Libro Primero. Parte general · Título VIII. De la extinción de la responsabilidad penal y de la pena
CENADOJ, Organismo Judicial · Texto al 31 de enero de 2024 · Actualizado en Códice el · Alcance y aviso · Metodología
La prescripción de la acción penal se interrumpe, desde que se inicie proceso contra el imputado, corriendo de nuevo el tiempo de la prescripción desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia.
También se interrumpe respecto a quien cometiere otro delito.
Qué significa
Este artículo trata de la prescripción de la acción penal, es decir, del plazo para perseguir un delito. Según el texto, ese plazo se interrumpe desde que se inicia un proceso contra el imputado.
Lo que cambia la cuenta es la pausa: si la prosecución del proceso se paraliza por cualquier circunstancia, el tiempo de la prescripción corre de nuevo desde ese momento. El texto no fija cuánto dura el plazo; eso queda fuera de este artículo.
El segundo párrafo agrega otro supuesto: la prescripción también se interrumpe respecto a quien cometa otro delito. Por ejemplo, si un proceso iniciado contra una persona se detiene, el tiempo de la prescripción empieza a contarse otra vez desde esa paralización. Por eso conviene leer ambos párrafos juntos antes de sacar conclusiones sobre un caso concreto.
Explicación de Códice en palabras sencillas. El texto oficial es el de arriba y no es asesoría legal. Cómo la escribimos.
Reformas posteriores al corte de este texto, según la Compilación de Leyes Penales de Guatemala, 4a. ed. (CENADOJ, actualizada al 31 de mayo de 2025): el Decreto 2-2024 (Ley de Tarjetas de Crédito) cambió el nombre del Capítulo II («De la falsificación de documentos y tarjetas de crédito»), adicionó sus secciones I y II y los artículos 327 «B» a 327 «E»; el Decreto 2-2025 reformó el artículo 327 B (agravación por delitos migratorios) y adicionó el 327 «G»; el Decreto 3-2025 adicionó el artículo 202 Quinquies; y el Decreto 32-2024 (Ley de Competencia) derogó los artículos 340 y 341. Códice aplicó las reformas del Decreto 15-2026 (Ley Integral Antilavado, vigente desde el 17 de septiembre de 2026) a los artículos 391 y 474 (numeral 4º), según el decreto publicado en el Diario de Centro América el 17 de junio de 2026.