documentación e información que el sistema GUATECOMPRAS requiera.
*d) Arrendamientos: Los arrendamientos de bienes muebles o equipo se sujetarán a la modalidad de contratación que corresponda, según el monto a contratar. Para establecer el monto que determina la modalidad de contratación se tomará como referencia el valor anual del arrendamiento o el valor total del mismo si fuere por un plazo menor.
En cualquier caso, deberán elaborarse bases de contratación y especificaciones técnicas, las que deberán requerir como mínimo:
1. Valor de compra del bien a arrendar;
2. Valor total del contrato o sumatoria de las cuotas y la opción a compra en su caso;
3. Valor mensual de las rentas o cuotas;
4. Causales de resolución del contrato;
5. En caso hubiere opción de compra, esta no podrá en ningún caso ser mayor al valor de una cuota mensual;
6. Detalle de la integración de la cuota o renta, especificando cargos por uso o goce, mantenimiento, seguros, costos implícitos u otros cargos, cuando hubiere; y,
7. Los seguros y garantías necesarias.
En todos los contratos de arrendamiento de bienes muebles o equipo cuyo plazo sea al menos un año, se incluirá la obligación de realizar inspecciones físicas del bien, como mínimo, una (1) vez al año. Las inspecciones serán realizadas por el arrendatario por medio de un delegado. Estas inspecciones contendrán, como mínimo, un reporte general del estado y funcionamiento de los bienes arrendados, así como el cumplimiento del programa de mantenimiento. A las inspecciones se acompañará la documentación necesaria para comprobar la veracidad del reporte, tales como fotografías y videograbaciones, entre otros.
Cuando se ejerza la opción a compra se deberá solicitar la garantía establecida en el artículo 67 de esta Ley.
Los plazos serán establecidos en base a la naturaleza del bien y a la utilidad y necesidad del requirente. El plazo del arrendamiento sólo podrá prorrogarse, por única vez, si está contemplado en el contrato respectivo y no existe incremento en el valor contratado.
Los arrendamientos con proveedor único se regirán de conformidad a la modalidad de adquisición con proveedor único.
*e) Arrendamiento y adquisición de bienes inmuebles: El arrendamiento de bienes inmuebles puede efectuarse siempre que el organismo, dependencia o entidad interesada careciere de ellos, los tuviere en cantidad insuficiente o en condiciones inadecuadas. Para el efecto, la dependencia o entidad interesada debe justificar la necesidad y conveniencia de la contratación, a precios razonables en relación a los existentes en el mercado. Con estos antecedentes, si lo considera procedente, la autoridad correspondiente de la entidad interesada aprobará el contrato o acta, según corresponda, de acuerdo a la ley y al reglamento, sin perjuicio que se podrá aplicar cualquier modalidad de compra de acuerdo al monto.
No será obligatoria la licitación ni la cotización en la compra de bienes inmuebles que sean indispensables por su localización, para la realización de obras o prestación de servicios públicos, que únicamente puedan ser adquiridos de una sola persona, cuyo precio no sea mayor al avalúo que practique el Ministerio de Finanzas Públicas.
f) Dragado: La limpieza del fondo de los ríos, puertos y zonas navegables que requieran las entidades a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, únicamente se podrán realizar por administración; salvo situaciones derivadas de los estados de excepción declarados conforme la Ley de Orden Público, Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 3 del Decreto 34- 2001; por Artículo 11 del Decreto 27-2009; por Artículo 19 del Decreto 9-2015; y por Artículo 8 del Decreto 46-2016, todos del Congreso de la República). (Reformado por Artículo 8 del Decreto 46-2016 del Congreso de la República). (Primer párrafo reformado por Artículo 8 del Decre- to 46-2016 del Congreso de la República ). (Reformado por Artículo 8 del Decreto 46-2016 del Congreso de la República). (Reformado por Artículo 8 del Decreto 46-2016 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 3 del Decreto 34-2001 (2001)
- Reforma: Reformado por el artículo 11 del Decreto 27-2009 (2009)
- Reforma: Reformado por el artículo 19 del Decreto 9-2015 (2015)
- Reforma: Reformado por el artículo 8 del Decreto 46-2016 (2016)
- Reforma: Reformado (párrafo) por el artículo 8 del Decreto 46-2016 (2016)
**Qué significa:** Este artículo describe modalidades específicas de compra del Estado. Son seis, y cada una tiene su propio monto o supuesto. Algunas se publican en GUATECOMPRAS. La compra de baja cuantía es la compra directa de hasta Q25,000.00. La responsabilidad es de quien autoriza la compra, y debe publicarse en GUATECOMPRAS después de recibir el bien o servicio. La compra directa cubre montos mayores a Q25,000.00 y que no superen Q90,000.00. Se hace por oferta electrónica en GUATECOMPRAS, con un plazo de al menos un día hábil entre la publicación y la recepción de ofertas. La adquisición con proveedor único aplica cuando solo un proveedor puede entregar el bien. Exige publicaciones en el Diario Oficial, en un diario de mayor circulación y en GUATECOMPRAS. El plazo para manifestar interés no puede exceder cinco días hábiles. El texto también regula arrendamientos, inmuebles y dragado. Caso concreto: una entidad compra un bien de Q40,000.00 por oferta electrónica. Ese caso entra en la compra directa. La nota oficial indica que el artículo fue reformado varias veces, la última por el Decreto 46-2016. El artículo siguiente, art. 44 LCE, trata de los casos de excepción.
**Citado por:** Art. 32, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-32/); Art. 54, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-54/).
**Artículo 44.** *Casos de excepción.* Se establecen los siguientes casos de excepción:
a) No será obligatoria la licitación ni la cotización en las contrataciones en dependencias y entidades públicas, conforme el procedimiento que se establezca en el reglamento de esta Ley la adquisición de bienes, suministros, obras y servicios indispensables para solucionar situaciones derivadas de los estados de excepción declarados conforme la Ley de Orden Público, que hayan ocasionado la suspensión de servicios públicos o que sea inminente tal suspensión;
b) El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, podrán adquirir, de manera directa, vacunas, medicamentos antirretrovirales, métodos de planificación familiar, fármacos, micronutrientes, suministros quirúrgicos y de laboratorio, al amparo de convenios o tratados internacionales suscritos con los organismos siguientes: la Oficina Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud –OPS/OMS-; agencias del Sistema de Naciones Unidas, el Fondo Mundial -FM-; el Fondo de Población de las Naciones Unidas -UNFPA- o por negociación regional de precios que efectúe la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana -SE-COMISCA-. La ejecución de estas negociaciones se sujetará a los términos de los instrumentos contractuales suscritos;
c) Las entidades del Estado podrán realizar, de manera directa, las adquisiciones que se realicen en el extranjero;
d) El Banco de Guatemala, por la naturaleza de sus funciones, podrá realizar de manera directa, la contratación de la acuñación de moneda metálica terminada, la compra de metales necesarios para la acuñación de moneda, la compra de sistemas, de equipos y la impresión de formas de billete de banco y de títulos valores. La compra de oro y plata deberá hacerse a los precios del día, o a uno menor, según cotización internacional de la Bolsa de Valores de Londres;
e) Los sujetos obligados de conformidad con la presente Ley, podrán realizar de manera directa, la contratación de servicios técnicos y profesionales individuales en general; y,
f) El Tribunal Supremo Electoral podrá, durante el ejercicio fiscal en el que se realicen procesos electorales y de consulta popular, realizar de manera directa, las adquisiciones públicas directamente vinculadas a la realización de estos eventos.
*g) Los sujetos obligados de conformidad con la presente Ley, podrán contratar de manera directa los servicios básicos de energía eléctrica, de agua potable, extracción de basura y servicios de línea telefónica fija.
*h) El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala, debido a la naturaleza de sus funciones, podrá contratar de manera directa, con recursos propios, la realización de obras y la adquisición de bienes, suministros y servicios; de la misma forma, de manera directa, podrá enajenar sus propios bienes; estas operaciones podrán realizarse en los mercados nacionales e internacionales.
> Nota de la fuente: Artículo 44. (Reformado por Artículo 20 del Decreto 9-2015; Artículo 9 del Decreto 46-2016 y por Artículo 13 del Decreto 9-2024, todos del Congreso de la República). (Adicionado por Artículo 9 del Decreto 46-2016 del Congreso de la República). (Literal adicionada por el Artículo13 del Decreto 9-2024 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 20 del Decreto 9-2015 (2015)
- Reforma: Reformado por el artículo 9 del Decreto 46-2016 (2016)
- Reforma: Reformado por el artículo 13 del Decreto 9-2024 (2024)
- Reforma: Adicionado por el artículo 9 del Decreto 46-2016 (2016)
**Qué significa:** La ley enumera casos de excepción en los que la compra pública no exige licitación ni cotización. La nota indica reformas y adiciones por los decretos 9-2015, 46-2016 y 9-2024. La literal a) cubre bienes, suministros, obras y servicios indispensables para resolver situaciones derivadas de estados de excepción declarados conforme la Ley de Orden Público. Esas situaciones deben haber suspendido servicios públicos o hacer inminente esa suspensión. El procedimiento lo fija el reglamento. Las demás literales permiten contratar de forma directa en casos concretos. El Ministerio de Salud y el IGSS pueden comprar vacunas, medicamentos y otros insumos bajo convenios internacionales. Las entidades pueden comprar en el extranjero, y el Banco de Guatemala puede contratar la acuñación de moneda. Los sujetos obligados pueden contratar servicios técnicos y profesionales individuales, y servicios básicos de energía eléctrica, agua potable, extracción de basura y telefonía fija. El Tribunal Supremo Electoral puede hacer compras vinculadas a procesos electorales durante ese ejercicio fiscal. El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada puede contratar con recursos propios y enajenar sus bienes. Por ejemplo, si un estado de excepción dejó sin servicio a una zona, la entidad puede adquirir los bienes indispensables sin licitar ni cotizar. Debe seguir el procedimiento del reglamento.
**Citado por:** Art. 19, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-19/); Art. 30, Ley de Competencia (https://codicegt.com/ley-de-competencia/articulo-30/).
**Artículo 45.** *Normas aplicables a las modalidades específicas de adquisiciones del Estado y excepciones.* Las adquisiciones en que se aplique cualquiera de las modalidades específicas de adquisiciones del Estado, o en los casos de excepción, quedan sujetas a las demás disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento.
En cada proceso se deberá publicar la documentación e información que el sistema GUATECOMPRAS requiera.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 12 del Decreto 27-2009; y por Artículo 21 del Decreto 9-2015, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 12 del Decreto 27-2009 (2009)
- Reforma: Reformado por el artículo 21 del Decreto 9-2015 (2015)
## Título IV
### Capítulo I. Contratos
**Artículo 46.** Contrato abierto.
Contrato abierto es la modalidad de adquisición coordinada por el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, con el objeto de seleccionar proveedores de bienes, suministros y servicios de uso general y constante, o de considerable demanda, previa calificación y adjudicación de los distintos rubros que se hubieren convocado a concurso público, a solicitud de dos o más instituciones de las contempladas en el artículo 1 de esta Ley, a excepción de los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, Educación, Gobernación y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que lo podrán hacer de manera individual. El reglamento establecerá los procedimientos y requisitos mínimos para las solicitudes del contrato abierto.
Para los efectos del contrato abierto, deberá tomarse en cuenta la compra por volumen que incide en mejores precios y la estandarización de especificaciones que hacen más económica y práctica la adquisición.
Queda exonerada de los requisitos de licitación y cotización, la compra y contratación de bienes, suministros y servicios que lleven a cabo las entidades a las que se refiere el artículo 1 de esta Ley, quienes lo podrán hacer directamente con los proveedores seleccionados, por medio de contrato abierto, por el Ministerio de Finanzas Públicas.
Por ningún motivo se realizaran contratos abiertos con proveedores únicos.
Las unidades ejecutoras, previo a emitir la orden de compra para adquisiciones por contrato abierto, deben verificar los precios de referencia que publica el Instituto Nacional de Estadística -INE- y dejar constancia de dicha verificación para garantizar que en el mercado, los precios de los bienes a adquirir son iguales o mayores a los de contrato abierto.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 13 del Decreto 27-2009; por Artículo 4 del Decreto 45-2010; por Artículo 22 del Decreto 9-2015; y por Artículo 10 del Decreto 46-2016, todos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 13 del Decreto 27-2009 (2009)
- Reforma: Reformado por el artículo 4 del Decreto 45-2010 (2010)
- Reforma: Reformado por el artículo 22 del Decreto 9-2015 (2015)
- Reforma: Reformado por el artículo 10 del Decreto 46-2016 (2016)
**Qué significa:** El contrato abierto es una modalidad en la que el Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, selecciona proveedores de bienes, suministros y servicios de uso general y constante. Se hace a solicitud de dos o más instituciones. Los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, Educación y Gobernación, además del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pueden pedirlo de manera individual. Para el contrato abierto debe tomarse en cuenta la compra por volumen, que incide en mejores precios, y la estandarización de especificaciones, que hace la compra más económica y práctica. Las entidades pueden comprar sin licitación ni cotización, directamente con los proveedores que el Ministerio seleccionó por contrato abierto. Por ningún motivo se hacen contratos abiertos con proveedores únicos. En la práctica, antes de emitir la orden de compra por contrato abierto, una unidad ejecutora revisa los precios de referencia que publica el Instituto Nacional de Estadística -INE- y deja constancia de esa verificación. Con eso se busca garantizar que los precios del mercado son iguales o mayores a los del contrato abierto. Las entidades que pueden pedir un contrato abierto son las que menciona el art. 1 LCE. El reglamento fija los procedimientos y requisitos mínimos para las solicitudes de contrato abierto.
**Artículo 46 Bis.** *Procedimiento de contratación para la modalidad de contrato abierto.* La contratación se ajustará al procedimiento siguiente:
a) Convocatoria: El proceso de contrato abierto se iniciará con la solicitud, por escrito, a la Dirección General de Adquisiciones del Estado, de acuerdo a lo establecido en esta Ley.
b) Procedimiento: Para el contrato abierto es aplicable el procedimiento establecido para el régimen de licitación pública, y se deberá cumplir con lo establecido en los artículos 18 al 23, así como otros aspectos que le sean aplicables en esta Ley. La Contraloría General de Cuentas acompañará el proceso de licitación, mediante auditorias concurrentes.
c) Bases: La elaboración de las bases del concurso y especificaciones técnicas del contrato abierto, es responsabilidad de las instituciones requirentes, con el apoyo técnico de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, en el ámbito de su competencia. Las entidades requirentes nombrarán personal técnico para el proceso de elaboración de las bases. Para el nombramiento de este personal técnico se aplicarán los requisitos, impedimentos, excusas y recusación que para las juntas de calificación establece esta Ley.
Para el caso de productos medicinales, material médico quirúrgico, dispositivos médicos, gases médicos, fórmulas infantiles, material de diagnóstico por imágenes y productos sucedáneos de la leche materna, por la naturaleza de los mismos, las bases del concurso y especificaciones técnicas serán elaboradas por las entidades requirentes, bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en coordinación con la Dirección General de Adquisiciones del Estado, debiendo tomar en cuenta lo establecido en el Reglamento para el Control Sanitario de los Medicamentos y Productos Afines, en lo que se refiere a seguridad, eficacia y calidad.
Una vez elaboradas las bases, se procederá de la siguiente forma:
1. Las instituciones requirentes deberán nombrar al personal técnico en la materia, uno por cada entidad, para emitir opinión sobre su contenido. Para el nombramiento de este personal técnico, se aplicarán los requisitos, impedimentos, excusas y recusación que para las juntas de calificación establece esta Ley.
adjudicación, si el precio de la oferta es igual o
2. Una vez recibida la opinión, el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la dependencia de asesoría jurídica, emitirá opinión jurídica sobre las respectivas bases de cada concurso.
3. Analizada la opinión jurídica, las instituciones requirentes manifestarán su anuencia, por escrito, al contenido de las bases del contrato abierto, para continuar con el procedimiento de contratación, y trasladarán el expediente a la Dirección General de Adquisiciones del Estado.
4. Una vez recibido el expediente, la Dirección General de Adquisiciones del Estado podrá aprobar o improbar las bases, en un plazo no mayor a los cinco (5) días hábil siguientes, con causa justificada de conformidad con lo establecido en la ley, de lo cual quedará constancia escrita.
En el caso de no aprobación, la resolución deberá estar debidamente razonada, y dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a esta decisión, la Dirección General de Adquisiciones del Estado devolverá a las entidades requirentes el expediente y solicitará la reformulación de las bases, atendiendo los razonamientos consignados en la resolución. Si las autoridades requirentes, con base a lo resuelto por la Dirección General de Adquisiciones del Estado, confirman o modifican el contenido de las bases, devolverán el expediente a la Dirección General de Adquisiciones del Estado, quien dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes, podrá aprobar o improbar las bases.
d) Convocatoria: La convocatoria a un concurso de contrato abierto será de alcance nacional o regional, según se indique en las bases y especificaciones técnicas. Para la publicación de la convocatoria, se procederá de acuerdo a lo que establece el procedimiento de licitación contemplado en esta Ley.
e) Asistente: El Ministerio de Finanzas Públicas nombrará un asistente de contrato abierto, que será responsable de la custodia y diligenciamiento del expediente administrativo respectivo; asimismo, apoyará a la junta de calificación en la elaboración de los documentos que sean necesarios, conforme a las instrucciones giradas por dicha Junta.
f) Registro: El Ministerio da Finanzas Públicas, a través de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, llevará un registro informático, mediante una base de datos, de los bienes, suministros o servicios de uso general y constante, o de considerable demanda, que necesite el sector público y que sean requeridos en la modalidad de compra por contrato abierto. En el citado registro se deberán agrupar los bienes, suministros o servicios, de acuerdo a su naturaleza, y contener, como mínimo, el código de identificación, número de renglón, especificación técnica, precio y proveedor adjudicado en cada uno de los concursos de oferta de precios que se lleven a cabo bajo esta modalidad. Este registro será público y estará a disposición de todas las entidades contempladas en el artículo 1 de esta Ley.
g) Precios de referencia: La Dirección General de Adquisiciones del Estado, una vez solicitado el concurso de contrato abierto y aportadas las especificaciones técnicas, deberá solicitar los precios de referencia al Instituto Nacional de Estadística -INE-, de acuerdo a lo regulado en el artículo 8 de esta Ley. Una vez recibidos estos precios, la Dirección General de Adquisiciones del Estado publicará en GUATECOMPRAS los precios de referencia y los trasladará a la junta de calificación.
Para aquellos renglones en los cuales el Instituto Nacional de Estadística -INE-, no cuente con un precio de referencia, en un plazo no mayor a cinco (5) días, de conformidad con el artículo ocho de esta Ley, requerirá a las entidades solicitantes, a la Dirección General de Adquisiciones del Estado y a toda entidad que estime pertinente, información y datos que permitan determinar el precio de referencia. Una vez realizado este procedimiento, el Instituto Nacional de Estadística -INE- trasladará a la Dirección General de Adquisiciones del Estado estos precios de referencia.
h) Adjudicación: La junta de calificación adjudicará total o parcialmente, según lo establecido en los artículos 28, 33 y 34 de esta Ley, y lo establecido para el efecto en las bases.
La junta de calificación está obligada a utilizar los precios de referencia regulados en la literal anterior.
La junta de calificación podrá adjudicar hasta tres proveedores por marca ofertada, con un máximo de ocho marcas por renglón, siempre y cuando la diferencia de precio entre el oferente que haya sido calificado con el precio más bajo y el de los restantes, no supere una variación de precios mayor del tres por ciento (3%) con relación al precio más bajo. Si se da el caso que por cada marca hubiere más de tres oferentes con el mismo precio, la junta de calificación realizará un sorteo público para adjudicar a tres oferentes. Si se diera el caso que por cada marca hubiere más de tres oferentes con diferente precio, se adjudicará a los tres oferentes que presenten los precios más bajos.
La aprobación de la adjudicación se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 de esta Ley. Contra la aprobación de la adjudicación efectuada por la autoridad superior del ente administrador y coordinador del contrato abierto, procede solamente el recurso de reposición contemplado en los artículos 100 y 101 de esta Ley, el cual será resuelto según la ley de la materia.
La junta de calificación no llevará a cabo la superior a los precios de referencia registrados por el Instituto Nacional de Estadística -INE-, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la presente Ley.
Si por alguna razón no se suscribiera el correspondiente contrato abierto para un concurso adjudicado por la junta de calificación, o bien, si un contrato suscrito se rescindiere total o parcialmente, a efecto de asegurar el abastecimiento y no repetir el procedimiento, podrá optarse por adjudicar al subsiguiente calificado en su orden, siempre y cuando el precio ofertado no supere el tres por ciento (3%) con relación al precio más bajo.
i) Contratos: Los contratos abiertos serán celebrados por el Ministerio de Finanzas Públicas y serán suscritos, para su formalización, por el funcionario público que delegue la autoridad superior de la entidad administradora y coordinadora del contrato abierto, conjuntamente con el funcionario público que en cada caso deleguen las autoridades superiores de las entidades requirentes y el propietario o representante legal de la empresa o entidad adjudicada, dentro del plazo de diez (10) días hábiles a partir de la adjudicación definitiva, habiéndose agotado previamente el plazo para interposición de recursos establecido en el artículo 101 de esta Ley.
La aprobación de los contratos abiertos se hará por la autoridad superior de la entidad administradora y coordinadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de esta Ley, y estarán vigentes por el plazo que en cada concurso se determine.
Los contratos abiertos estarán vigentes por el plazo que en cada concurso se determine, no pudiendo exceder de dos años; en caso de prórroga, la misma no podrá exceder de un año.
j) Casos de incumplimiento: Para todos los casos de incumplimiento de los contratos abiertos, deberá ser notificado a la autoridad superior de la entidad afectada o quien ésta designe, para que se efectúe el análisis correspondiente.
Para el caso particular de incumplimiento de entrega y variación de las condiciones contratadas a la autoridad superior de la entidad afectada, podrá autorizar la compra de los bienes y suministros objeto del incumplimiento para que los mismos puedan ser adquiridos fuera del contrato abierto, siguiendo los procedimientos establecidos en esta Ley.
Para cualquiera de los supuestos establecido en los párrafos anteriores, el expediente documentado deberá ser trasladado a la Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, para que aplique las sanciones reguladas en esta Ley.
Los incumplimientos de calidad serán conocidos por la Comisión de Vigilancia, Seguimiento y Monitoreo de Contrato Abierto, la cual es nombrada de acuerdo a lo establecido en las bases del concurso, la que luego de agotadas las instancias pertinentes, trasladará la sanción correspondiente a la Dirección General de Adquisiciones del Estado, para las gestiones que correspondan, como ente administrador y coordinador del contrato abierto.
Las sanciones aplicadas como consecuencia de los incumplimientos, cuando proceda, deberán ser anotadas en el Registro de Proveedores de GUATECOMPRAS.
k) Ejecución: Para la eficaz ejecución de los contratos abiertos que se celebren con motivo de la aplicación de las normas procedimentales reguladas en el presente artículo, se integrará en forma coordinada una Comisión de Vigilancia, Seguimiento y Monitoreo de Contrato Abierto, constituida de acuerdo a la naturaleza de los suministros y bienes contratados de conformidad con las bases del concurso. Los documentos de contrato abierto que en cada caso rijan la negociación, establecerán todo lo relativo a esta Comisión.
Para el caso de los contratos abiertos que se deriven de los concursos solicitados por el sector salud, por la naturaleza de los mismos, la Comisión de Vigilancia, Seguimiento y Monitoreo de Contrato Abierto, conocerá los casos de incumplimiento de calidad, la que luego de agotadas las instancias pertinentes, trasladará la sanción temporal a la Dirección General de Adquisiciones del Estado, para las gestiones que correspondan, como ente administrador y coordinador del contrato abierto, para resguardar el derecho a la salud de los usuarios de la red hospitalaria. De acuerdo a lo estipulado en las bases del concurso, dicha Comisión será una entidad colegiada integrada por las entidades requirentes, cámaras, gremiales y asociaciones correspondientes, la cual deberá ser presidida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, o por quien éste designe.
l) Prohibiciones: Las autoridades indicadas en el artículo 9 de esta Ley, no deberán autorizar el pago de adquisiciones hechas por otras modalidades de compra, si los precios son iguales o superiores a los que figuren en los listados de bienes y suministros adjudicados, en contrato abierto, así como la compra de productos de contrato abierto, si estos no se encuentran vigentes; de efectuarse cualquiera de las acciones indicadas, será responsabilidad de la autoridad que lo autorice.
m) Publicación: Los listados de los productos de bienes y suministros adjudicados en contrato abierto, serán publicados en el sistema GUATECOMPRAS, dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la fecha de aprobación del contrato respectivo.
> Nota de la fuente: (Adicionado por Artículo 5 del Decreto 45-2010; reformado por Artículo 2 del Decreto 6-2011; y por Artículo 23 del Decreto 9-2015, todos del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 5 del Decreto 45-2010 (2010)
- Reforma: Reformado por el artículo 2 del Decreto 6-2011 (2011)
- Reforma: Reformado por el artículo 23 del Decreto 9-2015 (2015)
**Artículo 47.** Suscripción del contrato.
Los contratos que se celebren en aplicación de la presente ley, serán suscritos dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la adjudicación definitiva en representación del Estado cuando las negociaciones sean para las dependencias sin personalidad jurídica por el respectivo ministro del ramo. Dicho funcionario podrá delegar la celebración de tales contratos, en cada caso, en los viceministros, directores generales o directores de unidades ejecutoras.
Cuando los contratos deban celebrarse con las entidades descentralizadas y las municipalidades, serán suscritos por la autoridad que corresponda de acuerdo con su Ley Orgánica o conforme el Código Municipal, supletoriamente en aplicación del párrafo primero del presente artículo.
Cuando se trate de negociaciones que deban efectuar las dependencias de la Presidencia de la República, serán suscritos por el secretario general, quien podrá delegar dicha facultad, en cada caso, en los titulares de las citadas dependencias.
Congreso de la República). Para las negociaciones de los Organismos Legislativo y Judicial, del Tribunal Supremo Electoral y Corte de Constitucionalidad, el contrato deberá ser suscrito por el presidente de cada organismo, dichos funcionarios podrán delegar la suscripción del contrato en la autoridad que en jerarquía le sigue, de conformidad a su estructura organizacional.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 11 del Decreto 46-2016 del Congreso de la República). *(Párrafo reformado por Artículo 11 del Decreto 46-2016 del
- Reforma: Reformado por el artículo 11 del Decreto 46-2016 (2016)
- Reforma: Reformado (párrafo) por el artículo 11 del Decreto 46-2016 (2016)
**Citado por:** Art. 48, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-48/).
**Artículo 48.** *Aprobación del contrato.* El contrato a que se refiere el artículo anterior, será aprobado por la misma autoridad que determina el artículo 9 de esta ley, según el caso. Cuando los contratos sean celebrados por los organismos Legislativo y Judicial, la aprobación corresponderá a su Junta Directiva o a la Corte Suprema de Justicia.
**Citado por:** Art. 46 Bis, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-46bis/).
**Artículo 49.** *De la forma del contrato.* Los contratos deberán faccionarse en papel membretado de la dependencia interesada o en papel simple con el sello de la misma. Cuando tengan que inscribirse o anotarse en los registros, deberán constar en Escritura Pública, autorizada por el Escribano de Gobierno. Sin embargo, el contrato podrá autorizarlo otro notario, siempre que los honorarios profesionales que se causen no sean pagados por el Estado.
**Qué significa:** La forma del contrato también importa en las compras del Estado. El artículo 49 indica que los contratos deben faccionarse en papel membretado de la dependencia interesada o en papel simple con el sello de la misma. Cuando el contrato deba inscribirse o anotarse en registros, debe constar en Escritura Pública, autorizada por el Escribano de Gobierno. La excepción tiene una condición: otro notario puede autorizarlo, siempre que los honorarios profesionales que se causen no sean pagados por el Estado. El texto no dice cómo se elige a ese notario ni quién lo contrata; eso queda para otras normas. Por ejemplo, una dependencia firma un contrato que debe inscribirse en un registro. Si lo autoriza un notario distinto del Escribano de Gobierno, el Estado no puede pagar los honorarios de ese notario. Antes de firmar, revisa quién cubre ese pago.
**Artículo 50.** *Omisión del contrato escrito.* Cuando se trate de mercancías, obras, bienes o servicios que sean adquiridos en el mercado local o entrega inmediata, podrá omitirse la celebración del contrato escrito, siempre que el monto de la negociación no exceda de cien mil quetzales (Q.100,000.00), debiéndose hacer constar en acta todos los pormenores de la negociación, agregando las constancias del caso al expediente respectivo.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 4 del Decreto 34- 2001 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 4 del Decreto 34-2001 (2001)
**Qué significa:** Una excepción permite omitir el contrato escrito en ciertas compras. Aplica a mercancías, obras, bienes o servicios adquiridos en el mercado local o con entrega inmediata, siempre que el monto no exceda de cien mil quetzales (Q.100,000.00). La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 4 del Decreto 34-2001 del Congreso de la República. El tope de cien mil quetzales es la condición que más importa. Si el monto supera ese límite, el texto no permite omitir el contrato escrito. Aun sin contrato, la negociación debe constar en acta con todos sus pormenores, y las constancias del caso se agregan al expediente respectivo. El texto no define qué es el mercado local; eso queda para otras normas. Por ejemplo, una entidad sujeta a esta ley compra en el mercado local un bien con entrega inmediata por un monto dentro del límite. En vez de firmar un contrato, levanta un acta con los detalles de la negociación y la agrega al expediente.
**Artículo 51.** *Prórroga contractual.* A solicitud del contratista, el plazo contractual para la terminación de las obras, la entrega de bienes y suministros, o la prestación de un servicio, podrá prorrogarse por una (1) sola vez por el mismo plazo o menor por caso fortuito o causa de fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable al contratista. De aprobarse la primera y única prórroga, deberá iniciarse de inmediato el trámite para la compra o contratación por cualquiera de los regímenes competitivos establecidos en la presente Ley.
El reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, definirá los requisitos y procedimientos para los casos de única prórroga a solicitud de la entidad contratante y única prórroga obligatoria por decisión unilateral de la entidad contratante.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 24 del Decreto 9-2015; y por Artículo 12 del Decreto 46-2016, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 24 del Decreto 9-2015 (2015)
- Reforma: Reformado por el artículo 12 del Decreto 46-2016 (2016)
**Qué significa:** La ley permite prorrogar, por una sola vez, el plazo de un contrato cuando lo pide el contratista. La prórroga puede durar el mismo plazo o uno menor. Procede por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable al contratista, y aplica a obras, entrega de bienes y suministros, o prestación de servicios. Lo que más pesa es la expresión «una (1) sola vez». Si se aprueba esa única prórroga, el trámite para una nueva compra o contratación debe iniciarse de inmediato por alguno de los regímenes competitivos de la ley. El texto no fija cuánto dura la prórroga más allá de «el mismo plazo o menor». Los requisitos de los casos de única prórroga, pedida por la entidad o decidida por ella de forma unilateral, quedan para el reglamento. La nota indica reformas por el Decreto 9-2015 y el Decreto 46-2016. Por ejemplo, una empresa construye un edificio para una entidad pública y pide más tiempo porque una tormenta detiene las obras. Si la causa no le es imputable, puede pedir esa única prórroga. Si se aprueba, la entidad debe empezar de inmediato el trámite para la siguiente contratación.
**Artículo 52.** *Ampliación del monto del contrato.* Las variaciones del valor de los contratos de obra o de suministro de equipo instalado, pueden efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) en más o en menos del valor original del contrato ajustado como lo establezca el reglamento de la presente ley. Para el efecto se emitirán: órdenes de cambio, órdenes de trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra, que serán aprobados por la autoridad administrativa superior de la entidad interesada. Cuando las variaciones excedan del porcentaje antes indicado, y no sobrepasen el cuarenta por ciento (40%) del valor original ajustado del contrato, se celebrará un nuevo contrato adicional. Todo lo relativo a esta materia, serán contemplado en el reglamento de la presente ley.
Los valores que resulten de la aplicación de las normas contenidas en la presente ley, para los pagos por fluctuación de precios no se consideran dentro de las variaciones a que se refiere este artículo.
**Qué significa:** Este artículo regula cuánto puede cambiar el valor de un contrato de obra o de suministro de equipo instalado. La variación puede llegar al veinte por ciento, en más o en menos, del valor original ajustado. Esas variaciones se documentan con órdenes de cambio, órdenes de trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra. La autoridad administrativa superior de la entidad debe aprobarlas. Si la variación supera el veinte por ciento, pero no pasa del cuarenta por ciento del valor original, se celebra un nuevo contrato adicional. El texto deja al reglamento los demás detalles. El segundo párrafo excluye una cosa: los pagos por fluctuación de precios no cuentan como variaciones para este artículo. En la práctica: un contrato de Q100,000.00 sube a Q115,000.00 por trabajos extra. La variación es de quince por ciento, así que entra en el límite de veinte por ciento y se documenta con una orden de cambio. El artículo anterior trata de la prórroga contractual: art. 51 LCE. El artículo siguiente trata de los subcontratos: art. 53 LCE.
**Artículo 53.** *Subcontratos.* El contratista solamente podrá subcontratar partes determinadas de la obra, cuando esté estipulado en el contrato y obtenga autorización por escrito de la autoridad contratante. Los subcontratistas deberán estar inscritos en el Registro de Precalificados y no estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones establecidas en esta ley.
**Artículo 54.** *Transparencia en el uso de fondos públicos y otros contratos.* Las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, patronatos, cooperativas, comités, organismos regionales e internacionales, fideicomisos y toda entidad privada o mixta, nacional o extranjera que reciba y/o administre fondos públicos, deben publicar y gestionar en GUATECOMPRAS, las compras, contrataciones y adquisiciones que realicen, cuando superen el monto de la compra directa establecido en esta Ley, publicando para el efecto, como mínimo, la siguiente documentación: bases o términos de referencia, especificaciones técnicas, criterios de evaluación, preguntas, respuestas, listado de oferentes, actas de adjudicación y contratos. Asimismo, deben utilizar procedimientos de adquisición competitivos y evaluar las ofertas con criterios imparciales y públicos.
La Contraloría General de Cuentas debe fiscalizar la negociación y todos los contratos que se suscriban en aplicación de este artículo, los cuales para su validez y ejecución deben registrarse en el Registro de Contratos de dicha Contraloría.
Si en la fiscalización se detectaren anomalías, la Contraloría General de Cuentas deberá denunciar a los órganos respectivos, según la materia de que se trate después de agotado el procedimiento administrativo que corresponda.
Cuando se trate de compra directa se observará lo establecido en el artículo 43 de esta Ley.
En los contratos y convenios que celebren las entidades reguladas en esta Ley, que no provengan de procedimientos que determina la misma, se aplicarán las normas del derecho común, debiendo publicar y gestionar en GUATECOMPRAS la negociación y contrato respectivo. El reglamento de esta ley establecerá las condiciones relacionadas con esta materia.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 14 del Decreto 27-2009 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 14 del Decreto 27-2009 (2009)
**Qué significa:** Organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, cooperativas, fideicomisos y otras entidades privadas o mixtas quedan obligadas por este artículo cuando reciben o administran fondos públicos. Si sus compras superan el monto de la compra directa, deben publicarlas y gestionarlas en GUATECOMPRAS, con documentos mínimos como bases, especificaciones técnicas, criterios de evaluación, listado de oferentes, actas de adjudicación y contratos. También deben usar procedimientos competitivos y evaluar las ofertas con criterios imparciales y públicos. Conviene fijarse en la frase «que reciba y/o administre fondos públicos»: la obligación depende de manejar dinero del Estado, no de ser una entidad estatal. La Contraloría General de Cuentas fiscaliza esas negociaciones, y los contratos deben registrarse en su Registro de Contratos para tener validez y ejecución. Si detecta anomalías, debe denunciarlas tras agotar el procedimiento administrativo. En compra directa se observa el art. 43 LCE. Los contratos de las entidades reguladas que no provienen de los procedimientos de la ley se rigen por el derecho común y también se publican en GUATECOMPRAS. Un caso práctico: una fundación que recibe fondos públicos y compra equipo por encima del monto de compra directa debe publicar en GUATECOMPRAS sus bases y actas de adjudicación.
**Artículo 54 Bis.** Subasta electrónica inversa.
La subasta electrónica inversa es una modalidad de adquisición pública de obra pública, construcciones por contrato, bienes y servicios estandarizados u homologados, dinámica, operada en el sistema GUATECOMPRAS, en la cual los postores habilitados pujan de forma pública, electrónica y en tiempo real, durante un plazo preestablecido, con base a un precio de referencia de conocimiento público previo al evento, el cual servirá como techo de partida para el proceso. Las posturas durante la puja no podrán proponer precios superiores al de referencia y deberán aceptarse solo posturas con precios menores a la postura anterior. La adjudicación se hará a la postura con el precio más bajo obtenido durante el proceso.
El precio de referencia techo lo proporcionará el Instituto Nacional de Estadística -INE-, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de esta Ley y su reglamento.
Para los efectos de la subasta electrónica inversa, debe tomarse en cuenta la compra por volumen que incida en mejores precios y la estandarización de especificaciones que hacen más económica y práctica la adquisición.
La entidad contratante establecerá los requisitos y criterios que se deberán cumplir para habilitarse como postores en un evento de subasta electrónica inversa. Además, será responsable de definir las especificaciones técnicas y las condiciones de la negociación, debiendo asegurarse que dichos documentos permitan la competencia. La autoridad administrativa superior de la entidad contratante será responsable de aprobar la adjudicación.
La puja mediante este tipo de procedimiento deberá ser autorizada únicamente cuando el número de postores habilitados sea mayor o igual a tres.
La entidad contratante realizará en el sistema GUATECOMPRAS la convocatoria para la subasta electrónica inversa, con un plazo no menor de ocho (8) días antes del inicio del proceso.
El reglamento de la ley regulará todas las condiciones de las etapas en las que se sustenta esta modalidad.
> Nota de la fuente: (Adicionado por Artículo 25 del Decreto 9-2015; primer párrafo reformado por Artículo 13 del Decreto 46-2016, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 25 del Decreto 9-2015 (2015)
- Reforma: Reformado (párrafo) por el artículo 13 del Decreto 46-2016 (2016)
**Qué significa:** La subasta electrónica inversa es una forma de compra pública. Se usa para obra pública, construcciones por contrato, y bienes y servicios estandarizados u homologados. Los postores habilitados pujan en GUATECOMPRAS, en tiempo real y durante un plazo preestablecido, desde un precio de referencia que se conoce antes del evento. Cada postura debe ser menor a la anterior, y gana el precio más bajo. Lo que pesa más aquí son las condiciones. La puja solo se autoriza cuando hay tres o más postores habilitados. La convocatoria debe publicarse en GUATECOMPRAS con un plazo no menor de ocho (8) días antes del inicio. El precio techo lo proporciona el Instituto Nacional de Estadística -INE-, según lo que establece el art. 8 LCE. La entidad contratante define los requisitos para habilitar postores y las especificaciones técnicas. En la práctica, una entidad quiere comprar papel de oficina estandarizado y solo habilita a dos postores. Según el texto, no puede autorizar la puja electrónica en ese caso. La nota indica que el artículo fue adicionado por el Decreto 9-2015 y que su primer párrafo fue reformado por el Decreto 46-2016, ambos del Congreso de la República.
### Capítulo II. Recepcion y liquidacion
**Artículo 55.** *Inspección y recepción final.* Cuando la obra esté terminada, el contratista deberá constituir las fianzas de conservación de obra o de calidad, o de funcionamiento, según sea el contrato, y de saldos deudores y dar aviso por escrito al supervisor o su equivalente de la conclusión de los trabajos y con esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución. El supervisor hará la inspección final dentro de los siguientes quince (15) días hábiles, plazo dentro del cual si la obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones al contratista para que éste proceda a corregir las deficiencias, y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el supervisor rendirá informe pormenorizado a la autoridad administrativa superior de la entidad correspondiente, la que dentro de los cinco (5) días siguientes nombrará la Comisión Receptora y Liquidadora de la obra, integrada con tres miembros, con la que colaborarán el supervisor o su equivalente y el representante del contratista.
Según la magnitud de la obra, la Comisión deberá elaborar el acta de recepción definitiva de la misma dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a la fecha de notificación de su nombramiento. Si la comisión comprueba que los trabajos están ejecutados satisfactoriamente, suscribirá el acta de recepción final de los mismos, y en caso contrario hará constar en acta:
a) Las correcciones o trabajos extras que debe efectuar el contratista.
b) El tiempo a emplearse.
c) Si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si procede conceder tiempo adicional para ejecutarlo.
Al recibirse el aviso por escrito del delegado residente o su equivalente, de encontrarse satisfechos los requerimientos de la Comisión Receptora, ésta dentro del término de cinco (5) días procederá a efectuar nueva inspección, suscribiendo el acta correspondiente. La fecha de recepción definitiva de la obra será la del cierre de la última acta. A partir de la fecha de esta acta la entidad de que se trate deberá velar por la conservación de la obra.
En materia de bienes, suministros y servicios, se estará a lo que dispone este artículo en lo que fuere aplicable.
**Qué significa:** Cuando la obra está terminada, el contratista debe constituir las fianzas de conservación, calidad o funcionamiento, según sea el contrato, y la de saldos deudores. Debe avisar por escrito al supervisor. Este artículo regula la recepción de obras, y para bienes, suministros y servicios se aplica en lo que sea aplicable. El supervisor hace la inspección final dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. Si la obra no cumple los planos y especificaciones, envía observaciones por escrito. Si todo está bien, informa a la autoridad administrativa superior, que en cinco (5) días nombra una Comisión Receptora y Liquidadora de tres miembros. Según la magnitud de la obra, la comisión tiene treinta y cinco (35) días desde la notificación de su nombramiento para levantar el acta de recepción definitiva. Si la comisión comprueba que los trabajos están bien, firma el acta de recepción final; si no, anota en acta las correcciones o trabajos extras que debe efectuar el contratista. La fecha de recepción definitiva es la del cierre de la última acta. En la práctica: una empresa termina un puente y lo comunica por escrito al supervisor. Ese aviso interrumpe el plazo de ejecución, y el supervisor tiene quince (15) días hábiles para la inspección final.
**Artículo 56.** *Liquidación.* Inmediatamente después que las obras, bienes o servicios hayan sido recibidos, la Comisión en un plazo de noventa (90) días procederá en caso de retraso en los pagos, de conformidad con a efectuar la liquidación del contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al contratista. Igual procedimiento se observará en caso de rescisión o resolución del contrato.
**Artículo 57.** *Aprobación de la liquidación.* La Comisión deberá practicar la liquidación, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha del acta de recepción definitiva de la obra. Si transcurrido dicho plazo la Comisión no ha suscrito el acta correspondiente, el contratista puede presentar a la autoridad administrativa de la entidad interesada un proyecto de liquidación. Esta autoridad deberá aprobar o improbar la liquidación o el proyecto presentado por el contratista dentro del mes siguiente de recibida la respectiva documentación. Si vencido este plazo no se produce ninguna resolución, con la petición de aprobación presentada por el contratista se tendrá por resuelta favorablemente.
**Qué significa:** Tras la recepción definitiva de una obra, la Comisión debe practicar la liquidación dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha del acta. Si la Comisión no firma el acta en ese plazo, el contratista puede presentar a la autoridad administrativa de la entidad un proyecto de liquidación. Aplica a las obras ya recibidas de forma definitiva y a sus contratistas. El punto clave es el silencio de la autoridad. Esa autoridad debe aprobar o improbar la liquidación dentro del mes siguiente a recibir la documentación. Si vence ese mes sin resolución, la petición de aprobación del contratista se tiene por resuelta favorablemente. El texto no explica cómo se integra la Comisión ni qué documentos deben acompañar el proyecto; esos detalles quedan fuera de este artículo. Un caso práctico: un contratista entrega una obra, pero la Comisión no firma el acta a tiempo. Él presenta su proyecto de liquidación. Si la autoridad no responde en el mes siguiente, la petición se tiene por resuelta favorablemente.
### Capítulo III. Pagos
**Artículo 58.** *Anticipo.* En construcción de obras puede otorgarse un anticipo supervisado hasta del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. El porcentaje anterior se calculará sobre el valor original del contrato sin tomar en cuenta el valor del equipo que se adquiera mediante cartas de crédito abiertas por la entidad contratante.
Podrá otorgarse anticipo supervisado hasta del veinte por ciento (20%) en contrataciones de bienes por fabricar localmente y hasta del diez por ciento (10%) cuando se trate de servicios de consultoría. Los porcentajes se calcularán sobre el valor original ajustado del contrato conforme lo establece el reglamento de esta ley. Cuando se trate de obras con financiamiento externo, se estará a lo que se establezca en los convenios respectivos, pero sin reducir los porcentajes establecidos en este artículo. El contratista amortizará el anticipo mediante la deducción que se le haga en cada pago, de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento.
Si el contratista no inicia la obra e invierte el anticipo recibido, dentro de los términos contractuales, pagará el interés legal (tasa activa), sobre el anticipo recibido, en favor del Estado o reintegrará el anticipo.
**Qué significa:** El anticipo es un pago adelantado al contratista. En construcción de obras puede otorgarse un anticipo supervisado de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Ese porcentaje se calcula sobre el valor original, sin tomar en cuenta el equipo que se adquiera con cartas de crédito abiertas por la entidad contratante. El mismo veinte por ciento (20%) aplica a bienes que se fabriquen localmente, y el anticipo llega hasta el diez por ciento (10%) en servicios de consultoría. Los porcentajes se calculan sobre el valor original ajustado, según el reglamento. En obras con financiamiento externo se sigue lo que digan los convenios, pero sin reducir esos porcentajes. El contratista amortiza el anticipo con una deducción en cada pago. Si el contratista no inicia la obra e invierte el anticipo recibido dentro de los términos contractuales, debe pagar el interés legal (tasa activa) sobre ese anticipo, en favor del Estado, o reintegrarlo. El texto no define esos términos ni la deducción; eso queda en el contrato y el reglamento. Ejemplo: una empresa recibe el anticipo, pero dentro de los términos del contrato no inicia la obra ni invierte ese dinero. Debe pagar el interés legal sobre el anticipo o reintegrarlo.
**Artículo 59.** *Estimaciones para pago.* La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas.
**Artículo 60.** *Importación de material y equipo.* En caso de obras con equipamiento que requieran de pagos en el exterior, éstos se harán mediante cartas de crédito que se abrirán únicamente en los bancos corresponsales del Banco de Guatemala. La forma de pago deberá estipularse en el contrato. En todo caso, los gastos bancarios que se ocasionen correrán por cuenta del contratista.
**Qué significa:** En las obras con equipamiento que requieran pagos en el exterior, esos pagos se hacen mediante cartas de crédito. Estas cartas solo se abren en los bancos corresponsales del Banco de Guatemala. La forma de pago debe estipularse en el contrato. El artículo aplica a ese tipo de obras. El matiz está en la palabra «únicamente»: el texto limita qué bancos pueden abrir la carta de crédito. No define qué equipo cuenta como equipamiento ni cómo se calcula el monto del pago; eso queda fuera de este artículo. Lo que sí fija con claridad es quién asume los costos: los gastos bancarios que se ocasionen corren por cuenta del contratista. Por ejemplo, un contratista instala maquinaria importada y paga al proveedor extranjero con una carta de crédito. El banco que la abre debe ser corresponsal del Banco de Guatemala, y los cargos bancarios los paga el contratista.
**Artículo 61.** *Autorización de pago de sobrecostos por fluctuación de precios.* Los mismos se autorizarán de la siguiente manera:
1. Contratos de obra, suministros, bienes y servicios: La autoridad administrativa superior de la entidad o dependencia interesada, reconocerá y autorizará el pago de sobrecostos al contratista y en su caso requerirá del mismo las diferencias a favor del Estado, cuando se registren fluctuaciones de precios que afecten:
a) Materiales y demás elementos conexos a la obra, suministros, bienes o servicios.
b) Transporte, combustibles, lubricantes y otros productos derivados del petróleo.
c) Maquinaria, equipo, repuestos y llantas.
d) Mano de obra, prestaciones laborales y cuotas patronales establecidas por la ley.
Los pagos se harán conforme a los montos que resulten de la aplicación de las fórmulas para el reajuste de precios que establezca el reglamento de esta ley.
2. Bienes importados. Cuando en los contratos se estipule la importación de bienes por parte del contratista, la entidad administrativa superior de la entidad o dependencia interesada reconocerá y autorizará el pago por fluctuación de precios, comprobando para el efecto el precio en quetzales de cada uno de los bienes consignados en la oferta o incorporados al contrato y el precio equivalente en quetzales pagado por el contratista al efectuar la importación, tomándose en cuenta el diferencial cambiario y la variación de costos. En todo caso, el contratista está obligado a presentar a la entidad correspondiente la documentación que establezca las diferencias en contra o a favor del Estado.
**Artículo 62.** *Plazo para pagos.* Los pagos por estimaciones de trabajo, derivados de los contratos de obras por servicios prestados o por bienes y suministros se harán al contratista dentro del plazo de treinta (30) días posteriores a la fecha en que fuere presentada la documentación completa que se estipule en el contrato.
Se entiende por efectuado el pago, cuando el cheque o acreditamiento bancario en cuenta que lo cubra, se encuentre a disposición del contratista.
El Ministerio de Finanzas Públicas es la entidad responsable de garantizar el acceso público y libre a los sistemas en los que se registren los pagos.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 26 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 26 del Decreto 9-2015 (2015)
**Qué significa:** El contratista debe recibir sus pagos dentro del plazo de treinta (30) días posteriores a la fecha en que se presenta la documentación completa que estipule el contrato. Aplica a estimaciones de trabajo de contratos de obras, a servicios prestados y a bienes y suministros. Lo que más pesa es cuándo se da por pagado. Un pago se entiende efectuado cuando el cheque o el acreditamiento bancario que lo cubra está a disposición del contratista. El plazo corre desde la presentación de la documentación completa. El texto no dice qué ocurre si el pago se atrasa, ni fija intereses o sanciones. Tampoco detalla qué documentos integran la documentación completa, porque eso lo define el contrato. Por ejemplo, un contratista presenta completa la documentación de un suministro a la entidad. A partir de esa presentación empieza a contar el plazo de treinta días. El último párrafo asigna al Ministerio de Finanzas Públicas garantizar el acceso público y libre a los sistemas donde se registren los pagos. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 26 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República.
**Citado por:** Art. 63, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-63/).
**Artículo 63.** *Intereses por atraso en pagos.* Los organismos del Estado, sus entidades y demás dependencias a que se refiere el Artículo 1o. de esta ley, a solicitud del contratista deberán reconocer intereses responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra el Artículo 62, a que estén legalmente obligados. Tales intereses se calcularán sobre el importe del adeudo, tomando como base la tasa de interés máxima anual que determine la Junta Monetaria, para efectos tributarios, y se incluirán en la liquidación del respectivo contrato para su pago o compensación, en caso de imposición de multas al contratista.
## Título V
### Capítulo Único. Garantias o seguros
**Artículo 64.** *De sostenimiento de oferta.* La firmeza de la oferta se caucionará con depósito en efectivo o mediante fianza, por un porcentaje no menor del uno por ciento (1%) ni mayor del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. Cubrirá el período comprendido desde la recepción y apertura de plicas, hasta la aprobación de la adjudicación y, en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días. Sin embargo, con el adjudicatario puede convenirse su prórroga.
**Artículo 65.** *De cumplimiento.* Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá prestar fianza, depósito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones que señale el reglamento. Para el caso de obras, además esta garantía cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecución del contrato, antes de que se constituya la garantía de conservación.
**Artículo 66.** *De anticipo.* Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista constituirá garantía mediante fianza o hipoteca por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización. El reglamento establecerá el procedimiento de reducción y lo concerniente en los casos de rescisión, resolución y terminación de contrato.
**Artículo 67.** *De conservación de obra o de calidad o de funcionamiento.* El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante depósito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. Tratándose de bienes y suministros, deberá otorgarse garantía de calidad y/o funcionamiento, cuando proceda. La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o funcionamiento, deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro.
El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al contratista de las debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de la obra.
**Qué significa:** Este artículo regula la garantía que debe dar el contratista para cubrir las fallas de una obra. El contratista responde por la conservación de la obra mediante depósito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección. La garantía cubre el valor de las reparaciones de las fallas que le sean imputables. El período de responsabilidad es de dieciocho meses desde la recepción de la obra. Para bienes y suministros, también puede exigirse garantía de calidad o de funcionamiento, cuando proceda. La garantía debe equivaler al quince por ciento del valor original del contrato, y se entrega antes de la recepción. Después de ese período, el contratista sigue respondiendo por dolo o culpa durante cinco años desde la recepción definitiva de la obra. El texto aclara que el vencimiento de los dieciocho meses no lo libera de esa responsabilidad. Ejemplo: una obra se recibe el 1 de enero. El contratista responde por fallas imputables durante dieciocho meses, y por dolo o culpa durante cinco años desde la recepción definitiva. El texto no dice cómo se calcula la culpa en cada caso. El artículo anterior, art. 66 LCE, trata de los anticipos.
**Citado por:** Art. 43, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-43/).
**Artículo 68.** *De saldos deudores.* Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del Estado, de la entidad correspondiente o de terceros en la liquidación, el contratista deberá prestar fianza, depósito en efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su elección, por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la de conservación de obra como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía.
**Artículo 69.** *Formalidades.* Las fianzas a que se refiere este capítulo, deberán formalizarse mediante póliza emitida por instituciones autorizadas para operar en Guatemala, de conformidad con las siguientes disposiciones:
La vigencia de las fianzas será exactamente igual al plazo contractual y deberá ajustarse ante cualquier ampliación o variación del contrato, manteniendo las condiciones de cobertura que aplicaron al contrato original. Lo anterior no es aplicable a las fianzas de conservación de obra, de calidad, de funcionamiento o de saldos deudores.
a) Las fianzas garantizarán exacta y fielmente las obligaciones a cargo del contratista o proveedor. Estas obligaciones deben estar estipuladas en el contrato original y en cada una de las modificaciones documentadas.
b) El funcionario que corresponda será responsable de exigir la actualización de las fianzas otorgadas por el contratista o proveedor. De omitirlo, el funcionario incurrirá en incumplimiento de deberes.
c) El contratista o proveedor que omita actualizar la fianza otorgada ante modificaciones del contrato original, se hará acreedor a una multa y a la suspensión inmediata de los pagos a que tenga derecho.
d) Cuando la garantía consistiere en depósitos, deberá hacerse en Quetzales o por medio de cheque certificado. Cuando la garantía sea hipotecaria o prendaría, se formalizará a través de escritura pública debidamente registrada. En todo caso, quedará a criterio del contratista o proveedor la garantía a proporcionar.
Las fianzas deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS. Las juntas a las que se refiere el artículo 10 de esta Ley, serán responsables de verificar la autenticidad de las fianzas de sostenimiento de oferta, y las autoridades suscriptoras de los contratos serán responsables de verificar la autenticidad de las demás fianzas a las que se refiere este capítulo.
El sistema GUATECOMPRAS llevará un registro de las fianzas presentadas, así como de las solicitudes de ejecución, ejecución de fianzas y pago de las mismas.
El reglamento establecerá los procedimientos correspondientes a lo establecido en este artículo.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 27 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 27 del Decreto 9-2015 (2015)
**Qué significa:** Las fianzas de este capítulo deben formalizarse mediante póliza emitida por instituciones autorizadas para operar en Guatemala. Su vigencia debe ser exactamente igual al plazo contractual y ajustarse cuando el contrato se amplíe o varíe, manteniendo las condiciones de cobertura del original. Esto no aplica a las fianzas de conservación de obra, de calidad, de funcionamiento o de saldos deudores. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 27 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República. El funcionario que corresponda debe exigir la actualización de las fianzas. Si lo omite, incurre en incumplimiento de deberes. Si el contratista o proveedor omite actualizar la fianza ante modificaciones del contrato, se hace acreedor a una multa y a la suspensión inmediata de los pagos a que tenga derecho. El texto no indica el monto de la multa. Las juntas del art. 10 LCE verifican la autenticidad de las fianzas de sostenimiento de oferta. Por ejemplo, un proveedor amplía el plazo de su contrato de suministro. Debe actualizar la fianza para que su vigencia siga igual al nuevo plazo. Si no lo hace, sus pagos quedan suspendidos de inmediato y recibe una multa.
**Artículo 70.** *Garantías.* El contratista deberá garantizar mediante seguro, depósito en efectivo, hipoteca o prenda, que cubran los riesgos a que esten sujetos los bienes, suministros u obras, según se indique en las bases. Tales garantías cubrirán los riesgos que se determinen en el contrato.
## Título VI
### Capítulo Único. Registros
**Artículo 71.** *Registro General de Adquisiciones del Estado.* El Registro General de Adquisiciones del Estado está adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas. Tiene por objeto registrar a las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para poder ser habilitadas como contratistas o proveedores del Estado, en las modalidades de adquisición pública establecidas en esta Ley. El Registro verificará la capacidad financiera y técnica, así como la experiencia y especialidad necesarias para ser contratista o proveedor del Estado y relacionadas con los negocios con el Estado de que se trate. Cuenta con personal interdisciplinario y los recursos necesarios para poder cumplir con objetividad y calidad sus fines.
El Registro es el responsable del control, actualización, vigencia, seguridad, certeza y publicidad de la información y derechos de las personas inscritas. El Registro es electrónico y utilizará medios tecnológicos actualizados para asegurar el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República.
El Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, emitirá el reglamento del Registro, en donde se establecerán los respectivos aranceles a cobrar a sus usuarios, los cuales serán privativos para el funcionamiento, fortalecimiento y modernización del mismo. El Registro General de Adquisiciones del Estado, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, está facultado para celebrar contratos y convenios de cooperación técnica y financiera, los que serán públicos.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 28 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 28 del Decreto 9-2015 (2015)
**Artículo 72.** *Características y funciones del Registro.* El Registro General de Adquisiciones del Estado tendrá:
a) Las características siguientes:
i. Operará de forma electrónica la inscripción, modificación, actualización y cancelación de la información;
ii. Operará por medio de inscripción de formularios electrónicos estándar, de acuerdo a los requisitos establecidos por el reglamento. Las notificaciones que haga el Registro se realizarán de forma electrónica;
iii. Estará organizado por medio de libros electrónicos;
iv. Se organizará por un sistema de folio electrónico personal;
v. Estará dotado de las medidas de seguridad indispensables para comunicaciones electrónicas, incluyendo la autenticación o certificación electrónica de la existencia de las inscripciones;
vi. Estará interconectado y comunicado, a efectos de obtener y cruzar información con otras entidades y registros, incluyendo, pero no limitándose a: el Registro General de la Propiedad, el Registro Mercantil General de la República, el Registro de la Propiedad Intelectual, el Registro Nacional de las Personas, el Registro Tributario Unificado, el Registro de Personas Jurídicas, el Organismo Judicial, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General de Cuentas, los ministerios y secretarías de Estado y las entidades descentralizadas y autónomas, entre otras. Podrá requerir la información necesaria a las distintas entidades del Estado, quienes estarán obligadas a proporcionar la información requerida por el Registro, en la forma y frecuencia que se les requiera, de conformidad con la legislación aplicable;
vii. Estará dotado para cobrar los fondos privativos provenientes de los aranceles del Registro General de Adquisiciones del Estado; y,
viii.Las demás que se establezcan en la presente Ley y su reglamento.
b) Las funciones siguientes:
i. Verificar la capacidad técnica y financiera de las personas inscritas en el Registro. Para ello podrá requerir la información y documentación necesaria, de conformidad con el reglamento;
ii. Operar las solicitudes de inhabilitación a proveedores o contratistas de conformidad con la presente Ley y mediante el proceso que se establezca en el reglamento;
iii. Conocer, operar y resolver los expedientes que tramita;
iv. Resolver los conflictos derivados de sus funciones, dentro del ámbito de su competencia;
v. Imponer las sanciones que corresponda de conformidad con esta Ley y su reglamento; y,
vi. Las demás que le establezca la presente Ley y su reglamento.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 29 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 29 del Decreto 9-2015 (2015)
**Artículo 73.** *Calidades del Registrador.* El Registrador del Registro General de Adquisiciones del Estado debe contar con las siguientes calidades:
a) Estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
b) Ser profesional colegiado activo, con al menos diez (10) años de ejercicio profesional;
c) Gozar de reconocida honorabilidad;
d) No haber sido condenado por delitos que impliquen falta de probidad; y,
e) Las demás que sean comunes a los servidores públicos.
El Registrador es nombrado por el Ministro de Finanzas Públicas, para un período de cinco años; actúa con independencia técnica y se coordinará con la Dirección General de Adquisiciones del Estado. Asimismo, tiene prohibido ejercer su profesión fuera de sus obligaciones dentro del Registro General de Adquisiciones del Estado, salvo la actividad docente.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 30 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 30 del Decreto 9-2015 (2015)
**Artículo 74.** . Causales de remoción del Registrador. El Registrador del Registro General de Adquisiciones del Estado podrá ser removido por el Ministro de Finanzas Públicas, cuando se produzca cualquiera de las situaciones siguientes:
a) Haber sido condenado en sentencia firme en juicio penal. En caso de dictarse auto de prisión preventiva quedará inhabilitado temporalmente para el ejercicio de sus atribuciones, funciones y facultades, y lo sustituirá temporalmente la persona que el Ministro de Finanzas Públicas designe;
b) Haber sido declarado por tribunal competente, en estado de interdicción o de quiebra;
c) Padecer de discapacidad física que lo imposibilite de manera permanente para ejercer sus funciones;
d) Haber cometido actos fraudulentos, ilegales o evidentemente contrarios a las funciones del Registro General de Adquisiciones del Estado; y,
e) Haberse postulado como candidato para un cargo de elección popular.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 31 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República)
- Reforma: Reformado por el artículo 31 del Decreto 9-2015 (2015)
**Artículo 75.** *Libros del Registro.* El Registro tendrá, como mínimo, los siguientes libros electrónicos:
a) Registro de precalificados de contratistas;
b) Registro de precalificados de consultores;
c) Registro de proveedores; y,
d) Registro de contratos.
El Registrador del Registro General de Adquisiciones del Estado podrá habilitar otros libros que considere convenientes.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 32 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 32 del Decreto 9-2015 (2015)
**Artículo 76.** *Requisito de precalificación.* Para que toda persona pueda participar en cotizaciones o licitaciones públicas, deberá estar inscrita en el Registro de precalificados correspondiente. La misma obligación tienen quienes estuvieren comprendidos en los casos de excepción contemplados en esta ley.
No podrán estar inscritos en el Registro de precalificados quienes por dolo o mala fe, hayan dado lugar a la resolución, rescisión, terminación o nulidad de contratos celebrados con el Estado, declarado por tribunal competente.
**Artículo 77.** *Inscripción provisional de empresas extranjeras.* Las empresas extranjeras podrán participar en cualquier modalidad de compra establecida en esta Ley, con su inscripción provisional en el registro correspondiente. En todo caso, es requisito indispensable acreditar la inscripción definitiva en el Registro antes de la adjudicación.
* Quedan exceptuadas de esta obligación, y de cualquier otra de naturaleza registral, las instituciones que suministran al Banco de Guatemala formas de billetes de banco, moneda metálica terminada y metales necesarios para la acuñación de moneda.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 33 del Decreto 9-2015; y por Artículo 14 del Decreto 46-2016, ambos del Congreso de la República). (Párrafo adicionado por Artículo 14 del Decreto 46-2016 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 33 del Decreto 9-2015 (2015)
- Reforma: Reformado por el artículo 14 del Decreto 46-2016 (2016)
- Reforma: Adicionado (párrafo) por el artículo 14 del Decreto 46-2016 (2016)
**Artículo 78.** *Actualización e inscripción.* Cada registro actualizará sus asientos en el mes de enero de cada año, no obstante los interesados podrán solicitar su inscripción o actualización en cualquiera otra fecha.
**Qué significa:** Cada registro actualizará sus asientos en el mes de enero de cada año. Es la regla general: una actualización anual en una fecha fija. No obstante, los interesados pueden pedir su inscripción o actualización en cualquier otra fecha. El texto no limita esa posibilidad a un mes ni a una época del año. En otras palabras, la actualización de enero no impide que una persona se inscriba o actualice sus datos durante el resto del año. Lo que no dice: qué documentos exige cada registro ni cuánto tarda el trámite. Tampoco dice qué pasa si un asiento no está al día. Imagina que un proveedor cambia su dirección en agosto. Según el texto, no tiene que esperar a enero: puede pedir la actualización en esa fecha.
**Artículo 79.** *Funcionamiento de Registros.* Cada registro funcionará conforme lo determine el reglamento que emita cada una de las dependencias, bajo cuya responsabilidad funcionen.
## Título VII
### Capítulo Único. Prohibiciones y sanciones
**Artículo 80.** *Prohibiciones.* No podrán concursar o celebrar contratos con el Estado, o tener otra calidad referida a los proveedores y contratistas del Estado:
a) Quienes estén obligados a inscribirse en los registros establecidos en la presente Ley y que no se hayan inscrito o se encuentren inhabilitados en alguno de esos registros al momento de participar en un concurso de adquisición pública. Toda entidad contratante que determine que, de acuerdo a la legislación aplicable, una persona debe ser inhabilitada como proveedor o contratista del Estado, registrará la inhabilitación donde corresponda.
Concluidos los procedimientos administrativos de la entidad contratante, quedarán inhabilitados por un plazo mínimo de dos (2) años en los registros establecidos en la presente Ley, los proveedores y contratistas del Estado que hayan incumplido el objeto del contrato por causas imputables al proveedor o contratista. En el caso que el proveedor o contratista sea una persona jurídica, concluido el procedimiento administrativo en la entidad contratante, la inhabilitación aplicará por un plazo mínimo de dos (2) años a los propietarios y representantes legales del contratista.
b) Quienes tengan obligaciones tributarias formales pendientes de cumplimiento, o que tengan saldos líquidos exigibles pendientes de pago ante la administración tributaria. En estos casos, la administración tributaria registrará la inhabilitación.
c) Quienes tengan pendientes obligaciones ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. En estos casos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- registrará la inhabilitación.
d) Quien esté privado, por sentencia firme, del ejercicio de sus derechos civiles.
e) Las entidades cuyos representantes legales, directivos o gerentes hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la administración pública, contra la fe pública, defraudación tributaria, contrabando, defraudación aduanera, o delitos tipificados en las convenciones internacionales de las que Guatemala sea signataria.
f) Los dignatarios de la Nación, funcionarios públicos, empleados públicos o las autoridades de las entidades a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, así como sus cónyuges. Esta prohibición aplicará durante el ejercicio del cargo. Se exceptúa de la prohibición, las contrataciones de personas individuales que realicen en relación de dependencia o dentro de los renglones 029 o 189, o cualquiera otra forma de contratación que sea por servicios técnicos o profesionales.
g) Los parientes dentro de los grados de ley de los dignatarios de la Nación, funcionarios públicos, empleados públicos o de las autoridades de las entidades a los que se refiere el artículo 1 de esta Ley, cuando los contratos deban celebrarse con las entidades en las que el pariente funja, labore, preste servicios o se encuentre bajo su autoridad. Esta prohibición no aplicará a los cónyuges, en virtud de lo establecido en la literal f) anterior.
h) Quienes hayan intervenido en los procedimientos de adquisición pública, particularmente la emisión de dictámenes, determinación de características técnicas y valores referenciales, elaboración de bases, selección y evaluación de ofertas, adjudicación, aprobación, suscripción de contratos y autorización de pagos. Esta prohibición se hace extensiva a los parientes dentro de los grados de ley.
i) Quienes hayan financiado organizaciones políticas o campaña electoral en el proceso electoral inmediato anterior al periodo presidencial o legislatura en curso, y que el monto del aporte realizado sea superior a treinta mil Quetzales (Q.30,000.00) anuales.
j) Los proveedores del Estado, las empresas dedicadas a la producción, fabricación y comercialización de medicamentos que otorguen directa o indirectamente cualquier tipo de incentivo, beneficios, bonificaciones, descuentos, primas u obsequios a empleados del sector salud que tengan relación con la compra, prescripción, dispensación y administración de medicamentos, igualmente quedarán excluidos como proveedores del Estado; asimismo, aquellos proveedores que proporcionen directamente viajes, seminarios o becas que no sean estrictamente de interés científico profesional o que incluyan actividades lúdicas o aceptación de acompañantes, y en los casos que proceda, deberán de ser otorgados a través de las autoridades superiores de la entidad correspondiente, quienes bajo su responsabilidad podrán autorizar este tipo de actividades.
En el ámbito y plazos aplicables a los casos contemplados en este artículo y a la legislación vigente, las personas jurídicas en las que se tenga o haya tenido una participación superior al 5% del capital o patrimonio, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria al proceso de adquisición pública, en cualquiera de los regímenes legales establecidos en esta Ley.
cinco mil Quetzales (Q.5,000.00). El reglamento establecerá el plazo y procedimientos para la aplicación de las prohibiciones establecidas en este artículo.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 15 del Decreto 27-2009; y por Artículo 34 del Decreto 9-2015, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 15 del Decreto 27-2009 (2009)
- Reforma: Reformado por el artículo 34 del Decreto 9-2015 (2015)
**Qué significa:** Este artículo enumera quiénes no pueden concursar ni celebrar contratos con el Estado, ni actuar como proveedores o contratistas. Incluye a quienes deben inscribirse en los registros de la ley y no lo han hecho o están inhabilitados, a quienes tienen obligaciones tributarias pendientes o deudas exigibles con la administración tributaria, y a quienes deben al IGSS. También alcanza a quien está privado de sus derechos civiles por sentencia firme y a las entidades cuyos representantes o directivos fueron condenados por delitos contra la administración pública, la fe pública y delitos tributarios o aduaneros. La lista sigue con dignatarios, funcionarios y empleados públicos y sus cónyuges, durante el cargo, y con sus parientes cuando el contrato es con la entidad donde trabaja el pariente. Hay una excepción para contrataciones en relación de dependencia, en los renglones 029 o 189 o por servicios técnicos o profesionales. Quien incumple un contrato por causa propia queda inhabilitado un mínimo de dos años; si es persona jurídica, la inhabilitación alcanza a propietarios y representantes legales. Por ejemplo, una empresa con saldo tributario exigible no puede ofertar en un concurso hasta resolverlo. La nota indica que fue reformado por Artículo 15 del Decreto 27-2009; y por Artículo 34 del Decreto 9-2015, ambos del Congreso de la República.
**Citado por:** Art. 26, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-26/).
**Artículo 81.** *Fraccionamiento.* Se entenderá que existe fraccionamiento, cuando una misma unidad ejecutora realice varias adquisiciones con el propósito de evadir la cotización y licitación públicas.
El funcionario o empleado público que fraccione en cualquier forma la negociación, con el objeto de evadir la practica de la cotización y licitación, será sancionado con una multa equivalente al dos punto cinco por ciento (2.5%) del valor total de la negociación, se haya o no suscrito el contrato. Se exceptúa de esta disposición a las unidades ejecutoras del Ministerio de Educación que ejecuten recursos relacionados con el Programa de Alimentación Escolar.
También se incurrirá en fraccionamiento cuando una misma unidad ejecutora realice varias cotizaciones de un mismo bien o servicio, dentro de un mismo ejercicio fiscal, cuya suma exceda el monto a partir del cual la licitación pública es obligatoria.
El funcionario o empleado público que haya autorizado adquisiciones que incurrieron en fraccionamiento; será sancionado con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la negociación, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas del acto.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 35 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República). (Párrafo reformado por el Artículo 41 del Decreto 16-2017 del Congreso de la República, Ley de Alimentación Escolar).
- Reforma: Reformado por el artículo 35 del Decreto 9-2015 (2015)
- Reforma: Reformado (párrafo) por el artículo 41 del Decreto 16-2017 (2017)
**Qué significa:** Hay fraccionamiento cuando una misma unidad ejecutora realiza varias adquisiciones con el propósito de evadir la cotización y la licitación pública. También lo hay cuando varias cotizaciones de un mismo bien o servicio, dentro de un mismo ejercicio fiscal, suman más que el monto que vuelve obligatoria la licitación pública. Al funcionario o empleado que fracciona una negociación para evadir cotización y licitación se le impone una multa equivalente al dos punto cinco por ciento (2.5%) del valor total de la negociación, se haya o no suscrito el contrato. Quien autorice adquisiciones con fraccionamiento es sancionado con una multa del cinco por ciento (5%) del valor total, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales. La excepción es para las unidades ejecutoras del Ministerio de Educación que ejecuten recursos del Programa de Alimentación Escolar. El texto las exceptúa de la disposición que fija la multa del dos punto cinco por ciento (2.5%). Como ilustración, un departamento divide una compra grande en varias pequeñas dentro del mismo año fiscal para no hacer licitación. Si la suma supera el monto que obliga a la licitación, se da el supuesto del texto.
**Artículo 82.** *Incumplimiento de obligaciones.* El funcionario o empleado público que sin causa justificada no cumpla, dentro de los plazos correspondientes, con las obligaciones que le asigna esta ley y su reglamento, será sancionado con una multa equivalente al dos por ciento (2%) del monto de la negociación, sin perjuicio de su destitución, si fuere procedente.
**Qué significa:** Este artículo sanciona al funcionario o empleado público que, sin causa justificada, no cumple dentro de los plazos correspondientes las obligaciones que le asigna la ley y su reglamento. La sanción es una multa equivalente al dos por ciento (2%) del monto de la negociación. La multa se aplica sin perjuicio de su destitución, si fuere procedente. Lo que pesa más aquí es la frase «sin causa justificada». Si existe una razón justificada para el retraso, la conducta queda fuera de esta sanción. Además, el texto mide el incumplimiento frente a los plazos que corresponden a cada obligación. No dice cómo se calcula el monto de la negociación ni quién decide la destitución; eso queda para otras normas. Ejemplo: un empleado de una entidad pública deja vencer un plazo que la ley le asigna, sin razón justificada. En ese caso, el artículo prevé una multa del dos por ciento del monto de la negociación.
**Artículo 83.** Otras Infracciones.
Cualquiera otra infracción a la presente Ley o su reglamento, que cometan los funcionarios o empleados públicos, así como de la que sea responsable quien tenga intervención directa o indirecta en el proceso de la negociación será sancionado con una multa hasta el equivalente al cero punto dos por millar (0.2 o/ oo) del valor total del contrato, sin perjuicio de otras responsabilidades legales.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 15 del Decreto 46-2016 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 15 del Decreto 46-2016 (2016)
**Citado por:** Art. 3, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-3/); Art. 4 Bis, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-4bis/); Art. 29, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-29/).
**Artículo 84.** *Suspensión temporal.* El adjudicatario que no suscribiere el contrato dentro del plazo que se le señale, será suspendido por el plazo de un año, en el Registro de Precalificados, correspondiente; sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de sostenimiento de oferta. En caso de reincidencia se cancelará en forma definitiva la respectiva inscripción.
**Artículo 85.** *Retraso de la entrega.* La determinación del atraso en la entrega de la obra o de los servicios y suministros se realizará con base en las fechas de terminación, parciales o total, fijadas en el programa de ejecución convenido, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad contratante para exigir el cumplimiento del contrato o para rescindirlo.
Para el efecto de la multa, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atraso, por lo que su aplicación no debe afectar la parte de cumplimiento parcial.
Se sancionará con el pago de una multa que se aplique al contratista entre el uno al cinco por millar del monto de los trabajos, servicios, bienes o suministros que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, por cada día de atraso en que incurra el contratista desde la fecha de terminación pactada hasta la total conclusión de los mismos, en ningún caso podrán ser superiores en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento.
El reglamento especificará los porcentajes y procedimientos correspondientes regulados en este Artículo.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 16 del Decreto 46- 2016 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 16 del Decreto 46-2016 (2016)
**Qué significa:** El atraso en la entrega de obras, servicios o suministros se mide con las fechas del programa de ejecución convenido. La multa va entre el uno y el cinco por millar del monto no ejecutado o no prestado a tiempo, por cada día de atraso, y se aplica al contratista. Lo que más pesa aquí es el tope: en ningún caso la suma de las multas supera el monto de la garantía de cumplimiento. Además, solo se toma en cuenta la parte proporcional del atraso, para no afectar lo ya cumplido parcialmente. La entidad contratante conserva la facultad de exigir el cumplimiento del contrato o de rescindirlo. El reglamento fijará los porcentajes y procedimientos, algo que el texto no detalla. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 16 del Decreto 46-2016. Por ejemplo, un contratista entrega un suministro varios días después de la fecha pactada. La multa se calcula solo sobre la parte no entregada a tiempo, día por día, y nunca supera el tope de la garantía.
**Artículo 86.** Variación en calidad o cantidad.
El contratista que contraviniendo total o parcialmente el contrato, perjudicare al Estado variando la calidad o cantidad del objeto del mismo, será sancionado con una multa del cien por ciento (100%) del valor, que represente la parte afectada de la negociación. A las empresas supervisoras y a los funcionarios o empleados supervisores, así como a quienes reciban la obra, el bien o servicio en nombre del Estado, en tales circunstancias, se les sancionará con una multa equivalente al tres por millar (3 o/oo) del valor que represente la parte afectada de la negociación.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 17 del Decreto 46-2016 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 17 del Decreto 46-2016 (2016)
**Artículo 87.** *Otras responsabilidades.* Las sanciones que se establecen en la presente ley y su reglamento, deberán ser impuestas sin perjuicio de la deducción de las demás responsabilidades que procedan.
**Citado por:** Art. 29, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-29/).
**Artículo 88.** Imposición de sanciones pecuniarias.
Las sanciones pecuniarias a que se refiere esta ley y su reglamento, serán impuestas por la Contraloría General de Cuentas o por la Superintendencia de Bancos, según corresponda, cuando se trate de funcionarios o empleados del Estado; cuando se trate de particulares, las multas serán impuestas por la autoridad superior que corresponda, de conformidad con la presente ley.
* Cuando se interpongan los recursos contemplados en el artículo 99 y 100 de la presente Ley y este sea declarado notoriamente frívolo y/o notoriamente improcedente, se sancionará al interponente con multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor total de la negociación, en ningún caso podrá ser superior a la contratación de personas naturales o jurídicas se describa detalladamente los bienes aportados.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 18 del Decreto 46-2016 del Congreso de la República). (Párrafo adicionado por Artículo 18 del Decreto 46-2016 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 18 del Decreto 46-2016 (2016)
- Reforma: Adicionado (párrafo) por el artículo 18 del Decreto 46-2016 (2016)
**Qué significa:** Este artículo indica quién impone las sanciones pecuniarias previstas en la ley y su reglamento. Si el sancionado es funcionario o empleado del Estado, la sanción la impone la Contraloría General de Cuentas o la Superintendencia de Bancos, según corresponda. Si se trata de particulares, las multas las impone la autoridad superior que corresponda conforme a la ley. El segundo párrafo sanciona el abuso de los recursos. Cuando se interpongan los recursos de los artículos 99 y 100 de la ley y se declaren notoriamente frívolos o notoriamente improcedentes, quien los interpuso recibe una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor total de la negociación. El texto oficial disponible está incompleto justo después, donde menciona un límite superior, por lo que no es posible precisar ese tope a partir de esta versión. La multa no castiga perder un recurso, sino presentarlo de forma notoriamente infundada. Por ejemplo, si un oferente recurre sin base alguna una adjudicación de una negociación de un millón de quetzales y el recurso se declara notoriamente frívolo, la multa sería del 1% de ese valor. La nota indica que fue reformado por Artículo 18 del Decreto 46-2016 del Congreso de la República, y que un párrafo fue adicionado por Artículo 18 del mismo decreto.
## Título VIII
### Capítulo Único. Enajenación de bienes del Estado y de sus entidades descentralizadas y autónomas
**Artículo 89.** *Reglas generales.* Para la enajenación y transferencia de bienes inmuebles, muebles o materiales, propiedad del Estado, o de sus entidades autónomas y descentralizadas, así como para la venta de bienes muebles o materiales, se seguirá el procedimiento de subasta pública, oferta pública, u otros procedimientos en los que los oferentes puedan presentar sus ofertas mediante mecanismos transparentes, previo cumplimiento de los requisitos de publicación y bases elaboradas para el efecto y de lo que en cada caso establece la presente Ley y su Reglamento.
Para dichos efectos, deberá determinarse por la autoridad competente, en cada caso, según corresponda a la naturaleza de los bienes a enajenarse, si los procedimientos a seguirse deben ser los de una subasta pública, oferta pública u otros procedimientos que garanticen la publicidad de las actuaciones y la concurrencia de los oferentes, tal como el caso de los mercados bursátiles nacionales o internacionales.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 1 del Decreto 20-97 del Congreso de la República y por Artículo 5 del Decreto 34-2001 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 20-97 (1997)
- Reforma: Reformado por el artículo 5 del Decreto 34-2001 (2001)
**Citado por:** Art. 74, Ley de Vivienda (https://codicegt.com/ley-de-vivienda/articulo-74/).
**Artículo 90.** *Enajenación y transferencia de bienes inmuebles del Estado.* Para la enajenación y transferencia de bienes inmuebles propiedad del Estado o de sus entidades autónomas o descentralizadas, deberá emitirse un Acuerdo Gubernativo por conducto del Ministerio o Ministerios que corresponda, si se trata de bienes del Estado, o un acuerdo de la autoridad máxima de la entidad autónoma o descentralizada y se observarán las reglas siguientes:
1. Se deberá describir en detalle los bienes cuya enajenación se llevará a cabo, incluyendo sus datos registrales con base en la certificación correspondiente y que la autoridad interesada, determine la conveniencia de la contratación e inicie el trámite del expediente acompañando las justificaciones pertinentes.
2. Que se practique el avalúo del bien por parte del Ministerio de Finanzas Públicas.
3. Que se emita acuerdo gubernativo, que autorice la contracción, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas y con el refrendo del titular del Ministerio que haya iniciado el trámite.
4. Se podrá acordar, si se juzga conveniente a los intereses del Estado o de la entidad enajenante, especializadas en la intermediación con bienes inmuebles, para que se hagan cargo de la ejecución del procedimiento de oferta y subasta pública, u otro mecanismo análogo sujeto, en todo caso, a las normas y condiciones cuyas bases se deberán determinar en el acuerdo respectivo.
5. Si se juzga conveniente a los intereses del Estado o de la entidad correspondiente, se podrá disponer de la contratación de intermediarios de prestigio internacional, de modo que la oferta y subasta pública u otro mecanismo análogo se promueva también a nivel internacional, cumpliéndose, en todo caso, con las bases generales que rijan la enajenación.
Las entidades descentralizadas y autónomas observarán las reglas establecidas en este artículo en lo que sea aplicable y el acuerdo será emitido por la autoridad superior de la entidad interesada.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 1 del Decreto 20-97; y por Artículo 6 del Decreto 34-2001, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 20-97 (1997)
- Reforma: Reformado por el artículo 6 del Decreto 34-2001 (2001)
**Citado por:** Art. 74, Ley de Vivienda (https://codicegt.com/ley-de-vivienda/articulo-74/).
**Artículo 91.** *Reglas para la venta de bienes muebles.* Para la venta de bienes muebles propiedad del Estado, se observarán las reglas siguientes:
1. Que la autoridad interesada determine la conveniencia de la enajenación e inicie el trámite del expediente, acompañando las justificaciones pertinentes;
2. Que se practique el avalúo del bien por parte del Ministerio de Finanzas Públicas;
3. Que se emita el acuerdo por la autoridad superior de la entidad interesada.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 1 del Decreto 20-97; y por Artículo 7 del Decreto 34-2001, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 20-97 (1997)
- Reforma: Reformado por el artículo 7 del Decreto 34-2001 (2001)
**Citado por:** Art. 92, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-92/).
**Artículo 92.** *Traspaso de bienes muebles usados o materiales.* Los bienes muebles usados o los materiales propiedad del Estado, podrán ser traspasados a terceras personas, a cuenta del precio de nuevas adquisiciones, debiéndose cumplir con lo prescrito en el artículo anterior.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 1 del Decreto 20-97; y por Artículo 8 del Decreto 34-2001, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 20-97 (1997)
- Reforma: Reformado por el artículo 8 del Decreto 34-2001 (2001)
**Artículo 93.** Casos especiales de enajenación.
I. Aportación a sociedades por constituirse. Cuando la enajenación de bienes sea por aportación a sociedades, lo hará el Estado atendiendo la justificación de autoridad superior; para hacerlo procederá conforme el avalúo efectuado por el Ministerio de Finanzas Pública u otro que así se considere, debiendo emitir un Acuerdo Gubernativo por conducto del ministerio o ministerios correspondientes, por cuyo medio se disponga:
1. A la aportación de bienes se debe anexar la documentación legal y contable necesaria, en la que
2. El monto por el que se aportan los bienes y la cantidad, clase, valor nominal y demás características de las acciones que, como consecuencia, serán emitidas, suscritas y pagadas.
3. La constitución de la sociedad deberá hacerse ante el Escribano de Cámara y Gobierno y la transmisión a título de aportación de los bienes correspondientes.
4. La elaboración del Balance General de apertura de la sociedad constituida.
5. La designación de las personas que fungirán como administradores provisionales.
6. Cumplidos los requisitos legales, deberá hacerse la inscripción definitiva en el Registro Mercantil General de la República y en las oficinas administrativas que, según la Ley corresponda;
En el caso de la aportación de bienes de entidades autónomas o descentralizadas del Estado, el acuerdo deberá ser emitido por la autoridad máxima y deberá cumplir con los requisitos anteriormente descritos.
II. Aportación a sociedades ya constituidas. En este caso se procederá como se indica en el apartado anterior, excepto en lo que concierne al proyecto de escritura social y la inscripción en el Registro Mercantil y demás oficinas administrativas.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 1 del Decreto 20-97; y por Artículo 9 del Decreto 34-2001, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 20-97 (1997)
- Reforma: Reformado por el artículo 9 del Decreto 34-2001 (2001)
**Artículo 94.** Ejecución de los actos y contratos y determinación del destino fiscal de los ingresos resultantes de la enajenación.
1. Cuando la enajenación recaiga sobre bienes propiedad del Estado, la ejecución y otorgamiento de los actos, contratos y documentos correspondientes deberán realizarse por el Procurador General de la Nación.
2. Cuando la enajenación se refiera a bienes propiedad de las entidades descentralizadas o autónomas del Estado, la ejecución y otorgamiento de los actos, contratos y documentos correspondientes deberán realizarse por el representante legal de la enajenante.
3. El destino fiscal de los ingresos provenientes de la enajenación ya sea definitivo o a título de aportación de bienes del Estado o de sus entidades descentralizadas o autónomas, se determinará en la ley que apruebe el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, correspondiente al ejercicio o ejercicios fiscales en los que se proyecte recibir los ingresos resultantes de las enajenaciones que se efectúen.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 1 del Decreto 20-97; y por Artículo 10 del Decreto 34-2001, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 20-97 (1997)
- Reforma: Reformado por el artículo 10 del Decreto 34-2001 (2001)
## Título IX
### Capítulo Único. Contratos y concesiones sobre servicios publicos
**Artículo 95.** *Concesión.* Para los fines de esta Ley se entiende por concesión la facultad que el Estado otorga a particulares, para que por su cuenta y riesgo construyan, produzcan, monten, instalen, mejoren, adicionen, conserven, restauren y administren una obra, bien o servicio público, bajo el control de la entidad pública concedente, con o sin ocupación de bienes públicos, a cambio de una remuneración que el particular cobre a los usuarios de la obra, bien o servicio.
Son obligaciones mínimas del Estado, obtener los derechos de los servicios concesionados, rescatar el servicio por causas de utilidad pública, tales como servicio deficiente, aumento desmedido de precios o por fuerza mayor o caso fortuito, revisar las tarifas y velar porque sean éstas las que se cobren, y supervisar la ejecución de la concesión hasta su vencimiento.
El o los despachos ministeriales, o bien, la autoridad superior de la entidad autónoma o descentralizada bajo cuya competencia se presten o deban de prestarse los servicios en cuestión, deberá emitir una resolución que describa detalladamente el ámbito, características, medios y objetivos de los servicios cuya prestación por terceros, por cuenta del Estado o de sus entidades autónomas y descentralizadas, se pretende efectuar.
No podrán concesionarse servicios en los que actualmente el Estado, entidades autónomas y descentralizadas obtengan utilidades.
La concesión finaliza por: cumplimiento del plazo, rescisión en los casos que se establezca en el contrato respectivo, o revocación por conducto del Ejecutivo a consideración y eventual aprobación del Congreso de la República.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 1 del Decreto 20- 97; y por Artículo 11 del Decreto 34-2001 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 20-97 (1997)
- Reforma: Reformado por el artículo 11 del Decreto 34-2001 (2001)
**Qué significa:** Para esta ley, concesión es la facultad que el Estado otorga a particulares para que, por su cuenta y riesgo, construyan, produzcan, monten, instalen, mejoren, adicionen, conserven, restauren y administren una obra, bien o servicio público. Lo hacen bajo el control de la entidad pública concedente, con o sin ocupación de bienes públicos, a cambio de una remuneración que cobran a los usuarios. Son obligaciones mínimas del Estado obtener los derechos de los servicios concesionados, revisar las tarifas y velar porque sean esas las que se cobren, y supervisar la concesión hasta su vencimiento. También debe rescatar el servicio por causas de utilidad pública, como servicio deficiente, aumento desmedido de precios, fuerza mayor o caso fortuito. El despacho ministerial, o la autoridad superior de la entidad autónoma o descentralizada bajo cuya competencia se prestan los servicios, debe emitir una resolución. Esa resolución describe con detalle el ámbito, las características, los medios y los objetivos de los servicios que se pretende hacer prestar por terceros. No pueden concesionarse servicios en los que actualmente el Estado o sus entidades autónomas y descentralizadas obtengan utilidades. La concesión finaliza por cumplimiento del plazo, rescisión en los casos que establezca el contrato o revocación por conducto del Ejecutivo, a consideración y eventual aprobación del Congreso de la República.
**Artículo 96.** *Adjudicación y aprobación.* La concesión se adjudicará, previo cumplimiento del procedimiento de licitación que determina esta ley en lo que fuere aplicable, no pudiendo acogerse a los casos de excepción que contempla la misma. El contrato será celebrado entre el titular del Ministerio o la autoridad máxima de la entidad que corresponda y el concesionario. Tanto las concesiones originales como sus prórrogas deberán someterse por conducto del Ejecutivo a consideración y eventual aprobación del Congreso de la República.
de aplicación. Contencioso Administrativo.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 1 del Decreto 20-97; y por Artículo 12 del Decreto 34-2001, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 20-97 (1997)
- Reforma: Reformado por el artículo 12 del Decreto 34-2001 (2001)
**Qué significa:** La concesión de un servicio público se adjudica tras cumplir el procedimiento de licitación que esta ley determina, en lo que sea aplicable. No puede acogerse a los casos de excepción que la misma ley contempla. El contrato lo celebran el titular del Ministerio o la autoridad máxima de la entidad que corresponda, y el concesionario. Tanto la concesión original como sus prórrogas deben pasar por el Ejecutivo y someterse a consideración y eventual aprobación del Congreso de la República. Lo que pesa aquí es la frase «en lo que fuere aplicable»: la licitación se aplica solo en lo que encaje con la concesión. El texto no define qué parte encaja ni qué sucede si el Congreso no aprueba; eso queda fuera de este artículo. La nota indica reformas por el Decreto 20-97 y por el Decreto 34-2001, ambos del Congreso. Por ejemplo, una entidad quiere entregar la operación de un servicio público a una empresa y busca un caso de excepción para evitar la licitación. Según el texto, eso no está permitido.
**Artículo 97.** *Cláusulas obligatorias.* Además de las cláusulas propias de un contrato administrativo, en los contratos de concesión deberá estipularse:
1. Que el plazo de duración no podrá ser superior a veinticinco (25) años. El plazo será calculado en cada caso, de acuerdo con la cuantía e importancia de la inversión, tomando en cuenta el interés nacional y el de los usuarios.
2. Que el reglamento para la utilización de la obra, bien o prestación del servicio, forma parte del contrato.
3. Que el concesionario queda obligado:
3.1 Al pago de los salarios y prestaciones de sus trabajadores, los cuales deben ser preferentemente guatemaltecos en la proporción prescrita en el Código de Trabajo.
3.2 A la conservación de todos los bienes y elementos que conforman la concesión, y prestar el servicio con la continuidad convenida.
3.3 A que el vencimiento de la concesión, todas las construcciones e instalaciones pasarán a propiedad del Estado o de la entidad autónoma o descentralizada de que se trate sin que tenga que reembolsar, compensar o pagar suma alguna de dinero.
3.4 A responder por daños y perjuicios que ocasione al Estado o a terceros con motivo de la explotación de la concesión.
3.5 A la capacitación del personal guatemalteco que designe la autoridad competente.
3.6 Al pago al Estado de un porcentaje que será determinado en la resolución que otorgue la concesión.
3.7 A permitir la práctica de las auditorias que la autoridad competente considere necesarias.
3.8 A responder por la pérdida o deterioro de los bienes del Estado que se le entreguen para la explotación de la concesión.
3.9 A las demás condiciones que de acuerdo con la naturaleza de la concesión sea necesario estipular en el contrato, a juicio de la autoridad competente.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 1 del Decreto 20-97; y por Artículo 13 del Decreto 34-2001, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 20-97 (1997)
- Reforma: Reformado por el artículo 13 del Decreto 34-2001 (2001)
**Artículo 98.** *Régimen de concesiones.* El régimen de concesiones establecido en este capítulo regirá en todos los casos en los que no exista otra ley específica que contenga normas de concesión para ámbitos especiales
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 1 del Decreto 20-97; y por Artículo 14 del Decreto 34-2001, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 20-97 (1997)
- Reforma: Reformado por el artículo 14 del Decreto 34-2001 (2001)
**Qué significa:** Este artículo funciona como regla de respaldo. El régimen de concesiones de este capítulo rige en todos los casos en los que no exista otra ley específica con normas de concesión para ámbitos especiales. La nota indica que el artículo fue reformado en dos ocasiones. La clave está en la frase «en los que no exista otra ley específica». Si otra ley específica ya contiene normas de concesión para un ámbito, este régimen general no rige en ese ámbito. Por eso, lo que se aplica depende de si esa otra ley existe. El texto no dice qué leyes especiales existen ni cuáles son sus normas; eso queda para esas otras normas. Imagina que una empresa quiere una concesión en un ámbito que no tiene ley especial. En ese caso, las normas de concesión de este capítulo son las que aplican. Si el ámbito sí tiene ley especial, este capítulo no rige.
## Título X
### Capítulo Único. Recursos
**Artículo 99.** *Recurso de Revocatoria.* Procede el recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 10 del Decreto 11-2006 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 10 del Decreto 11-2006 (2006)
**Qué significa:** El artículo 99 dice que procede el recurso de revocatoria contra resoluciones dictadas por una autoridad administrativa que tenga superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma. La nota indica que fue reformado por el Artículo 10 del Decreto 11-2006 del Congreso de la República. La condición central es que exista un superior jerárquico dentro de la misma institución. Si la autoridad que dictó la resolución no tiene ese superior en el mismo ministerio o entidad, el artículo no prevé este recurso. Por ejemplo, un jefe de departamento dentro de un ministerio dicta una resolución. Tú puedes revisar si ese jefe tiene un superior en el mismo ministerio, porque de eso depende la procedencia. El texto no indica plazos para interponer el recurso ni quién lo resuelve; esos aspectos quedan fuera de este artículo.
**Citado por:** Art. 88, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-88/).
**Artículo 100.** *Recurso de Reposición.* Contra las resoluciones dictadas por los ministerios y contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores individuales o colegiadas de las entidades descentralizadas o autónomas, podrá interponerse recurso de reposición.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 11 del Decreto 11- 2006 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 11 del Decreto 11-2006 (2006)
**Qué significa:** Contra las resoluciones dictadas por los ministerios puede interponerse recurso de reposición. También procede contra las resoluciones de las autoridades administrativas superiores, individuales o colegiadas, de las entidades descentralizadas o autónomas. Lo que cuenta es quién dictó la resolución. El artículo indica contra qué actos cabe el recurso, no el plazo ni el procedimiento para presentarlo. Esos detalles no aparecen en este texto y quedan para otras normas. Por eso conviene identificar con precisión la autoridad que emitió la decisión antes de revisar lo demás. El texto no menciona otras autoridades, así que no las incluye. Por ejemplo, una empresa recibe una resolución de un ministerio. Este artículo le indica que contra esa resolución puede interponerse recurso de reposición. La nota del artículo indica que fue reformado por el Artículo 11 del Decreto 11-2006 del Congreso de la República.
**Citado por:** Art. 46 Bis, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-46bis/).
**Artículo 101.** *Aplicación de los Recursos.* Únicamente para los casos de contratación pública que provengan de la aplicación de la presente ley, se interpondrán los recursos que anteceden dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de la notificación de la resolución respectiva.
Para efectos de requisitos de la solicitud, trámite y diligenciamiento, se estará a lo dispuesto en la Ley de lo Contencioso Administrativo que se aplicará supletoriamente en esta materia.
Las resoluciones de los Recursos de Revocatoria y Reposición deberán ser por escrito, razonadas y fundamentadas en derecho, causando estado y con ellos se agotará la vía administrativa.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 12 del Decreto 11- 2006 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 12 del Decreto 11-2006 (2006)
**Citado por:** Art. 46 Bis, Ley de Contrataciones del Estado (https://codicegt.com/ley-de-contrataciones-del-estado/articulo-46bis/).
## Título XI
### Capítulo Único. Disposiciones finales
**Artículo 102.** *Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.* Salvo lo dispuesto en el artículo 3 de esta ley, toda controversia relativa al incumplimiento, interpretación, aplicación y efectos de los actos o resoluciones de las entidades a que se refiere el artículo 1 de la presente ley, así como en los casos de controversias derivadas de contratos administrativos, después de agotada la vía administrativa y conciliatoria, se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 13 del Decreto 11-2006 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 13 del Decreto 11-2006 (2006)
**Artículo 103.** *Arbitraje.* Si así lo acuerdan las partes, las controversias relativas al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos de los contratos celebrados con motivo de la aplicación de la presente ley, se podrán someter a la jurisdicción arbitral mediante cláusula compromisoria o convenio arbitral.
Toda controversia relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos de los contratos celebrados con motivo de la aplicación de la presente ley, se someterá a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o a la jurisdicción arbitral mediante cláusula compromisoria o convenio arbitral. No se podrá iniciar acción penal, sin la previa conclusión de la vía administrativa o del arbitraje.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 14 del Decreto 11-2006 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 14 del Decreto 11-2006 (2006)
**Artículo 103 Bis.** *Jurisdicción Ordinaria.* Se consideran de índole civil y de la competencia de la jurisdicción ordinaria, las cuestiones en que el derecho vulnerado sea de carácter civil y también aquellas que emanen de actos en que el Estado haya actuado como sujeto de derecho privado.
> Nota de la fuente: (Adicionado por Artículo 15 del Decreto 11- 2006 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 15 del Decreto 11-2006 (2006)
**Artículo 104.** *Prescripción de derechos y créditos contra el Estado.* Prescriben en dos (2) años las acciones contra el Estado derivadas de la aplicación de esta ley, por:
1. Cobro de rentas, alquileres y otras retribuciones de la misma naturaleza;
2. Cobro de obligaciones derivadas de contratos; y
3. Cobro de honorarios, sueldos, salarios, dietas, jornales y cualesquiera otras remuneraciones.
En materia de iniciación del plazo, interrupción de la prescripción y situaciones afines, se estará a lo que para el efecto establece el Código Civil y la Ley del Organismo Judicial.
**Artículo 105.** *Transitorio.* (Derogado) Los expedientes y/o contratos que estuvieren en trámite al entrar en vigencia la presente ley, se regirán por la anterior, hasta la conclusión de la fase en que se encuentren. Las siguientes fases se sujetarán al procedimiento determinado en esta ley y su reglamento.
> Nota de la fuente: (Derogado por Artículo 19 del Decreto 27-2009 del Congreso de la República).
- Reforma: Derogado por el artículo 19 del Decreto 27-2009 (2009)
**Artículo 106.** *Reglamento.* Dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de la presente ley, el Organismo Ejecutivo deberá emitir el reglamento de la misma, mediante acuerdo gubernativo.
**Artículo 107.** *Derogatorias.* Se derogan:
1. El Decreto 35-80 del Congreso de la República, Ley de Compras y Contrataciones.
2. El Decreto ley 12-84, de fecha 3 de febrero de 1984
3. El Decreto ley 112-85 de fecha 29 de octubre de 1985
4. El Decreto ley 124-84 de fecha 28 de diciembre de 1984
5. El Decreto 40-86 del Congreso de la República
6. El Decreto Presidencial número 436 del 21 de octubre de 1955
7. El inciso 14 del Artículo 4 del Decreto 106-71
8. El Decreto 99-87 del Congreso de la República
9. El numeral 9 del Artículo 12 del Decreto 1126 del Congreso de la República
10. Asimismo, cualquier disposición que se oponga a lo dispuesto por la presente Ley y que se haya desprendido de cualquier Decreto derogado en esta Ley.
**Artículo 108.** *Vigencia.* El presente decreto empezará a regir a los quince días de su publicación en el diario oficial.
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Códice no es asesoría legal ni publicación oficial. Verifica siempre con el Diario de Centro América o la fuente indicada.