Libro Primero. Parte general · Título VII. De las medidas de seguridad · Capítulo I. De la aplicación de las medidas de seguridad
CENADOJ, Organismo Judicial · Texto al 31 de enero de 2024 · Actualizado en Códice el · Alcance y aviso · Metodología
Las medidas de internamiento en establecimiento siquiátrico o en establecimiento educativo o de tratamiento especial, cesarán por resolución judicial, dictada con base en dictámenes médico y criminológico, que demuestren que el sujeto puede ser sometido a libertad vigilada.
Qué significa
Las medidas de internamiento en establecimiento siquiátrico, o en establecimiento educativo o de tratamiento especial, cesan por resolución judicial. Esa resolución se dicta con base en dictámenes médico y criminológico que demuestren que la persona puede ser sometida a libertad vigilada. El artículo solo regula el cese de estas dos clases de internamiento.
Dos requisitos se combinan: una resolución judicial y dos dictámenes, uno médico y otro criminológico. El texto no menciona como causa la petición de la persona ni el paso del tiempo; los dictámenes deben demostrar la condición que señala el artículo. El texto tampoco dice quién presenta esos dictámenes ni cómo se tramita la resolución; eso queda en otras normas.
En la práctica, una persona internada en un establecimiento siquiátrico deja esa medida solo si el juez lo resuelve con esos dictámenes. Si los dictámenes muestran que puede someterse a libertad vigilada, la medida de internamiento cesa por resolución judicial.
Explicación de Códice en palabras sencillas. El texto oficial es el de arriba y no es asesoría legal. Cómo la escribimos.
Reformas posteriores al corte de este texto, según la Compilación de Leyes Penales de Guatemala, 4a. ed. (CENADOJ, actualizada al 31 de mayo de 2025): el Decreto 2-2024 (Ley de Tarjetas de Crédito) cambió el nombre del Capítulo II («De la falsificación de documentos y tarjetas de crédito»), adicionó sus secciones I y II y los artículos 327 «B» a 327 «E»; el Decreto 2-2025 reformó el artículo 327 B (agravación por delitos migratorios) y adicionó el 327 «G»; el Decreto 3-2025 adicionó el artículo 202 Quinquies; y el Decreto 32-2024 (Ley de Competencia) derogó los artículos 340 y 341. Códice aplicó las reformas del Decreto 15-2026 (Ley Integral Antilavado, vigente desde el 17 de septiembre de 2026) a los artículos 391 y 474 (numeral 4º), según el decreto publicado en el Diario de Centro América el 17 de junio de 2026.