Ley de Acceso a la Información Pública
- Instrumento
- Decreto 57-2008
- Artículos
- 72
- Texto al
- Actualizado en Códice
- Texto usado
- CENADOJ, Organismo Judicial
Disponible sin conexión
La Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008, obliga a las instituciones públicas a entregar información y establece cómo pedirla y cómo reclamar. Tiene 72 artículos y ninguno derogado. El Título Primero es el más extenso, con 37 artículos, e incluye las Unidades de Información Pública. El Título Segundo describe el procedimiento para solicitar información (ocho artículos). El Tercero regula la intervención del Procurador de los Derechos Humanos, y el Cuarto el recurso de revisión. El Título Quinto trata de las sanciones y los delitos, con 12 artículos. Si pediste información y no te la dieron, empieza por el procedimiento y los plazos. Los artículos de consulta frecuente aparecen abajo. El artículo 66 describe el delito de retención de información, y el 65 el de alterar o destruir información en archivos.
Artículos de consulta frecuente
- Artículo 66Retención de información
- Artículo 43Prórroga del tiempo de respuesta
- Artículo 61Sistema de sanciones
- Artículo 19Unidades de Información Pública
- Artículo 15Uso y difusión de la información
- Artículo 65Alteración o destrucción de información en archivos
- Artículo 51Capacitación
- Artículo 5Sujeto activo
- Artículo 64Comercialización de datos personales
- Artículo 17Consulta personal
- Artículo 67Revelación de información confidencial o reservada
- Artículo 52Recurso de revisión
- Artículo 42Tiempo de respuesta
- Artículo 44Afirmativa ficta
- Artículo 1Objeto de la Ley
- Artículo 41Solicitud de información
- Artículo 28Ampliación del período de reserva
- Artículo 30Hábeas data
- Artículo 22Información confidencial
- Artículo 3Principios
Guías sobre esta ley
Considerandos y preámbulo
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de la República de Guatemala, dentro de sus fines considera la vida, la libertad y la seguridad de las personas como fines del Estado, teniendo a la persona como sujeto y fin del orden social, organizándose para que ésta logre su pleno desarrollo y se consiga el bienestar de todos los ciudadanos.
CONSIDERANDO
Que los funcionarios y empleados públicos son simples depositarios del poder que emana del pueblo; que el texto constitucional determina que la soberanía radica en el pueblo el que la delega para su ejercicio en los organismos del Estado y que ningún funcionario, empleado público ni persona alguna es superior a la ley.
CONSIDERANDO
Que la Carta Magna establece con absoluta determinación la publicidad de los actos y la información en poder de la administración pública, así como el libre acceso a todas las instituciones, dependencias y archivos de la misma, sin más excepciones que las previstas en el citado texto constitucional.
CONSIDERANDO
Que para armonizar el derecho de las personas a acceder a la información en poder de la administración pública y a todos los actos, entes e instituciones que manejan recursos del Estado bajo cualquier concepto, se hace necesario emitir las normas que desarrollen esos principios constitucionales a efecto de contar con un marco jurídico regulatorio que garantice el ejercicio de esos derechos y que establezca las excepciones de la información confidencial y reservada, para que ésta no quede al arbitrio y discrecionalidad de persona alguna.
CONSIDERANDO
Que en armonía y consonancia con lo anteriormente considerado, con base en el texto constitucional de Guatemala y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos suscritos y vigentes en el país, se hace necesario emitir una ley que desarrollando esos derechos defina los principios, objetivos, procedimientos y en general aquellos aspectos necesarios para darle seguridad y certeza a todas las personas, consiguiendo hacer efectivo su derecho al acceso a la información pública y a su participación dentro de la auditoria social y fiscalización ciudadana hacia todos los funcionarios, empleados públicos, organismos instituciones y en general hacia todo aquel que maneje, use, administre o disponga de recursos del Estado de Guatemala.
POR TANTO
En uso de las atribuciones que le otorga el artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala,
DECRETA
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