Libro Segundo. Parte especial · Título XIII. De los delitos contra la administración pública · Capítulo II. De los delitos cometidos por funcionarios o por empleados públicos
CENADOJ, Organismo Judicial · Texto al 31 de enero de 2024 · Actualizado en Códice el · Alcance y aviso · Metodología
El funcionario o empleado público que ordenare abrir, abriere o consintiere que otro abra papeles o documentos cerrados cuya custodia le estuviere confiada, será sancionado con multa de doscientos a dos mil quetzales.
Qué significa
El funcionario o empleado público que ordene abrir, abra o consienta que otro abra papeles o documentos cerrados recibe multa de doscientos a dos mil quetzales. El delito recae sobre quien tiene a su cargo esos papeles, pues la norma exige que la custodia le esté confiada.
La clave está en la custodia. Quien no tiene confiados los documentos queda fuera de esta descripción, aunque sea funcionario. El artículo castiga tanto al que abre como al que consiente que otro abra, así que no hace falta ser quien rompe el cierre. El texto no define qué se considera documento cerrado ni cómo se acredita que la custodia fue confiada; esos detalles quedan para otras normas.
Ejemplo: un encargado de un archivo recibe una caja de expedientes sellados y permite que un colega la abra. Esa conducta encaja en el texto, porque el encargado tenía la custodia y consintió la apertura.
El artículo solo fija una multa, sin prisión ni otras penas. No dice cuánto dura el proceso ni cómo se paga la multa.
Explicación de Códice en palabras sencillas. El texto oficial es el de arriba y no es asesoría legal. Cómo la escribimos.
Reformas posteriores al corte de este texto, según la Compilación de Leyes Penales de Guatemala, 4a. ed. (CENADOJ, actualizada al 31 de mayo de 2025): el Decreto 2-2024 (Ley de Tarjetas de Crédito) cambió el nombre del Capítulo II («De la falsificación de documentos y tarjetas de crédito»), adicionó sus secciones I y II y los artículos 327 «B» a 327 «E»; el Decreto 2-2025 reformó el artículo 327 B (agravación por delitos migratorios) y adicionó el 327 «G»; el Decreto 3-2025 adicionó el artículo 202 Quinquies; y el Decreto 32-2024 (Ley de Competencia) derogó los artículos 340 y 341. Códice aplicó las reformas del Decreto 15-2026 (Ley Integral Antilavado, vigente desde el 17 de septiembre de 2026) a los artículos 391 y 474 (numeral 4º), según el decreto publicado en el Diario de Centro América el 17 de junio de 2026.