Libro Segundo. Parte especial · Título I. De los delitos contra la vida y la integridad de la persona · Capítulo IV. De la agresión y disparo de arma de fuego
CENADOJ, Organismo Judicial · Texto al 31 de enero de 2024 · Actualizado en Códice el · Alcance y aviso · Metodología
Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es aplicable cuando concurran las circunstancias necesarias para constituir tentativa de delito que tenga señalada pena mayor.
Qué significa
Las reglas de los dos artículos anteriores dejan de aplicarse cuando concurren las circunstancias necesarias para constituir tentativa de delito que tenga señalada pena mayor. Para saber qué reglas quedan desplazadas hay que leer esos dos artículos, que este texto no reproduce. Tampoco crea una conducta punible: solo indica cuándo esas reglas anteriores no se aplican.
La exclusión exige que se den las circunstancias de una tentativa, no cualquier acto dañino. Además, el delito intentado debe tener señalada pena mayor. La pena concreta no aparece aquí; hay que consultarla en la norma que tipifica ese delito.
En la práctica, si una persona intenta un delito con pena mayor y las circunstancias corresponden a una tentativa, el caso queda fuera de lo dispuesto en esos dos artículos anteriores. Si faltan esas circunstancias, el texto no contempla esa salida.
Explicación de Códice en palabras sencillas. El texto oficial es el de arriba y no es asesoría legal. Cómo la escribimos.
Reformas posteriores al corte de este texto, según la Compilación de Leyes Penales de Guatemala, 4a. ed. (CENADOJ, actualizada al 31 de mayo de 2025): el Decreto 2-2024 (Ley de Tarjetas de Crédito) cambió el nombre del Capítulo II («De la falsificación de documentos y tarjetas de crédito»), adicionó sus secciones I y II y los artículos 327 «B» a 327 «E»; el Decreto 2-2025 reformó el artículo 327 B (agravación por delitos migratorios) y adicionó el 327 «G»; el Decreto 3-2025 adicionó el artículo 202 Quinquies; y el Decreto 32-2024 (Ley de Competencia) derogó los artículos 340 y 341. Códice aplicó las reformas del Decreto 15-2026 (Ley Integral Antilavado, vigente desde el 17 de septiembre de 2026) a los artículos 391 y 474 (numeral 4º), según el decreto publicado en el Diario de Centro América el 17 de junio de 2026.