Libro Segundo. Parte especial · Título VIII. De los delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional · Capítulo IV. De la depredación del patrimonio nacional
CENADOJ, Organismo Judicial · Texto al 31 de enero de 2024 · Actualizado en Códice el · Alcance y aviso · Metodología
Se impondrá prisión de seis a quince años y multa de cinco mil a diez mil quetzales a quien comercializare, exportare o de cualquier modo transfiera la propiedad o la tenencia de alguno de los bienes señalados en los artículos anteriores, sin autorización estatal.
Se impondrá la misma pena a quien comprare o de cualquier modo adquiriere bienes culturales hurtados o robados. Si la adquisición se realiza por culpa, se reducirá la pena a la mitad.
Historial de reformas
1996
Adicionado
Decreto 33-96, art. 25
Corte
Texto al
Versión que se muestra en esta página
Nota de la fuente: (Adicionado por Artículo 25 del Decreto 33-96 del Congreso de la República).
Qué significa
Quien comercializa, exporta o de cualquier modo transfiere la propiedad o la tenencia de bienes arqueológicos, sin autorización estatal, recibe prisión de seis a quince años y multa de cinco mil a diez mil quetzales.
La misma pena aplica a quien compra o adquiere bienes culturales hurtados o robados. Si la adquisición ocurre por culpa, la pena se reduce a la mitad.
Ejemplo: un coleccionista compra una pieza arqueológica sabiendo que fue robada de un sitio. Encaja en la segunda parte del texto. Si la compra fue por descuido, la pena se reduce a la mitad.
El texto exige autorización estatal para la transferencia. Sin esa autorización, la conducta encaja en la descripción.
El artículo anterior, art. 332 B CP, trata del hurto y robo de bienes arqueológicos. El siguiente, art. 332 D CP, regula la extinción de la acción o de la pena.
Explicación de Códice en palabras sencillas. El texto oficial es el de arriba y no es asesoría legal. Cómo la escribimos.
Resumen práctico
Pena de prisión
prisión de seis a quince años
Multa
multa de cinco mil a diez mil quetzales
Fragmentos copiados del texto del artículo, sin cambios. No es asesoría legal.
Preguntas sobre el artículo 332 C
¿Está vigente el artículo 332 C del Código Penal?
Vigente según el texto al 31 de enero de 2024, con reformas incorporadas.
¿Qué pena establece el artículo 332 C del Código Penal?
El texto menciona: «prisión de seis a quince años»; «multa de cinco mil a diez mil quetzales». Lee el texto completo para saber a qué conducta corresponde cada pena.
Practica este artículo
2 preguntas de examen sobre el artículo 332 C. Material de estudio, no asesoría legal.
1 de 2Opción múltiple
¿Qué pena establece el Código Penal para quien comercializa o exporta bienes culturales protegidos sin autorización estatal?
AA. Prisión de seis a quince años y multa de cinco mil a diez mil quetzales
BB. Prisión de cuatro a quince años
CC. Prisión de dos a diez años
DD. Prisión de tres a doce años y multa
Ver respuesta y explicación
Respuesta: A. Prisión de seis a quince años y multa de cinco mil a diez mil quetzales
El artículo 332 C fija prisión de seis a quince años y multa de cinco mil a diez mil quetzales. Los artículos 332 A y 332 B elevan las penas del hurto (dos a diez) y del robo (cuatro a quince).
«Se impondrá prisión de seis a quince años y multa de cinco mil a diez mil quetzales a quien comercializare, exportare»
2 de 2Caso
Un anticuario vende y exporta sin autorización estatal varias piezas de valor histórico y cultural que le entregaron para ello. ¿Qué delito describe este caso?
AA. Hurto y robo de bienes arqueológicos
BB. Hurto y robo de tesoros nacionales
CC. Tráfico de tesoros nacionales
DD. Extinción de la acción o de la pena
Ver respuesta y explicación
Respuesta: C. Tráfico de tesoros nacionales
El artículo 332 C sanciona a quien comercialice, exporte o transfiera la propiedad o la tenencia de los bienes protegidos sin autorización estatal, con prisión de seis a quince años y multa. El anticuario no se apropió de las piezas.
«Se impondrá prisión de seis a quince años y multa de cinco mil a diez mil quetzales a quien comercializare, exportare o de cualquier modo transfiera la propiedad o la tenencia de alguno de los bienes señalados en los artículos anteriores, sin autorización estatal.»
Reformas posteriores al corte de este texto, según la Compilación de Leyes Penales de Guatemala, 4a. ed. (CENADOJ, actualizada al 31 de mayo de 2025): el Decreto 2-2024 (Ley de Tarjetas de Crédito) cambió el nombre del Capítulo II («De la falsificación de documentos y tarjetas de crédito»), adicionó sus secciones I y II y los artículos 327 «B» a 327 «E»; el Decreto 2-2025 reformó el artículo 327 B (agravación por delitos migratorios) y adicionó el 327 «G»; el Decreto 3-2025 adicionó el artículo 202 Quinquies; y el Decreto 32-2024 (Ley de Competencia) derogó los artículos 340 y 341. Códice aplicó las reformas del Decreto 15-2026 (Ley Integral Antilavado, vigente desde el 17 de septiembre de 2026) a los artículos 391 y 474 (numeral 4º), según el decreto publicado en el Diario de Centro América el 17 de junio de 2026.