Libro Segundo. Parte especial · Título V. De los delitos contra el orden jurídico familiar y contra el estado civil · Capítulo IV. De los delitos contra el estado civil
CENADOJ, Organismo Judicial · Texto al 31 de enero de 2024 · Actualizado en Códice el · Alcance y aviso · Metodología
Quien, usurpare el estado civil de otro, será sancionado con prisión de dos a cinco años.
Qué significa
Comete usurpación de estado civil quien usurpa el estado civil de otra persona. El texto no describe con detalle la conducta: la ley exige que la persona se haga pasar por otra, en lo que se refiere a su estado civil.
La pena es prisión de dos a cinco años.
El estado civil se refiere a la situación de una persona en la familia y en el registro: por ejemplo, si es casada, soltera o hijo de alguien. Usurparlo es atribuirse esa condición ajena.
Ejemplo: una persona se presenta ante una autoridad como hija de un fallecido, para cobrar una herencia que no le corresponde. Esa conducta encaja en el artículo, porque se atribuye un estado civil que no es suyo.
El texto no define qué es el estado civil ni fija los actos que cuentan como usurpación. Esas precisiones están en otras normas.
El artículo anterior, art. 240 CP, trata de la supresión y alteración del estado civil. El siguiente, art. 241 Bis CP, regula la adopción irregular.
Explicación de Códice en palabras sencillas. El texto oficial es el de arriba y no es asesoría legal. Cómo la escribimos.
Reformas posteriores al corte de este texto, según la Compilación de Leyes Penales de Guatemala, 4a. ed. (CENADOJ, actualizada al 31 de mayo de 2025): el Decreto 2-2024 (Ley de Tarjetas de Crédito) cambió el nombre del Capítulo II («De la falsificación de documentos y tarjetas de crédito»), adicionó sus secciones I y II y los artículos 327 «B» a 327 «E»; el Decreto 2-2025 reformó el artículo 327 B (agravación por delitos migratorios) y adicionó el 327 «G»; el Decreto 3-2025 adicionó el artículo 202 Quinquies; y el Decreto 32-2024 (Ley de Competencia) derogó los artículos 340 y 341. Códice aplicó las reformas del Decreto 15-2026 (Ley Integral Antilavado, vigente desde el 17 de septiembre de 2026) a los artículos 391 y 474 (numeral 4º), según el decreto publicado en el Diario de Centro América el 17 de junio de 2026.