Libro Segundo. Parte especial · Título V. De los delitos contra el orden jurídico familiar y contra el estado civil · Capítulo I. De la celebración de matrimonios ilegales
CENADOJ, Organismo Judicial · Texto al 31 de enero de 2024 · Actualizado en Códice el · Alcance y aviso · Metodología
Quien, sin estar legalmente autorizado, celebrare un matrimonio, civil o religioso, será sancionado con multa de doscientos a dos mil quetzales, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a otros delitos en que pudo incurrir.
Qué significa
El Código Penal castiga con multa a quien, sin estar legalmente autorizado, celebre un matrimonio, civil o religioso. La multa va de doscientos a dos mil quetzales. Aplica a quien celebra una boda sin tener esa autorización legal.
Lo central es la frase «sin estar legalmente autorizado»: la conducta se define por esa falta de autorización. El texto aclara que la multa no reemplaza las sanciones de otros delitos en que la persona pudo incurrir, pues habla de «sin perjuicio». El artículo no dice qué requisitos da la autorización legal ni quién la otorga.
En la práctica: una persona sin autorización legal celebra una ceremonia que parece una boda civil o religiosa. Por ese hecho, el artículo prevé una multa de doscientos a dos mil quetzales. Si esa conducta también encaja en otro delito, el texto deja a salvo esa responsabilidad adicional.
Explicación de Códice en palabras sencillas. El texto oficial es el de arriba y no es asesoría legal. Cómo la escribimos.
Reformas posteriores al corte de este texto, según la Compilación de Leyes Penales de Guatemala, 4a. ed. (CENADOJ, actualizada al 31 de mayo de 2025): el Decreto 2-2024 (Ley de Tarjetas de Crédito) cambió el nombre del Capítulo II («De la falsificación de documentos y tarjetas de crédito»), adicionó sus secciones I y II y los artículos 327 «B» a 327 «E»; el Decreto 2-2025 reformó el artículo 327 B (agravación por delitos migratorios) y adicionó el 327 «G»; el Decreto 3-2025 adicionó el artículo 202 Quinquies; y el Decreto 32-2024 (Ley de Competencia) derogó los artículos 340 y 341. Códice aplicó las reformas del Decreto 15-2026 (Ley Integral Antilavado, vigente desde el 17 de septiembre de 2026) a los artículos 391 y 474 (numeral 4º), según el decreto publicado en el Diario de Centro América el 17 de junio de 2026.