Capítulo VII. Disposiciones especiales y complementarias

La Oficina Nacional de Servicio Civil, de oficio o a solicitud de parte, podrá comprobar por los medios que estime pertinentes la forma en que están siendo administradas las pensiones de invalidez, orfandad y especiales y tomar las medidas que considere convenientes. Para este efecto, puede solicitar el auxilio de las dependencias del Estado y entidades descentralizadas o autónomas, las que están obligadas a prestar su colaboración.

Las pensiones otorgadas con base a esta ley y anteriores, quedan exentas de toda clase de impuestos y contribuciones; los beneficiarios tendrán derecho a recibir gratuitamente la cobertura total de los servicios médicos y hospitalarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Las pensiones que establece esta ley no pueden cederse, compensarse ni gravarse y sólo son susceptibles, de embargo por las razones y en la proporción que determina la ley.

La persona que adquiera más de un derecho a pensión conforme la presente ley, solamente podrá percibir a su elección una de ellas.

Las pensiones establecidas en esta ley se pagarán por mensualidades vencidas.

El Ministerio de Finanzas Públicas deberá pagar el aguinaldo correspondiente a los pensionados conforme esta ley y a disposiciones legales anteriores.

En todo caso el monto del mismo no podrá ser menor de DOSCIENTOS QUETZALES (Q.200.00), por el monto total de cada pensión.

Los gastos de funerales de una persona pensionada conforme esta ley o disposiciones legales anteriores, serán pagados por el Ministerio de Finanzas Públicas en las condiciones y montos que se establecen en la ley.

Quienes hayan trabajado en lugares legalmente declarados malsanos o en áreas de conflicto conforme disposiciones legales anteriores, tienen derecho a que se les compute doble tiempo de servicios prestados durante la vigencia de dichas disposiciones.

Los regímenes de Clases Pasivas Civiles del Estado o de retiro vigentes o que en el futuro se crearen en las entidades estatales, con excepción de los establecidos en el Orden Militar, se considerarán independientes al de la presente ley, por lo que no hay incompatibilidad entre ambos, siempre que se haya adquirido el derecho de beneficiarse de ellos por trabajos debidamente remunerados prestados en cada entidad.

OBLIGACIÓN DE COMPROBAR SUPERVIVENCIA Y OTROS

DOCUMENTOS. Previamente a emitir el acuerdo de pensión por orfandad y pensiones especiales, se deberá comprobar la supervivencia de los beneficiarios por medio del Registro Nacional de las Personas. Durante los primeros seis meses de cada año los pensionados por orfandad mayores de dieciocho años deberán comprobar los extremos que se indican en el artículo 16 de esta Ley. Se faculta a la Oficina Nacional de Servicio Civil y al Ministerio de Finanzas Públicas para que, en cualquier tiempo, puedan comprobar la veracidad de las constancias a que se refiere el presente artículo, para lo cual podrán requerir la colaboración de las dependencias y entidades del Estado, quienes están obligadas a proporcionarlas.

Será obligación del Ministerio de Finanzas Públicas y de la Oficina Nacional de Servicio Civil, a través de la implementación del Gobierno Electrónico, verificar periódicamente con la información del Registro Nacional de las Personas, la supresión de las pensiones de los jubilados que hayan fallecido. Ninguna persona podrá ser obligada a presentarse personalmente a comprobar su supervivencia ante ninguna oficina pública.

Los Registradores Civiles de la República quedan obligados a informar mensualmente dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, a la Oficina Nacional de Servicio Civil, de las defunciones registradas en el mes inmediato anterior.

La Oficina Nacional de Servicio Civil, queda obligada a llevar un registro de los trabajadores civiles que laboren a partir de la vigencia de la presente ley en los Organismo Legislativo y Ejecutivo.

El Organismo Judicial, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad y las entidades descentralizadas o autónomas que se hayan acogido a esta ley, quedan obligadas a extender las certificaciones de servicio de sus trabajadores, en la forma que se estipule en el reglamento de esta ley.

En todo caso se podrá comprobar la veracidad de la información así como también si los descuentos respectivos y las cuotas patronales se entregaron al Ministerio de Finanzas Públicas.

Los servicios prestados por los trabajadores civiles con anterioridad al uno de julio de 1970, se acreditarán con las certificaciones extendidas en forma legal por las oficinas del Estado; y los comprendidos de esta fecha en adelante serán certificados indistintamente por la Oficina Nacional de Servicio Civil, Contraloría General de Cuentas y Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.

Se faculta a la Oficina Nacional de Servicio Civil para que incinere, destruya o disponga en la forma que estime conveniente, los expedientes a que se refiere esta ley y su reglamento, sin sujetarse a cualquier procedimiento establecido en otra ley, siempre que los pasajes más importantes de los mismos sean microfilmados. No se incluye en esta disposición, los registros donde conste el tiempo de los servicios prestados por los trabajadores civiles del Estado.

Las actuaciones y resoluciones deberán ser notificadas a los interesados personalmente o por correo certificado.

Es obligación de las instituciones a las que se hace referencia en el artículo treinta (30) de la presente Ley, sin necesidad de requerimiento previo, revisar cada cuatro (4) años las cuantías asignadas a jubilaciones y pensiones, de acuerdo al artículo ciento catorce (114) de la Constitución Política de la República de Guatemala para el aumento que corresponda según el estudio actuarial que se realice para el efecto.

La primera revisión obligatoria de pensiones, se realizará el mes de enero, a los cuatro años posteriores de que entre en vigencia la presente Ley y así sucesivamente, se revisará cada cuatro años en el mes de enero del año que corresponda.

Los casos no previstos en esta ley, deben ser resueltos de acuerdo con los principios fundamentales de la misma, las leyes comunes y los principios generales del derecho.

Para los efectos de la aplicación de esta ley y su reglamento, la Oficina Nacional de Servicio Civil deberá tomar en cuenta los servicios prestados por los trabajadores civiles del Estado que hayan contribuido al Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado conforme disposiciones legales anteriores.

Con el objeto de mantener la estabilidad financiera del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado que establece esta ley, el Organismo Ejecutivo por medio de la Oficina Nacional de Servicio Civil, deberá efectuar revisiones técnicas y actuariales de dicho régimen, por lo menos cada cinco años, debiendo proporcionar copias de las mismas a las diferentes organizaciones de los trabajadores amparados por esta ley que las soliciten.