Libro Primero. Parte general · Título VI. De las penas · Capítulo IV. De la suspensión condicional de la pena
CENADOJ, Organismo Judicial · Texto al 31 de enero de 2024 · Actualizado en Códice el · Alcance y aviso · Metodología
No se otorgará el beneficio establecido en el artículo que antecede, cuando en la sentencia se imponga, además de la pena personal, una medida de seguridad, excepto en caso de libertad vigilada o mediante control telemático, salvo que en virtud de las pruebas que se presenten, a criterio del juez, no sea conveniente la aplicación del mismo.
Historial de reformas
2016
Reformado
Decreto 49-2016, art. 15
Corte
Texto al
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Nota de la fuente: (Reformado por el Artículo 15 del Decreto 49-2016 del Congreso de la República).
Qué significa
Este artículo limita el beneficio de suspensión condicional de la pena. No se otorga cuando la sentencia impone, además de la pena personal, una medida de seguridad.
Hay una excepción: la libertad vigilada o el control telemático. Otra excepción es que, según las pruebas y el criterio del juez, no sea conveniente aplicar la suspensión.
Ejemplo: una sentencia impone prisión y una medida de seguridad. Según el texto, el beneficio de suspensión no se otorga, salvo que la medida sea libertad vigilada.
El texto aclara que el criterio final es del juez. La regla general es la negativa.
El artículo anterior, art. 72 CP, trata de la suspensión condicional. El siguiente, art. 74 CP, regula las responsabilidades civiles.
La regla protege el propósito de la medida de seguridad. El texto no concede el beneficio cuando la sentencia impone esa medida, salvo la excepción indicada.
Explicación de Códice en palabras sencillas. El texto oficial es el de arriba y no es asesoría legal. Cómo la escribimos.
Reformas posteriores al corte de este texto, según la Compilación de Leyes Penales de Guatemala, 4a. ed. (CENADOJ, actualizada al 31 de mayo de 2025): el Decreto 2-2024 (Ley de Tarjetas de Crédito) cambió el nombre del Capítulo II («De la falsificación de documentos y tarjetas de crédito»), adicionó sus secciones I y II y los artículos 327 «B» a 327 «E»; el Decreto 2-2025 reformó el artículo 327 B (agravación por delitos migratorios) y adicionó el 327 «G»; el Decreto 3-2025 adicionó el artículo 202 Quinquies; y el Decreto 32-2024 (Ley de Competencia) derogó los artículos 340 y 341. Códice aplicó las reformas del Decreto 15-2026 (Ley Integral Antilavado, vigente desde el 17 de septiembre de 2026) a los artículos 391 y 474 (numeral 4º), según el decreto publicado en el Diario de Centro América el 17 de junio de 2026.