Libro Primero. Parte general · Título VI. De las penas · Capítulo I. Penas principales
CENADOJ, Organismo Judicial · Texto al 31 de enero de 2024 · Actualizado en Códice el · Alcance y aviso · Metodología
La pena de arresto consiste en la privación de la libertad personal hasta por sesenta días. Se aplicará a los responsables de faltas y se ejecutará en lugares distintos a los destinados al cumplimiento de la pena de prisión.
Qué significa
La pena de arresto consiste en privar a la persona de su libertad personal hasta por sesenta días. Se aplica a los responsables de faltas. Además, se cumple en lugares distintos a los destinados a la pena de prisión.
Lo decisivo es el tope: «hasta por sesenta días». Eso significa que la privación de libertad no puede pasar de ese límite, aunque el texto no fija una duración mínima. El artículo tampoco dice qué conductas son faltas ni cómo se decide la duración dentro del tope; eso queda para otras normas.
Un caso sencillo: una persona responsable de una falta cumple el arresto en un lugar distinto al que se usa para la prisión. Así lo ordena la última parte del artículo.
La diferencia de lugar es lo que separa esta pena de la prisión en su ejecución, según el texto.
Explicación de Códice en palabras sencillas. El texto oficial es el de arriba y no es asesoría legal. Cómo la escribimos.
Reformas posteriores al corte de este texto, según la Compilación de Leyes Penales de Guatemala, 4a. ed. (CENADOJ, actualizada al 31 de mayo de 2025): el Decreto 2-2024 (Ley de Tarjetas de Crédito) cambió el nombre del Capítulo II («De la falsificación de documentos y tarjetas de crédito»), adicionó sus secciones I y II y los artículos 327 «B» a 327 «E»; el Decreto 2-2025 reformó el artículo 327 B (agravación por delitos migratorios) y adicionó el 327 «G»; el Decreto 3-2025 adicionó el artículo 202 Quinquies; y el Decreto 32-2024 (Ley de Competencia) derogó los artículos 340 y 341. Códice aplicó las reformas del Decreto 15-2026 (Ley Integral Antilavado, vigente desde el 17 de septiembre de 2026) a los artículos 391 y 474 (numeral 4º), según el decreto publicado en el Diario de Centro América el 17 de junio de 2026.