# Ley del Organismo Judicial de Guatemala
- Instrumento: Decreto 2-89 del Congreso de la República
- Artículos: 210
- Texto al: 31 de julio de 2025
- Fuente oficial: CENADOJ, Organismo Judicial (copia archivada en Internet Archive) — https://web.archive.org/web/20260108221058id_/http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/pdfs/Leyes/Ley_OJ.pdf
- URL canónica: https://codicegt.com/ley-del-organismo-judicial/
## Título I. Normas generales
### Capítulo I. Preceptos fundamentales
**Artículo 1.** *Normas generales.* Los preceptos fundamentales de esta ley son las normas generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco.
**Qué significa:** Lo que la ley llama preceptos fundamentales son sus normas generales. Su función es triple: sirven para aplicar, interpretar e integrar el ordenamiento jurídico guatemalteco. El texto aparece en el Título I, sobre normas generales. En palabras sencillas, son las reglas base que guían cómo se usan las demás normas, cómo se leen y cómo se completan los vacíos del sistema legal. Dicho de otra forma, no son una regla de caso concreto, sino el marco general. El artículo no enumera cuáles son esos preceptos. Esa lista no aparece en este texto, así que no puede deducirse de aquí. Piensa en alguien que se encuentra con una norma poco clara. Estas reglas generales orientan cómo se aplica e interpreta esa norma, y la persona puede leer el resto de la ley para comprender el contexto.
**Artículo 2.** *Fuentes del derecho.* La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia, la complementará.
La costumbre regirá sólo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 1 del Decreto 11-93 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 11-93 (1993)
**Qué significa:** La ley figura como fuente del ordenamiento jurídico, y la jurisprudencia la complementa. Dicho de otro modo, los fallos no reemplazan la ley; la completan. El texto no define qué es la jurisprudencia; eso queda para otras normas. La costumbre tiene un lugar más limitado. Solo rige en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley. Además, debe cumplir dos condiciones: no ser contraria a la moral o al orden público, y resultar probada. Si no resulta probada, no cumple la condición que fija el artículo. En la práctica: una persona reclama un uso habitual de un terreno. Si no hay ley aplicable, la costumbre solo cuenta si la persona logra probarla y si no choca con la moral o el orden público. La nota indica que este artículo fue reformado por el Artículo 1 del Decreto 11-93 del Congreso de la República.
**Artículo 3.** *Primacía de la ley.* Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario.
**Qué significa:** Nadie puede excusarse de cumplir la ley porque no la conocía. El texto dice que contra la observancia de la ley no se puede alegar ignorancia. El artículo también rechaza otros argumentos. No basta con alegar desuso, es decir, que la norma dejó de aplicarse. Tampoco vale la costumbre ni una práctica en contrario. Esta regla tiene una consecuencia práctica. Quien actúa contra una ley vigente no puede defenderse diciendo que nunca la leyó o que en su comunidad se hace de otra forma. Ejemplo: un comerciante cobra un impuesto que la ley no permite, y alega que así lo hacen todos sus colegas. El artículo indica que la costumbre o la práctica en contrario no sirven como excusa. El artículo anterior trata de las fuentes del derecho, es decir, qué normas integran el orden jurídico: art. 2 LOJ. Su alcance se entiende mejor con ese artículo a la vista.
**Artículo 4.** *Actos nulos.* Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas, son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.
Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 1 del Decreto 64- 90 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 64-90 (1990)
**Qué significa:** Según este artículo, los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas son nulos de pleno derecho. Eso significa que no producen efecto, salvo que la propia norma establezca otro efecto para el caso de contravención. El segundo párrafo trata el fraude de ley: un acto hecho al amparo de una norma para lograr un resultado prohibido se considera ejecutado en fraude de ley y no impide aplicar la norma que se quiso eludir. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 1 del Decreto 64-90 del Congreso de la República. La expresión que más pesa es «salvo que en ellas se establezca un efecto distinto». La nulidad no es automática en todos los casos, porque la norma puede fijar otra consecuencia. El texto no dice qué efecto distinto puede existir ni cómo se declara la nulidad en cada caso. Esas preguntas quedan para las leyes específicas. Por ejemplo, una persona firma un contrato que una ley prohíbe de forma expresa, sin que esa ley fije otro efecto. Según el artículo, ese acto nace nulo de pleno derecho.
**Artículo 5.** *Ámbito de aplicación de la ley.* El imperio de la ley se extiende a toda persona, nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como a todo el territorio de la República, el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tales como los definen las leyes y el derecho internacional.
**Qué significa:** El imperio de la ley alcanza a toda persona, nacional o extranjera, residente o en tránsito. Hay una excepción: las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala. La ley no excluye a nadie por su nacionalidad. El artículo también extiende la ley a todo el territorio de la República. Ese territorio comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo. Sus contornos se definen según las leyes y el derecho internacional. Un caso práctico: una persona extranjera de paso por Guatemala también queda sujeta al imperio de la ley, salvo lo que establezcan las disposiciones del derecho internacional aceptadas por el país. El texto habla de territorio en sentido amplio, no solo del suelo. Cómo se aplica cada espacio en un caso concreto no sale de este artículo.
**Artículo 6.** *Vigencia de la ley.* La ley empieza a regir ocho días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma amplíe o restrinja dicho plazo. En el cómputo de ese plazo se tomarán en cuenta todos los días.
**Qué significa:** Para saber cuándo empieza a regir una ley, cuenta desde su publicación íntegra en el Diario Oficial. La ley empieza a regir ocho días después, salvo que la misma amplíe o restrinja ese plazo. Por eso la fecha de publicación es el primer dato que importa. El matiz que pesa es el cómputo: en ese plazo se toman en cuenta todos los días. El texto no distingue entre días hábiles e inhábiles. El texto no explica cómo se hace la publicación íntegra, y ese detalle no está en este artículo. En la práctica, una persona que debe cumplir una nueva obligación revisa cuándo entra en vigor la ley publicada. Cuenta los ocho días desde la publicación íntegra. Si la propia ley amplía o restringe el plazo, ese plazo es el que cuenta.
**Artículo 7.** *Irretroactividad.* La ley no tiene efecto retroactivo, ni modifica derechos adquiridos. Se exceptúa la ley penal en lo que favorezca al reo.
Las leyes procesales tienen efecto inmediato, salvo lo que la propia ley determine.
**Qué significa:** La ley no tiene efecto retroactivo, así que no se aplica hacia atrás ni modifica derechos adquiridos. Hay una excepción: la ley penal sí se aplica en lo que favorezca al reo. Esa es la excepción que el texto menciona en su primer párrafo. El segundo párrafo cambia el enfoque: las leyes procesales tienen efecto inmediato. Esa regla cede ante lo que la propia ley determine. En otras palabras, una norma de trámite se aplica desde que rige, salvo que la misma norma fije otra cosa. Un caso práctico: en un proceso que ya está abierto entra en vigor una nueva regla de trámite. Como es una norma procesal, se aplica desde ese momento, a menos que la misma ley diga otra cosa. El texto no define qué leyes son procesales ni cuándo una norma favorece al reo; esas definiciones quedan para otras normas.
**Artículo 8.** *Derogatoria de las leyes.* Las leyes se derogan por leyes posteriores:
a) Por declaración expresa de las nuevas leyes;
b) Parcialmente, por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes;
c) Totalmente, porque la nueva ley regule, por completo, la materia considerada por la ley anterior;
d) Total o parcialmente, por declaración de inconstitucionalidad, dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad.
Por el hecho de la derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado.
**Qué significa:** Según este artículo, las leyes se derogan por leyes posteriores en tres casos, y en un cuarto por declaración de inconstitucionalidad. La primera causa es la declaración expresa de la nueva ley. La segunda es la derogación parcial, cuando las disposiciones nuevas son incompatibles con las anteriores. La tercera es la total, cuando la nueva ley regula por completo la materia de la ley anterior. La cuarta causa es la derogación total o parcial por declaración de inconstitucionalidad, dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. El último párrafo aclara que, al derogarse una ley, no vuelven a regir las que esa ley había derogado. Por ejemplo, el matiz está en la letra c): la nueva ley debe regular por completo la materia, no solo parte de ella. Una ley nueva de un tema concreto puede decir expresamente que deroga la ley anterior. Eso es una declaración expresa, la causa a).
**Artículo 9.** *Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa.* Los Tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la República, sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos, que prevalecen sobre el derecho interno.
Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos.
Carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 2 del Decreto 11-93 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 2 del Decreto 11-93 (1993)
**Qué significa:** La Constitución está por encima de cualquier ley, y la ley por encima de los reglamentos. Los tribunales deben observar la supremacía de la Constitución sobre cualquier ley o tratado. Hay una excepción: los tratados sobre derechos humanos prevalecen sobre el derecho interno. El segundo párrafo establece que las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. El tercero dice que carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. Estas reglas explican por qué un reglamento no puede contradecir una ley. Si lo hace, la disposición del reglamento no vale. Un caso práctico: un reglamento municipal fija un requisito que la ley no prevé y lo contradice. Según el texto, esa disposición carece de validez. El texto no dice cómo se resuelve la colisión entre un tratado de derechos humanos y la Constitución. Esa cuestión corresponde a la interpretación de los tribunales. El artículo anterior, art. 8 LOJ, trata de la derogatoria de las leyes. El artículo siguiente, art. 10 LOJ, regula la interpretación de la ley.
**Artículo 10.** *Interpretación de la Ley.* Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu.
El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente:
a) A la finalidad y al espíritu de la misma;
b) A la historia fidedigna de su institución;
c) A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas;
d) Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 1 del Decreto 75-90 y por Artículo 1 del Decreto 59-2005, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 75-90 (1990)
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 59-2005 (2005)
**Qué significa:** Las leyes se interpretan según su texto, el sentido propio de sus palabras, su contexto y las disposiciones constitucionales. Una ley clara no debe desatenderse en su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Así, la letra es el punto de partida. El matiz clave es el orden. Cuando una parte de la ley necesita aclararse, el texto propone recurrir, en este orden, a la finalidad y al espíritu de la ley, a su historia fidedigna, a disposiciones de otras leyes sobre casos análogos y, por último, al modo más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. El artículo no dice cuánto pesa cada criterio en un caso concreto; eso queda para otras normas y para cada caso. Un caso práctico: una persona lee una norma cuyo texto es claro sobre un plazo. Aunque conozca la intención del legislador, debe seguir el sentido de las palabras. Solo si el texto no basta, recurre a los criterios que siguen en orden. La nota indica que el artículo fue reformado por el Decreto 75-90 y por el Decreto 59-2005.
**Citado por:** Art. 14, Ley del Organismo Judicial (https://codicegt.com/ley-del-organismo-judicial/articulo-14/); Art. 15, Ley del Organismo Judicial (https://codicegt.com/ley-del-organismo-judicial/articulo-15/).
**Artículo 11.** *Idioma de la ley.* El idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente.
Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el Diccionario de la Real Academia Española, se le dará su acepción usual en el país, lugar o región de que se trate.
Las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte, se entenderán en su sentido propio, a menos que aparezca expresamente que se han usado en sentido distinto.
**Qué significa:** El idioma oficial de la ley es el español. Las palabras se entienden según el Diccionario de la Real Academia Española, en la acepción que corresponda, salvo que la ley las defina expresamente. Si una palabra no aparece en ese diccionario, se le da su significado usual en el país, lugar o región de que se trate. Así, el uso local también cuenta cuando el diccionario no alcanza. Las palabras técnicas de la ciencia, la tecnología o el arte se entienden en su sentido propio. Solo cambian de sentido si el texto lo dice de forma expresa. Piensa en un término médico que aparece en una ley de salud. Se lee con su sentido propio de la medicina, salvo que la ley diga otra cosa. El artículo no explica cómo elegir la acepción exacta en cada caso; ese criterio no está en el texto.
**Artículo 12.** *Integridad de las disposiciones especiales.* La ley que tenga por objeto aclarar o interpretar otra ley, no produce efectos respecto a actos ejecutados, ni respecto a la cosa juzgada.
**Qué significa:** La ley que aclara o interpreta otra ley no produce efectos sobre los actos ya ejecutados. Tampoco los produce sobre la cosa juzgada. Dicho de otro modo, una ley interpretativa no altera lo que ya se hizo conforme a la ley anterior ni lo que ya tiene cosa juzgada. En palabras sencillas, la cosa juzgada es una decisión que ya no se puede volver a discutir. Ese concepto aparece en el texto sin definirse, así que su alcance exacto queda para otras normas. Matiz: el artículo solo habla de leyes que aclaran o interpretan. No dice nada sobre otros tipos de leyes ni sobre procesos todavía abiertos. Si tú tienes un asunto pendiente, ese punto no se resuelve aquí. Por ejemplo, una persona actuó conforme a la ley anterior y después entra en vigor una ley que interpreta esa misma norma. Según el texto, esa interpretación no cambia el acto ya ejecutado.
**Artículo 13.** *Primacía de las disposiciones especiales.* Las disposiciones especiales de las leyes, prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma o de otras leyes.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 2 del Decreto 59-2005 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 2 del Decreto 59-2005 (2005)
**Qué significa:** Cuando dos normas se aplican al mismo caso, prevalecen las disposiciones especiales sobre las disposiciones generales. Esa preferencia vale dentro de la misma ley y frente a otras leyes. Su redacción es breve: una sola oración que ordena el orden de aplicación. La nota indica que el artículo fue reformado por el Decreto 59-2005. El artículo solo fija el orden de prevalencia. No explica cómo distinguir una disposición especial de una general; ese punto queda fuera de este texto. En la práctica: una ley fija una regla propia para un tipo de trámite, y otra norma establece una regla general para todos los casos. Según el artículo, prevalece la regla especial. Esa preferencia se aplica sea que la regla especial esté en la misma ley o en otra.
**Artículo 14.** *Equidad.* (Derogado) Cuando conforme el inciso d) del Artículo 10 de esta ley, fuere el caso de hacer aplicación de la equidad en una decisión de cualquier naturaleza, las mismas sólo podrán descansar en ella de manera exclusiva cuando la ley expresamente lo permita.
> Nota de la fuente: (SUPRIMIDO por Artículo 2 del Decreto 75-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Suprimido por el artículo 2 del Decreto 75-90 (1990)
**Artículo 15.** *Obligación de resolver.* Los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de la justicia, sin incurrir en responsabilidad. En los casos de falta, obscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 10 de esta ley, y luego pondrán el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que, si es el caso, ejercite su Iniciativa de Ley.
**Qué significa:** Según este artículo, los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de la justicia sin incurrir en responsabilidad. La obligación de resolver sigue en pie aunque la norma sea difícil de aplicar. El texto no fija plazos concretos para decidir; solo prohíbe esas conductas. La condición aparece en los casos de falta, obscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley. Ahí el juez no se detiene: resuelve según las reglas del art. 10 LOJ. Después debe poner el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, para que ejercite, si es el caso, su Iniciativa de Ley. Lo que el artículo no dice es qué forma debe tener esa comunicación a la Corte; eso queda para otras normas. Ejemplo: un juez recibe un caso sobre una situación que la ley no contempla. No puede dejarlo sin resolver. Debe decidir con las reglas de interpretación y, después, informar a la Corte.
**Artículo 16.** *Debido proceso.* Es inviolable la defensa de la persona y de sus derechos. Ninguno puede ser juzgado por comisión o por tribunales especiales. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal seguido ante juez o tribunal competente y preestablecido, en el que se observen las formalidades y garantías esenciales del mismo; y tampoco podrá ser afectado temporalmente en sus derechos, sino en virtud de procedimiento que reúna los mismos requisitos.
**Qué significa:** Nadie puede ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en un proceso legal. La defensa de la persona y de sus derechos es inviolable. Ese proceso debe seguirse ante juez o tribunal competente y preestablecido, con las formalidades y garantías esenciales. El artículo también prohíbe juzgar por comisión o por tribunales especiales. Fíjate en que la garantía no cubre solo las condenas. Nadie puede ser afectado temporalmente en sus derechos sino por un procedimiento que reúna los mismos requisitos. El texto no detalla qué formalidades concretas debe tener cada proceso; eso queda para otras normas. Por ejemplo, una persona recibe una citación para ser oída antes de que un juez decida sobre un asunto que le afecta. Así se cumple la exigencia de ser citada y oída antes de cualquier decisión que la alcance.
**Artículo 17.** *Buena fe.* Los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.
**Artículo 18.** *Abuso de derecho.* El exceso y mala fe en ejercicio de un derecho, o la abstención del mismo, que cause daños o perjuicios a las personas o propiedades, obliga al titular a indemnizarlos.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 2 del Decreto 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 2 del Decreto 64-90 (1990)
**Qué significa:** Quien ejerce un derecho con exceso y mala fe debe indemnizar los daños y perjuicios que cause. La norma alcanza también a quien se abstiene de ejercer su derecho y con ello daña a personas o propiedades. La obligación recae en el titular del derecho. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 2 del Decreto 64-90 del Congreso de la República. Lo que más importa es la combinación de exceso y mala fe, unida al daño. Según el texto, cuando se ejerce el derecho no basta con que alguien resulte perjudicado: se exige ese exceso y esa mala fe. Tampoco dice cuánto se debe pagar ni cómo se calcula la indemnización, asuntos que quedan para otras normas. Un caso práctico: una persona usa su propio terreno de forma abusiva para dañar la propiedad de su vecina. Según el artículo, el titular debe indemnizar esos daños.
**Artículo 19.** *Renuncia de derechos.* Se puede renunciar a los derechos otorgados por la ley, siempre que tal renuncia no sea contraria al interés social, al orden público o perjudicial a tercero, ni esté prohibido por otras leyes.
**Qué significa:** Los derechos que otorga la ley pueden renunciarse, pero solo bajo condiciones. La renuncia no puede ser contraria al interés social, al orden público ni perjudicial a tercero, y tampoco puede estar prohibida por otras leyes. El artículo aplica a cualquier persona que tenga un derecho legal y quiera dejarlo de lado. El matiz está en los límites: la renuncia no puede chocar con ninguno de ellos. Si choca, el texto no la ampara, aunque la persona la haya decidido. El texto no dice qué derechos concretos son renunciables; eso depende de cada ley, así que hay que revisar la norma que regula ese derecho. Ejemplo: una persona decide no usar un beneficio que la ley le concede. Si ese beneficio puede dejarse de lado y nadie resulta perjudicado, la renuncia cumple el texto. En cambio, si otra ley prohíbe esa renuncia, el artículo no la protege.
**Artículo 20.** *Sistema Internacional de Unidades.* El Sistema Internacional de Unidades (SI) es el sistema oficial de uso obligatorio en todo el territorio nacional.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 88 del Decreto 78-2005 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 88 del Decreto 78-2005 (2005)
**Qué significa:** El Sistema Internacional de Unidades (SI) es, según el artículo, el sistema oficial del país. Su uso es obligatorio en todo el territorio nacional, así que cualquier medición hecha dentro de Guatemala debe hacerse con ese sistema. Lo que más pesa al leer es la palabra «obligatorio». No se trata de una recomendación técnica, sino de un uso que la ley exige. El texto no dice qué unidades concretas debe usar cada sector ni qué consecuencia tiene un incumplimiento; esos detalles quedan para otras normas. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 88 del Decreto 78-2005 del Congreso de la República. En la práctica: una tienda que indica el peso de sus productos solo en libras debe revisar si esa forma de medir cumple con lo que exige el texto. Tú puedes usar esta norma como punto de partida al preparar etiquetas o informes con medidas, y confirmar después los detalles en la regulación del sector correspondiente.
**Artículo 21.** *Reglas de parentesco.* La Ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad dentro del segundo grado, y el civil, que surge de la adopción conforme a la Ley. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado.
**Qué significa:** Tres formas de parentesco reconoce el artículo 21 de la Ley del Organismo Judicial. La ley acepta el de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad dentro del segundo grado, y el civil, que surge de la adopción conforme a la ley. El texto marca así hasta dónde llega el reconocimiento legal de cada vínculo. El artículo no explica cómo se cuentan los grados; ese método queda para otras normas. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado. Esa aclaración separa al matrimonio del cómputo por grados. El artículo no dice qué efectos tiene cada parentesco; esos efectos aparecen en otras normas. Un caso práctico: una persona adoptada conforme a la ley tiene parentesco civil con quien la adoptó. Si después esa persona se casa, su cónyuge será su pariente, aunque ese vínculo no forma grado.
**Artículo 22.** *Primacía del interés social.* El interés social prevalece sobre el interés particular.
**Artículo 23.** *Supletoriedad.* Las deficiencias de otras leyes se suplirán por lo preceptuado en ésta.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 3 del Decreto 75-90 y por Artículo 3 del Decreto 11-93, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 3 del Decreto 75-90 (1990)
- Reforma: Reformado por el artículo 3 del Decreto 11-93 (1993)
### Capítulo II. Normas de derecho internacional privado
**Artículo 24.** *Estatuto personal.* El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia, se rigen por las leyes de su domicilio.
**Qué significa:** El estado y la capacidad de las personas, así como las relaciones de familia, se rigen por las leyes de su domicilio. Esta regla forma parte del capítulo sobre normas de derecho internacional privado. Su función es decidir qué ley se aplica a esas materias. El texto usa domicilio como criterio, no nacionalidad. No dice cómo se determina el domicilio de una persona, ni qué pasa con otros temas de familia o capacidad que no menciona. Esos puntos quedan para otras normas, y este artículo no los resuelve. Un caso práctico: una persona con domicilio en otro país necesita que se reconozca su estado civil. Según este artículo, ese estado y su capacidad se rigen por las leyes de ese domicilio. Para un caso concreto, el texto por sí solo no basta.
**Artículo 25.** *Calificación.* La calificación de la naturaleza de la institución o relación jurídica se efectuará de acuerdo a la ley del lugar en que se juzgue.
**Artículo 26.** *Derechos adquiridos.* El estado y capacidad de la persona individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal, será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público.
**Qué significa:** Un extranjero que ya tiene un estado y una capacidad según su ley personal puede verlos reconocidos en Guatemala. El texto dice que ese estado y esa capacidad serán reconocidos en el país, siempre que no se opongan al orden público. Solo habla de personas individuales extranjeras, es decir, de personas naturales. La condición que más pesa es el orden público. El texto no define qué entra en ese concepto ni enumera casos, así que queda para otras normas y para quien aplique la ley. Además, solo menciona estado y capacidad; no habla de contratos, bienes ni otros derechos. Por ejemplo, una persona extranjera que ya tiene capacidad para actuar civilmente según la ley de su país llega a Guatemala y realiza un trámite. Esa capacidad se reconoce, salvo que se oponga al orden público guatemalteco.
**Artículo 27.** *Situación de los bienes.* (Lex rei sitae). Los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación.
**Qué significa:** Esta regla de derecho internacional privado dice que los bienes se rigen por la ley del lugar donde están ubicados. La frase en latín, lex rei sitae, significa «ley de la cosa situada», y resume la idea. El texto habla solo de bienes; no dice nada sobre otros asuntos de una persona. Lo central es el lugar de ubicación del bien. Si el bien está en un territorio, la ley de ese territorio es la que rige el bien, según la regla. El artículo no dice cómo se prueba la ubicación ni qué pasa cuando un bien tiene vínculos con varios lugares. Esos puntos no aparecen aquí. Ejemplo: una persona compra una casa en otro país y vive en un tercer lugar. Según este texto, la casa se rige por la ley del lugar donde está ubicada, no por el lugar donde vive su dueño. Como el texto es breve, solo fija esta regla general para los bienes; no desarrolla excepciones ni detalles.
**Artículo 28.** *Formalidades externas de los actos.* (Locus regit actum). Las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración.
**Artículo 29.** *Forma de validez de los actos.* (Lex loci celebrationis). Las formalidades intrínsecas de los actos y negocios jurídicos, se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración.
**Artículo 30.** *Lugar de cumplimiento de los actos.* (Lex loci excecutionis). Si el acto o negocio jurídico, debe cumplirse en un lugar distinto a aquel en que se celebró, todo cuanto concierne a su cumplimiento, se rige de acuerdo a la ley del lugar de ejecución.
**Artículo 31.** *Pacto de sumisión.* Los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley a que las partes se hubieren sometido, salvo que dicho sometimiento sea contrario a leyes prohibitivas expresas o al orden público.
**Qué significa:** Los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley que las partes escogieron para ellos. Así lo establece este artículo del capítulo de derecho internacional privado. El texto usa la palabra «sometimiento»: las partes se someten a una ley determinada para ese acto. La elección tiene un límite en la última frase: no vale si es contraria a leyes prohibitivas expresas o al orden público. El texto no explica qué es el orden público ni cuáles son esas leyes; eso queda para otras normas. En la práctica: dos empresas firman un acuerdo y eligen por escrito la ley que regirá sus obligaciones. Esa elección se respeta, salvo que choque con una prohibición expresa o con el orden público. Así, la voluntad de las partes manda, pero solo dentro de esos límites.
**Artículo 32.** *Sometimiento voluntario.* En los casos que el acto o negocio jurídico se celebre en el exterior y vaya a surtir efectos en la República de Guatemala, las partes pueden someter dicho acto o contrato a las formalidades extrínsecas e intrínsecas que prescriben las leyes nacionales.
**Artículo 33.** *De lo procesal.* La competencia jurisdiccional de los tribunales nacionales con respecto a personas extranjeras sin domicilio en el país, el proceso y las medidas cautelares, se rigen de acuerdo a la ley del lugar en que se ejercite la acción.
**Qué significa:** Cuando una persona extranjera no tiene domicilio en el país, la competencia de los tribunales nacionales, el proceso y las medidas cautelares se rigen por la ley del lugar donde se ejercita la acción. El artículo cubre tres aspectos, y los tres siguen esa misma regla. La condición es la frase «sin domicilio en el país». La regla habla de personas extranjeras que no tienen domicilio en Guatemala. El texto no dice cómo se prueba ese domicilio ni qué medidas cautelares existen. Eso queda fuera de este artículo. Un caso práctico: un ciudadano de otro país, sin domicilio en Guatemala, presenta una demanda ante un tribunal nacional. Para decidir cómo se tramita el proceso, el tribunal mira la ley del lugar donde se ejercita la acción. Si tú trabajas con casos así, debes revisar también las reglas procesales que el texto no menciona.
**Artículo 34.** *De la jurisdicción.* Los tribunales guatemaltecos son competentes para emplazar a personas extranjeras o guatemaltecas que se encuentren fuera del país, en los siguientes casos:
a) Cuando se ejercite una acción que tenga relación con actos o negocios jurídicos realizados en Guatemala;
b) Cuando se ejercite alguna acción concerniente a bienes que estén ubicados en Guatemala;
c) Cuando se trate de actos o negocios jurídicos en que se haya estipulado que las partes se someten a la competencia de los tribunales de Guatemala.
**Artículo 35.** *Del derecho extranjero.* Los tribunales guatemaltecos aplicarán de oficio, cuando proceda, las leyes de otros Estados. La parte que invoque la aplicación de derecho extranjero o que disienta de la que se invoque o aplique, justificará su texto, vigencia y sentido mediante certificación de dos abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate, la que deberá presentarse debidamente legalizada. Sin perjuicio de ello, el tribunal nacional puede indagar tales hechos, de oficio o a solicitud de parte, por la vía diplomática o por otros medios reconocidos por el derecho internacional.
**Qué significa:** Este artículo regula cómo se aplica el derecho de otros países en los tribunales guatemaltecos. Los tribunales aplicarán de oficio, cuando proceda, las leyes de otros Estados. Si la parte quiere que se aplique una ley extranjera, o si no está de acuerdo con la que se aplica, debe justificar su texto, su vigencia y su sentido. Para hacerlo presenta una certificación de dos abogados en ejercicio en el país de esa legislación. La certificación debe estar debidamente legalizada. El tribunal guatemalteco también puede investigar esos hechos por su cuenta o a pedido de parte. Puede hacerlo por la vía diplomática o por otros medios que reconozca el derecho internacional. Un caso práctico: en un juicio se discute un contrato firmado en otro país, cuya validez depende de la ley de ese país. La parte que invoca esa ley presenta la certificación de dos abogados en ejercicio allí, debidamente legalizada. El texto no dice quién paga la certificación ni cuánto tiempo toma. El artículo anterior, art. 34 LOJ, trata de la jurisdicción. El artículo siguiente, art. 36 LOJ, regula el ámbito temporal de validez de la ley.
### Capítulo III. Aplicacion de las leyes en el tiempo
**Artículo 36.** *Ámbito temporal de validez de la ley.* Los conflictos que resultaren de la aplicación de leyes dictadas en diferentes épocas se decidirán con arreglo a las disposiciones siguientes:
a) El estado civil adquirido conforme a la ley vigente a la fecha de su constitución, subsistirá, aunque ésta pierda su vigencia; pero los derechos y obligaciones anexos a él se subordinarán a la ley posterior, sea que esta constituya nuevos derechos u obligaciones, sea que modifique o derogue los antiguos.
b) Los derechos de administración que el padre de familia tuviere en los bienes del hijo, y que hubiesen sido adquiridos bajo una ley anterior, se sujetarán, en cuanto a su ejercicio y duración, a las reglas dictadas por una ley posterior.
c) El menor que bajo el imperio de una ley hubiere adquirido el derecho de administrar sus bienes, no lo perderá bajo el de otra, aunque la última exija nuevas condiciones para adquirirlos; pero en el ejercicio de este derecho se sujetará a las reglas establecidas por la ley posterior.
d) Si una nueva ley amplía o restringe las condiciones necesarias para ejecutar ciertos actos o adquirir determinados derechos, dicha ley debe aplicarse inmediatamente a todas las personas que comprende.
e) Todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargas y en lo referente a su extinción prevalecerán las disposiciones de la nueva ley.
f) La posición jurídica constituida bajo una ley anterior, se conserva bajo el imperio de otra posterior.
g) Las servidumbres naturales y voluntarias constituidas válidamente bajo el imperio de una ley anterior se sujetarán en su ejercicio y conservación a las reglas que establezca otra nueva ley.
h) Las solemnidades externas de los testamentos y de las donaciones por causa de muerte, se regirán por la ley coetánea a su otorgamiento; pero las disposiciones contenidas en ellos estarán subordinadas a la ley vigente en la época de la muerte del testador.
i) En las sucesiones intestadas, el derecho de representación de los llamados a ellas, se regirá por la ley vigente en la fecha de la muerte del causante.
j) En la adjudicación y partición de una herencia o legado, se observará la regla anterior.
k) En todo acto o contrato, se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, exceptuándose las concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren de ellos.
l) Los actos y contratos válidamente celebrados bajo el imperio de una ley, podrán probarse bajo el imperio de otra por los medios que aquella establecía para su justificación; pero la forma en que debe rendirse la prueba estará subordinada a la ley vigente al tiempo en que se rindiere.
m) Las leyes concernientes a la substanciación y ritualidad de las actuaciones judiciales prevalecen sobre las anteriores, desde el momento en que deben empezar a regir, pero los plazos que hubiesen empezado a correr y las diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.
**Qué significa:** Cuando se suceden leyes en diferentes épocas, este artículo fija reglas para decidir cuál aplica en cada conflicto. Las reglas van de la a) a la m), y cada letra trata una situación distinta, como el estado civil, las sucesiones o las pruebas. El inciso a) dice que el estado civil adquirido conforme a la ley vigente se mantiene, aunque esa ley pierda vigencia. Pero los derechos y obligaciones anexos a él se subordinan a la ley posterior. El inciso d) va en otra línea: si una nueva ley amplía o restringe las condiciones para ciertos actos, se aplica de inmediato a todas las personas que comprende. El inciso m) dice que las leyes sobre la substanciación y ritualidad de las actuaciones judiciales prevalecen desde que empiezan a regir. Pero los plazos que ya empezaron a correr y las diligencias iniciadas se rigen por la ley vigente al momento de su iniciación. Ejemplo: una persona firmó un contrato bajo una ley anterior. Según el inciso k), se entienden incorporadas las leyes vigentes al momento de su celebración, salvo las que regulan cómo reclamar en juicio.
### Capítulo IV. Documentos provenientes del extranjero
**Artículo 37.** *Requisitos de documentos extranjeros.* Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Si los documentos están redactados en idioma extranjero deben ser vertidos al español bajo juramento por traductor autorizado en la República; de no haberlo para determinado idioma, serán traducidos bajo juramento por dos personas que hablen y escriban ambos idiomas con legalización notarial de sus firmas.
> Nota de la fuente: *(NOTA: Ver el CONVENIO SUPRIMIENDO LA EXIGENCIA DE
**Qué significa:** Para que un documento del extranjero tenga efectos en Guatemala, debe ser legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin esa legalización, el documento no es admisible. Si el documento está en idioma extranjero, debe vertirse al español bajo juramento por un traductor autorizado en la República. Si no hay traductor autorizado para ese idioma, dos personas que hablen y escriban ambos idiomas lo traducen bajo juramento, con legalización notarial de sus firmas. El texto no dice cómo se obtiene esa autorización de traductor ni cómo se hace la legalización ministerial; eso queda para otras normas. Como ilustración, una persona presenta una partida de nacimiento expedida en otro país. Debe llevarla legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y, si está en otro idioma, traducida al español bajo juramento.
**Citado por:** Art. 38, Ley del Organismo Judicial (https://codicegt.com/ley-del-organismo-judicial/articulo-38/).
**Artículo 38.** *Protocolización.* Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceda inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado del menor valor, dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original.
Al revisar los protocolos notariales el director del archivo general de protocolos hará constar en el acta respectiva si en los documentos protocolizados se han cubierto los impuestos legales correspondientes. En caso que no hayan sido cubiertos, dará aviso a las oficinas fiscales para los efectos legales consiguientes.
> Nota de la fuente: LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS, hecho en La Haya, el 5 de octubre de 1961)
**Qué significa:** Los poderes, mandatos y documentos que deban inscribirse en registros públicos tienen que protocolizarse ante notario. Ese paso se suma a los requisitos del art. 37 LOJ, que exige legalización por el Ministerio de Relaciones Exteriores para documentos del extranjero. Las autoridades actúan con base en los testimonios, que se extienden en papel sellado del menor valor. El notario da fe de que el impuesto respectivo se pagó en el documento original. Al revisar los protocolos, el director del archivo general de protocolos deja constancia en el acta si los impuestos se cubrieron. Si no se cubrieron, avisa a las oficinas fiscales para los efectos legales consiguientes. El texto no detalla qué ocurre después de ese aviso; eso queda para otras normas. Imagina que alguien presenta un poder hecho en el extranjero para inscribirlo. Debe protocolizarse ante notario, y las autoridades actuarán con base en el testimonio que se extienda en papel sellado del menor valor.
**Citado por:** Art. 39, Ley del Organismo Judicial (https://codicegt.com/ley-del-organismo-judicial/articulo-39/); Art. 43, Ley del Organismo Judicial (https://codicegt.com/ley-del-organismo-judicial/articulo-43/).
**Artículo 39.** *Devolución de documentos protocolizados.* En los casos no previstos en el artículo anterior, la protocolización será optativa para el interesado, pero los documentos no podrán ser retirados del expediente en que sean presentados los originales, aún después de fenecido, salvo que, a juicio de la autoridad correspondiente, no hayan sido determinantes para resolver, lo que hará constar bajo su responsabilidad en el expediente de que se trate y se dejará copia certificada en los autos.
Sin embargo, tales documentos podrán ser retirados de diligencias voluntarias en trámite, mediante razón circunstanciada, pero en tal caso, el expediente quedará en suspenso hasta que sea presentado de nuevo el documento en debida forma o el testimonio de su protocolización.
En ningún caso se devolverán documentos que tengan indicios de falsedad.
**Qué significa:** Cuando el artículo anterior no aplica, protocolizar el documento es optativo para quien lo presenta. Aun así, los documentos originales no pueden retirarse del expediente donde se presentaron, ni siquiera después de fenecido. La regla busca que el original quede en el expediente. Hay una excepción: la autoridad correspondiente puede permitir el retiro si, a su juicio, el documento no fue determinante para resolver. Ella debe hacerlo constar bajo su responsabilidad en el expediente y dejar copia certificada en los autos. Esa constancia es el paso que más pesa al leerlo. En diligencias voluntarias en trámite, el documento puede retirarse mediante razón circunstanciada. Pero entonces el expediente queda en suspenso hasta que se presente de nuevo el documento en debida forma o el testimonio de su protocolización. Ningún documento con indicios de falsedad se devuelve. Ejemplo práctico: una persona presenta el original de un documento en un expediente. La autoridad concluye que ya no fue determinante y deja copia certificada en los autos. La protocolización ante notario está regulada en art. 38 LOJ, que aplica a poderes, mandatos y documentos que deban inscribirse en registros públicos.
**Artículo 40.** *Obligaciones notariales.* Los notarios deberán dar aviso al archivo general de protocolos, dentro del plazo de diez días, de cada protocolización que hagan de acuerdo con esta ley, indicando la fecha y lugar en que fue expedido el documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acto y nombres y apellidos de los otorgantes o personas a que se refiera, así como de los impuestos que hubieren sido pagados en el acto de protocolización. El archivo extenderá recibo por cada aviso y llevará índices anuales por orden alfabético de los otorgantes.
La omisión o demora del aviso hará incurrir al notario en una multa de veinticinco quetzales (Q.25.00) que impondrá el director del archivo general de protocolos e ingresará a los fondos judiciales.
Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la obligación relativa al testimonio especial y al registro de poderes. El testimonio especial deberá contener transcripción o reproducción íntegra del documento protocolizado.
**Qué significa:** Los notarios deben dar aviso al archivo general de protocolos, dentro del plazo de diez días, de cada protocolización que hagan conforme a esta ley. El aviso debe indicar la fecha y el lugar en que fue expedido el documento, el funcionario que lo autorizó, el objeto del acto, los nombres y apellidos de los otorgantes o personas a que se refiera, y los impuestos pagados en la protocolización. El archivo extiende recibo por cada aviso y lleva índices anuales por orden alfabético de los otorgantes. Si el aviso se omite o se demora, el notario incurre en una multa de veinticinco quetzales (Q.25.00). La impone el director del archivo general de protocolos, y el dinero ingresa a los fondos judiciales. El artículo aclara además que todo esto es sin perjuicio de la obligación relativa al testimonio especial y al registro de poderes. Un caso práctico: un notario que avisa fuera del plazo de diez días entra en el supuesto de multa que describe el texto. El testimonio especial debe contener transcripción o reproducción íntegra del documento protocolizado. El artículo no regula el registro de poderes; solo deja a salvo esa obligación.
**Artículo 41.** *Impuesto de papel sellado y timbres.* Antes de la protocolización de un documento proveniente del extranjero o a su trámite cuando sea presentado original, deberá pagarse por medio de timbres fiscales el impuesto de papel sellado y timbres que corresponde.
**Artículo 42.** *Régimen especial.* Lo preceptuado en este capítulo no es aplicable a documentos regidos por normas especiales, de orden interno o internacional, en todo aquello que se oponga a su naturaleza, finalidad o régimen particular.
**Qué significa:** Lo previsto en el capítulo sobre documentos provenientes del extranjero no se aplica a ciertos documentos. Son los regidos por normas especiales, ya sean de orden interno o internacional. Así, el capítulo funciona como regla general y cede ante esos regímenes propios. La exclusión no es total. Solo alcanza aquello del capítulo que se oponga a la naturaleza, la finalidad o el régimen particular del documento. Donde no hay oposición, el capítulo sigue aplicándose. El texto no enumera qué documentos tienen régimen especial ni cuáles son esas normas; eso queda para ellas. Así ocurre con un documento que una norma internacional regula con un procedimiento propio: en lo que ese procedimiento choque con el capítulo general, se sigue la norma especial. En los demás puntos, las reglas del capítulo sí se aplican a ese documento.
**Artículo 43.** *Actuación notarial en el extranjero.* Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos y todos lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta ley.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 3 del Decreto 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 3 del Decreto 64-90 (1990)
**Artículo 44.** *Hermetismo del orden público.* No tienen validez ni efecto alguno en la República de Guatemala las leyes, disposiciones y las sentencias de otros países así como los documentos o disposiciones particulares provenientes del extranjero si menoscaban la soberanía nacional, contradicen la Constitución Política de la República o contravienen el orden público.
**Qué significa:** Las leyes, disposiciones y sentencias de otros países no tienen validez ni efecto en Guatemala en ciertos casos. Lo mismo ocurre con documentos o disposiciones particulares que vengan del extranjero. El artículo se aplica cuando esos textos menoscaban la soberanía nacional, contradicen la Constitución Política de la República o contravienen el orden público. Lo decisivo es la palabra «si»: la falta de validez no es automática, sino que depende de los tres supuestos que enumera el texto. El artículo no define qué es orden público ni qué actos menoscaban la soberanía. Esos conceptos quedan para otras normas. Por ejemplo, un documento emitido en el extranjero que contradice la Constitución no tendría efecto en Guatemala. La razón es que cae en uno de los supuestos del artículo. El texto habla de leyes, sentencias y documentos provenientes del extranjero, así que cada uno debe encajar en esos supuestos. Ninguna otra condición aparece en el artículo.
### Capítulo V. Plazos
**Artículo 45.** *Cómputo de tiempo.* En el cómputo de los plazos legales, en toda clase de procesos, se observarán las reglas siguientes:
a) El día es de veinticuatro horas, que empezará a contarse desde la media noche, cero horas.
b) Para los efectos legales, se entiende por noche el tiempo comprendido entre las dieciocho horas de un día y las seis horas del día siguiente.
c) Los meses y los años se regularán por el número de días que les corresponde según el calendario gregoriano.
d) Terminarán los años y los meses, la víspera de la fecha en que han principiado a contarse.
*e) En los plazos que se computen por días no se incluirán los días inhábiles. Son inhábiles los días de feriado que se declaren oficialmente, los domingos y los sábados cuando por adopción de jornada continua de trabajo o jornada semanal de trabajo no menor de cuarenta (40) horas, se tengan como días de descanso y los días en que por cualquier causa el tribunal hubiese permanecido cerrado en el curso de todas las horas laborales.
f) Todo plazo debe computarse a partir del día siguiente al de la última notificación, salvo el establecido o fijado por horas, que se computará como lo establece el Artículo 46 de esta ley.
En materia impositiva el cómputo se hará en la forma que determinen las leyes de la materia.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 4 del Decreto 64-90 y por Artículo 3 del Decreto 59-2005, ambos del Congreso de la República). *(NOTA: Ver Acuerdo 49-2002 de la Corte de Constitucionali- dad, de fecha 8 de agosto de 2002, sobre la interpretación del artículo 45 inciso e) de esta ley).
- Reforma: Reformado por el artículo 4 del Decreto 64-90 (1990)
- Reforma: Reformado por el artículo 3 del Decreto 59-2005 (2005)
**Qué significa:** Los plazos legales se cuentan con reglas fijas, y este artículo las reúne. El día tiene veinticuatro horas y empieza a contar desde la medianoche. La noche va de las dieciocho a las seis horas del día siguiente. Los meses y años se cuentan según el calendario gregoriano. Un plazo en días no incluye los días inhábiles. Son inhábiles los feriados oficiales, los domingos, los sábados que sean día de descanso por la jornada de trabajo, y los días en que el tribunal permaneció cerrado todas sus horas laborales. El plazo empieza a contarse desde el día siguiente a la última notificación. Los plazos por horas se cuentan según el artículo 46. En materia impositiva rigen las leyes de la materia. La nota oficial indica que el inciso e) fue interpretado por un acuerdo de la Corte de Constitucionalidad del 8 de agosto de 2002. Revisa esa nota si tu caso depende de los días inhábiles. Caso concreto: se notifica un decreto un viernes. El plazo empieza el sábado. Si ese sábado es día inhábil por la jornada del tribunal, no cuenta dentro del plazo. Para cómo se aplica en la práctica, lee la guía ¿Cómo se cuentan los plazos?. La regla de horas está en el art. 46 LOJ.
**Guías:** ¿Cómo se cuentan los plazos? (https://codicegt.com/guia/computo-plazos/).
**Artículo 46.** *Horas.* El plazo establecido o fijado por horas, se computará tomando en cuenta las veinticuatro horas del día a partir del momento de la última notificación o del fijado para su inicio.
Si se tratare de la interposición de un recurso, el plazo se computará a partir del momento en que se inicia la jornada laborable del día hábil inmediato siguiente.
**Qué significa:** Este artículo indica cómo se cuentan los plazos fijados por horas. El plazo se cuenta con las veinticuatro horas del día, desde el momento de la última notificación o desde el momento fijado para su inicio. Cuando el plazo es para interponer un recurso, la regla es distinta. Se cuenta desde el inicio de la jornada laboral del día hábil siguiente. La diferencia tiene sentido práctico. Para un recurso, el plazo empieza con la jornada laboral siguiente. En la práctica: una persona recibe una notificación un jueves a las diez de la noche. Si el plazo es de horas, se cuenta desde esa notificación. Si es para un recurso, empieza con la jornada laboral del día hábil siguiente. El texto no define cuál es la jornada laboral de cada tribunal. El artículo anterior, art. 45 LOJ, trata del cómputo de tiempo. El artículo siguiente, art. 47 LOJ, regula las actuaciones de urgencia. Para más detalle, lee la guía ¿Cómo se cuentan los plazos?.
**Citado por:** Art. 45, Ley del Organismo Judicial (https://codicegt.com/ley-del-organismo-judicial/articulo-45/).
**Guías:** ¿Cómo se cuentan los plazos? (https://codicegt.com/guia/computo-plazos/).
**Artículo 47.** *Actuaciones de urgencia.* Cuando hubiere que practicarse alguna diligencia urgente, el juez, de oficio o a solicitud de parte, debe actuar en los días y horas inhábiles, expresando en ella el motivo de la urgencia y haciéndolo saber a las partes.
**Qué significa:** Cuando hay que practicar una diligencia urgente, el juez debe actuar en días y horas inhábiles. Lo hace de oficio o a solicitud de parte. Al hacerlo, debe expresar en la diligencia el motivo de la urgencia y hacerlo saber a las partes. Lo decisivo es la urgencia. La diligencia debe ser urgente, y el juez debe dejar constancia del motivo. La norma no define qué es una diligencia urgente ni fija plazos. Tampoco dice cómo se avisa a las partes ni qué pasa si el motivo no se expresa. Esas preguntas quedan para otras normas del procedimiento. En la práctica: una parte pide practicar una diligencia en fin de semana porque existe riesgo de perder una prueba. El juez debe actuar en día inhábil, dejando constancia del motivo y avisando a las partes.
**Artículo 48.** *Plazo de distancia.* El plazo por razón de la distancia es imperativo, y la autoridad lo fijará según los casos y circunstancias.
**Qué significa:** La distancia puede dar lugar a un plazo propio, que este artículo reconoce. Ese plazo por razón de la distancia es imperativo, es decir, obligatorio. La autoridad lo fija según los casos y las circunstancias. Lo que el texto no contiene es una cifra fija. La duración depende de lo que la autoridad determine en cada caso, y el artículo no dice con qué criterio se mide la distancia. Eso queda para las normas que regulen cada procedimiento. Ejemplo: una persona vive lejos de la sede del tribunal y tiene que cumplir un plazo. Según el texto, esa distancia puede justificar un plazo distinto. No es la persona quien lo fija por su cuenta: lo determina la autoridad, según las circunstancias de cada caso. Como el texto es breve, no trae excepciones ni condiciones adicionales. Lo que dice es que el plazo es imperativo y que su fijación depende de la autoridad.
**Artículo 49.** *Facultad de señalar plazo.* El juez debe señalar plazo cuando la ley no lo disponga expresamente.
**Qué significa:** Este artículo establece que el juez debe señalar plazo cuando la ley no lo disponga expresamente. Un plazo es el tiempo dentro del cual debe realizarse un acto procesal. La norma cubre los vacíos: si la ley guarda silencio sobre cuánto tiempo hay para hacer algo, no queda abierto de forma indefinida, sino que el juez debe fijarlo. El verbo «debe» indica una obligación, no una simple facultad. El texto no dice cuánto puede durar el plazo que fije el juez ni con qué criterios debe calcularlo. Tampoco indica si debe hacerlo de oficio o a petición de parte. Solo exige que, ante la falta de plazo legal expreso, el juez lo señale. Cuando la ley sí fija un plazo, se aplica ese y esta regla no entra en juego. Por ejemplo, si en un trámite el juez ordena a una parte presentar un documento y ninguna norma indica en cuánto tiempo debe hacerlo, el juez tiene que señalar un plazo concreto en su resolución. Así la parte sabe hasta cuándo puede cumplir y el proceso no se detiene por falta de un límite de tiempo. La norma da certeza a las partes y evita que un acto pendiente quede sin fecha.
**Artículo 50.** *Impedimento.* Los plazos no corren por legítimo impedimento, calificado o notorio, que haya sobrevenido al juez o a la parte. El plazo para alegarlo y probarlo cuando afecte a las partes es de tres días computados a partir del momento en que se dio el impedimento.
**Qué significa:** Los plazos no corren cuando existe un legítimo impedimento, calificado o notorio, que sobreviene al juez o a una de las partes. Mientras dura ese impedimento, el plazo queda detenido. Lo que más pesa en el texto es la palabra «sobrevenido»: el impedimento debe aparecer después, no existir desde antes. Además, debe ser legítimo y calificado o notorio. Cuando el impedimento afecta a las partes, la ley fija un plazo específico para alegarlo y probarlo: tres días. Ese conteo empieza desde el momento en que se dio el impedimento. El artículo no dice qué pruebas sirven ni qué pasa si no se alega a tiempo; esos puntos quedan para otras normas. Ejemplo: una parte sufre un problema de salud grave el día en que debía presentar un escrito. Si ese impedimento es legítimo, la parte debe alegarlo y probarlo dentro de tres días contados desde que ocurrió. Para entender cómo se cuentan esos días, revisa la guía ¿Cómo se cuentan los plazos?.
**Guías:** ¿Cómo se cuentan los plazos? (https://codicegt.com/guia/computo-plazos/).
## Título II. Funciones del Organismo Judicial
### Capítulo I. Disposiciones generales
**Artículo 51.** *Organismo Judicial.* El Organismo Judicial, en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte justicia conforme la Constitución Política de la República y los valores y normas del ordenamiento jurídico del país.
**Qué significa:** El Organismo Judicial imparte justicia en ejercicio de una soberanía que el pueblo le ha delegado. Esa justicia se imparte conforme a la Constitución Política de la República y a los valores y normas del ordenamiento jurídico del país. El concepto central es la soberanía delegada: el Organismo Judicial la ejerce porque el pueblo se la ha confiado, no como un poder propio. La Constitución aparece como referencia expresa, junto con los valores y normas del país. El texto no describe la organización interna del Organismo Judicial; eso queda para otras normas. Como ejemplo, una persona que acude a un juzgado para resolver un conflicto espera que se le juzgue conforme a estas normas. El artículo describe esa función general y no resuelve ningún caso concreto.
**Artículo 52.** *Funciones del Organismo Judicial.* Para cumplir sus objetivos, el Organismo Judicial no está sujeto a subordinación alguna, de ningún organismo o autoridad, sólo a la Constitución Política de la República y las leyes. Tiene funciones jurisdiccionales y administrativas, las que deberán desempeñarse con total independencia de cualquier otra autoridad. Las funciones jurisdiccionales del Organismo Judicial corresponden fundamentalmente a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales que a ella están subordinados en virtud de las reglas de competencia por razón del grado. Las funciones administrativas del Organismo Judicial corresponden a la Presidencia de dicho Organismo y a las direcciones y dependencias administrativas subordinadas a dicha Presidencia.
Los órganos que integran el Organismo Judicial tendrán las funciones que le confiere la Constitución Política de la República, las leyes y los reglamentos, así como las que le asignen otras leyes.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 4 del Decreto 11-93 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 4 del Decreto 11-93 (1993)
**Qué significa:** El Organismo Judicial no está sujeto a ninguna subordinación de otro organismo o autoridad. Solo está sujeto a la Constitución Política de la República y a las leyes. Sus funciones deben desempeñarse con total independencia de cualquier otra autoridad. El artículo separa dos tipos de funciones. Las jurisdiccionales corresponden sobre todo a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales que le están subordinados por razón del grado. Las administrativas corresponden a la Presidencia del Organismo y a las direcciones y dependencias subordinadas a ella. El texto no explica cómo se reparten las competencias entre cada tribunal; eso queda para otras normas. Ejemplo: una persona que presenta una demanda trata con un tribunal, mientras que una solicitud sobre el manejo interno de personal se dirige a una dependencia administrativa. El segundo párrafo añade que sus órganos cumplen las funciones que les dan la Constitución, las leyes y los reglamentos, y también las que les asignen otras leyes. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 4 del Decreto 11-93 del Congreso de la República.
### Capítulo II. Funcion administrativa
**Artículo 53.** *Administración.* El Organismo Judicial será administrado por la Corte Suprema de Justicia y el Presidente del Organismo Judicial, conforme a sus respectivas atribuciones.
**Artículo 54.** *Corte Suprema de Justicia.* Son atribuciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia:
a) Ser el órgano superior de la administración del Organismo Judicial.
b)
Informar al Congreso de la República, con suficiente anticipación de la fecha en que vence el período para el que fueron electos los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones, así como de las vacantes que se produzcan, para la convocatoria de la Comisión de Postulación a que se refiere la Constitución Política de la República.
c) Tomar protesta de administrar pronta y cumplida justicia a los Magistrados y Jueces, previamente a desempeñar sus funciones.
d) Nombrar, permutar, trasladar, ascender, conceder licencias, sancionar y remover a los Jueces; así como a los Secretarios y personal auxiliar de los tribunales que le corresponda. La remoción de un Juez procede: cuando se observe conducta incompatible con la dignidad aneja a la judicatura; cuando la Corte Suprema por votación acordada en mayoría absoluta del total de sus miembros, estime que la permanencia del Juez en el ejercicio de su cargo es inconveniente para la administración de justicia; y en los casos de delito flagrante.
La Suspensión de los jueces será acordada por períodos no mayores de treinta días, para proceder a investigar una conducta del Juez de que se trate cuando tal conducta sea sospechosa de negligencia, ilegalidad, salvo el caso de antejuicio.
e) Solicitar al Congreso de la República, la remoción de los Magistrados de la Corte de Apelaciones y demás tribunales colegiados, por los mismos casos, forma y condiciones en los que procede la remoción de los Jueces. El Congreso de la República decidirá en sesión ordinaria, sobre la remoción que le hubiere sido solicitada, en la misma forma y procedimiento de cuando se elige.
f) Emitir los reglamentos, acuerdos y órdenes ejecutivas que le corresponden conforme a la ley, en materia de las funciones jurisdiccionales confiadas al Organismo Judicial, así como en cuanto al desarrollo de las actividades que le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala y esta Ley. Los reglamentos y acuerdos deben ser publicados en el diario oficial.
g) Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Judicial, treinta días antes del inicio de su vigencia, debiendo informar de ello al Congreso de la República, será anual, coincidiendo con el año fiscal. Podrá modificar el Presupuesto originalmente aprobado por razones de conveniencia al servicio de administración de justicia, a que está obligado prestar. Podrá establecer mecanismos que permitan la agilización de la ejecución presupuestaria, para la pronta y cumplida administración de justicia.
h) Cuidar que la conducta de los Jueces y Magistrados sea la que corresponde a las funciones que desempeñan y con ese objeto dictar medidas o resoluciones disciplinarias.
i) Conceder licencia al Presidente hasta por dos meses; a los Magistrados del mismo Tribunal cuando exceda de quince días; y asimismo a los demás Magistrados cuando exceda de treinta días. En casos especiales podrá prorrogarse ese tiempo a criterio de la Corte Suprema de Justicia. Las licencias por períodos menores deberán ser concedidas por el Presidente.
j) Ejercer la iniciativa de ley, formulando los proyectos.
k) Asignar a cada Sala de la Corte de Apelaciones los Tribunales de Primera Instancia cuyos asuntos judiciales debe conocer.
l) Distribuir los cargos de los Magistrados que deban integrar cada tribunal colegiado, al ser electos.
m) Cuando lo considere conveniente o a solicitud de parte interesada, pedir informe sobre la marcha de la administración de justicia y si procediere, dictar medidas disciplinarias o de otra naturaleza que sean pertinentes.
n) Establecer tasas y tarifas de los servicios administrativos que se prestaren.
ñ) Establecer sistemas dinámicos de notificación en los ramos y territorios que señale el acuerdo respectivo, a efecto de agilizar procedimientos y efectuar las notificaciones en el plazo señalado en la ley.
o) Organizar sistemas de recepción de demandas para los ramos y territorios que se señalen en el acuerdo correspondiente, con el objeto de garantizar una equitativa distribución de trabajo entre los tribunales respectivos. La distribución deberá hacerse dentro de las 24 horas de recibida la demanda.
p) Las demás que le asignen otras leyes.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 5 del Decreto 11-93, por Artículo 1 del Decreto 112-97, y por Artículo 79 del Decreto 32-2016, todos del Congresos de la República). (Literal Reformada por el artículo1 del Decreto 112-97 y DERO- GADA por Artículo 79 del Decreto 32-2016, ambos del Congre- so de la República). (Literal DEROGADA por Artículo 79 del Decreto 32-2016 del Congreso de la República). (Literal DEROGADA por Artículo 79 del Decreto 32-2016 del Congreso de la República). (Literal DEROGADA por Artículo 79 del Decreto 32-2016 del Congreso de la República). (Literal DEROGADA por Artículo 79 del Decreto 32-2016 del Congreso de la República). (Literal DEROGADA por Artículo 79 del Decreto 32-2016 del Congreso de la República). (Literal Reformada por el artículo1 del Decreto 112-97 del Congreso de la República). (Literal Adicionada por el artículo1 del Decreto 112-97 del Congreso de la República). (Literal Adicionada por el artículo1 del Decreto 112-97 del Con- greso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 5 del Decreto 11-93 (1993)
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 112-97 (1997)
- Reforma: Reformado por el artículo 79 del Decreto 32-2016 (2016)
- Reforma: Derogado (literal) por el artículo 79 del Decreto 32-2016 (2016)
**Qué significa:** Este artículo enumera las atribuciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia. Entre ellas figura ser el órgano superior de la administración del Organismo Judicial. El punto más delicado es la remoción de jueces. Según el texto, procede cuando se observe conducta incompatible con la dignidad de la judicatura, cuando la Corte, por votación de mayoría absoluta del total de sus miembros, estime inconveniente su permanencia, y en los casos de delito flagrante. La suspensión se acuerda por períodos no mayores de treinta días, para investigar una conducta sospechosa de negligencia o ilegalidad, salvo el caso de antejuicio. En licencias, la Corte las concede al Presidente hasta por dos meses, a los magistrados del mismo tribunal cuando excedan de quince días y a los demás magistrados cuando excedan de treinta días. Las licencias por períodos menores las concede el Presidente. Ejemplo: mientras se investiga una conducta sospechosa de negligencia de un juez, la Corte puede suspenderlo por un período no mayor de treinta días. El texto exige publicar en el diario oficial los reglamentos y acuerdos. No detalla el procedimiento de investigación ni las faltas concretas; eso queda para otras normas. La nota indica que el artículo fue reformado y que varios de sus literales fueron reformados, derogados o adicionados.
**Artículo 55.** *Presidente del Organismo Judicial.* Son atribuciones del Presidente del Organismo Judicial:
a) Nombrar, permutar, trasladar, ascender, conceder licencias, sancionar y destituir a los funcionarios y empleados administrativos que le corresponda.
b) Emitir acuerdos, circulares, instructivos y órdenes. Toda disposición de observancia general del Organismo Judicial deberá ser publicada en el diario oficial.
c) Solicitar informes sobre la marcha de la administración de justicia.
d) Autenticar las firmas de los funcionarios del Organismo Judicial y de los notarios cuando así proceda.
e) Ser el órgano de ejecución del presupuesto del Organismo Judicial; cuidar de la adecuada programación y realización de la inversión de sus recursos financieros; aprobar todo contrato civil, mercantil o administrativo, independientemente de su cuantía o duración, podrá firmar o designar al funcionario que ha de firmar el o los contratos respectivos.
f) Firmar los documentos de egresos que afecten partidas del presupuesto del Organismo Judicial, lo cual deberá hacerse sin demora.
g) Tramitar y resolver la liquidación de conmutas cuando sea procedente, así como hacer la relajación de las penas cuando concurran los requisitos que exige el Código Penal u otras leyes.
h) Ejercer, otorgar o delegar la representación del Organismo Judicial en las compras y contrataciones en que éste participe, de acuerdo con las formalidades que para tales negociaciones establece la ley.
i) Imponer sanciones.
j) Acordar la organización administrativa para la adecuada y eficaz administración del Organismo Judicial.
k) Ser el órgano de comunicación con los otros Organismos del Estado.
l) Librar la orden de libertad de los reos que hayan cumplido sus condenas de privación de libertad.
m) Ordenar el traslado y distribución de los reos condenados a penas privativas de libertad.
n) Ejercer la dirección superior del personal del Organismo Judicial.
ñ) Celebrar por sí o por medio del empleado o funcionario que designe, los contratos relacionados con el servicio de la administración de justicia.
o) Cualesquiera otras necesarias o convenientes a una buena y eficaz administración, aunque no estén especificadas en ésta u otras leyes.
p) Bajo su supervisión, delegar parcialmente y/o en forma específica en uno o varios Magistrados o funcionarios del Organismo Judicial sus atribuciones administrativas, revocar dichas delegaciones. Tales delegaciones no implican que el Presidente quede impedido de ejercer directamente las atribuciones delegadas si lo estima conveniente.
q) Crear las dependencias administrativas que demande la prestación del servicio de administración de justicia, de igual manera podrá disponer la estructura organizativa de la administración del Organismo.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 6 del Decreto 11-93, y por Artículo 79 del Decreto 32-2016, ambos del Congreso de la República) (Literal DEROGADA por Artículo 79 del Decreto 32-2016 del Congreso de la República). (Literal DEROGADA por Artículo 79 del Decreto 32-2016 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 6 del Decreto 11-93 (1993)
- Reforma: Reformado por el artículo 79 del Decreto 32-2016 (2016)
- Reforma: Derogado (literal) por el artículo 79 del Decreto 32-2016 (2016)
**Artículo 56.** *Supervisión de Tribunales.* (Derogado) Supervisar los Tribunales de la República es función de la Presidencia del Organismo Judicial y también la ejercerá cada Tribunal con respecto a los de grado inferior que le están directamente subordinados. En el ejercicio de esta función de supervisión el Presidente del Organismo Judicial puede designar, por nombramiento público o privado, el personal necesario para ejercerla. También puede comisionar a un Magistrado o Juez para inspeccionar determinado tribunal o expediente.
Para realizar esta función de supervisar los Tribunales, el Presidente del Organismo Judicial tendrá como dependencia específica a la Supervisión General de Tribunales, confiada a un Supervisor General y al demás personal que a juicio de la Presidencia sea necesario, adicionalmente a lo cual podrá requerir la colaboración de abogados litigantes.
La supervisión se realizará mediante visitas de inspección que deberán ser practicadas a todos los Tribunales, periódicamente, para obtener información directa sobre el curso de los negocios, lo relativo a la pronta y cumplida administración de justicia, la forma en que los Tribunales sean atendidos por los titulares y empleados y la conducta que observen, para lo cual los funcionarios o empleados que ejerzan la supervisión podrán oír directamente a los Jueces, Secretarios y Auxiliares de la administración de justicia, así como a abogados y particulares.
Además, la supervisión se realizará sobre expedientes en trámite y sobre expedientes fenecidos, para determinar la recta y cumplida administración de justicia, la capacidad y prontitud de los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus funciones, la imparcialidad con que son tratados los negocios judiciales que ante ellos se tramitan, y la observancia de los plazos y formalidades esenciales del proceso.
Cuando se trate de expedientes fenecidos, la Presidencia del Organismo Judicial puede integrar comisiones de Abogados de reconocido prestigio para dictaminar sobre los mismos, pudiendo para el efecto requerir la colaboración del colegio de Abogados y Notarios, en la formación de comisiones de calificación.
El funcionario o empleado que realice actividades de supervisión levantará las actas y formulará las recomendaciones del caso. Cuando tales recomendaciones sean para sancionar al funcionario o empleado supervisado, las actas se enviarán, en copia certificada, a la Presidencia del Organismo Judicial, para que ésta, según sea el caso, sancione directamente la falta, requiera de la Corte Suprema de Justicia la emisión del acuerdo de suspensión o remoción respectivo, o promueva la solicitud al Congreso de la República de remoción del Magistrado cuando fuere el caso.
En el ejercicio de sus funciones, la Supervisión General de Tribunales tendrá las más amplias facultades de investigación, * en cuyo caso todos los actos que realice para llevar a cabo las mismas, están exentos de cualquier tipo de responsabilidad penal y civil. Si como resultado de la misma se presumiera la comisión de un hecho delictivo, se hará la denuncia correspondiente a los Tribunales competentes.
El Presidente del Organismo Judicial podrá dictar las resoluciones y disposiciones de administración y disciplina que fueren necesarias; y, además, reglamentará, por medio de acuerdo, todo lo relacionado con la Supervisión de Tribunales.
Si se presentaren quejas por la forma en que se tramita un expediente, o por la conducta de los miembros de un tribunal, la Supervisión General de Tribunales deberá investigar directamente la denuncia, sin limitar su actuación a pedir que se le traslade el expediente o que se le informe.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 7 del Decreto 11-93 del Congreso de la República. DEROGADO por Artículo 79 del Decreto 32-2016 del Congreso de la República). (El texto subrayado fue declarado inconstitucional, por Sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 19 de julio de 1995, Expediente 261-93).
- Reforma: Reformado por el artículo 7 del Decreto 11-93 (1993)
- Reforma: Derogado por el artículo 79 del Decreto 32-2016 (2016)
- Reforma: Declarado inconstitucional en Expediente 261-93 de la Corte de Constitucionalidad (1995-07-19)
## Título III. Funcion jurisdiccional
### Capítulo I. La jurisdiccion en General
**Artículo 57.** *Justicia.* La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado.
La justicia es gratuita e igual para todos, salvo lo relacionado con las costas judiciales, según la materia en litigio. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 4 del Decreto 59-2005 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 4 del Decreto 59-2005 (2005)
**Qué significa:** La función jurisdiccional corresponde con exclusividad absoluta a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales que establece la ley. Son ellos quienes juzgan y promueven la ejecución de lo juzgado. La frase clave es «salvo lo relacionado con las costas judiciales»: la justicia es gratuita e igual para todos con esa excepción. Esas costas dependen de la materia en litigio, pero el texto no dice cuánto cuestan ni cómo se calculan; eso queda para otras normas. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos conforme a la ley. El artículo no dice qué requisitos debe cumplir cada demanda; eso queda para otras normas. Por ejemplo, una persona que quiere reclamar un derecho puede acudir a un tribunal conforme a la ley, y las costas judiciales son la excepción a la gratuidad que menciona el artículo. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 4 del Decreto 59-2005 del Congreso de la República.
**Artículo 58.** *Jurisdicción.* La jurisdicción es única. Para su ejercicio se distribuye en los siguientes órganos:
a) Corte Suprema de Justicia y sus Cámaras.
b) Corte de apelaciones.
c) Sala de la Niñez y Adolescencia.
d) Tribunal de lo contencioso-administrativo.
e) Tribunal de segunda instancia de cuentas.
f) Juzgados de primera instancia.
g) Juzgados de la Niñez y la Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y Juzgados de Control de Ejecución de Medidas.
h) Juzgados de paz, o menores.
i) Los demás que establezca la ley.
de la República). En la denominación de jueces o tribunales que se empleen en las leyes, quedan comprendidos todos los funcionarios del Organismo Judicial que ejercen jurisdicción, cualesquiera que sea su competencia o categoría.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 8 del Decreto 11-93, por Artículo 2 del Decreto 41-96, y por Artículo 5 del Decreto 59-2005, todos del Congreso de la República). (Literal SUPRIMIDA por el artículo 2 del Decreto 41-96 del Congreso de la República). *(Párrafo ADICIONADO por Artículo 8 del Decreto 11-93 del Congreso
- Reforma: Reformado por el artículo 8 del Decreto 11-93 (1993)
- Reforma: Reformado por el artículo 2 del Decreto 41-96 (1996)
- Reforma: Reformado por el artículo 5 del Decreto 59-2005 (2005)
- Reforma: Suprimido (literal) por el artículo 2 del Decreto 41-96 (1996)
- Reforma: Adicionado (párrafo) por el artículo 8 del Decreto 11-93 (1993)
**Qué significa:** La jurisdicción es única, pero se distribuye en varios órganos. El artículo los enumera por letra, desde la Corte Suprema de Justicia y sus Cámaras hasta los juzgados de paz, o menores. La letra i) deja la puerta abierta: los demás órganos que establezca la ley. La parte final del texto explica cómo leer otras leyes. En ellas, la denominación de jueces o tribunales abarca a todos los funcionarios del Organismo Judicial que ejercen jurisdicción, cualesquiera que sea su competencia o categoría. Por eso, un término genérico como «tribunal» no se limita a un solo tipo de órgano. Como caso sencillo, una ley dice «el juez» sin nombrar un órgano concreto. Según este artículo, esa expresión comprende a los funcionarios del Organismo Judicial que ejercen jurisdicción, sin importar su categoría. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 8 del Decreto 11-93, por el Artículo 2 del Decreto 41-96 y por el Artículo 5 del Decreto 59-2005. También indica que una literal fue suprimida por el artículo 2 del Decreto 41-96 y que un párrafo fue adicionado por el Artículo 8 del Decreto 11-93.
**Artículo 59.** *Instancias.* En ningún proceso habrá más de dos instancias.
**Qué significa:** Este artículo establece en una sola frase un límite para todos los procesos: en ningún proceso habrá más de dos instancias. Es una regla general que no admite excepciones dentro del propio texto. Una instancia es cada grado de conocimiento de un asunto por un tribunal. La primera instancia es el examen inicial del caso por el juez competente. La segunda instancia es la revisión de esa decisión por un tribunal superior, normalmente mediante apelación. El artículo impide que exista una tercera revisión de los hechos y del derecho en el mismo proceso. La expresión «en ningún proceso» deja claro que aplica a todos, sin distinguir materia. El texto no dice qué recursos especiales pueden existir después de la segunda instancia ni cómo se relacionan con este límite; tampoco define qué tribunales conocen cada instancia. Esas cuestiones las regulan otras leyes. Lo que sí garantiza es que un litigio no se prolongue indefinidamente con revisiones sucesivas del mismo tipo. Por ejemplo, si un juez de primera instancia dicta sentencia y la parte vencida apela, la sala que resuelve esa apelación conoce en segunda instancia, y no puede abrirse después una tercera instancia ordinaria para volver a discutir el mismo asunto.
**Artículo 60.** *Garantías.* Los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, dando cuenta de los hechos al tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado, sin perjuicio de practicar por sí mismos las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico.
**Artículo 61.** *No interferencia.* Ningún tribunal puede avocarse el conocimiento de causas o negocios pendientes ante otro tribunal a menos que la ley confiera expresamente esta facultad.
**Qué significa:** Un tribunal no puede avocarse el conocimiento de una causa o negocio pendiente ante otro tribunal, salvo que la ley le confiera esa facultad. Así, cada asunto sigue en el tribunal que lo conoce. La condición está en la palabra «expresamente». Hace falta que la ley confiera esa facultad de forma expresa; no basta que se deduzca de manera implícita. El texto no dice qué leyes la confieren ni en qué casos. Eso queda para otras normas. El artículo habla de causas o negocios pendientes, es decir, asuntos que ya están en trámite. Además, la regla pesa sobre los tribunales. El texto prohíbe que un tribunal se avoque, y no regula lo que hagan las partes. Como ejemplo, un tribunal tiene un expediente en trámite y otro tribunal pide conocerlo sin que exista una norma que le dé esa facultad. Según el artículo, no puede hacerlo.
**Artículo 62.** *Competencia.* Los tribunales sólo podrán ejercer su potestad en los negocios y dentro de la materia y el territorio que se les hubiese asignado, lo cual no impide que en los asuntos que conozcan puedan dictar providencias que hayan de llevarse a efecto en otro territorio.
**Qué significa:** Los tribunales solo pueden ejercer su potestad en los negocios, la materia y el territorio que se les hubiesen asignado. Fuera de esos límites, su potestad no alcanza. El matiz está en la última frase: que el tribunal esté limitado por territorio no le impide dictar providencias que deban llevarse a efecto en otro territorio. Un tribunal puede ordenar algo que se cumplirá en otro lugar, siempre dentro de los asuntos que conoce. El texto no dice cómo se coordina la ejecución fuera de su territorio; eso queda para otras normas. Caso concreto: un juzgado de un municipio conoce un caso que le fue asignado y dicta una orden que debe cumplirse en otro municipio. Esa situación no queda prohibida, porque el texto permite expresamente dictar providencias que deban llevarse a efecto en otro territorio.
**Artículo 63.** *Publicidad.* Los actos y diligencias de los tribunales son públicos, salvo los casos en que por mandato legal, por razones de moral, o de seguridad pública, deban mantenerse en forma reservada. La calificación será hecha por el juez en casos muy especiales y bajo su estricta responsabilidad. En todo caso los sujetos procesales y sus abogados tienen derecho a estar presentes en todas las diligencias o actos de que se trate y hacer las observaciones y protestas que procedan y en general enterarse de su contenido.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 5 del Decreto 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 5 del Decreto 64-90 (1990)
**Qué significa:** Los actos y diligencias de los tribunales son públicos, salvo los casos en que, por mandato legal, por razones de moral o de seguridad pública, deban mantenerse en forma reservada. La nota indica que este artículo fue reformado por el Artículo 5 del Decreto 64-90 del Congreso de la República. El punto que más pesa es quién decide la reserva. El texto dice que la calificación la hace el juez, en casos muy especiales y bajo su estricta responsabilidad. La publicidad es la regla y la reserva es la excepción. Qué razones de moral o de seguridad justifican la reserva no se detalla aquí, así que eso queda para otras normas. En todo caso, los sujetos procesales y sus abogados tienen derecho a estar presentes en las diligencias o actos de que se trate. Pueden hacer las observaciones y protestas que procedan y enterarse de su contenido. Imagina a un abogado que asiste a una diligencia y deja constancia de una protesta sobre lo que ocurre en ella. El artículo le reconoce ese derecho como sujeto procesal.
**Artículo 64.** *Derecho de alegar.* En todas las vistas de los tribunales, las partes y sus abogados podrán alegar de palabra. Además podrán presentar alegatos escritos.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 6 del Decreto 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 6 del Decreto 64-90 (1990)
**Artículo 65.** *Insobornabilidad.* Se prohíbe a los funcionarios y empleados del Organismo Judicial recibir emolumento, propina o dádiva alguna, directa o indirectamente de los interesados o de cualquier otra persona.
**Artículo 66.** *Facultades generales.* Los Jueces tienen facultad:
a) De compeler y apremiar por los medios legales a cualquier persona para que esté a derecho.
b) Para devolver sin providencia alguna y con sólo la razón circunstanciada del secretario, los escritos contrarios a la decencia, a la respetabilidad de las leyes y de las autoridades o que contengan palabras o frases injuriosas, aunque aparezcan tachadas, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurre, tanto el litigante como al abogado que auxilia.
También serán devueltos en la misma forma los escritos en los que figuren mandatarios o abogados cuya intervención sea motivo de que el juez o la mayoría de magistrados que integran un tribunal colegiado, tengan que excusarse o puedan ser recusados, salvo que el juez o magistrado entre a conocer del negocio cuando ya estuviere actuando en él, el abogado o mandatario, caso en que la excusa o recusación serán tramitados como corresponde. Contra esa devolución el interesado podrá acudir en queja al tribunal inmediato superior dentro del tercer día, acompañando el escrito de mérito.
c) Para rechazar de plano, bajo su estricta responsabilidad, los recursos o incidentes notoriamente frívolos o improcedentes, los recursos extemporáneos y las excepciones previas extemporáneas, sin necesidad de formar artículo o hacerlo saber a la otra parte. La resolución deberá ser razonada, será apelable y si el tribunal superior confirma lo resuelto, impondrá al abogado auxiliante una multa entre quinientos a mil quetzales. En estos casos la apelación no tendrá efectos suspensivos y el asunto continuará su trámite hasta que se encuentre en estado de resolver en definitiva, momento en el que se esperará la resolución de la apelación. El tribunal que conozca en grado lo hará con base en copia de las actuaciones certificadas por la Secretaría respectiva.
En los procesos de ejecución, tendrán facultad para tramitar y aprobar nuevas liquidaciones por capital, intereses, gastos y costas, si han transcurrido seis meses o más desde que se presentó la anterior liquidación y ésta no ha quedado firme por incidentes, nulidades o recursos presentados por los demandados que han impedido o demorado la aprobación de la liquidación anterior, con el propósito de que las nuevas liquidaciones abarquen los intereses, gastos y costas ocasionados por las demoras.
d) Para mantener el orden y la disciplina de sus subalternos, distribuyendo dentro de ellos el trabajo en la forma más eficiente; así como para imponerles las sanciones que establezca la ley.
e) Para procurar de oficio o a petición de parte, dentro del proceso o antes de que se inicie el mismo, el avenimiento de las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Lo anterior es sin perjuicio de las funciones que correspondan a los centros de mediación creados o reconocidos por la Corte Suprema de Justicia. En ningún caso, lo actuado por los jueces en su función conciliadora constituirá impedimento o causal de excusa. En lo penal se estará a lo que dispongan las leyes de la materia. En todo caso, las actas de conciliación levantadas ante un juez, constituirán título ejecutivo para las partes signatarias, en lo que a cada quien le corresponda.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 7 del Decretos 64-90, por Artículo 2 del Decreto 112-97, y por Artículo 6 del Decreto 59-2005, todos del Congreso la República). (Párrafo de Literal b) REFORMADO por Artículo 7 del Decreto 64-90 del Congreso de la República). (Literal REFORMADA por Artículo 2 del Decreto 112-97 y por Artículo 6 del Decreto 59-2005, ambos del Congreso de la República). (Literal ADICIONADA por Artículo 6 del Decreto 59-2005 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 7 del Decreto 64-90 (1990)
- Reforma: Reformado por el artículo 2 del Decreto 112-97 (1997)
- Reforma: Reformado por el artículo 6 del Decreto 59-2005 (2005)
- Reforma: Reformado (párrafo) por el artículo 7 del Decreto 64-90 (1990)
- Reforma: Reformado (literal) por el artículo 2 del Decreto 112-97 (1997)
- Reforma: Reformado (literal) por el artículo 6 del Decreto 59-2005 (2005)
- Reforma: Adicionado (literal) por el artículo 6 del Decreto 59-2005 (2005)
**Qué significa:** Este artículo enumera las facultades generales de los jueces. Son cinco grupos, y cada uno tiene reglas propias. Los jueces pueden obligar por medios legales a cualquier persona a comparecer. Pueden devolver escritos ofensivos o injuriosos, y los escritos de abogados cuya intervención obligue a excusa o recusación. Contra esa devolución cabe queja en el tercer día. También pueden rechazar de plano recursos frívolos, improcedentes o extemporáneos. Si el tribunal superior confirma ese rechazo, impone al abogado una multa de Q500.00 a Q1,000.00. Los jueces también mantienen el orden y la disciplina de sus subalternos, y pueden procurar la conciliación de las partes. Las actas de conciliación ante un juez constituyen título ejecutivo para quienes las firman. En los procesos de ejecución, pueden aprobar nuevas liquidaciones si pasaron seis meses o más sin que la anterior quedara firme por causa de los demandados. Ejemplo: un abogado presenta un recurso sin fundamento. El juez puede rechazarlo de plano, y si el tribunal superior confirma, la multa cae sobre el abogado. El artículo anterior trata de la insobornabilidad del juez: art. 65 LOJ.
**Artículo 67.** *Enmienda del procedimiento.* Los jueces tendrán facultad para enmendar el procedimiento, en cualquier estado del proceso, cuando se haya cometido error sustancial que vulnere los derechos de cualquiera de las partes. Para los efectos de esta ley, se entenderá que existe error sustancial, cuando se violen garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades esenciales del proceso. La enmienda está sujeta a las siguientes limitaciones:
a) El juez deberá precisar razonadamente el error.
b) El auto deberá señalar, en forma concreta, las resoluciones y diligencias que sean afectadas por la enmienda y se pondrá razón al margen de las mismas; para hacer constar que han quedado sin validez.
c) No afectará a las pruebas válidamente recibidas.
d) No afectará las actuaciones independientes o que no tengan relación con el acto o resolución que motivó la enmienda. El auto que disponga la enmienda del procedimiento es apelable, excepto cuando haya sido dictado por un Tribunal Colegiado, en toda clase de juicios, pero la apelación no tendrá efectos suspensivos y el asunto continuará su trámite hasta que se encuentre en estado de resolver en definitiva momento en que se esperará la resolución de la apelación. El tribunal que conozca en grado lo hará con base en copia de las actuaciones certificadas por la Secretaría respectiva.
El auto que disponga la enmienda del procedimiento es apelable en toda clase de juicios.
> Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 4 del Decreto 75-90 y por Artículo 3 del Decreto 112-97, ambos del Congreso de la República). (Literal REFORMADA por Artículo 3 del Decreto 112-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 4 del Decreto 75-90 (1990)
- Reforma: Reformado por el artículo 3 del Decreto 112-97 (1997)
- Reforma: Reformado (literal) por el artículo 3 del Decreto 112-97 (1997)
**Artículo 68.** *Obligaciones personales de los jueces.* Los jueces recibirán por sí todas las declaraciones y presidirán todos los actos de prueba. El Secretario u Oficial que los practiquen será solidariamente responsable con el Juez o Magistrado del contenido de los mismos a cuyo efecto en el acta deberá consignarse su nombre. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia podrá delegar esta función en uno de los magistrados del tribunal, de preferencia que pertenezca a la cámara que conozca del asunto.
Los jueces están obligados a leer y estudiar las actuaciones por sí mismos y son responsables de los daños que causen por omisión, ignorancia o negligencia.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 8 del Decreto 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 8 del Decreto 64-90 (1990)
**Qué significa:** Este artículo fija dos obligaciones personales de los jueces. La primera es recibir por sí mismos todas las declaraciones y presidir todos los actos de prueba. La segunda es leer y estudiar las actuaciones por sí mismos, sin delegar esa lectura. Si un secretario u oficial practica un acto de prueba, responde solidariamente con el juez por su contenido, y su nombre debe constar en el acta. El Presidente de la Corte Suprema puede delegar esa función en un magistrado, de preferencia de la cámara que conozca el asunto. El texto también dice que los jueces responden por los daños que causen por omisión, ignorancia o negligencia. No fija el procedimiento para exigir esa responsabilidad; eso queda para otras normas. Por ejemplo, un juez que no revisa un expediente antes de una audiencia y por eso causa un daño a una parte puede responder por ese daño, si la causa es omisión, ignorancia o negligencia. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 8 del Decreto 64-90 del Congreso de la República.
**Citado por:** Art. 170, Ley del Organismo Judicial (https://codicegt.com/ley-del-organismo-judicial/articulo-170/).
**Artículo 69.** *Peticiones verbales.* En los procesos escritos no se admitirán peticiones verbales, sino cuando expresamente estuviere prevenido en la ley o en resolución judicial.
**Artículo 70.** *Prohibiciones.* Es prohibido a los jueces y magistrados:
a) Aceptar o desempeñar cargos de albaceas, tutores, protutores o guardadores, salvo que se trate del cónyuge, conviviente cuya unión de hecho estuviere inscrita en el Registro Civil respectivo o parientes dentro de los grados de ley; y ser depositarios judiciales;
b) Ser árbitros, expertos, liquidadores o partidores;
c) Dar opinión sobre asuntos que conozcan o deban conocer;
d) Garantizar en cualquier forma, obligaciones de personas que no sean sus parientes, bajo pena de nulidad de la garantía y de destitución del funcionario;
e) Celebrar contratos de cualquier clase con las personas que ante ellos litiguen, bajo pena de nulidad y de destitución del funcionario;
f) Promover de oficio cuestiones judiciales sobre intereses privados;
g) Ejercer las profesiones de abogado y notario, o ser mandatarios judiciales, salvo que se trate del ejercicio de la profesión de abogado, en asuntos propios, de su cónyuge, conviviente cuya unión de hecho estuviere inscrita en el Registro Civil respectivo o de sus hijos menores de edad;
h) Tener negocios o ejercer oficios que sean incompatibles con el decoro de su profesión.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 9 del Decreto 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 9 del Decreto 64-90 (1990)
**Artículo 71.** *Abandono de funciones.* Ningún magistrado o juez, propietario o suplente en funciones y ningún funcionario o empleado del Organismo Judicial, dejará su cargo aunque se le haya admitido la renuncia o cumplido el tiempo de su servicio sino hasta que se presente su sucesor.
**Qué significa:** Ningún magistrado o juez, propietario o suplente en funciones, ni ningún funcionario o empleado del Organismo Judicial, deja su cargo aunque se le haya admitido la renuncia o cumplido el tiempo de su servicio. El texto lo establece así. La condición está en las palabras «sino hasta que se presente su sucesor». Ni la renuncia admitida ni el fin del tiempo de servicio bastan por sí solos para dejar el cargo. El texto no dice cuánto puede tardar el sucesor ni qué pasa si no llega. Eso no aparece aquí. Un empleado del Organismo Judicial presenta su renuncia y la autoridad la acepta. Aun así, el artículo establece que sigue en su cargo hasta que se presente su sucesor. Si tú estás en una situación parecida, revisa qué dice tu caso concreto con quien corresponda.
**Artículo 72.** *Derecho de proponer.* Los jueces colegiados pueden hacer proposiciones por escrito instando a los tribunales a que pertenezcan para que dicten providencias sobre asuntos de sus atribuciones, y estos proveerán lo que corresponda.
**Artículo 73.** *Declaraciones.* Los magistrados y jueces no pueden declarar como testigos a menos que sea necesario, lo que calificará el tribunal superior o el colegiado a que pertenezca tal magistrado o juez.
### Capítulo II. Corte Suprema de Justicia
**Artículo 74.** *Jurisdicción.* La Corte Suprema de Justicia tiene jurisdicción en toda la República para conocer de los asuntos judiciales que le competen de conformidad con la Ley. Es el tribunal de superior jerarquía de la República.
**Artículo 75.** *Integración.* La Corte Suprema de Justicia se integra con trece magistrados, en la forma siguiente:
a) Un Presidente, que lo es también del Organismo Judicial.
b) Doce magistrados, todos iguales en jerarquía, que se designarán con el número que les corresponda en el orden de su elección. Este servirá para la sustitución temporal del Presidente y para el efecto de votaciones. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos en la forma y para el período establecido en la Constitución Política de la República.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 10 del Decretos 64-90 y por Artículo 4 del Decreto 112-97, ambos del Congreso de la República). (Literal REFORMADA por Artículo 10 del Decretos 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 10 del Decreto 64-90 (1990)
- Reforma: Reformado por el artículo 4 del Decreto 112-97 (1997)
- Reforma: Reformado (literal) por el artículo 10 del Decreto 64-90 (1990)
**Artículo 76.** *Organización.* La Corte Suprema de Justicia se organizará en las Cámaras que la misma determine. Cada Cámara contará con un Presidente y el número de Vocales que se considere conveniente y conocerá de los asuntos que la propia Corte disponga.
Los asuntos sometidos al conocimiento de una Cámara serán substanciados por el Presidente de ella y resueltos por mayoría de votos de sus integrantes. En caso de empate, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia se integrará a la cámara correspondiente.
Esta elección la efectuarán inmediatamente después de haber tomado posesión de sus cargos. El electo durará en sus funciones hasta la conclusión del período, salvo los casos de sustitución temporal que determina la Constitución Política de la República, los cuales no afectarán el cómputo del período.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 9 del Decreto 11-93 y por Artículo 5 del Decreto 112-97, ambos del Congreso de la República). (Párrafo ADICIONADO por el Artículo 9 del Decreto 11-93 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 9 del Decreto 11-93 (1993)
- Reforma: Reformado por el artículo 5 del Decreto 112-97 (1997)
- Reforma: Adicionado (párrafo) por el artículo 9 del Decreto 11-93 (1993)
**Qué significa:** La Corte Suprema de Justicia se organiza en las cámaras que ella misma determine. Cada cámara tiene un presidente y los vocales que se consideren convenientes, y conoce los asuntos que la propia Corte le asigne. Los asuntos de una cámara los tramita su presidente y se resuelven por mayoría de votos de sus integrantes. Si hay empate, el Presidente de la Corte Suprema se integra a la cámara correspondiente. El texto no explica cómo se reparten los asuntos entre cámaras; eso queda para otras normas. En la práctica: si una cámara empata en un asunto, el Presidente de la Corte se une a ella para votar y resolverlo. El último párrafo trata de la elección. Se realiza inmediatamente después de tomar posesión, y la persona electa dura en sus funciones hasta la conclusión del período. Las sustituciones temporales que determina la Constitución no afectan el cómputo del período. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 9 del Decreto 11-93 y por el Artículo 5 del Decreto 112-97, y que un párrafo fue adicionado por el Artículo 9 del Decreto 11-93.
**Artículo 77.** *Suplencias.* En caso de impedimento, excusa, recusación o ausencia temporal de alguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando ésta deba conocer en pleno, serán llamados a integrarla los Presidentes de las Salas de Apelaciones o Tribunales de similar categoría, principiando con los establecidos en la capital de la República en su orden numérico; en su defecto, los vocales de dichos tribunales y, por último, a los suplentes de éstos.
Si la ausencia fuere absoluta, se procederá de la misma manera mientras el Congreso de la República hace una nueva elección.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 10 del Decreto 11-93, y por Artículo 6 del Decreto 112-97, ambos del Congreso de la República). *(NOTA: ver Acuerdo 18-2012 disposiciones generales que regulan la forma de reemplazo de los jueces con competencia en materia penal, en caso de impedimento, excusa o recusación y su modificación por Acuerdo 40-2015, ambos Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia)
- Reforma: Reformado por el artículo 10 del Decreto 11-93 (1993)
- Reforma: Reformado por el artículo 6 del Decreto 112-97 (1997)
**Qué significa:** Si un magistrado de la Corte Suprema no puede integrar el pleno, por impedimento, excusa, recusación o ausencia temporal, otros jueces lo reemplazan. Esto ocurre cuando la Corte debe conocer en pleno. Son llamados a integrarla los Presidentes de las Salas de Apelaciones o tribunales de similar categoría. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 10 del Decreto 11-93 y por el Artículo 6 del Decreto 112-97. El orden importa. Entre esos presidentes se principia con los de los tribunales establecidos en la capital, en su orden numérico. En su defecto, se llama a los vocales de dichos tribunales y, por último, a sus suplentes. Si la ausencia es absoluta, se sigue el mismo procedimiento mientras el Congreso hace una nueva elección. Ejemplo: un magistrado se excusa de un caso que debe resolver el pleno, y el orden legal indica quién entra en su lugar. El texto no detalla cómo se ordena a los presidentes de tribunales fuera de la capital; ese detalle queda para otras normas.
**Artículo 78.** *Integración Total.* Cuando por cualquier causa deban los Magistrados suplentes integrar en su totalidad la Corte Suprema de Justicia o cualquiera de sus cámaras, elegirán entre ellos a quien deba presidirla en sus funciones específicas, quien no tendrá la calidad de Presidente del Organismo Judicial, ni más funciones administrativas que las derivadas del caso concreto a cuyo conocimiento se circunscribe su actuación.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 11 del Decreto 11-93 del Congreso de la República ).
- Reforma: Reformado por el artículo 11 del Decreto 11-93 (1993)
**Artículo 79.** *Atribuciones.* Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia o de la Cámara respectiva:
a) Conocer de los recursos de casación en los casos que procedan, según la ley.
b) Conocer en segunda instancia, de las resoluciones que establezca la ley.
c) Conocer de los antejuicios contra los magistrados y jueces, tesorero general de la nación y viceministros de Estado cuando no estén encargados de la cartera.
Para el efecto tendrá la facultad de nombrar juez pesquisidor, que podrá ser uno de los magistrados de la propia Corte Suprema, de la corte de apelaciones o el juez de primera instancia más inmediato. Si el pesquisidor se constituye en la jurisdicción del funcionario residenciado o la corte misma así lo dispone, dicho funcionario deberá entregar el mando o empleo en quien corresponda durante el tiempo que tarde la indagación y la Corte Suprema de Justicia o la cámara respectiva resuelve lo conveniente. Una vez declarado que ha lugar a formación de causa el funcionario queda suspenso en el ejercicio de su cargo y se pasarán las diligencias al tribunal que corresponda, para su prosecución y fenecimiento.
Los antejuicios de que conozca la Corte Suprema de Justicia terminarán sin ulterior recurso.
d) Velar porque la justicia sea pronta y cumplidamente administrada y dictar providencias para remover los obstáculos que se opongan.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 11 del Decreto 64-90, y por Artículo 12 del Decreto 11-93, ambos del Congreso de la República). (Literal REFORMADO por Artículo 11 del Decretos 64-90 del Congreso de la República). (Literal ADICIONADA por Artículo 12 del Decretos 11-93 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 11 del Decreto 64-90 (1990)
- Reforma: Reformado por el artículo 12 del Decreto 11-93 (1993)
- Reforma: Reformado (literal) por el artículo 11 del Decreto 64-90 (1990)
- Reforma: Adicionado (literal) por el artículo 12 del Decreto 11-93 (1993)
**Artículo 80.** *Concurrencia.* Para que la Corte Suprema de Justicia, cualquiera de sus cámaras u otro tribunal colegiado puedan desempeñar las funciones que les corresponde, se requiere la concurrencia de todos sus miembros.
**Artículo 81.** *Votos.* Toda resolución o acuerdo de la Corte Suprema de Justicia o de sus cámaras o de cualquier otro Tribunal colegiado, se dictará por mayoría de votos; pero cuando no la haya se llamará a mayor número de Magistrados, y en este caso, la mayoría deberá ser absoluta.
**Artículo 82.** *Vacante del Presidente.* Si la ausencia definitiva fuere del Presidente, la Corte Suprema de Justicia al quedar nuevamente integrada con nueve (*) miembros con el Magistrado electo por el Congreso, procederá a elegir entre sus miembros al presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, quien fungirá hasta la conclusión del período.
> Nota de la fuente: * (Ver artículo 214 de la Constitución Política de la República de Guatemala).
**Artículo 83.** *Votos contrarios.* En las sentencias y en los autos que dicten los tribunales colegiados se expresarán, al margen de la resolución, los nombres de los magistrados que hubieren votado en contra.
**Artículo 84.** *Libro de votos.* En la Corte Suprema de Justicia y en los demás tribunales colegiados, habrá un libro denominado de votos, en el cual los magistrados que no opinaren como la mayoría, deberán, dentro del tercer día de firmada la resolución o acuerdo, exponer y fundamentar su voto particular en los asuntos en que hubiere conocido el tribunal, en el entendido que si no lo hacen, la resolución o acuerdo se considera votado en el mismo sentido que la mayoría, sin la necesidad de ningún pronunciamiento al respecto. Este libro estará a cargo de la secretaría del respectivo tribunal, y podrá ser consultado por cualquier persona, que tenga interés en ello.
Los votos, se publicarán en la Gaceta de los Tribunales, a continuación de la sentencia que los motive.
**Artículo 85.** *Petición de suspensión.* Si alguno de los que forman el tribunal expresare que necesita estudiar con más detenimiento el asunto que se va a fallar, y pidiere que se suspenda la discusión, el presidente lo acordará así y señalará un plazo que no exceda de tres días para que continúe el debate y se dicte oportunamente el fallo.
### Capítulo III. Corte de apelaciones y tribunales colegiados
**Artículo 86.** *Salas.* La Corte de apelaciones se integra con el número de salas que determine la Corte Suprema de Justicia, la cual fijará también la sede, materias de que conocerán y competencia territorial de cada una de las salas.
**Artículo 87.** *Integración.* Cada sala se compone de tres magistrados propietarios, y dos suplentes para los casos que sean necesarios, y será presidida por el magistrado que designe la Corte Suprema de Justicia.
También podrá la Corte Suprema de Justicia aumentar el número de magistrados de cada sala cuando así lo exijan las circunstancias.
Las disposiciones de esta sección comprenden, en lo aplicable, a los tribunales colegiados en general.
**Artículo 88.** *Atribuciones.* Corresponde a las salas de la corte de apelaciones:
a) Conocer en primera instancia, previa declaratoria del Congreso de haber lugar a juicio, en las causas de responsabilidad contra los funcionarios a que se refiere el inciso h) del artículo 165 de la Constitución Política de la República.
b) Conocer en segunda instancia de los procesos establecidos en la ley.
c) Conocer de los antejuicios cuyo conocimiento no esté atribuido por esta Ley o por la Constitución Política de la República a otro órgano.
d) Cuidar que los jueces de primera instancia, jueces menores o cualesquiera otras personas cumplan sus funciones y los plazos con apego a la ley y evacuen las diligencias que por despacho o en otra forma se les encargue. Deberán sancionarlos, en caso de incumplimiento, con multa de veinticinco quetzales (Q.25.00), salvo en casos debidamente justificados.
e) Mantener la disciplina de los tribunales en todo el distrito de su jurisdicción, velando por la conducta oficial de los Jueces de Primera Instancia, y haciéndoles cumplir todos los deberes que las leyes les imponen.
f) Vigilar la conducta oficial de sus secretarios y empleados subalternos, a quienes así como a los jueces, podrán corregir aplicando las sanciones determinadas por la ley, poniendo el caso en conocimiento del Presidente del Organismo Judicial.
g) En casos urgentes, conceder licencia a los secretarios y demás empleados, para que se ausenten de su trabajo por no más de ocho días, pero si fuere necesario el nombramiento de sustituto, el caso se pondrá en conocimiento del Presidente del Organismo Judicial.
h) Llamar al suplente que corresponda en caso que por cualquier motivo quedare desintegrada.
i) Conocer en consulta de los procesos cuando legalmente proceda confirmando, modificando o revocando la resolución recibida en grado.
j) En los casos determinados por la ley, conocer en recurso de reposición de los autos originarios de la misma sala.
k) Ejercer las demás atribuciones y funciones que fijen otras leyes, los reglamentos y acuerdos emitidos por la Corte Suprema de Justicia.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 12 del Decreto 64-90, y por Artículo 79 del Decreto 32-2016, ambos del Congreso de la República). (Literal REFORMADA por Artículo 12 del Decreto 64-90 del Congreso de la República). (Literal DEROGADA por Artículo 79 del Decreto 32-2016 del Congreso de la República). (Literal DEROGADA por Artículo 79 del Decreto 32-2016 del Congreso de la República). (Literal DEROGADA por Artículo 79 del Decreto 32-2016 del Congreso de la República). (Literal REFORMADA por Artículo 12 del Decreto 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 12 del Decreto 64-90 (1990)
- Reforma: Reformado por el artículo 79 del Decreto 32-2016 (2016)
- Reforma: Reformado (literal) por el artículo 12 del Decreto 64-90 (1990)
- Reforma: Derogado (literal) por el artículo 79 del Decreto 32-2016 (2016)
**Artículo 89.** *Presidentes.* Los presidentes de salas y tribunales colegiados son la autoridad superior del tribunal; supervisarán el trámite de todos los asuntos, sustanciándolos hasta dejarlos en estado de resolverlos.
Los presidentes mantendrán el orden en el tribunal y cuando se celebre vista o audiencia pública dictará las disposiciones que crean convenientes, debiendo proceder contra cualquier persona que desobedezca o las perturbe.
**Artículo 90.** *Impedimentos.* Por ausencia temporal de un Magistrado Propietario se llamará a uno de los suplentes. En caso de muerte o impedimento absoluto o de renuncia del Magistrado Propietario, el Congreso de la República elegirá a la persona que deba sustituirlo para completar el periodo constitucional, conforme el procedimiento establecido en el Artículo 217 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 13 del Decreto 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 13 del Decreto 64-90 (1990)
**Artículo 91.** *Sustitución del presidente.* En ausencia o por impedimento del presidente de un tribunal colegiado, hará sus veces el magistrado que le siga en orden numérico.
**Artículo 92.** *Residencia.* Los magistrados tienen la obligación de residir en el lugar donde tenga su sede el tribunal al cual pertenezcan y de donde no podrán ausentarse los días hábiles, sin previo permiso del Presidente del Organismo Judicial, salvo por razones de servicio. El incumplimiento de este artículo será considerado falta grave.
**Artículo 93.** *Supervisión de tribunales y prisiones.* Los tribunales colegiados en vista de los estados mensuales que deben pasarles los jueces de primera instancia y los tribunales militares, dictarán las medidas necesarias para que los asuntos no sufran demora y para que el personal llene cumplidamente sus obligaciones.
Las salas que tengan competencia en materia penal, dictarán las providencias necesarias para corregir los abusos o faltas que se cometan en los lugares de prisión. En todo caso grave o de responsabilidad, darán cuenta inmediata a la Corte Suprema de Justicia.
> Nota de la fuente: (Primer párrafo DEROGADO por Artículo 79 del Decreto 32-2016 del Congreso de la República).
- Reforma: Derogado (párrafo) por el artículo 79 del Decreto 32-2016 (2016)
### Capítulo IV. Juzgados de primera instancia
**Artículo 94.** *Competencia.* La Corte Suprema de Justicia determinará la sede y distrito que corresponde a cada juez de primera instancia y en donde hubiere más de uno, les fijará su competencia por razón de la materia, de la cuantía y del territorio.
**Artículo 95.** *Atribuciones.* Son atribuciones de los jueces de primera instancia:
a) Conocer de los asuntos de su competencia, de conformidad con la ley;
b) Conocer en las causas de responsabilidad cuando esta atribución no corresponda a la corte de apelaciones;
c) Los que tienen competencia en materia penal están obligados a visitar, por lo menos una vez al mes los centros de detención y las cárceles de su distrito;
d) Visitar en inspección, cada tres meses, el Registro de la Propiedad; cuando lo hubiere en su jurisdicción. Para la ciudad capital, el Presidente del Organismo Judicial fijará a que juzgados corresponde la inspección;
e) Las demás que establezcan otras leyes, los reglamentos y acuerdos de la Corte Suprema de Justicia.
**Artículo 96.** *Residencia.* Los jueces de primera instancia tienen la obligación de residir en la población sede del juzgado en el que prestan sus servicios; y sin licencia, no pueden ausentarse de su departamento en días hábiles. El incumplimiento de este artículo será considerado falta grave.
**Artículo 97.** *Despachos.* No obstante la división jurisdiccional de los jueces de primera instancia, éstos deben cumplimentar inmediatamente los despachos y órdenes que reciban de la Corte Suprema de Justicia y de cualquiera de los tribunales colegiados.
**Artículo 98.** *Impedimentos.* En los casos de impedimento, excusa, recusación o falta temporal o absoluta de los jueces de primera instancia, se procederá de la manera siguiente:
a) Si el impedimento, la excusa o la recusación, fueren declarados procedentes, el asunto pasará a otro juez de primera instancia, si lo hubiere en el departamento. En los departamentos donde hubiere más de dos jueces, el asunto pasará al que le siguiere en orden numérico, y al primero si fuere el último el de la causal. Si no lo hubiere, conocerá el juez menor de la cabecera si tuviere título de abogado; y si no otro juez menor del mismo departamento que lo tenga. Si tampoco lo hay, el asunto pasará al conocimiento del juez de primera instancia más accesible. El Presidente del Organismo Judicial determinará en forma general lo pertinente por medio de acuerdo.
b) Si la falta fuere temporal, el Presidente del Organismo Judicial designará al juez suplente que deba sustituirlo. Si fuere absoluta, se procederá en la misma forma mientras la Corte Suprema de Justicia hace el nuevo nombramiento.
**Qué significa:** Cuando un juez de primera instancia tiene impedimento, excusa, recusación o falta temporal o absoluta, el artículo fija el orden para seguir el caso. Distingue entre las causales declaradas procedentes y las faltas del juez. Si el impedimento, la excusa o la recusación son declarados procedentes, el asunto pasa a otro juez de primera instancia del departamento, si lo hay. Donde hay más de dos jueces, pasa al que sigue en orden numérico, y al primero si la causal afecta al último. Si no hay otro juez, conoce el juez menor de la cabecera si tiene título de abogado; si no, otro juez menor del mismo departamento que lo tenga. Si tampoco lo hay, el asunto pasa al juez de primera instancia más accesible. El Presidente del Organismo Judicial determina lo pertinente en forma general por medio de acuerdo. Si la falta es temporal, el Presidente del Organismo Judicial designa al juez suplente que lo sustituya. Si es absoluta, se procede igual mientras la Corte Suprema de Justicia hace el nuevo nombramiento. Por ejemplo, un juez se excusa de un expediente en un departamento donde hay otro juez de primera instancia. Si la excusa se declara procedente, el asunto pasa a ese otro juez.
**Artículo 99.** *Actos fuera del Tribunal.* Cuando los jueces de primera instancia tengan que practicar diligencias fuera del tribunal y dentro del perímetro de la población en que residan, deben hacerlo personalmente y no por medio de despacho cometido a los jueces menores.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 14 del Decreto 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 14 del Decreto 64-90 (1990)
**Qué significa:** Los jueces de primera instancia que deban practicar diligencias fuera del tribunal deben hacerlas personalmente cuando estén dentro del perímetro de la población donde residen. El artículo prohíbe delegarlas por medio de despacho en los jueces menores. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 14 del Decreto 64-90 del Congreso de la República. La clave está en el límite territorial. El deber de hacerlo personalmente se aplica dentro de ese perímetro. El texto no dice qué ocurre con diligencias fuera de ese perímetro, ni qué sucede si se delega a pesar de la prohibición. Esas cuestiones quedan para otras normas. En la práctica, un juez de primera instancia que debe inspeccionar un inmueble en su propia ciudad debe ir en persona, no enviar un despacho a un juez menor.
**Artículo 100.** (Derogado) Por lo menos cada seis meses, los jueces de primera instancia, deberán bajo su más estricta responsabilidad, visitar todos los juzgados jurisdiccionales. Estas visitas tendrán por objeto:
a) Los que tienen competencia en materia penal, inspeccionar los centros de detención y cárceles, oyendo las quejas que contra los jueces menores y alcaides u otros encargados interpusieren los detenidos y dictarán respecto a cada falta o abuso que se note, la providencia que corresponda.
b) Oír las quejas de los vecinos relacionadas con la administración de justicia.
c) Examinar los libros, procesos y demás expedientes que lleven los jueces jurisdiccionales y observar si en ellos se han guardado las formalidades de ley, así como darles las instrucciones necesarias para que administren justicia pronta y cumplidamente.
d) Prevenir de manera especial a los jueces y demás personal de los juzgados jurisdiccionales para que vigilen a fin de impedir toda exacción ilegal.
Los jueces levantarán actas de las visitas que practiquen y enviarán copias certificadas a la presidencia del Organismo Judicial, con copia simple a la sala jurisdiccional y propondrán la manera de remover los inconvenientes que no sean de su competencia o que exijan la intervención superior.
> Nota de la fuente: (DEROGADO por Artículo 79 del Decreto 32-2016 del Congreso de la República). Visitas.
- Reforma: Derogado por el artículo 79 del Decreto 32-2016 (2016)
**Citado por:** Art. 79, Ley de la Carrera Judicial (https://codicegt.com/ley-de-la-carrera-judicial/articulo-79/).
### Capítulo V. Juzgados menores
**Artículo 101.** *Juzgados de paz.* Los juzgados menores se denominan juzgados de paz, a menos que por su especial naturaleza la ley o la Corte Suprema de Justicia les dé distinta denominación.
La Corte Suprema de Justicia establecerá los juzgados menores en el número y en los lugares que considere convenientes a la buena administración de la justicia.
**Qué significa:** Los juzgados menores llevan el nombre de juzgados de paz, salvo que por su especial naturaleza la ley o la Corte Suprema de Justicia les den otra denominación. Así, el nombre común es juzgado de paz, y cualquier cambio tiene que venir de esas dos fuentes. El segundo párrafo da a la Corte Suprema de Justicia la tarea de establecer los juzgados menores. Decide cuántos hay y en qué lugares, según lo que considere conveniente para la buena administración de la justicia. El texto no fija una cifra ni una lista de municipios; eso queda en manos de la Corte. En la práctica, una persona que vive lejos de la cabecera departamental puede tener un juzgado de paz en su comunidad, pero solo si la Corte decidió establecerlo allí. El artículo no garantiza un juzgado en cada lugar, porque la ubicación depende de esa decisión.
**Artículo 102.** *Sede.* En cada cabecera departamental debe haber por lo menos un juzgado de paz. En lo que respecta a los municipios, la Corte Suprema de Justicia cuando lo considere conveniente, puede, atendiendo a la distancia y al número de habitantes, extender la jurisdicción territorial de los juzgados de paz a más de un municipio.
La Corte Suprema de Justicia podrá fijar sedes y distritos con independencia de la circunscripción municipal.
**Artículo 103.** *Jueces itinerantes.* Cuando la Corte Suprema de Justicia lo considere necesario, puede acordar que los jueces de paz ejerzan sus atribuciones en forma itinerante en determinada circunscripción territorial.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 15 del Decreto 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 15 del Decreto 64-90 (1990)
**Qué significa:** La Corte Suprema de Justicia puede acordar que los jueces de paz ejerzan sus atribuciones de forma itinerante. Esa decisión se toma solo cuando la Corte lo considere necesario, no como una obligación automática. El artículo habla de una circunscripción territorial determinada. Eso significa que la itinerancia se fija para una zona concreta, y el juez se desplaza dentro de ella para ejercer su cargo. El texto no dice con qué frecuencia debe trasladarse el juez ni cómo se elige la zona. Tampoco define cómo se organiza el trabajo del juzgado en cada lugar; eso queda para otras normas. Por ejemplo, la Corte podría acordar que un juez de paz atienda casos en una zona alejada de su sede. El texto no fija fechas ni plazos para esa atención. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 15 del Decreto 64-90 del Congreso de la República.
**Artículo 104.** *Facultades.* Los jueces de paz ejercerán su jurisdicción dentro de los límites del territorio para el que hayan sido nombrados; su competencia por razón de la materia y de la cuantía serán fijadas por la Corte Suprema de Justicia; y sus atribuciones en el orden disciplinario, son las mismas respecto a sus subalternos, que las otorgadas en el propio caso a los jueces de primera instancia.
**Artículo 105.** *Impedimentos.* . En caso de impedimento, excusa, o recusación declarados procedentes, o de falta temporal del juez de paz, será sustituido por otro de igual categoría, si lo hubiere en el municipio, y si no, por el juez de paz cuya sede sea más asequible. En caso de falta absoluta, se procederá de la misma manera, mientras la Corte Suprema de Justicia nombra al sustituto.
**Artículo 106.** *Residencia.* Los jueces menores tienen la obligación de residir en el municipio de su jurisdicción; y si ésta se extendiera a dos o más municipios, en la sede que haya fijado la Corte Suprema de Justicia. Los jueces no pueden ausentarse de su jurisdicción sin el permiso correspondiente. El incumplimiento de éste artículo será considerado falta grave.
**Artículo 107.** *Turnos.* En donde haya más de un juez de paz, deben estos funcionarios permanecer en su despacho por turnos fuera de las horas de audiencia, a efecto de que haya un juez expedito para la práctica de diligencias que urgentemente demanden su intervención y para las sanciones económicas de los que sean detenidos por faltas, después de las horas ordinarias de audiencia. Los turnos serán distribuidos por el Presidente del Organismo Judicial.
El juez de paz que sin causa justificada no cumpliera con lo dispuesto en este artículo, sufrirá una multa de diez (Q.10.00) a cien (Q.100.00) quetzales que en cada caso impondrá de plano el Juez de Primera Instancia jurisdiccional. La causa justificada deberá probarse dentro de veinticuatro horas.
**Qué significa:** Este artículo organiza turnos para los jueces de paz. Donde haya más de un juez de paz, deben permanecer en su despacho por turnos fuera de las horas de audiencia. El fin es que siempre haya un juez disponible para diligencias urgentes y para las sanciones económicas de quienes sean detenidos por faltas después del horario ordinario. El Presidente del Organismo Judicial distribuye los turnos. El segundo párrafo fija la sanción. El juez de paz que, sin causa justificada, no cumpla con el turno sufre una multa de diez (Q.10.00) a cien (Q.100.00) quetzales. La impone de plano, es decir, sin trámite previo, el Juez de Primera Instancia jurisdiccional, en cada caso. Si el juez alega una causa justificada, debe probarla dentro de veinticuatro horas. La regla solo aplica donde hay más de un juez de paz; el texto no dice cómo se cubren las urgencias en lugares con uno solo. Tampoco enumera qué causas se consideran justificadas. Por ejemplo, si en un municipio con dos jueces de paz uno no se presenta a su turno nocturno y no prueba un motivo válido en veinticuatro horas, el Juez de Primera Instancia puede multarlo con una cantidad entre diez y cien quetzales.
### Capítulo VI. Secretarios de los tribunales
**Artículo 108.** *Secretarios.* En cada uno de los Tribunales de justicia habrá un secretario que autorice las resoluciones que se dicten y las diligencias que se practiquen; y además, el personal que requiera el servicio.
Por ausencia, impedimento o enfermedad de los secretarios de los tribunales, se actuará con otro que se nombre específicamente o con dos testigos de asistencia.
**Artículo 109.** *Requisitos.* Para ser secretario de la presidencia del Organismo Judicial, de la Corte Suprema de Justicia, salas de apelaciones y de los demás tribunales, se necesita ser guatemalteco, estar en el ejercicio de todos sus derechos, tener el título de abogado y notario y ser colegiado activo; pero en los últimos, a falta de abogado y notario, puede nombrarse a una persona idónea.
**Artículo 110.** *Atribuciones.* El Secretario es el Jefe Administrativo del Tribunal y el órgano de comunicación con el público, y sus funciones las cumplirá subordinadas al Presidente del Tribunal o al juez, según el caso.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 16 del Decreto 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 16 del Decreto 64-90 (1990)
**Artículo 111.** *Comunicaciones.* Los secretarios de la presidencia del Organismo Judicial, Corte Suprema de Justicia y de los tribunales colegiados, son los órganos de comunicación con los funcionarios judiciales o administrativos de igual o inferior categoría.
El secretario de la Corte Suprema de Justicia, será sustituido en caso necesario y temporalmente por el secretario de la presidencia del Organismo Judicial o por el secretario que designe el Presidente de la Corte.
**Artículo 112.** *Otras Obligaciones.* Las demás obligaciones de los secretarios y del personal auxiliar de los tribunales, se especificarán en las leyes, reglamentos y acuerdos de la Corte Suprema de Justicia.
## Título IV. Disposiciones comunes a todos los procesos
### Capítulo I. Jurisdiccion y competencia
**Artículo 113.** *Jurisdicción indelegable.* La función jurisdiccional no puede delegarse por unos jueces a otros. Los jueces deben conocer y decidir por sí los asuntos de su potestad.
**Qué significa:** La función jurisdiccional no puede delegarse de un juez a otro. Esa prohibición se dirige a los jueces, y el texto la formula sin condiciones adicionales. La segunda frase obliga a los jueces a conocer y decidir por sí los asuntos de su potestad. Lo importante son las palabras «por sí»: la decisión debe tomarla el propio juez que tiene el asunto. El texto no dice qué asuntos corresponden a cada juez; eso lo definen otras normas sobre competencia. Ejemplo: un juez que tiene a su cargo un expediente no puede encargar a otro juez que lo resuelva en su lugar. Debe conocerlo y decidirlo él mismo. El texto no trata los reemplazos temporales de un juez; eso queda para otras normas.
**Artículo 114.** *Comisiones.* Los jueces y tribunales pueden comisionar para diligencias determinadas a otros de la misma o inferior categoría, prefiriéndose al de igual materia y de distinta localidad. A los de la misma categoría se dirigirán por exhorto; a los inferiores, por despacho; y, a los superiores o a los de otros Estados, por suplicatorio o carta rogativa.
**Qué significa:** Los jueces y tribunales pueden comisionar a otros para diligencias determinadas. Pueden hacerlo con órganos de la misma categoría o de categoría inferior. Al elegir, prefieren al de igual materia y de distinta localidad. La vía depende de la categoría del tribunal que recibe el encargo: exhorto para la misma categoría, despacho para las inferiores, y suplicatorio o carta rogativa para las superiores o las de otros Estados. Matiz: la vía se elige por la categoría del tribunal receptor. Si cambia la jerarquía, cambia el instrumento que usa el juez que comisiona. El texto no dice cómo se redacta cada documento ni qué plazo tiene la diligencia. Esas reglas quedan fuera de este artículo, así que tú debes buscarlas en las normas de procedimiento que correspondan. En la práctica: un juez necesita que otro juez de su misma categoría, en otra localidad, tome una declaración. Le envía un exhorto, que es la vía que el texto fija para ese caso.
**Artículo 115.** *Suplicatorios.* Los suplicatorios para el extranjero los dirigirán, los tribunales por medio del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando otras leyes o tratados vigentes no dispongan diferente trámite.
**Artículo 116.** *Declinatoria.* Toda acción judicial deberá entablarse ante el juez que tenga competencia para conocer de ella; y siempre que de la exposición de los hechos, el juez aprecie que no la tiene, debe abstenerse de conocer y sin más trámite mandará que el interesado ocurra ante quien corresponda, en cuyo caso, a solicitud del interesado se remitirán las actuaciones al tribunal o dependencia competente. Lo anterior no tiene aplicación en los casos en que es admisible la prórroga de la competencia.
**Qué significa:** La regla general es simple: toda acción judicial debe presentarse ante el juez que tenga competencia para conocerla. Si el juez, al leer la exposición de los hechos, concluye que no la tiene, debe abstenerse de conocer. Sin más trámite, le manda al interesado acudir ante quien corresponda. Lo que sigue es clave: a solicitud del interesado, las actuaciones se remiten al tribunal o dependencia competente. El texto también aclara que esta regla no se aplica cuando es admisible la prórroga de la competencia. El alcance de esa prórroga queda fuera de este artículo, así que hay que consultar otras normas. Ejemplo: una persona presenta una demanda ante un juzgado que, según los hechos narrados, no tiene competencia. El juez no tramita el caso. La persona puede pedir que el expediente pase al tribunal que sí corresponde.
**Artículo 117.** *Trámite de la declinatoria.* El que fuere demandado, procesado o requerido para la práctica de una diligencia judicial ante un juez incompetente, podrá pedirle que se inhiba de conocer en el asunto y remita lo actuado al juez que corresponda.
La declinatoria debe interponerse por el interesado dentro de los tres días de ser notificado, indagado o citado; y se tramitará como incidente. La resolución que se dicte será apelable y el tribunal que conozca el recurso al resolverlo remitirá los autos al juez que corresponda, con noticia de las partes.
**Qué significa:** El que sea demandado, procesado o requerido para una diligencia judicial ante un juez incompetente puede pedirle que se inhiba de conocer el asunto. También puede pedir que remita lo actuado al juez que corresponda. Esa petición se llama declinatoria, y sirve para llevar el caso al juez adecuado. El plazo es el punto clave: la declinatoria debe interponerse dentro de los tres días de ser notificado, indagado o citado. Se tramita como incidente, y la resolución que se dicte es apelable. Cuando el tribunal que conoce el recurso lo resuelve, remite los autos al juez que corresponda, con noticia de las partes. El texto no dice qué ocurre si el plazo pasa sin presentar la declinatoria; eso queda para otras normas. Un caso práctico: una persona recibe una citación de un juzgado que no es competente para su caso. Si quiere que el asunto pase al juez correcto, debe presentar la declinatoria dentro de los tres días siguientes a esa notificación.
**Artículo 118.** *Suspensión del proceso.* No podrá continuar el trámite del asunto principal, mientras no esté resuelta la competencia.
Las disposiciones de este artículo y del anterior, se aplicarán únicamente en los casos que no estén normados por leyes especiales.
**Artículo 119.** *Competencia dudosa.* Si surgiere alguna duda o conflicto acerca de cual juez debe conocer de un asunto, los autos se remitirán a la Corte Suprema de Justicia para que la cámara del ramo que proceda resuelva y remita el asunto al tribunal que deba conocer.
**Artículo 120.** *Prohibición de prorrogar.* No pueden prorrogar competencia el Ministerio Público, ni los que ejercitan derechos ajenos, salvo los mandatarios y representantes que estuvieren legalmente facultados para hacerlo.
**Qué significa:** El Ministerio Público y quienes ejercitan derechos ajenos no pueden prorrogar competencia. Prorrogar competencia significa lograr que un tribunal conozca un asunto que, en principio, no le correspondía. El artículo cierra esa posibilidad para estos sujetos. La excepción está en los mandatarios y representantes que estén legalmente facultados para hacerlo. Lo decisivo es que la facultad sea precisamente para prorrogar competencia: no basta con actuar en nombre de otro. El artículo usa la palabra «legalmente», así que la facultad debe tener respaldo en la ley. El texto no detalla cómo se otorga esa facultad; eso queda para otras normas. Caso práctico: un mandatario que actúa por otra persona y está legalmente facultado para prorrogar competencia puede hacerlo. En cambio, quien ejercita derechos ajenos sin esa facultad no puede prorrogarla, aunque represente a otro en el proceso.
**Artículo 121.** *Conocimiento de oficio.* Es obligación de los tribunales conocer de oficio de las cuestiones de jurisdicción y competencia, bajo pena de nulidad de lo actuado y de responsabilidad del funcionario, salvo aquellos casos en que la competencia de los jueces pueda ser prorrogada por tratarse de competencia territorial.
**Qué significa:** La obligación de revisar la competencia recae en los tribunales. Deben conocer de oficio las cuestiones de jurisdicción y competencia, es decir, verlas por iniciativa propia y no solo cuando una parte lo pida. El incumplimiento tiene dos consecuencias que el texto nombra: la nulidad de lo actuado y la responsabilidad del funcionario. La excepción es la competencia territorial, porque en esos casos la competencia del juez sí puede prorrogarse. El artículo no dice cómo se tramita esa nulidad; eso queda para otras normas. Imagina que un juzgado empieza a tramitar un asunto sin revisar si tiene jurisdicción para conocerlo. Según el texto, lo actuado queda sujeto a nulidad y el funcionario puede quedar sujeto a responsabilidad. Si el problema es solo territorial, la regla es distinta.
### Capítulo II. Impedimentos, excusas y recusaciones
**Artículo 122.** *Impedimentos.* Son impedimentos para que un juez conozca un asunto determinado:
a) Ser parte en el asunto.
b) Haber sido el juez o alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito en el asunto.
c) Tener el juez o alguno de sus parientes, interés directo o indirecto en el asunto.
d) Tener el juez parentesco con alguna de las partes.
e) Ser el juez superior pariente del inferior, cuyas providencias pendan ante aquél.
f) Haber aceptado el juez o alguno de sus parientes, herencia, legado o donación de alguna de las partes.
g) Ser el juez socio o partícipe con alguna de las partes.
h) Haber conocido en otra instancia o en casación en el mismo asunto.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 13 del Decreto 11-93 del Congreso de la República). (Literal REFORMADO por Artículo 13 del Decreto 11-93 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 13 del Decreto 11-93 (1993)
- Reforma: Reformado (literal) por el artículo 13 del Decreto 11-93 (1993)
**Qué significa:** Un juez no puede conocer un asunto si se da alguno de los impedimentos que enumera este artículo. Las causas van de la letra a) a la h): ser parte en el asunto; haber sido el juez o alguno de sus parientes asesor, abogado o perito en el asunto; tener el juez o alguno de sus parientes interés directo o indirecto en el asunto; tener parentesco con alguna de las partes; ser juez superior pariente del inferior cuyas providencias pendan ante aquél; haber aceptado el juez o alguno de sus parientes herencia, legado o donación de alguna de las partes; ser socio o partícipe con alguna de las partes; y haber conocido el mismo asunto en otra instancia o en casación. Lo que más importa es que el interés puede ser directo o indirecto. Basta con que el juez o alguno de sus parientes tenga interés en el asunto para que exista el impedimento. La nota indica que el artículo fue reformado por el Decreto 11-93 y que un literal también fue reformado por ese decreto, sin decir cuál. El texto tampoco explica qué procede cuando el impedimento existe. El epígrafe del capítulo menciona excusas y recusaciones, pero este artículo no las desarrolla. Por ejemplo, un juez que es socio de una de las partes no puede conocer ese asunto.
**Artículo 123.** *Excusas.* Los jueces deben excusarse en los casos siguientes:
a) Cuando tengan amistad íntima o relaciones con alguna de las partes, que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, hagan dudar de la imparcialidad del juzgador.
b) Cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes, o con parientes consanguíneos de alguna de ellas.
c) Cuando el juez viva en la misma casa con alguna de las partes, exceptuándose el caso de hoteles o pensiones.
d) Cuando el juez haya intervenido en el asunto del que resulta el litigio.
e) Cuando el juez o sus parientes hayan sido tutores, protutores, guardadores, mandantes o mandatarios de alguna de las partes o de sus descendientes, cónyuges o hermanos.
f) Cuando la esposa o los parientes consanguíneos del juez hayan aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes.
g) Cuando alguna de las partes sea comensal o dependiente del juez o éste de aquéllas.
h) Cuando el juez, su esposa, descendientes, ascendientes, o hermanos y alguna de las partes, hayan otorgado un contrato escrito del que resulte una relación jurídica que aproveche o dañe al juez, o a cualquiera de sus parientes mencionados.
i) Cuando el juez, su esposa o parientes consanguíneos, tengan juicio pendiente con alguna de las partes o lo hayan tenido un año antes.
j) Cuando el juez, antes de resolver, haya externado opinión, en el asunto que se ventila.
k) Cuando del asunto pueda resultar daño o provecho para los intereses del juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos.
l) Cuando el juez, su esposa, o alguno de sus parientes consanguíneos tengan enemistad grave con alguna de las partes. Se presume que hay enemistad grave por haber dañado o intentado dañar una de las partes al juez o éste a cualquiera de aquellos, en su persona, su honor o sus bienes, o a los parientes de unos y otros mencionados en este inciso.
En las causas criminales, la acusación o denuncia es motivo perpetuo de excusa, pero no será el antejuicio causa de recusación ni de excusa de los magistrados o jueces en los asuntos que estuvieran bajo su jurisdicción y por los cuales se hubiere iniciado, sino desde el momento en que se declare que ha lugar a formación de causa.
**Qué significa:** Un juez debe excusarse, es decir, apartarse de un caso, en los supuestos concretos que enumera el artículo en los incisos de la a) a la l). Son situaciones como relaciones con las partes, intereses en el asunto u opiniones previas, y la norma está entre las disposiciones comunes a todos los procesos. En el inciso a), la clave es la frase «a juicio del tribunal»: la amistad íntima o la relación con una parte debe hacer dudar de la imparcialidad, según las pruebas y las circunstancias. En el inciso l), la enemistad grave se presume cuando una parte ha dañado o intentado dañar al juez, o al revés, en su persona, honor o bienes. El último párrafo trata las causas criminales. Dice que la acusación o denuncia es motivo perpetuo de excusa, pero que el antejuicio no causa recusación ni excusa hasta que se declare que ha lugar a formación de causa. El texto no explica cómo se tramita cada excusa; eso queda para otras normas. Un caso práctico: un juez externó su opinión sobre un asunto antes de resolverlo. Según el inciso j), debe excusarse.
**Citado por:** Art. 124, Ley del Organismo Judicial (https://codicegt.com/ley-del-organismo-judicial/articulo-124/).
**Artículo 124.** *Otras personas.* Las causales expresadas en el artículo anterior comprenden también a los abogados y representantes de las partes.
**Artículo 125.** *Recusación.* Son causas de recusación las mismas de los impedimentos y de las excusas.
La recusación no tendrá efectos suspensivos y el asunto continuará su trámite hasta que se encuentre en estado de resolver en forma definitiva. Si se tratare de materia penal, la recusación deberá resolverse antes de iniciarse el debate. Pero, si la recusación se declarare procedente, serán nulas las diligencias practicadas desde la fecha en que se presentó la recusación. Si la recusación se declara improcedente se impondrá al recusante una multa de quinientos a mil quetzales. Por no corresponderles conocer del fondo del asunto, no podrán ser recusados los miembros del tribunal que conozca de una recusación.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 7 del Decreto 112-97 del Congreso de la República). (Párrafo ADICIONADO por Artículo 7 del Decreto 112-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 7 del Decreto 112-97 (1997)
- Reforma: Adicionado (párrafo) por el artículo 7 del Decreto 112-97 (1997)
**Qué significa:** Este artículo regula la recusación, el medio para pedir que un juzgador no conozca de un asunto. Sus causas son las mismas que las de los impedimentos y las excusas. La nota indica reformas y un párrafo adicionado por el Decreto 112-97. La recusación no tiene efectos suspensivos, así que el asunto sigue su trámite hasta que se encuentre en estado de resolver en forma definitiva. En materia penal, debe resolverse antes de iniciar el debate. Si se declara procedente, son nulas las diligencias practicadas desde que se presentó. Si se declara improcedente, se impone al recusante una multa de quinientos a mil quetzales. El matiz final es que los miembros del tribunal que conozcan una recusación no pueden ser recusados, porque no les corresponde conocer del fondo del asunto. El texto no define impedimentos ni excusas; esos conceptos quedan fuera de este artículo. En la práctica: una parte presenta una recusación que se declara improcedente. Según el texto, esa parte recibe una multa de quinientos a mil quetzales.
**Artículo 126.** *Trámite de la excusa.* El juez que tenga causa de excusa, lo hará saber a las partes y éstas en el acto de la notificación o dentro de veinticuatro horas, manifestarán por escrito si la aceptan o no. Vencido ese plazo sin que se hubiere hecho la manifestación, se tendrá por aceptada la excusa y el juez elevará los autos al tribunal superior, para el solo efecto que se designe el tribunal que deba seguir conociendo; de la misma manera se procederá en el caso de que las partes acepten expresamente la causal.
Si una de las partes aceptare expresa o tácitamente la causa invocada y la otra no, se elevarán los autos al tribunal superior, para que dentro de cuarenta y ocho horas, resuelva acerca de su procedencia, y si la declarare con lugar, remitirá los autos al juez que deba seguir conociendo.
En el caso de que ninguna de las partes acepte la excusa, el juez seguirá conociendo; pero ya no podrá ser recusado posteriormente por la misma causa.
**Qué significa:** Cuando un juez tiene causa de excusa, debe hacerlo saber a las partes. Ellas deben manifestar por escrito si la aceptan o no, en el acto de la notificación o dentro de veinticuatro horas. Si no contestan en ese plazo, la excusa se tiene por aceptada. Entonces el juez eleva los autos al tribunal superior, solo para que este designe el tribunal que deba seguir conociendo. Lo mismo ocurre si las partes aceptan expresamente la causal. El texto regula otros dos escenarios. Si una parte acepta la causa, expresa o tácitamente, y la otra no, los autos suben al tribunal superior. Este tiene cuarenta y ocho horas para resolver sobre su procedencia. Si la declara con lugar, remite los autos al juez que deba seguir conociendo. Si ninguna parte acepta la excusa, el juez sigue conociendo, pero ya no puede ser recusado después por la misma causa. Por ejemplo, un juez comunica a las partes que tiene una causa de excusa. Una parte responde que no la acepta, y la otra la acepta. Los autos pasan al tribunal superior, que resuelve en cuarenta y ocho horas si la excusa procede.
**Citado por:** Art. 127, Ley del Organismo Judicial (https://codicegt.com/ley-del-organismo-judicial/articulo-127/).
**Artículo 127.** *Trámite en tribunales colegiados.* Si la excusa fuere de un miembro de un tribunal colegiado, la hará constar inmediatamente en las actuaciones, y el presidente del tribunal o el que haga sus veces, mandará que se haga saber a las partes para los efectos indicados en el artículo anterior. El tribunal, después de integrado como corresponde, resolverá lo que proceda dentro de cuarenta y ocho horas. De la misma manera se procederá en caso de impedimento, pero sin noticia de las partes.
**Citado por:** Art. 131, Ley del Organismo Judicial (https://codicegt.com/ley-del-organismo-judicial/articulo-131/).
**Artículo 128.** *Derechos de las partes.* Las partes tienen el derecho de pedir a los jueces que se excusen y el de recusarlos con expresión de causa, en cualquier estado del proceso antes que se haya dictado sentencia. Si el juez acepta como cierta la causal alegada, dictará resolución en ese sentido y elevará las actuaciones al tribunal superior para que dentro de cuarenta y ocho horas resuelva lo procedente. En caso de declararla con lugar, remitirá las actuaciones al que debe seguir conociendo.
**Qué significa:** Las partes pueden pedir que un juez se excuse, o recusarlo, siempre con expresión de causa. Pueden hacerlo en cualquier estado del proceso, mientras no se haya dictado sentencia. El artículo reconoce expresamente este derecho a las partes. Si el juez acepta como cierta la causal alegada, dicta una resolución en ese sentido. Luego eleva las actuaciones al tribunal superior, que dentro de cuarenta y ocho horas resuelve lo procedente. Si se declara con lugar, el expediente pasa al tribunal que debe seguir conociendo. El artículo no enumera qué causales existen ni cómo se prueban. Esa parte no aparece en este texto. Lo que sí queda claro es el límite: el reclamo se puede presentar hasta antes de que se dicte sentencia. En la práctica: una persona que litiga considera que existe una causal para que el juez no conozca su caso. Antes de que se dicte sentencia, puede pedir la recusación y expresar esa causa.
**Artículo 129.** *Trámite de la recusación.* Si el juez estima que no es cierta la causal o que no ha lugar a la recusación, así lo hará constar en resolución motivada, y en el primer caso seguirá conociendo sin más trámite, pero en el de recusación remitirá las actuaciones al tribunal superior, el que la tramitará y resolverá como incidente.
**Qué significa:** Si el juez considera que la causal no es cierta, o que no procede la recusación, lo hace constar en una resolución motivada. En el primer caso, el juez sigue conociendo el asunto sin más trámite. En el caso de recusación, el juez remite las actuaciones al tribunal superior. Ese tribunal la tramita y la resuelve como incidente. El texto separa así dos caminos claros. Lo más importante es que la resolución sea motivada: el juez debe dar las razones de su decisión. El texto no dice qué causales proceden ni qué plazo tiene el tribunal superior; esos puntos no están en este artículo. Por ejemplo, una parte recusa a un juez y este estima que no ha lugar a la recusación. Lo hace constar en una resolución motivada y remite las actuaciones al tribunal superior, que la resuelve como incidente.
**Artículo 130.** *Trámite de impedimentos.* En caso de impedimento el juez se inhibirá de oficio y remitirá las actuaciones al tribunal superior, para que resuelva y las remita al juez que deba seguir conociendo.
**Artículo 131.** *Recusación en tribunales colegiados.* . Cuando se recuse a miembros de tribunales colegiados, el recusado hará constar inmediatamente en los autos si reconoce o niega la causal de la recusación. El tribunal integrado como corresponde, le dará el trámite de los incidentes. Contra lo resuelto así como en el caso previsto en el artículo 127 no cabe recurso alguno.
**Artículo 132.** *Suplentes.* Por impedimento, excusa o recusación legalmente declarada de alguno de los magistrados de cualquier tribunal colegiado, se llamará a los respectivos suplentes, si aun así no se integrare el tribunal, se llamará a los suplentes de otros tribunales. Pero si por algún motivo no previsto no se pudiere integrar el tribunal, el asunto se remitirá a la presidencia del Organismo Judicial, para que en el plazo de tres días designe al que deba seguir conociendo.
**Artículo 133.** *Árbitros y expertos.* . Por las mismas causales señaladas para los jueces, deben inhibirse o excusarse los árbitros y los expertos; y también pueden ser recusados por las partes siempre que las causas alegadas sobrevinieren o las supiere el recusante después de firmada la escritura de compromiso. En estos casos se observará el mismo trámite que cuando se trate de jueces.
**Artículo 134.** *Secretarios y personal auxiliar.* Las partes podrán recusar en un mismo asunto, hasta dos secretarios, oficiales auxiliares de justicia y notificadores, sin expresión de causa, y la recusación se resolverá de plano. Las recusaciones de estos empleados que fueren con expresión de causa, se tramitarán en forma de incidente verbal o escrito, según la clase de juicio en que se promueven.
### Capítulo III. Incidentes
**Artículo 135.** *Incidentes.* Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley procedimiento, deberá tramitarse como incidente. Cuando las cuestiones fueren completamente ajenas al negocio principal, los incidentes deberán rechazarse de oficio. El auto que decida el incidente contendrá la condena en costas del que lo promovió sin razón, salvo evidente buena fe.
**Qué significa:** Cuando surge una cuestión secundaria dentro de un proceso, y la ley no le asigna un trámite propio, debe tramitarse como incidente. Así lo establece el artículo 135 de la Ley del Organismo Judicial, que sirve para todos los procesos. Lo que más pesa aquí son dos ideas. La primera: si la cuestión es completamente ajena al negocio principal, el incidente debe rechazarse de oficio, es decir, sin que una parte lo pida. La segunda: el auto que decida el incidente condena en costas a quien lo promovió sin razón, salvo evidente buena fe. El texto no define qué son las costas ni cuánto suman; eso queda para otras normas. En la práctica: en un juicio por una deuda, una parte presenta un reclamo sobre un asunto que no tiene relación con esa deuda. El juez debe rechazarlo de oficio. En cambio, si un incidente se tramita y la parte lo promovió sin razón y sin evidente buena fe, el auto que lo resuelva incluirá su condena en costas.
**Artículo 136.** *Suspensión de proceso.* . Los incidentes que pongan obstáculos al curso del asunto, se sustanciarán en la misma pieza de autos quedando éstos, mientras tanto, en suspenso.
Impide el curso del asunto todo incidente sin cuya previa resolución es absolutamente imposible de hecho o de derecho, continuar sustanciándolo. En todo caso el tribunal deberá calificar la naturaleza del incidente al darle trámite.
**Qué significa:** Este artículo explica cuándo un incidente suspende el proceso. Los incidentes que ponen obstáculo al curso del asunto se tramitan en la misma pieza de autos, y mientras tanto el asunto principal queda en suspenso. Es decir, no avanza hasta que se resuelva el incidente. El segundo párrafo define qué incidente impide el curso del asunto: aquel sin cuya resolución previa es absolutamente imposible, de hecho o de derecho, seguir tramitando el proceso. La palabra «absolutamente» marca un umbral alto; no basta que sea incómodo continuar. Además, en todo caso el tribunal debe calificar la naturaleza del incidente al darle trámite, o sea, decidir si suspende o no el asunto principal. Un incidente es una cuestión accesoria que surge dentro de un proceso y que requiere resolución propia. La «misma pieza de autos» significa el mismo expediente, sin abrir uno separado. El texto no dice aquí cómo se tramitan los incidentes que no obstaculizan el curso; solo regula los que sí lo hacen. Por ejemplo, si surge una cuestión sin cuya resolución el juez no puede legalmente seguir adelante, el incidente se tramita en el mismo expediente y el proceso principal queda detenido hasta resolverlo.
**Artículo 137.** *Pieza separada.* . Los que no pongan obstáculo a la prosecución del asunto, se sustanciarán en pieza separada que se formará con los escritos y documentos que señala el juez; y cuando éstos no deban desglosarse, se certificarán en la pieza del incidente a costa del que lo haya promovido.
**Qué significa:** El artículo dice que los incidentes que no pongan obstáculo a la prosecución del asunto se sustancian en pieza separada. Esa pieza se forma con los escritos y documentos que señala el juez. Cuando esos escritos y documentos no deben desglosarse, se certifican en la pieza del incidente. Esa certificación corre a costa de quien promovió el incidente. Lo que más pesa es la condición «no pongan obstáculo a la prosecución del asunto», porque de ella depende la pieza separada. El texto no define qué cuenta como obstáculo. El texto disponible empieza con un punto suelto. Por eso se entiende que el sujeto son los incidentes por la ubicación del artículo en el capítulo de incidentes. Por ejemplo, una parte promueve un incidente que no detiene el proceso, y sus documentos no deben desglosarse, así que se certifican en la pieza del incidente. Según el texto, esa certificación la paga quien lo promovió.
**Artículo 138.** *Trámite.* Promovido un incidente, se dará audiencia a los otros interesados, si los hubiere, por el plazo de dos días.
Los incidentes de nulidad carecerán de efectos suspensivos, excepto si el tribunal lo considera necesario y así lo declara en forma razonada y bajo su responsabilidad.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 8 del Decreto 112- 97 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 8 del Decreto 112-97 (1997)
**Artículo 139.** *Prueba.* Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho y cualquiera de las partes pidiere que se abra a prueba o el juez lo considerare necesario, el mismo se abrirá a prueba por el plazo de ocho días. Las partes deben ofrecer las pruebas e individualizarlas al promover el incidente o al evacuar la audiencia.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 17 del Decreto 64- 90, por Artículo 9 del Decreto 112-97, y por Artículo 7 del Decreto 59-2005, todos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 17 del Decreto 64-90 (1990)
- Reforma: Reformado por el artículo 9 del Decreto 112-97 (1997)
- Reforma: Reformado por el artículo 7 del Decreto 59-2005 (2005)
**Qué significa:** Cuando un incidente trata cuestiones de hecho, el juez abre prueba por el plazo de ocho días si una de las partes lo pide o si él lo considera necesario. La apertura puede venir, entonces, de cualquiera de las dos vías: la petición de una parte o la decisión del juez. La condición de partida es que el incidente se refiera a cuestiones de hecho. Además, las partes deben ofrecer sus pruebas e individualizarlas al promover el incidente o al evacuar la audiencia, así que el momento también importa. Lo que no dice: cómo se valora cada prueba ni qué ocurre después del plazo. Eso queda para otras normas del proceso. Un caso práctico: en un incidente sobre hechos, una parte pide abrir prueba. El juez la abre por ocho días y la parte debe individualizar sus pruebas al promover el incidente o al evacuar la audiencia. La nota indica reformas por los Decretos 64-90, 112-97 y 59-2005 del Congreso.
**Artículo 140.** *Resolución.* El Juez resolverá el incidente sin más trámite, dentro de tres días de transcurrido el plazo de la audiencia y si se hubiere abierto a prueba, la resolución se dictará dentro de igual plazo después de concluido el de prueba. La resolución será apelable, salvo los casos en que las leyes que regulan materias especiales excluyan este recurso o se trate de incidentes resueltos por tribunales colegiados. El plazo para resolver el recurso, cuando proceda su interposición, será de tres días. La apelación tendrá efectos suspensivos en los incidentes que pongan obstáculos al curso del asunto principal. En los otros casos no tendrá dichos efectos y el asunto principal continuará su trámite hasta que se halle en estado de resolver en definitiva. El tribunal que conozca en grado lo hará con base en copia de las actuaciones certificadas por la Secretaría correspondiente. Se exceptúan los incidentes que dieren fin al proceso, en cuyo caso se suspenderá el trámite.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 10 del Decreto 112-97, y por Artículo 8 del Decreto 59-2005, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 10 del Decreto 112-97 (1997)
- Reforma: Reformado por el artículo 8 del Decreto 59-2005 (2005)
**Qué significa:** Este artículo fija los plazos para resolver incidentes. Un incidente es una cuestión que surge dentro del proceso y debe resolverse antes de seguir. El juez lo resuelve sin más trámite dentro de tres días, cuando termina el plazo de la audiencia. Si se abrió a prueba, la resolución se dicta dentro de tres días después de concluido el plazo de prueba. La resolución es apelable, salvo que una ley especial excluya la apelación o que el incidente lo resuelva un tribunal colegiado. La apelación tiene efectos suspensivos solo cuando el incidente pone obstáculos al curso del asunto principal. En los demás casos, el asunto principal sigue su trámite. Hay una excepción: si el incidente pone fin al proceso, el trámite se suspende. Ejemplo: una parte pide un incidente sobre la competencia del juzgado. El juez resuelve en tres días y la otra parte apela. Si la competencia impide seguir el proceso, la apelación suspende el trámite. El texto no define cuándo un incidente pone obstáculos al asunto principal. Esa valoración corresponde al tribunal que conoce el caso. El artículo anterior, art. 139 LOJ, trata de la prueba. El artículo siguiente, art. 141 LOJ, clasifica las resoluciones.
### Capítulo IV. Las resoluciones en General
**Artículo 141.** *Clasificación.* Las resoluciones judiciales son:
a) Decretos, que son determinaciones de trámite.
b) Autos, que deciden materia que no es de simple trámite, o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente.
c) Sentencias, que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 18 del Decreto 64-90 del Congreso de la República). (Literal REFORMADO por Artículo 18 del Decreto 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 18 del Decreto 64-90 (1990)
- Reforma: Reformado (literal) por el artículo 18 del Decreto 64-90 (1990)
**Qué significa:** Este artículo clasifica las resoluciones judiciales en tres tipos. Cada tipo tiene un alcance distinto, y la diferencia depende de qué decide la resolución. Los decretos son determinaciones de trámite, es decir, mueven el proceso sin decidir el fondo. Los autos deciden materia que no es de simple trámite. También resuelven incidentes, o el asunto principal antes de terminar el trámite. El texto exige que los autos se razonen debidamente. Las sentencias deciden el asunto principal después de agotar los trámites. El texto también considera sentencia cualquier resolución que la ley designe como tal, aunque no cumpla esos requisitos. Un caso práctico: un juez ordena que se notifique a la otra parte. Esa orden es un decreto. Si el juez decide una excepción antes del juicio, dicta un auto. Si decide el asunto de fondo, dicta una sentencia. El artículo anterior trata del plazo para resolver los incidentes: art. 140 LOJ. Los plazos para cada tipo de resolución están en el art. 142 LOJ.
**Artículo 142.** *Plazo para resolver.* Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente de que se reciban las solicitudes; los autos dentro de tres días; las sentencias dentro de los quince días después de la vista, y ésta se verificará dentro de los quince días después de que se termine la tramitación del asunto, salvo que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes, en cuyo caso se estará a lo dicho en esas leyes.
La infracción de éste artículo se castigará con una multa de veinticinco (Q.25.00) a cien (Q.100.00) quetzales, que se impondrá al juez o a cada uno de los miembros de un tribunal colegiado, salvo que la demora haya sido por causa justificada a juicio del tribunal superior. Esta causa se hará constar en autos, para el efecto de su calificación.
**Qué significa:** Este artículo fija plazos para que los jueces y tribunales resuelvan. Las providencias o decretos se dictan a más tardar al día siguiente de recibida la solicitud. Los autos se dictan dentro de tres días. Las sentencias se dictan dentro de quince días después de la vista, y la vista debe celebrarse dentro de quince días después de terminada la tramitación. El texto aclara que estos plazos aplican salvo que una ley especial fije otros. En ese caso se aplica la ley especial. La demora tiene una sanción. Cada juez, o cada miembro de un tribunal colegiado, puede recibir una multa de Q25.00 a Q100.00. No hay multa si la demora tuvo causa justificada, a juicio del tribunal superior. Esa causa debe constar en autos. Caso concreto: un juez recibe una solicitud y no dicta el decreto hasta una semana después, sin causa justificada. El texto prevé la multa para el juez. Para el plazo de apelación en juicios civiles, la guía Plazo para apelar en un juicio civil explica las reglas del proceso. El artículo anterior trata de la clasificación de las resoluciones: art. 141 LOJ.
**Guías:** Plazo para apelar en un juicio civil (https://codicegt.com/guia/plazo-apelar-civil/).
**Artículo 142 Bis.** *Plazo para notificar.* Las providencias o decretos serán notificadas dentro de un plazo máximo de los dos días siguientes de haberse dictado por el tribunal competente; los autos definitivos se notificarán dentro de un plazo máximo de cinco días siguientes de haberse dictado por el tribunal competente.
Las sentencias se notificarán dentro de un plazo máximo de quince días de haberse proferido por el tribunal competente.
La infracción de este artículo hará incurrir en responsabilidad administrativa a los que resultaren responsables y se sujetarán a las sanciones que les podrá imponer la Corte Suprema de Justicia.
> Nota de la fuente: (Adicionado por Artículo 9 del Decreto 59-2005 del Congreso de la República).
- Reforma: Adicionado por el artículo 9 del Decreto 59-2005 (2005)
**Qué significa:** Este artículo fija plazos máximos para notificar resoluciones judiciales, contados desde que el tribunal competente las dicta. Las providencias o decretos deben notificarse dentro de un plazo máximo de los dos días siguientes; los autos definitivos, dentro de cinco días; y las sentencias, dentro de quince días. Conviene fijarse en que son plazos máximos, no días exactos. El texto no explica cómo se hace la notificación ni qué efectos tiene una notificación tardía. Lo que sí dice es que la infracción del artículo hace incurrir en responsabilidad administrativa a los responsables, sujetos a las sanciones que les puede imponer la Corte Suprema de Justicia. La nota indica que el artículo fue adicionado por el Decreto 59-2005. Un caso práctico: un tribunal dicta una sentencia, y la notificación debe hacerse dentro de un plazo máximo de quince días de haberse proferido. Si los responsables no cumplen, el texto prevé responsabilidad administrativa.
**Artículo 143.** *Requisitos.* . Toda resolución judicial llevará, necesariamente, el nombre del tribunal que la dicte, el lugar, la fecha, su contenido, la cita de leyes y las firmas completas del juez, del magistrado o de los magistrados, en su caso, y del secretario, o sólo la de éste cuando esté legalmente autorizado para dictar providencias o decretos de puro trámite.
**Qué significa:** Toda resolución judicial debe llevar, según este artículo, el nombre del tribunal que la dicte, el lugar, la fecha, su contenido, la cita de leyes y las firmas completas del juez, del magistrado o de los magistrados, en su caso, y del secretario. El matiz está en la excepción final: basta la firma del secretario cuando esté legalmente autorizado para dictar providencias o decretos de puro trámite. El texto no dice qué actos son de puro trámite ni quién da esa autorización; eso queda para otras normas. En un caso concreto, un decreto que solo da trámite a un escrito puede llevar únicamente la firma del secretario, si la ley lo autoriza para ese caso. En cambio, si no es de puro trámite, el artículo pide las firmas completas del juez o de los magistrados y del secretario.
**Artículo 144.** *Irrevocabilidad de autos.* Las sentencias y los autos no pueden ser revocados por el tribunal que los dictó. Se exceptúan:
a) Los autos originarios de los tribunales colegiados;
b) Las resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia, que infrinjan el procedimiento, cuando no se haya dictado sentencia.
En estos casos procede la reposición.
**Qué significa:** Las sentencias y los autos no pueden ser revocados por el tribunal que los dictó. El artículo establece esa regla general, que da estabilidad a las decisiones judiciales. Luego enumera dos excepciones, identificadas con las letras a) y b). La letra a) excluye los autos originarios de los tribunales colegiados. La letra b) cubre las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que infrinjan el procedimiento, pero solo cuando no se haya dictado sentencia. En esos casos, el texto indica que procede la reposición. El artículo no dice cómo se tramita la reposición ni en qué plazo; eso queda para otras normas. Un caso práctico: un tribunal colegiado dicta un auto y una de las partes considera que debe cambiarse. Según el artículo, ese auto es una excepción a la regla general, y en esos casos procede la reposición.
**Artículo 145.** *Reposición de autos.* La reposición de autos se pedirá dentro de los dos días siguientes a la última notificación. De la solicitud se dará audiencia por dos días a la otra parte, y con su contestación o sin ella, el tribunal resolverá dentro de los tres días siguientes.
**Qué significa:** El texto fija plazos para pedir la reposición de autos y para resolverla. La solicitud se presenta dentro de los dos días siguientes a la última notificación. Después, la otra parte tiene audiencia por dos días, y el tribunal resuelve dentro de los tres días siguientes. El matiz que importa es que la decisión no depende de que la otra parte conteste. El texto dice «con su contestación o sin ella», así que el tribunal resuelve en ambos casos. El artículo no dice qué pasa si el tribunal se tarda más de ese plazo; esa situación queda para otras normas. Un caso práctico: una persona recibe una notificación y, dentro de los dos días siguientes, presenta su pedido de reposición. La otra parte tiene dos días de audiencia para responder, o puede no hacerlo, y el tribunal decide en tres días.
**Citado por:** Art. 146, Ley del Organismo Judicial (https://codicegt.com/ley-del-organismo-judicial/articulo-146/).
**Artículo 146.** *Revocatoria de decretos.* Los decretos son revocables por el tribunal que los dictó; y tanto la solicitud como su tramitación se sujetarán a lo dispuesto por el artículo que antecede.
Si el proceso fuere verbal, el pedimento se hará en comparecencia, y el tribunal resolverá dentro de veinticuatro horas.
Contra las resoluciones que se dicten en estos y en los casos del artículo anterior, no cabrá recurso alguno.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 19 del Decreto 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 19 del Decreto 64-90 (1990)
**Qué significa:** Un decreto puede revocarlo el mismo tribunal que lo dictó. La solicitud y su tramitación se sujetan a lo que dispone el artículo anterior, que es el art. 145 LOJ. Ese artículo trata de la reposición de autos, que se pide dentro de los dos días siguientes a la última notificación. El tipo de proceso importa. Si el proceso es verbal, el pedimento se hace en comparecencia, y el tribunal resuelve dentro de veinticuatro horas. Contra las resoluciones de estos casos, y de los del artículo anterior, no cabe recurso alguno. Un caso práctico: una parte pide a un tribunal que revoque un decreto que la afecta, en un proceso verbal. Lo plantea en comparecencia y el tribunal debe resolver en veinticuatro horas. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 19 del Decreto 64-90 del Congreso de la República.
### Capítulo V. Las sentencias y su ejecucion
**Artículo 147.** *Redacción.* Las sentencias se redactarán expresando:
a) Nombre completo, razón social o denominación y domicilio de los litigantes; en su caso, de las personas que los hubiesen representado; y el nombre de los abogados de cada parte.
b) Clase y tipo de proceso y el objeto sobre el que versó, en relación a los hechos.
c) Se consignará en párrafos separados resúmenes sobre el memorial de demanda, su contestación, la reconvención, las excepciones interpuestas y los hechos que se hubieren sujetado a prueba.
d) Las consideraciones de derecho que harán mérito del valor de las pruebas rendidas y de cuales de los hechos sujetos a discusión se estiman probados; se expondrán, asimismo, las doctrinas fundamentales de derecho y principios que sean aplicables al caso y se analizarán las leyes en que se apoyen los razonamientos en que descanse la sentencia.
e) La parte resolutiva, que contendrá decisiones expresas y precisas, congruentes con el objeto del proceso.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 20 del Decreto 64-90 del Congreso de la República). (Literal REFORMADA por Artículo 20 del Decreto 64-90 del Congreso de la República). (Literal REFORMADA por Artículo 20 del Decreto 64-90 del Congreso de la República). (Literal REFORMADA por Artículo 20 del Decreto 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 20 del Decreto 64-90 (1990)
- Reforma: Reformado (literal) por el artículo 20 del Decreto 64-90 (1990)
**Qué significa:** Toda sentencia debe redactarse expresando lo que este artículo enumera. Según el literal a), debe indicar el nombre completo, la razón social o denominación y el domicilio de los litigantes. En su caso, también debe indicar a las personas que los representaron y el nombre de los abogados de cada parte. Según el b), debe señalar la clase y tipo de proceso y el objeto sobre el que versó, en relación con los hechos. El literal c) pide resumir, en párrafos separados, el memorial de demanda, su contestación, la reconvención, las excepciones interpuestas y los hechos sujetos a prueba. El d) pide las consideraciones de derecho: el valor de las pruebas, qué hechos se estiman probados, las doctrinas y principios aplicables y las leyes en que se apoya el razonamiento. El e) exige la parte resolutiva, con decisiones expresas y precisas, congruentes con el objeto del proceso. Un caso práctico: una persona recibe una sentencia en la que no aparece el nombre de los abogados de la otra parte. Al revisar el literal a), ve que falta un dato que el artículo pide expresamente. La nota indica que el artículo y sus literales fueron reformados por el Artículo 20 del Decreto 64-90 del Congreso de la República.
**Artículo 148.** *Segunda Instancia.* . Las sentencias de segunda instancia contendrán un resumen de la sentencia recurrida rectificándose los hechos que hayan sido relacionados con inexactitud; los puntos que hayan sido objeto del proceso o respecto a los cuales hubiere controversia, el extracto de las pruebas aportadas y de las alegaciones de las partes contendientes; la relación precisa de los extremos impugnados en la sentencia recurrida con las consideraciones de derecho invocadas en la impugnación; el estudio hecho por el tribunal de todas las leyes invocadas, haciendo el análisis de las conclusiones en las que fundamenta su resolución, señalando cuanto confirma, modifica, o revoca de la sentencia recurrida.
**Artículo 149.** *Casación.* Las sentencias de casación contendrán un resumen de la sentencia recurrida; la exposición concreta de los motivos y submotivos alegados y las consideraciones acerca de cada uno de los motivos o submotivos invocados por las partes recurrentes juntamente con el análisis del tribunal relativo a las leyes o doctrinas legales que estimó aplicables al caso y sobre tal fundamentación, la resolución que en ley y en doctrina proceda.
**Artículo 150.** *Condena genérica.* Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida.
De no ser posible se establecerá, por lo menos, según hubiere sido pedido, las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación en incidente, o bien se fijará su importe, por experto, aplicándose el procedimiento establecido por el Código Procesal Civil y Mercantil para la prueba de expertos.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 21 del Decreto 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 21 del Decreto 64-90 (1990)
**Qué significa:** Este artículo indica cómo se fija el importe cuando una sentencia condena al pago de frutos, intereses, daños o perjuicios. La regla general es fijar ese importe en cantidad líquida, es decir, en una cifra concreta. Si no es posible, el texto exige establecer, por lo menos, las bases para liquidar después en incidente, según lo que se haya pedido. Otra salida es fijar el importe por medio de un experto. En ese caso se aplica el procedimiento del Código Procesal Civil y Mercantil para la prueba de expertos. La expresión «por lo menos» indica que la sentencia debe dar al menos esas bases, aunque no llegue a una cifra. En la práctica: una persona gana un juicio por daños a su vehículo, pero el monto exacto depende de una valoración que todavía no existe. La sentencia puede fijar el importe con un experto o dejar las bases para una liquidación posterior. Otros detalles, como el costo del experto o los plazos, quedan para otras normas. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 21 del Decreto 64-90 del Congreso de la República.
**Artículo 151.** *Varias pretensiones.* La sentencia dictada para resolver la pretensión acerca de una cosa o un derecho, no impide ejercitar una pretensión diversa respecto de la misma cosa o derecho.
**Artículo 152.** *Inafectabilidad de terceros inauditos.* La sentencia dada contra una parte, no perjudica a tercero que no haya tenido oportunidad de ser oído y de defenderse en el proceso.
**Artículo 153.** *Sentencias ejecutoriadas.* . Se tendrán por sentencias ejecutoriadas:
a) Las sentencias consentidas expresamente por las partes;
b) Las sentencias contra las cuales no se interponga recurso en el plazo señalado por la ley.
c) Las sentencias de las que se ha interpuesto recurso pero ha sido declarado improcedente o cuando se produzca caducidad o abandono;
d) Las de segunda instancia en asuntos que no admitan el recurso de casación;
e) Las de segunda instancia, cuando el recurso de casación fuere desestimado o declarado improcedente;
f) Las de casación no pendientes de aclaración o ampliación;
g) Las demás que se declaren irrevocables por mandato de ley y las que no admiten más recurso que el de responsabilidad;
h) Los laudos, o decisiones de los árbitros, cuando en la escritura de compromiso se hayan renunciado los recursos y no se hubiere interpuesto el de casación.
Las disposiciones de este artículo, rigen para los autos.
**Qué significa:** Una sentencia queda ejecutoriada en los casos que enumera este artículo, de la letra a) a la h). Las mismas reglas rigen para los autos. El texto define cuándo ocurre, no los efectos posteriores; eso queda para otras normas. Las letras cubren situaciones distintas. Entran las sentencias consentidas expresamente por las partes y aquellas contra las que no se interpuso recurso en el plazo señalado por la ley. También las recurridas cuando el recurso se declaró improcedente o hubo caducidad o abandono. Se suman las de segunda instancia en asuntos que no admiten casación o cuando la casación fue desestimada o declarada improcedente, y las de casación no pendientes de aclaración o ampliación. Completan la lista las declaradas irrevocables por mandato de ley, las que solo admiten el recurso de responsabilidad y los laudos arbitrales cuando en la escritura de compromiso se renunciaron los recursos y no se interpuso casación. Ejemplo práctico: una persona recibe una sentencia y no interpone recurso dentro del plazo señalado por la ley. Según la letra b), esa sentencia queda ejecutoriada. Ese plazo lo fija la ley, y este artículo no lo indica.
**Artículo 154.** *Interposición de recursos.* Los plazos para interponer un recurso se contarán a partir del día siguiente a la última notificación de la totalidad de la sentencia o del auto en que se resuelva la aclaración o la ampliación, según el caso.
**Artículo 155.** *Cosa Juzgada.* Hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 14 del Decreto 11-93 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 14 del Decreto 11-93 (1993)
**Qué significa:** La cosa juzgada aparece cuando la sentencia está ejecutoriada y existe identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 14 del Decreto 11-93 del Congreso de la República. Lo decisivo es que no basta una sentencia. Los cuatro elementos de identidad deben coincidir, y la sentencia debe estar ejecutoriada. Si cambia uno de ellos, como la causa o razón de pedir, el texto ya no habla de cosa juzgada. El texto no dice qué efectos produce la cosa juzgada en otros procesos ni cómo se declara. Eso queda para otras normas. En la práctica: una persona demandó a otra, hubo sentencia ejecutoriada, y luego se pretende un nuevo juicio con las mismas personas, las mismas cosas, la misma pretensión y la misma causa. Si todo coincide, el caso encaja en esta figura.
**Artículo 156.** *Ejecución.* . Debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en primera instancia. En lo penal se atenderá a lo que preceptúa la ley respectiva.
**Artículo 157.** *Transacciones y laudos.* Las transacciones y los laudos o sentencias de árbitros que tengan fuerza ejecutiva se ejecutarán por el juez que debiera haber conocido el asunto.
**Qué significa:** Este artículo indica qué juez ejecuta las transacciones y los laudos arbitrales. Las transacciones y los laudos o sentencias de árbitros que tengan fuerza ejecutiva se ejecutan por el juez que debiera haber conocido el asunto. Es decir, por el juez que habría sido competente si el conflicto se hubiera llevado a los tribunales desde el inicio. Una transacción es un acuerdo por el que las partes resuelven o evitan un litigio haciéndose concesiones mutuas. Un laudo es la decisión que dictan los árbitros. La condición es que tengan fuerza ejecutiva, es decir, que puedan exigirse por la vía de ejecución. El texto no explica cuándo una transacción o un laudo tienen esa fuerza, ni el procedimiento de ejecución; eso lo regulan otras normas. La regla evita dudas sobre la competencia: aunque el conflicto se resolvió fuera de los tribunales, para hacer cumplir la solución se acude al juez que naturalmente habría conocido del caso. Por ejemplo, si dos personas resuelven mediante arbitraje una disputa sobre un contrato y la parte vencida no paga lo que ordena el laudo, la otra puede pedir su ejecución ante el juez que habría sido competente para conocer ese mismo contrato en un juicio ordinario.
**Artículo 158.** *Convenio en juicio.* Los convenios celebrados en juicio serán ejecutados por el juez que conozca del asunto. Si se celebraran en segunda instancia se ejecutarán por el juez que conoció en la primera.
## Título V. Disposiciones complementarias
### Capítulo I. Actuaciones judiciales
**Artículo 159.** *Redacción.* En toda clase de actuaciones judiciales, se prohíbe hacer uso de abreviaturas y cifras, salvo las citas de leyes. No se harán raspaduras y sobre palabras o frases equivocadas se pondrá una línea delgada que permita la lectura.
Antes de suscribirse las actuaciones, se salvará los testados y los entrelineados, bajo sanción de tenerse como no hechos.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 22 del Decreto 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 22 del Decreto 64-90 (1990)
**Qué significa:** En toda clase de actuaciones judiciales se prohíbe usar abreviaturas y cifras, salvo las citas de leyes. Tampoco se permiten raspaduras. Sobre una palabra o frase equivocada se pone una línea delgada que permita leer lo escrito. La nota indica que fue reformado por el Artículo 22 del Decreto 64-90 del Congreso de la República. Antes de suscribirse las actuaciones, deben salvarse los testados y los entrelineados. La condición es el momento: la salvedad se hace antes de la firma. Los testados son palabras tachadas, y los entrelineados son palabras escritas entre renglones. Si no se salva, el texto dice que se tienen como no hechos. Como ejemplo, un auxiliar escribe mal un nombre en un acta. No lo borra ni lo raspa; traza una línea delgada sobre la palabra para que siga legible.
**Artículo 160.** *Entrega de expedientes.* Por ningún motivo se entregarán los expedientes en confianza.
**Artículo 161.** *Reposición de actuaciones.* Los expedientes que se perdieren serán repuestos a costa del que fuere responsable de la pérdida, quien además pagará los daños y perjuicios, quedando sujeto a las disposiciones del Código Penal, cuando el acto fuere punible.
La reposición de tales expedientes se tramitarán en forma de incidente. El auto que lo resuelva, determinará:
a) La procedencia de la reposición;
b) Las actuaciones y documentos que se consideren repuestos;
c) El estado procesal en que deben continuarse las actuaciones;
d) La determinación de diligencias practicadas, que no fue posible reponer, así como la fijación de un plazo que no exceda de quince días para practicarlas, de conformidad con las leyes procesales correspondientes, salvo que tratándose de documentos provenientes del extranjero, el juez dispusiera fijar uno mayor.
**Artículo 162.** *Devolución de Documentos.* Para sacar cualquier documento de los archivos y protocolos se requiere providencia judicial, que no se dictará sin conocimiento de causa y con citación de las partes.
**Artículo 163.** *Parientes.* Ni en la Corte Suprema de Justicia, ni en ningún otro tribunal colegiado pueden ser simultáneamente jueces, en un mismo tribunal, los parientes, ni conocer en diferentes instancias en el mismo asunto.
**Artículo 164.** *Regulación de procedimientos.* (Derogado) La Corte Suprema de Justicia dictará las normas prácticas de interpretación general que sean convenientes para uniformar la aplicación de las leyes procesales. Tales normas deberán ser publicadas en el Diario Oficial.
> Nota de la fuente: (SUPRIMIDO por Artículo 23 del Decreto 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Suprimido por el artículo 23 del Decreto 64-90 (1990)
**Artículo 165.** *Forma de actuaciones.* Los actos procesales para los cuales la ley no prescribe una forma determinada, los realizarán los jueces de tal manera que logren su finalidad.
> Nota de la fuente: (REFORMADO por Artículo 24 del Decreto 64-90 del Congreso de la República)
- Reforma: Reformado por el artículo 24 del Decreto 64-90 (1990)
**Qué significa:** Cuando la ley no fija una forma determinada para un acto procesal, los jueces deciden cómo realizarlo. Lo que debe importar es que el acto logre su finalidad. La regla alcanza a los jueces en sus actuaciones dentro de un proceso. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 24 del Decreto 64-90 del Congreso de la República. La condición clave es que la ley no prescriba una forma. Donde la ley sí fija un modo, el juez debe seguir ese modo. El texto no dice qué ocurre si un acto cumple su finalidad pero no respeta la forma prescrita, ni regula plazos. Esos asuntos quedan para otras normas del proceso. Por ejemplo, un juez puede notificar una resolución por un medio sencillo si la ley no exige uno concreto. Lo importante es que la resolución llegue a su destinatario y cumpla su finalidad. Ese criterio guía la elección del juez.
**Artículo 166.** *Identificación.* Para que las autoridades judiciales sean reconocidas en todos los casos en que sea necesaria su intervención, y además, para que se les guarden las consideraciones debidas, usarán el distintivo que acuerde la Corte Suprema de Justicia o bien se identificarán con la credencial extendida por el Presidente del Organismo Judicial.
**Artículo 167.** (Derogado) Conocimiento de prevención. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados a la misma, tienen individualmente jurisdicción para impedir los delitos y aprehender a los delincuentes pudiendo requerir el auxilio de cualquier funcionario, empleado, agente de autoridad o particular y apremiarle en caso de renuencia, con multa de veinticinco (Q.25.00) a cien (Q.100.00) quetzales, o arresto de quince a treinta días de prisión.
> Nota de la fuente: (SUPRIMIDO por Artículo 25 del Decreto 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Suprimido por el artículo 25 del Decreto 64-90 (1990)
### Capítulo II. Relaciones entre los tribunales
**Artículo 168.** *Solidaridad judicial.* Los tribunales se prestarán mutuo auxilio para la práctica de todas las diligencias que fueren necesarias y se ordenaren en la substanciación de los asuntos judiciales.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 26 del Decreto 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 26 del Decreto 64-90 (1990)
**Artículo 169.** *Auxilio de autoridades.* Para ejecutar sus sentencias y para practicar o hacer práctica las resoluciones que dicten, los tribunales podrán requerir de las demás autoridades el auxilio de la fuerza pública que de ellas dependiere, y los otros medios de acción conducentes de que dispongan.
Requerida en forma legal, la autoridad debe prestar el auxilio sin que le corresponda calificar el fundamento con que se le
de ejecutar. En todo caso es responsable quien hubiere solicitado el auxilio de la fuerza pública.
> Nota de la fuente: (Párrafo SUPRIMIDO por Artículo 27 del Decreto 64-90 del Congreso de la República). pide, ni la justicia o legalidad de la sentencia o resolución que se trata
- Reforma: Suprimido (párrafo) por el artículo 27 del Decreto 64-90 (1990)
**Qué significa:** Los tribunales pueden pedir a otras autoridades el auxilio de la fuerza pública para ejecutar sus sentencias y practicar sus resoluciones. También pueden usar los otros medios de acción conducentes que tengan a su alcance. El artículo regula esa cooperación entre órganos. Una autoridad requerida en forma legal debe prestar el auxilio. No le corresponde calificar el fundamento con que se le pide, ni la justicia o legalidad de la sentencia o resolución. Ese es el punto que más pesa al leerlo: la autoridad cumple sin revisar el fondo. La nota indica que un párrafo fue suprimido por el Artículo 27 del Decreto 64-90 del Congreso de la República, y no da más detalle. La parte final dice que, en todo caso, es responsable quien hubiere solicitado el auxilio de la fuerza pública. El texto no explica cómo se determina esa responsabilidad. Como ejemplo, un tribunal dicta una resolución que exige un desalojo y pide el apoyo de la fuerza pública. La autoridad requerida debe prestarlo sin discutir el fundamento de la orden.
**Artículo 170.** *Comisiones.* Los magistrados, podrán cometer a los jueces de primera instancia y éstos a los jueces menores, la práctica de las diligencias expresadas en el artículo 68 cuando deban tener cumplimiento en el lugar que no sea el de su respectiva residencia.
No podrá cometerse la práctica de estas diligencias a los secretarios ni a persona alguna que no ejerza jurisdicción, salvo lo expresado en la Ley Constitucional de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad.
### Capítulo III. Certificaciones
**Artículo 171.** *Certificaciones.* Los expedientes de las actuaciones que practiquen los tribunales no deben salir fuera de la oficina, pudiendo darse a quienes lo soliciten, fotocopias simples o certificaciones. Se exceptúan de esta regla los procesos fenecidos que, con fines docentes, soliciten las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales y los demás casos que las leyes determinen. Cuando se trate de certificaciones y fotocopias parciales de los expedientes, será obligatoria la notificación de la parte contraria, si la hubiere, teniendo ésta derecho a que a su costa se complete la certificación o fotocopia solicitada con los pasajes que señale. De no hacer el depósito dentro del plazo de veinticuatro horas a partir del momento de entrega al tribunal de su solicitud, se emitirá la copia en los términos originariamente solicitados.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 28 del Decreto 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 28 del Decreto 64-90 (1990)
**Qué significa:** Los expedientes de las actuaciones de los tribunales no deben salir de la oficina. A quien lo solicite se le pueden dar fotocopias simples o certificaciones. Se exceptúan los procesos fenecidos que las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales pidan con fines docentes, y los demás casos que determinen las leyes. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 28 del Decreto 64-90. Lo que condiciona las copias parciales es la otra parte: si la hubiere, debe ser notificada. Esa parte tiene derecho a que, a su costa, se complete la certificación o fotocopia con los pasajes que señale. El texto también fija veinticuatro horas desde la entrega de la solicitud al tribunal para hacer el depósito. Si no se deposita en ese plazo, la copia se emite en los términos originalmente solicitados. Caso práctico: una persona necesita solo algunas hojas de un expediente. Puede pedir una certificación parcial, pero la notificación a la parte contraria es obligatoria si la hay.
**Artículo 172.** *Copia certificada.* Se comprende bajo la denominación de copia certificada o certificación la que se extienda a mano, a máquina o utilizando cualquier medio de reproducción mecánica, electrónica u otro similar, y cuya autenticidad certifiquen los secretarios de los tribunales. En las copias certificadas o certificaciones se consignará el valor del papel empleado o de los timbres fiscales y de los honorarios que causen.
**Qué significa:** La copia certificada, o certificación, puede extenderse a mano, a máquina o con cualquier medio de reproducción mecánica, electrónica u otro similar. Su autenticidad la certifican los secretarios de los tribunales. La condición central es quién certifica: el texto señala a los secretarios de los tribunales, no a cualquier persona. Sobre el costo, el artículo solo dice que se consignará el valor del papel o de los timbres fiscales y los honorarios que causen. Ejemplo: una persona pide una copia certificada de un documento de un expediente. Verifica que el secretario del tribunal haya certificado su autenticidad y que se haya consignado el valor del papel o de los timbres fiscales. Lo que el artículo no dice es cuánto cuesta cada certificación; los montos quedan para otras normas. Tampoco regula quién puede pedirla.
**Artículo 173.** *Copia secretarial.* Si el secretario del tribunal fuere notario, podrá dar fe plena de las actuaciones judiciales de que conozca el tribunal al cual sirve, sin precisar la intervención de ningún otro funcionario, bajo su responsabilidad, dejando razón en los autos.
**Artículo 174.** *Recursos pendientes.* En toda certificación de resoluciones que se extienda, se hará constar si existe o no recurso pendiente.
**Artículo 175.** *Razón en los autos.* En los expedientes o actuaciones pondrá el secretario, bajo su responsabilidad, razón de la fecha en que se diere la copia, haciendo una relación suscinta de ella.
**Artículo 176.** *Trámite de devolución.* Cuando las partes necesiten sacar de las actuaciones en curso, los testimonios o documentos que hubieren presentado, se les mandará devolver dejándolos certificados en las actuaciones o mediante la presentación por parte del solicitante de copia certificada o legalizada por notario. Cuando se trate de originales únicos, documentos simples legalizados o reconocidos, correspondencia epistolar, y demás que no sea posible obtener reposición idéntica, no podrán devolverse, salvo los documentos que sirvan de título ejecutivo y los títulos de crédito. En este caso, se devolverán debidamente razonados previa notificación a las partes y dejando fotocopia certificada en autos.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 29 del Decreto 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 29 del Decreto 64-90 (1990)
**Qué significa:** Si una parte necesita sacar un testimonio o documento que presentó en actuaciones en curso, se le mandará devolver. La devolución puede hacerse dejándolo certificado en las actuaciones o presentando una copia certificada o legalizada por notario. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 29 del Decreto 64-90. Lo decisivo es el tipo de documento. Los originales únicos, los documentos simples legalizados o reconocidos, la correspondencia epistolar y los demás que no se puedan reponer de forma idéntica no pueden devolverse. Hay excepciones: los documentos que sirvan de título ejecutivo y los títulos de crédito sí se devuelven, debidamente razonados, previa notificación a las partes y dejando fotocopia certificada en autos. Ejemplo: una persona presentó un título de crédito original en un juicio y ahora lo necesita para otro trámite. Como ese documento está en la excepción, se le devuelve razonado, tras notificar a las partes, y el expediente conserva una fotocopia certificada. El texto no explica cómo reponer los documentos que no se devuelven; eso queda para otras normas.
**Artículo 177.** *Otras oficinas.* Las disposiciones de este capítulo son aplicables a las certificaciones que se extiendan en cualquier otra dependencia u oficina del Estado, así como a constancias de actos o hechos, o a la existencia o no de documentos, razones o actuaciones en los expedientes.
### Capítulo IV. Apremios y multas
**Artículo 178.** *Apremios.* Los apremios son: apercibimiento, multa o conducción personal, que se aplicarán según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 15 del Decreto 11- 93 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 15 del Decreto 11-93 (1993)
**Qué significa:** El artículo enumera los apremios: apercibimiento, multa o conducción personal. Se aplican según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa. El texto nombra tres apremios, pero no explica en qué consiste cada uno. Lo que más cambia la lectura es la frase «salvo cuando la ley disponga otra cosa». Significa que otra norma puede fijar una regla distinta a la general. El texto no detalla cómo se elige cada uno ni hasta dónde llega, así que eso queda para otras normas. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 15 del Decreto 11-93 del Congreso de la República. Por ejemplo, ante una infracción corresponde aplicar uno de estos apremios según su gravedad. Si una ley dispone otra cosa para ese caso, se sigue lo que esa ley establece.
**Artículo 179.** *Aplicación.* . Las medidas coercitivas se impondrán por los Tribunales para que sean obedecidas sus resoluciones, a las personas que han rehusado cumplirlas en los plazos correspondientes, a excepción del apercibimiento que se impondrá desde la primera resolución que establezca el mandato del Juez.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 16 del Decreto 11-93 del Congreso de la República)
- Reforma: Reformado por el artículo 16 del Decreto 11-93 (1993)
**Artículo 180.** *Sujeto.* Los apremios son aplicables a los abogados, a los representantes de las partes y a los funcionarios o empleados que dependan del tribunal, en los mismos casos que a los litigantes.
**Artículo 181.** *Plazo de aplicación.* Las partes no pueden pedir apremio, ni al juez ordenarlo, antes de vencerse el plazo señalado para cumplir el mandato judicial, salvo lo referente al diligenciamiento de pruebas en las que sea necesaria la colaboración de la contraparte, las cuales se exigirán bajo apercibimiento.
**Artículo 182.** *Reconsideración de apremio.* Contra cualquier providencia de apremio el interesado podrá pedir la reconsideración dentro de los dos días siguientes a ser notificado. La resolución del tribunal, que dictará también dentro de dos días, será apelable, si fuere dictada por un juez menor o de primera instancia. La resolución de un tribunal colegiado admitirá la reposición en el mismo plazo.
**Qué significa:** Contra una providencia de apremio, la parte interesada puede pedir reconsideración dentro de los dos días siguientes a su notificación. Ese plazo empieza con la notificación, no con la fecha de la providencia. El tribunal debe resolver esa reconsideración también en dos días. Su resolución es apelable cuando la dicta un juez menor o de primera instancia. Si la dicta un tribunal colegiado, el texto admite reposición en el mismo plazo. Ejemplo: quien recibe la notificación de una providencia de apremio cuenta con dos días desde ese momento para pedir reconsideración. Lo que pase después de ese plazo no aparece en este artículo. El plazo de dos días aparece dos veces: para pedir la reconsideración y para que el tribunal la resuelva. El artículo solo regula esos pasos y no describe el resto del proceso.
**Artículo 183.** *Apremio ilegal.* En el caso de haberse pedido y ordenado ilegalmente el apremio, quedarán obligados solidariamente el juez y la parte que lo pidió, a la reparación de los daños y perjuicios causados por el apremio.
El apremio que imponga el tribunal indebidamente o sin que conste el haberse desobedecido su resolución, se considerará como abuso de autoridad.
**Artículo 184.** *Comparecencia obligada.* Salvo disposiciones especiales de la ley, la persona que estando en el lugar se resista a comparecer ante el juez para alguna diligencia judicial, podrá ser conducida por la policía nacional. Este apremio no se aplicará para las diligencias de las notificaciones.
**Artículo 185.** *Multas.* Los tribunales tienen la obligación de imponer las multas establecidas en la Ley; y si no lo hicieren sus titulares quedarán responsables por su valor. Las partes tienen derecho de gestionar la efectividad de estas sanciones y también debe hacerlo el Ministerio Público.
**Artículo 186.** *Cuantía de las multas.* En los casos no precisados por la Ley, la multa no bajará de cinco (Q.5.00) ni excederá de cien (Q.100.00) quetzales. Quien no cubriere la multa en el plazo que se le fije incurrirá en el delito de desobediencia, sin perjuicio del pago de la multa.
**Artículo 187.** *Ingreso de las multas.* Todas las multas o conmutas que provengan de la administración de justicia ingresarán a la Tesorería del Organismo Judicial, por ser fondos privativos de este Organismo.
## Título VI. Mandatarios judiciales y abogados
### Capítulo I. Mandatarios judiciales
**Artículo 188.** *Mandatarios judiciales.* Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales, que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales, a cualquier acto siempre que tengan conocimiento de los hechos objeto del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un Abogado, para comparecer a juicio, si no tiene esa profesión.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 30 del Decreto 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 30 del Decreto 64-90 (1990)
**Qué significa:** Las personas hábiles para gestionar ante tribunales pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales si no quieren o no pueden hacerlo personalmente. Lo mismo vale para las personas jurídicas que no quieran actuar por medio de sus presidentes, gerentes o directores. Un punto que pesa es la condición de tener conocimiento de los hechos objeto del proceso, que el texto exige para comparecer a cualquier acto. Para las sociedades constituidas en el extranjero, la regla es otra: sus representantes con facultades judiciales deben sustituirlas en un Abogado para comparecer a juicio, si no tienen esa profesión. El texto no detalla cómo se acredita el mandato; eso queda para otras normas. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 30 del Decreto 64-90 del Congreso de la República. Imagina una sociedad extranjera con un representante que tiene facultades judiciales y no es abogado. Para comparecer a juicio, debe sustituirlas en un Abogado.
**Artículo 189.** *Forma de los mandatos.* El mandato debe conferirse en escritura pública para los asuntos que se ventilen en la forma escrita, y su testimonio deberá registrarse en el Archivo General de Protocolos de la Presidencia del Organismo Judicial y en los registros que proceda conforme a la Ley.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 17 del Decreto 11-93 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 17 del Decreto 11-93 (1993)
**Artículo 190.** *Facultades.* Los mandatarios judiciales por el solo hecho de su nombramiento, tendrán las facultades suficientes para realizar toda clase de actos procesales. Necesitan facultades especialmente conferidas para:
a) Prestar confesión y declaración de parte.
b) Reconocer y desconocer parientes.
c) Reconocer firmas.
d) Someter los asuntos a la decisión de árbitros, nombrarlos o proponerlos.
e) Denunciar delitos y acusar criminalmente.
f) Iniciar o aceptar la separación o el divorcio, para asistir a las juntas de reconciliación y resolver lo más favorable a su poderdante; y para intervenir en juicio de nulidad de matrimonio.
g) Prorrogar competencia.
h) Allanarse y desistir del juicio, de los ocursos, recursos, incidentes, excepciones y de las recusaciones, así como para renunciarlos.
i) Celebrar transacciones y convenios con relación a litigio.
j) Condonar obligaciones y conceder esperas y quitas.
k) Solicitar o aceptar adjudicaciones de bienes en pago.
l) Otorgar perdón en los delitos privados.
m) Aprobar liquidaciones y cuentas.
n) Sustituir el mandato total o parcialmente, reservándose o no su ejercicio y otorgar los mandatos especiales para los que estuviere facultado.
ñ) Los demás casos establecidos en las demás leyes.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 31 del Decreto 64-90, y por Artículo 18 del Decreto 11-93, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 31 del Decreto 64-90 (1990)
- Reforma: Reformado por el artículo 18 del Decreto 11-93 (1993)
**Qué significa:** Por el solo hecho de su nombramiento, los mandatarios judiciales tienen facultades suficientes para realizar toda clase de actos procesales. Sin embargo, ciertos actos exigen facultades especialmente conferidas. El texto las enumera desde la literal a) hasta la ñ). Entre esos actos figuran prestar confesión y declaración de parte, reconocer firmas, denunciar delitos y acusar criminalmente, desistir del juicio y celebrar transacciones sobre un litigio. También requieren facultad especial condonar obligaciones y aprobar liquidaciones. Lo importante es que el nombramiento solo no basta para ellos. Un caso práctico: un mandatario judicial nombrado en un juicio civil puede presentar escritos y pruebas, pero necesita facultad especial para desistir del juicio o para celebrar una transacción sobre el litigio. La última literal remite a los casos que fijen otras leyes. La nota indica que el artículo fue reformado por el Decreto 64-90 y por el Decreto 11-93. El texto no explica cómo se otorgan esas facultades especiales; eso queda para otras normas.
**Artículo 191.** *Obligaciones de los mandatarios judiciales.* Son obligaciones de los mandatarios judiciales:
a) Acreditar su representación.
b) No desamparar el asunto en que hubiesen gestionado mientras no hayan sido reemplazados en su ejercicio.
c) Satisfacer los gastos necesarios que les corresponda para el curso del asunto.
d) Cumplir con las demás obligaciones de los mandatarios en general y las que les impongan otras leyes y los reglamentos respectivos.
**Artículo 192.** *Prohibiciones y responsabilidades.* Los mandatarios están sujetos a las prohibiciones de los abogados e incurren en igual responsabilidad que ellos.
**Artículo 193.** *Impedimentos.* No pueden ser mandatarios judiciales:
a) Los que por sí mismos no pueden gestionar en asuntos judiciales.
b) Los que tengan auto de prisión o condena pendiente, por cualquier delito, por el tiempo fijado en la sentencia.
c) Quienes no sean Abogados salvo cuando se trate de la representación del cónyuge, de su conviviente cuya unión de hecho estuviere inscrita en el Registro Civil respectivo, y de sus parientes dentro de los grados de ley o cuando el mandato se otorgue para ejercitarlo ante los juzgados menores y únicamente en asuntos que no excedan de quinientos (Q.500.00) quetzales o ante jueces o tribunales en cuya jurisdicción no ejerzan más de tres abogados.
d) Los magistrados, jueces, funcionarios y empleados del Organismo Judicial y los pasantes y meritorios de los tribunales.
e) Los funcionarios y empleados remunerados del Organismo Ejecutivo, con excepción de los que ejercen la docencia o desempeñen cualquier cargo que no sea de tiempo completo.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 32 del Decreto 64-90 del Congreso de la República). (Literal REFORMADO por Artículo 32 del Decreto 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 32 del Decreto 64-90 (1990)
- Reforma: Reformado (literal) por el artículo 32 del Decreto 64-90 (1990)
**Qué significa:** Quienes no pueden gestionar por sí mismos asuntos judiciales no pueden ser mandatarios. Tampoco pueden serlo quienes tengan auto de prisión o condena pendiente por cualquier delito, por el tiempo fijado en la sentencia. Quienes no sean abogados quedan impedidos, con excepciones: pueden representar a su cónyuge, a su conviviente cuya unión de hecho esté inscrita en el Registro Civil y a sus parientes dentro de los grados de ley. También se permite cuando el mandato sea para juzgados menores y asuntos que no excedan de quinientos (Q.500.00) quetzales, o ante jueces o tribunales en cuya jurisdicción no ejerzan más de tres abogados. Magistrados, jueces, funcionarios y empleados del Organismo Judicial, y los pasantes y meritorios de los tribunales, tampoco pueden serlo. Lo mismo aplica a funcionarios y empleados remunerados del Organismo Ejecutivo, salvo quienes ejercen la docencia o cargos que no son de tiempo completo. Un caso práctico: un empleado del Organismo Judicial no puede aceptar un mandato judicial, según el literal d). La nota indica que el artículo y su literal fueron reformados por el Decreto 64-90 del Congreso.
**Artículo 194.** *Revocatoria de mandato.* La revocatoria de un mandato no surtirá efecto en un asunto en que estuviere actuando el mandatario, mientras el mandante no manifieste en forma legal al juez, que se apersona en el asunto y que fija para recibir notificaciones una casa en la población donde el Tribunal tiene su asiento o mientras otra persona no compruebe en el proceso que ha subrogado al mandatario y fije la residencia a que se refiere este artículo.
Si el mandatario cuyo mandato ha sido revocado quedare inhabilitado, se ordenará la inmediata presentación del sustituto, con el apercibimiento de nombrar defensor judicial, si no se verifica.
**Artículo 195.** *Supletoriedad.* Las disposiciones de este capítulo son aplicables a cualesquiera otros representantes de las partes.
### Capítulo II. Abogados
**Artículo 196.** *Calidad de Abogado.* Para ejercer la profesión de abogado, se requiere el título correspondiente; ser colegiado activo; estar inscrito en el Registro de Abogados que se lleva en la Corte Suprema de Justicia; estar en el goce de derechos ciudadanos; y no tener vigente ninguna clase de suspensión. Ninguna autoridad judicial, administrativa o de otra índole, puede limitar el ejercicio de la profesión de Abogado, salvo que esté fundada en ley.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 33 del Decreto 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 33 del Decreto 64-90 (1990)
**Qué significa:** Para ejercer como abogado hay cinco requisitos. Son cinco. Se necesita el título correspondiente, ser colegiado activo, estar inscrito en el Registro de Abogados de la Corte Suprema de Justicia, estar en goce de los derechos ciudadanos, y no tener vigente ninguna suspensión. El segundo párrafo protege el ejercicio de la profesión. Ninguna autoridad judicial, administrativa o de otro tipo puede limitarlo, salvo que la limitación esté fundada en ley. La regla tiene dos caras. Por un lado, exige requisitos formales para ejercer. Por otro, impide que una autoridad limite el ejercicio por decisión propia, sin base legal. En la práctica: una persona tiene su título pero no está inscrita en el Registro de Abogados. Según el texto, no cumple uno de los requisitos para ejercer la profesión. El texto no dice cómo se obtiene la colegiación ni cómo se levanta una suspensión. Esos procedimientos corresponden a otras normas. El artículo anterior, art. 195 LOJ, trata de la supletoriedad. El artículo siguiente, art. 197 LOJ, regula la actuación de los abogados.
**Artículo 197.** *Actuación de los abogados.* Las demandas, peticiones y memoriales que se presenten a los tribunales de justicia deberán ser respaldados con la firma y sello de abogado colegiado, y sin ese requisito no se dará curso a ninguna gestión. El abogado es responsable del fondo y de la forma de los escritos que autorice con su firma. No es necesaria la intervención de un abogado en los asuntos verbales de que conozcan los juzgados menores, en las gestiones del Ministerio Público, cuando el cargo no esté servido por profesional; y en los demás casos previstos por otras leyes.
**Qué significa:** Las demandas, peticiones y memoriales que se presentan a los tribunales deben llevar la firma y el sello de un abogado colegiado. Sin ese requisito, no se da curso a ninguna gestión. El abogado responde por el fondo y la forma de los escritos que autoriza con su firma. Su firma lo hace responsable de lo que el escrito contiene. Lo que más cambia la lectura es la lista de excepciones: no es necesaria la intervención de un abogado en asuntos verbales de juzgados menores, en gestiones del Ministerio Público cuando el cargo no esté servido por profesional, y en los demás casos que prevean otras leyes. Ejemplo: una persona presenta por escrito una petición ante un tribunal. El escrito necesita la firma y el sello de un abogado colegiado para que se le dé curso. En cambio, en un asunto verbal ante un juzgado menor, el texto dice que no es necesaria esa intervención. El texto no dice cómo se verifica la colegiación; eso queda para otras normas.
**Artículo 198.** *Derechos de los abogados.* Los tribunales y jueces dejarán a los abogados en la justa libertad que deben tener para sostener por escrito y de palabra los derechos de sus clientes. Los abogados deben proceder con arreglo a las leyes y con el respecto debido a los tribunales y autoridades; serán citados por éstas con el decoro correspondiente y no se les interrumpirá ni desconcertará cuando hablen en estrados, ni se coartará directa ni indirectamente el libre desempeño de su alta investidura e igual trato deberán darles las autoridades, funcionarios y empleados de la Administración Pública de cualquier jerarquía. Los tribunales darán a los abogados el trato respetuoso inherente a su investidura.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 34 del Decreto 64-90 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 34 del Decreto 64-90 (1990)
**Qué significa:** Los jueces y tribunales deben dejar a los abogados la justa libertad para sostener por escrito y de palabra los derechos de sus clientes. A la vez, los abogados deben proceder con arreglo a las leyes y con el respeto debido a tribunales y autoridades. Cuando se les cite, debe hacerse con el decoro correspondiente, y no se les puede interrumpir ni desconcertar al hablar en estrados. Las autoridades, funcionarios y empleados de la Administración Pública deben darles igual trato, de cualquier jerarquía. Lo que más pesa es la expresión «justa libertad»: el texto protege el libre desempeño de la defensa, pero no fija límites exactos para cada audiencia. Tampoco dice qué pasa si alguien incumple el trato respetuoso; eso queda para otras normas. En la práctica: una abogada expone en estrados los argumentos de su cliente y, según el artículo, no debe ser interrumpida ni desconcertada mientras habla. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 34 del Decreto 64-90 del Congreso de la República.
**Artículo 199.** *Impedimentos.* No podrán actuar como abogados:
a) Los incapacitados.
b) Quienes tengan auto de prisión o condena pendiente por el tiempo fijado en la sentencia respectiva y quienes estando comprendidos en los casos anteriores, gozaren de libertad con base en las facultades, que para otorgarla tiene el Juez.
c) Quienes no puedan ser mandatarios judiciales, salvo el caso de que actúen en caso propio, de su cónyuge, de su conviviente cuya unión de hecho estuviere inscrita en el Registro Civil respectivo, o de sus hijos menores de edad.
d) Quienes hubieren sido declarados inhábiles de conformidad con la Ley.
e) Los funcionarios y empleados de los Organismos Ejecutivo y Legislativo; con excepción de los que ejercen docencia o desempeñen cualquier cargo que no sea de tiempo completo. Los Diputados al Congreso de la República, no están comprendidos en esta prohibición.
f) Los funcionarios y empleados públicos que laboren a tiempo completo que han sido nombrados precisamente para actuar como abogados, sólo podrán hacerlo para la dependencia en la que presten sus servicios.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 35 del Decreto 64-90, por Artículo 5 del Decreto 75-90, y por Artículo 11 del Decreto 112-97, todos del Congreso de la República). (Literal REFORMADO por Artículo 5 del Decreto 75-90 del Con- greso de la República). (Literal ADICIONADO por Artículo 11 del Decreto 112-97 del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 35 del Decreto 64-90 (1990)
- Reforma: Reformado por el artículo 5 del Decreto 75-90 (1990)
- Reforma: Reformado por el artículo 11 del Decreto 112-97 (1997)
- Reforma: Reformado (literal) por el artículo 5 del Decreto 75-90 (1990)
- Reforma: Adicionado (literal) por el artículo 11 del Decreto 112-97 (1997)
**Artículo 200.** *Obligaciones.* Son obligaciones de los abogados:
a) Guardar lealtad procesal a las partes y al tribunal. Comportarse en su conducta pública y profesional con decencia, honorabilidad y decoro. Su vida privada debe ser compatible con tales calificaciones.
b) Alegar por escrito o de palabra, sin faltar a la verdad de los hechos, ni contra las disposiciones legales.
c) Defender gratuitamente a los declarados pobres y a los procesados que no nombren defensor. Los jueces cuidarán de distribuir equitativamente, entre los abogados de su jurisdicción la defensa de los pobres, y tienen facultad para imponer a aquellos, multas de cinco (Q. 5.00) a veinticinco (Q. 25.00) quetzales, cuando sin justa causa no cumplan su deber.
**Qué significa:** Los abogados tienen tres obligaciones en este artículo. La primera es guardar lealtad procesal a las partes y al tribunal, y comportarse con decencia, honorabilidad y decoro en su conducta pública y profesional. Su vida privada debe ser compatible con esas calificaciones. La segunda es alegar por escrito o de palabra sin faltar a la verdad de los hechos ni contra las disposiciones legales. La tercera es defender gratuitamente a los declarados pobres y a los procesados que no nombren defensor. Los jueces reparten equitativamente entre los abogados de su jurisdicción la defensa de los pobres. Pueden imponer multas de cinco (Q. 5.00) a veinticinco (Q. 25.00) quetzales a quien, sin justa causa, no cumpla su deber. El texto no fija otras sanciones ni explica cómo se decide la multa dentro de ese rango. Un caso práctico: un abogado recibe la defensa de una persona declarada pobre que aún no tiene defensor. Si sin justa causa no cumple su deber, el juez puede imponerle una multa de cinco a veinticinco quetzales.
**Artículo 201.** *Prohibiciones.* Es prohibido a los abogados:
a) Actuar en los juicios en que el juez tuviere que excusarse o pudiera ser recusado a causa de la intervención del profesional.
b) Invocar leyes supuestas o truncadas.
c) Revelar el secreto de su cliente.
d) Abandonar, sin justa causa, los asuntos que hubiere comenzado a defender.
e) Interrumpir el discurso o declaración de la parte contraria o de su abogado.
f) Exigir a su cliente honorarios mayores que los concertados o los que fijan los aranceles.
g) Defender a una parte después de haber principiado la defensa de la otra en el mismo asunto.
h) Ser fiadores o prestar garantía en ninguna clase de procesos salvo en causa propia, de su cónyuge o de sus parientes en grado de ley.
i) Faltar al cumplimiento de las demás obligaciones que prescriben las leyes y reglamentos.
Los tribunales están obligados a proceder conforme a esta Ley, en los casos de infracción de éste artículo.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 36 del Decreto 64-90 del Congreso de la República). (SUPRIMIDO por Artículo 36 del Decreto 64-90 del Congreso de la República)
- Reforma: Reformado por el artículo 36 del Decreto 64-90 (1990)
- Reforma: Suprimido (en parte) por el artículo 36 del Decreto 64-90 (1990)
**Qué significa:** El artículo enumera nueve prohibiciones para los abogados, de la letra a) a la i). Entre ellas están revelar el secreto de su cliente, abandonar sin justa causa los asuntos que empezó a defender y exigir honorarios mayores que los concertados o los que fijan los aranceles. La expresión «sin justa causa», del literal d), no se define en este artículo. El literal a) prohíbe actuar en juicios donde el juez tuviera que excusarse o pudiera ser recusado por la intervención del abogado. El literal h) prohíbe ser fiador o dar garantía salvo en causa propia, de su cónyuge o de sus parientes en grado de ley. Caso práctico: un abogado que ya defiende a una parte no puede, en el mismo asunto, empezar a defender a la otra. Eso cae en el literal g). Las faltas a las demás obligaciones que prescriben las leyes y reglamentos están en el literal i). Los tribunales deben proceder conforme a esta Ley cuando haya infracción de este artículo. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 36 del Decreto 64-90 del Congreso de la República y registra también una supresión por ese mismo artículo, sin precisar qué parte se suprimió.
**Artículo 202.** *Responsabilidad.* Los abogados son responsables de los daños y perjuicios que sufran sus clientes por su ignorancia, culpa, dolo, descuido, negligencia o mala fe comprobadas.
**Artículo 203.** *Sanciones.* Por la interposición de recursos frívolos o impertinentes que evidentemente tiendan a entorpecer los procedimientos, y por la presentación de escritos injuriosos o con evidente malicia, será sancionado el abogado, las dos primeras veces con multa de doscientos a mil quetzales y la tercera, con separación de la dirección y procuración del asunto, sin perjuicio de otras sanciones que pudiere imponer el Colegio de Abogados y Notarios, en aras de la adecuada disciplina y prestigio del gremio.
Contra la resolución que decreta multas o la separación, cabe el recurso de apelación, pero si se tratare de tribunales colegiados, sólo cabe la reposición, garantizando en todo caso al presunto responsable el derecho de defensa y el debido proceso. Tal recurso no interrumpirá el curso del asunto en trámite. Esta cuestión será tramitada en incidente y en cuerda separada.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 10 del Decreto 59-2005 del Congreso de la República)
- Reforma: Reformado por el artículo 10 del Decreto 59-2005 (2005)
**Qué significa:** Esta norma sanciona al abogado que interpone recursos frívolos o impertinentes que evidentemente tiendan a entorpecer los procedimientos, o que presenta escritos injuriosos o con evidente malicia. Las dos primeras veces, la sanción es multa de doscientos a mil quetzales. La tercera vez, es separación de la dirección y procuración del asunto. Sin perjuicio de esas sanciones, el Colegio de Abogados y Notarios puede imponer otras para la disciplina y el prestigio del gremio. Contra la resolución que decreta multas o separación cabe apelación, salvo en tribunales colegiados, donde solo cabe reposición. El recurso no interrumpe el asunto en trámite, y el texto garantiza al presunto responsable el derecho de defensa y el debido proceso. Por ejemplo, un abogado que presenta un escrito injurioso contra la otra parte recibirá una multa de doscientos a mil quetzales si es su primera o segunda vez. Lo que el texto no detalla son las otras sanciones del Colegio; eso no lo precisa el artículo. La nota indica que el artículo fue reformado por el Artículo 10 del Decreto 59-2005 del Congreso de la República.
**Artículo 204.** *Consecuencias de las sanciones.* Todas las inhabilitaciones se decretarán por el tribunal que conozca del asunto, haciéndose saber a la Corte Suprema de Justicia; ésta lo comunicará a su vez a los demás tribunales y al Colegio de Abogados, ordenando que se haga la correspondiente anotación en el Registro de Abogados y que se publique en el Diario Oficial y en la Gaceta de los Tribunales.
## Título VII. Disposiciones transitorias y finales
### Capítulo Único
**Artículo 205.** *Interpretación de plazos.* Los términos y plazos que hubiesen empezado a correr y las diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.
**Artículo 206.** *Términos.* En las disposiciones en las que se utilice la palabra término o se expresa únicamente número de días, se entenderá que se trata de plazo y se estará a lo dispuesto en la presente ley.
**Artículo 207.** *Epígrafes.* Los epígrafes que encabezan los artículos de esta Ley no tienen más valor ni función que el de facilitar la consulta y carecen de carácter legal.
**Artículo 208.** *Derogatorias.* Se derogan la Ley del Organismo Judicial, contenida en el Decreto número 1762 del Congreso de la República y las leyes que la modificaron: Decretos números 74-70 y 78-72 del Congreso de la República, y Decreto Ley 56-83, salvo en lo relativo a las dependencias de la Presidencia del Organismo Judicial, hasta que sean emitidos los nuevos reglamentos.
Las normas procesales de la presente ley prevalecen sobre las disposiciones contenidas en otras leyes.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 12 del Decreto 112-97 y Artículo 10 Decreto 59-2005 ambos del Congreso de la República) (Párrafo adicionado por Artículo 12 del Decreto 112-97, y SUPRIMIDO por Artículo 11 del Decreto 59-2005 del Congreso de la República). *(NOTA: Ver Acuerdo 49-2002 de la Corte de Constitucionalidad, de fecha 8 de agosto de 2002, sobre la interpretación del artículo 208 de esta ley).
- Reforma: Reformado por el artículo 12 del Decreto 112-97 (1997)
- Reforma: Reformado por el artículo 10 del Decreto 59-2005 (2005)
- Reforma: Adicionado (párrafo) por el artículo 12 del Decreto 112-97 (1997)
- Reforma: Suprimido (párrafo) por el artículo 11 del Decreto 59-2005 (2005)
**Artículo 209.** *Vigencia.* La presente ley entrará en vigencia el día 31 de diciembre de 1990.
> Nota de la fuente: (Reformado por Artículo 1 del Decreto 27-89, y por Artículo 1 del Decreto 29-90, ambos del Congreso de la República).
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 27-89 (1989)
- Reforma: Reformado por el artículo 1 del Decreto 29-90 (1990)
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