Libro Primero. Parte general · Título VIII. De la extinción de la responsabilidad penal y de la pena
CENADOJ, Organismo Judicial · Texto al 31 de enero de 2024 · Actualizado en Códice el · Alcance y aviso · Metodología
La muerte de quien ha sido condenado, extingue también la pena pecuniaria impuesta pendiente de satisfacer y todas las consecuencias penales de la misma.
Qué significa
La muerte de una persona condenada extingue la pena pecuniaria que todavía no había pagado. También extingue todas las consecuencias penales de esa pena. Aplica al condenado que fallece con una pena de pagar dinero pendiente, según el texto.
Lo importante es la palabra «pendiente»: la extinción alcanza lo que no se había satisfecho al morir. El texto habla de consecuencias penales, pero no detalla cuáles son ni cómo se calculan. Tampoco dice qué pasa con deudas civiles que el hecho haya dejado; esos temas quedan fuera de este artículo.
En la práctica: una persona condenada a pagar una suma de dinero fallece antes de terminar de pagarla. Según el texto, el saldo pendiente y sus efectos penales se extinguen con su muerte. Si tú tienes dudas sobre un caso concreto, el artículo por sí solo no basta para resolverlas.
Explicación de Códice en palabras sencillas. El texto oficial es el de arriba y no es asesoría legal. Cómo la escribimos.
Reformas posteriores al corte de este texto, según la Compilación de Leyes Penales de Guatemala, 4a. ed. (CENADOJ, actualizada al 31 de mayo de 2025): el Decreto 2-2024 (Ley de Tarjetas de Crédito) cambió el nombre del Capítulo II («De la falsificación de documentos y tarjetas de crédito»), adicionó sus secciones I y II y los artículos 327 «B» a 327 «E»; el Decreto 2-2025 reformó el artículo 327 B (agravación por delitos migratorios) y adicionó el 327 «G»; el Decreto 3-2025 adicionó el artículo 202 Quinquies; y el Decreto 32-2024 (Ley de Competencia) derogó los artículos 340 y 341. Códice aplicó las reformas del Decreto 15-2026 (Ley Integral Antilavado, vigente desde el 17 de septiembre de 2026) a los artículos 391 y 474 (numeral 4º), según el decreto publicado en el Diario de Centro América el 17 de junio de 2026.