Libro Segundo. Parte especial · Título XV. De los juegos ilícitos · Capítulo Único. Juegos ilícitos
CENADOJ, Organismo Judicial · Texto al 31 de enero de 2024 · Actualizado en Códice el · Alcance y aviso · Metodología
Los empresarios y expendedores de billetes de loterías o rifas, no autorizadas legalmente, serán sancionados con multa de cincuenta un mil quetzales.
Qué significa
Este artículo sanciona a los empresarios y a los expendedores de billetes de loterías o rifas que no estén autorizadas legalmente. Alcanza tanto a quien está al frente del negocio de la lotería o rifa como a quien vende sus billetes. La sanción es multa de cincuenta un mil quetzales, según la redacción del texto.
La redacción de la multa es confusa: el texto dice «cincuenta un mil quetzales», sin separador entre las cifras, y no permite leer con certeza el monto exacto. Conviene confirmar la cifra en la publicación oficial antes de citarla. La condición central es la falta de autorización legal: una lotería o rifa autorizada no entra en este supuesto. El texto no dice qué autoridad concede esa autorización; eso queda en otras normas.
Por ejemplo, una persona que vende en su tienda billetes de una rifa sin autorización legal encaja en el supuesto, igual que el empresario que organiza esa rifa. Lo que decide el caso es si la rifa tiene autorización, no el tamaño del negocio ni la cantidad de billetes vendidos.
Explicación de Códice en palabras sencillas. El texto oficial es el de arriba y no es asesoría legal. Cómo la escribimos.
Reformas posteriores al corte de este texto, según la Compilación de Leyes Penales de Guatemala, 4a. ed. (CENADOJ, actualizada al 31 de mayo de 2025): el Decreto 2-2024 (Ley de Tarjetas de Crédito) cambió el nombre del Capítulo II («De la falsificación de documentos y tarjetas de crédito»), adicionó sus secciones I y II y los artículos 327 «B» a 327 «E»; el Decreto 2-2025 reformó el artículo 327 B (agravación por delitos migratorios) y adicionó el 327 «G»; el Decreto 3-2025 adicionó el artículo 202 Quinquies; y el Decreto 32-2024 (Ley de Competencia) derogó los artículos 340 y 341. Códice aplicó las reformas del Decreto 15-2026 (Ley Integral Antilavado, vigente desde el 17 de septiembre de 2026) a los artículos 391 y 474 (numeral 4º), según el decreto publicado en el Diario de Centro América el 17 de junio de 2026.