LFT · Art. 5

Artículo 5 de la Ley contra el Financiamiento del Terrorismo

Agravante especial

Derogado

Capítulo II. De los delitos, los responsables y las penas

CENADOJ, Organismo Judicial — Compilación de Leyes Penales de Guatemala, 4a. ed. · Texto al 31 de mayo de 2025 · Actualizado en Códice el · Alcance y aviso · Metodología

Quien siendo empleado o funcionario público cometiere el delito de financiamiento del terrorismo, con ocasión del ejercicio de su cargo, le será aplicable la misma pena aumentada en una tercera parte. Además, se le impondrá la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo o empleo público, por el doble del tiempo de la pena privativa de libertad.

Historial de reformas

  1. 2026

    Derogado

    Decreto 15-2026, art. 126

  2. Corte

    Sin vigencia

    Según la fuente, con fecha de corte al

Nota de la fuente: Derogado por el artículo 126 del Decreto Número 15-2026 del Congreso de la República (Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo), vigente desde el 17 de septiembre de 2026.

Dónde está en la ley

  1. Capítulo II. De los delitos, los responsables y las penas
  2. Artículo 5

Leer desde este artículo, en su tramo de la ley.

Cómo citar

Art. 5, Ley contra el Financiamiento del Terrorismo de Guatemala (Decreto 58-2005), texto al 31 de mayo de 2025, codicegt.com/ley-financiamiento-del-terrorismo/articulo-5/

También en Markdown y JSON.

Fuente

Ley contra el Financiamiento del Terrorismo (Decreto 58-2005 del Congreso de la República). Texto según CENADOJ, Organismo Judicial — Compilación de Leyes Penales de Guatemala, 4a. ed. (copia archivada en Internet Archive), al 31 de mayo de 2025.

Fuente oficial: Decreto 58-2005 — Congreso de la República (congreso.gob.gt).

La derogó el artículo 126 del Decreto Número 15-2026 del Congreso de la República (Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo), vigente desde el 17 de septiembre de 2026, que la sustituye (ver Ley Integral Antilavado). Según el artículo 119 de ese decreto, los expedientes y trámites iniciados al amparo de esta ley se resuelven con base en las leyes vigentes a la fecha de su inicio. Texto conservado solo como referencia.

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