Libro Primero. Parte general · Título VI. De las penas · Capítulo IV. De la suspensión condicional de la pena
CENADOJ, Organismo Judicial · Texto al 31 de enero de 2024 · Actualizado en Códice el · Alcance y aviso · Metodología
Transcurrido el período fijado, sin que el penado haya dado motivo para revocar la suspensión, se tendrá por extinguida la pena.
Qué significa
Cuando termina el período fijado para la suspensión condicional de la pena, y el penado no ha dado motivo para revocarla, la pena se tiene por extinguida. Así cierra el texto una suspensión que transcurrió sin problemas.
La condición central es que el penado no haya dado motivo para revocar la suspensión. Si esa condición se mantiene, el solo transcurso del período produce el efecto. El texto no dice qué conductas son motivo de revocación ni cómo se fija la duración del período; eso queda para otras normas, y el artículo solo remite al período fijado.
Por ejemplo, una persona a la que se le suspendió la pena y que cumple el período sin nuevos incidentes ve que la pena se extingue según este artículo. Si en ese plazo diera motivo para revocar la suspensión, el artículo no aplicaría a su caso.
Explicación de Códice en palabras sencillas. El texto oficial es el de arriba y no es asesoría legal. Cómo la escribimos.
Reformas posteriores al corte de este texto, según la Compilación de Leyes Penales de Guatemala, 4a. ed. (CENADOJ, actualizada al 31 de mayo de 2025): el Decreto 2-2024 (Ley de Tarjetas de Crédito) cambió el nombre del Capítulo II («De la falsificación de documentos y tarjetas de crédito»), adicionó sus secciones I y II y los artículos 327 «B» a 327 «E»; el Decreto 2-2025 reformó el artículo 327 B (agravación por delitos migratorios) y adicionó el 327 «G»; el Decreto 3-2025 adicionó el artículo 202 Quinquies; y el Decreto 32-2024 (Ley de Competencia) derogó los artículos 340 y 341. Códice aplicó las reformas del Decreto 15-2026 (Ley Integral Antilavado, vigente desde el 17 de septiembre de 2026) a los artículos 391 y 474 (numeral 4º), según el decreto publicado en el Diario de Centro América el 17 de junio de 2026.